La legislación de nuestro país califica como “procedimiento administrativo” al conjunto de actos y diligencias tramitadas en las entidades, que tiene por fin la obtención de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos sobre los intereses y obligaciones de los administrados. 

Algunos de los casos más comunes, los vemos en nuestro día a día cuando solicitamos un acta de matrimonio, de defunción o la renovación del DNI.

En diálogo con La voz del consumidor, Juan Francisco Rojas, profesor de Derecho Administrativo, brindó más detalles sobre este tipo de procedimiento.

“No todos los conflictos jurídicos se pueden resolver en el Poder Judicial; de ahí que la Administración Pública desarrolla una serie de procedimientos para solucionar los conflictos jurídicos de acuerdo a un rubro específico. Así, encontramos a la Sunat, en el ámbito de temas tributarios; Osiptel, en materia de prestación de servicios de telecomunicaciones; Sutran, en el ámbito de transporte y demás”, indicó.

El especialista también indicó que estos procedimientos han sido utilizados con alevosía por algunas entidades públicas que las utilizan para financiar su presupuesto. Así, encontramos que cobran precios excesivos por procedimientos que tienen un valor ínfimo.

“El Estado es el gran productor de bienes y servicios administrativos que se financia con los impuestos que pagamos. Se supone que, con lo recaudado, el gobierno nacional transfiera un presupuesto a los gobiernos regionales y locales, pero eso no ocurre. Ante esa situación, los gobiernos han visto una oportunidad en este vacío para recursearse a través del pago que realizan los usuarios para llevar a cabo un procedimiento administrativo”, finalizó.