El Ministerio Público inició diligencias preliminaries contra nueve personas implicadas en las declaraciones del exasesor Jaime Villanueva, se trata de Patricia Benavides, Pablo Sánchez, Rafael Vega, Zoraida Avalos, Ruth Luque, Vladimir Cerrón, Pablo Talavera, Miguel Girao y Juan Carrasco Millones.

Consultado sobre el tema, el abogado penalista Julio Rodríguez, comentó, en el programa La Entrevista de Radio Nacional que la investigación era “ineludiblemente, porque algunos de los datos brindados por Villanueva ya han sido corroborados por otras personas”.

''Se trata de un colaborador, tampoco hay que darle credibilidad absoluta'', sostuvo el abogado tras indicar que los dichos deberán ser corroborados.

Además, respondió que ahora sí se puede explicar cómo un caso como el Lava Jato, en el Perú, no tenga a nadie condenado mientras que en todos los otros países donde se produjo esta trama de corrupción, hay condenados e incluso los casos han terminado.

Martín Vizcarra

Rodríguez también se pronunció sobre la decision de la Comisión Permanente del Congreso de aprobar la investigación y presentación de informe final en contra del expresidente Martín Vizcarra y Ana Revilla Vergara, exministra de Justicia y Derechos Humanos, en el caso conocido como “Richard Swing”.

Julio Rodríguez, aseguró que la situación del exmandatario es ''comprometida'':

''Estamos ante una idéntica forma de delinquir que con la imputación que tiene respecto cuando fue gobernador de Moquegua. Fue, simplemente, trasladar la dinámica de corrupción en Moquegua e implementarla en el gobierno central. La situación de Vizcarra es comprometida''.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene, ahora, plazo de hasta 15 días para sustentar los presuntos delitos de negociación incompatible, nombramiento, designación, y contratación ilegal que denunció, en su momento, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

De acuerdo con la denuncia constitucional, el cantante Richard Cisneros, conocido como ''Richard Swing'', habría sido contratado de manera irregular entre los años 2018 y 2020 durante el gobierno de Martín Vizcarra recibiendo pagos que ascendieron hasta los 175 400 soles.

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