El anunciado paro convocado por la Alianza Nacional de Transportistas, para este jueves 6 de febrero, no cuenta con el respaldo unánime del sector. 

Esto ha generado una fractura entre los choferes formales e informales de Lima y Callao, ya que la medida sería respaldada por solo el 20 % de los transportistas.

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¿PARO LEGÍTIMO O PRESIÓN DE SECTORES INFORMALES?

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, señaló que el grueso de los manifestantes que acatarán el paro pertenece al transporte ilegal.

“Nosotros no vamos a participar, y muchos otros gremios tampoco. Los únicos formales que van a sumarse son los de Alianza Nacional de Transportistas (Anitra), un gremio de combis y cústers, que lamentablemente tiene una conducta informal”, afirmó en el programa La entrevista de Radio Nacional.

Ojeda también indicó que la protesta está siendo utilizada como una pantalla para otros intereses. “La fachada es el tema de la extorsión, que es un problema real, pero la movilización no se hace con un fin legítimo”, sostuvo.

DENUNCIAN INFILTRACIÓN POLÍTICA EN PARO DE TRANSPORTISTAS 

El dirigente alertó que detrás del paro hay presuntos intereses políticos y electorales vinculados a sectores radicales. 

“Están aprovechando la crisis de seguridad para generar disturbios. Muchos de los que llaman a esta movilización pertenecen al partido desafiliado de Antauro Humala”, advirtió.

Según Ojeda, el 80 % del transporte urbano en Lima y Callao no se sumará al paro, por lo que el servicio no se vería severamente afectado. 

No obstante, pidió al Gobierno garantizar la seguridad y evitar bloqueos. “El ministro del Interior debe coordinar y dar protección a los transportistas formales para que la población pueda movilizarse”, remarcó.

EXTORSIÓN EN EL TRANSPORTE: UN PROBLEMA QUE SIGUE EN AUMENTO

El problema de la extorsión sigue golpeando al sector, especialmente en el transporte urbano e interprovincial. Ojeda reveló que en distritos como Comas, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador la situación es crítica, y que en Huaycán se han registrado nueve atentados en solo 30 días.

“En el transporte urbano, la extorsión ya está dentro de los costos operativos. En el interprovincial, siete de las 20 empresas que desembarcaban en Huaycán han sido atacadas”, señaló.

El dirigente adelantó que su gremio evalúa una medida de protesta distinta, como un "apagón de motores", pero aclaró que aún no ha sido consensuada. 

“Estamos de acuerdo en luchar contra la extorsión, pero las movilizaciones no son la manera adecuada”, expresó.

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