Sociedad Nacional de Minería pide al Congreso no prorrogar el Reinfo

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, respaldó las medidas anunciadas por el Ejecutivo en la provincia de Pataz, La Libertad, donde se ha anunciado un toque de queda y la suspensión de la actividad minera por 30 días.
“El hecho de tener mayor presencia en la zona para tomar mejor control de las actividades va a ayudar a controlar este flagelo que es la minería ilegal”, señaló en el programa La entrevista de Radio Nacional.
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El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tiene vigencia hasta junio del presente año. Torreblanca hizo un llamado al Congreso para que no se vuelva a prorrogar el Reinfo y pidió que se apruebe el Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (Ley MAPE), cuya primera versión fue presentada por el Ejecutivo y rechazada por el Parlamento, el año pasado.
“La ley MAPE tiene que ser muy técnica y pensar en todos los actores del país. Ya no se debe prorrogar el Reinfo”, afirmó. Según cifras brindadas por Torreblanca, desde 2016 se han inscrito 84 456 personas en el Reinfo, pero solo 2108 se han formalizado en casi una década.
¿POR QUÉ LA SNMPE NO ESTÁ DE ACUERDO CON EL REINFO?
Torreblanca criticó el mal uso del Registro Integral de Formalización Minera, señaló que muchas autoridades como la Policía Nacional y el Ministerio Público no han podido actuar con contundencia, al interpretarse que este documento —que solo acredita un proceso de formalización en curso— daba cobertura legal a operaciones ilegales.
“El Reinfo ha sido usado como escudo por criminales para que puedan actuar contra la ley", sostuvo.
Además, indicó que el plan de lucha contra la minería ilegal debe involucrar a 19 entidades públicas, incluidos los ministerios del Ambiente y Energía y Minas, así como el Oefa, el Osinergmin, la Sunat y los gobiernos regionales.
Sin embargo, advirtió que sin presupuesto ni decisión política firme la estrategia no avanzará. “Se necesita dotar de recursos y voluntad política para enfrentar esta amenaza que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos”, precisó.
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