El Congreso de la República promulgó la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad. Esta acción despierta críticas debido a su posible impacto en la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Al respecto, Delia Muñoz, exministra de Justicia, comentó que la ley "busca beneficiar a todas aquellas personas que están siendo juzgadas por este tipo de delitos,  que son considerados graves vulneraciobes de derechos humanos"

En el programa “La Entrevista” de Radio Nacional, Muñoz recordó que "es un tema que el Perú ha venido debatiendo desde el año 2000", y subrayó la importancia de entender los antecedentes de las normas para comprender el contexto en el que se desarrolla el debate actual. 

Este contexto incluye la ratificación por parte del Perú de la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad en el año 2003, un acto que siguió a una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la sentencia del caso Barrios Altos.

La exministra explicó que, en ese entonces, "el Congreso formuló una reserva, donde se estableció que el convenio rige en el Perú desde la fecha de adhesión, es decir 2003". Posteriormente, la reserva fue observada por el Tribunal Constitucional en el año 2010.

“El Tribunal Constitucional, en el año 2010, expidió una sentencia en el que declara institucional la reserva puesta por el Congreso. El TC argumentó que los crímenes de lesa humanidad no surgen con el convenio sino son normas de ius congens (es decir, existen desde siempre)”, manifestó, haciendo hincapié en la complejidad del tema.

Cabe recalcar que, la discusión en torno a esta nueva ley es especialmente relevante en un país como el Perú, donde se han producido violaciones significativas a los derechos humanos en el pasado reciente, particularmente durante los años de conflicto interno. 

Asimismo, la aprobación de esta ley puede tener implicaciones en la relación del Perú con organismos internacionales, como la Corte Interamericano de Derechos Humanos, que fueron firmes en su posición de que los delitos de lesa humanidad no deben prescribirse.

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