Fiscalía evalúa posibles delitos por fallas en proceso electoral
El abogado penalista Aldo Cárdenas advirtió que las deficiencias registradas en el reciente proceso electoral podrían derivar en responsabilidades penales, actualmente en evaluación por parte del Ministerio Público.
Durante una entrevista en Radio Nacional, el especialista explicó que, si bien aún no se puede calificar de manera definitiva como irregularidades, los hechos estarían “muy cerca de la comisión de varios delitos”.
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POSIBLES DELITOS EN INVESTIGACIÓN
Según Cárdenas, uno de los principales delitos identificados es la omisión de funciones, que habría impedido el adecuado desarrollo de la jornada electoral y afectado el derecho al voto de los ciudadanos.
También podrían configurarse delitos como:
- Atentado contra el derecho al sufragio
- Colusión
- Negociación incompatible
Estos últimos vinculados a la contratación de servicios logísticos para el proceso electoral, los que están bajo cuestionamiento.
RESPONSABILIDADES NO SE LIMITARÍAN A UN SOLO FUNCIONARIO
El abogado indicó que las investigaciones no solo deben centrarse en funcionarios de nivel medio, sino también en altos cargos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En ese sentido, precisó que las responsabilidades penales dependerán de las funciones específicas de cada servidor público y de su participación en los hechos. Incluso, no descartó que autoridades de mayor jerarquía sean citadas a declarar por la Fiscalía.
RENUNCIA NO EVITA INVESTIGACIÓN PENAL
Respecto a la eventual renuncia de funcionarios involucrados, Cárdenas fue claro: esta decisión no afecta el curso de las investigaciones penales.
Explicó que una renuncia solo tiene efectos en el ámbito administrativo, mientras que la responsabilidad penal se evalúa de manera independiente.
POSIBLES SANCIONES
De comprobarse responsabilidad penal, las sanciones podrían incluir:
- Penas de hasta dos años de prisión
- Inhabilitación para ejercer cargos públicos
No obstante, el abogado aclaró que, si los hechos se califican únicamente como negligencia, podrían quedar en el ámbito administrativo.
ROL DE OTRAS INSTITUCIONES
Sobre la intervención de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), indicó que esta entidad puede iniciar investigaciones administrativas que eventualmente podrían terminar en sanciones como la destitución.
En tanto, la participación del Congreso, a través de la Comisión de Fiscalización, responde a un control político, cuyos informes no son vinculantes para el proceso penal.
¿PUEDE ANULARSE EL PROCESO ELECTORAL?
Aldo Cárdenas explicó que la nulidad de un proceso electoral no depende necesariamente de delitos penales, sino de la verificación de una violación a la ley electoral por parte de las autoridades competentes, como el Jurado Nacional de Elecciones.
En ese sentido, recordó que el derecho penal actúa como última instancia, por lo que primero deben evaluarse mecanismos administrativos y electorales.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
Finalmente, el especialista subrayó que las investigaciones deberán determinar si existió negligencia o una conducta dolosa (intencional), lo que será clave para definir las sanciones correspondientes.
Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido antes, durante y después de la jornada electoral.
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