El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso de la República la delegación de facultades extraordinarias por un plazo de 120 días, a fin de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, así como para impulsar el crecimiento y contribuir al cierre de brechas sociales mediante el acceso a programas.

En el aspecto tributario -según el proyecto de ley- se busca ampliar la recaudación fiscal, que permita generar mayores ingresos para sectores claves como salud y educación, a fin de reducir las inequidades existentes, sobre todo, en el interior del país.

En ese sentido, se plantea modificar la Ley del Impuesto a la Renta (IR); uniformizar el costo por el acceso a la estabilidad jurídica; crear un régimen simplificado de IR para empresas de menor tamaño; modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo y la Ley para la lucha contra la evasión y la formalización.

En el aspecto financiero, la iniciativa señala que se tomarán medidas para fortalecer y ampliar las funciones del Banco de la Nación; fomentar una mayor competencia en la prestación de transportes y custodia de dinero y valores, adecuar la normativa aplicable a las empresas del sistema financiero relacionadas a la composición del patrimonio efectivo.

/MO/

A fin de garantizar la entrega de la segunda etapa del Bono Yapanay Perú, en favor de las familias vulnerables afectadas por la pandemia del covid-19, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto supremo para la transferencia de 585 383 400,00 soles al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

La norma señala que los recursos transferidos, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no podrán ser destinados a fines distintos, bajo responsabilidad.

El pasado 23 de agosto, el Gobierno que lidera el presidente Pedro Castillo aprobó el Decreto de Urgencia N° 080-2021, que establece medidas adicionales extraordinarias para reducir el impacto negativo en los ciudadanos producidos por las medidas adoptadas para enfrentar la covid-19, mediante un subsidio económico individual equivalente a 350 soles.

Cerca de 13.5 millones de peruanos en situación de pobreza, pobreza extrema o que son usuarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 o Contigo, recibirán el Bono Yanapay Perú. 

/DBD/

Un proyecto de ley que incorpora la no ejecución del presupuesto anual como causal de vacancia para gobernadores regionales y alcaldes, presentó la bancada de Renovación Popular.

Para ello, la iniciativa legislativa plantea la modificación del artículo 22° de la Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

De acuerdo con el proyecto, se podrá declarar la vacancia de los alcaldes y gobernadores por la ejecución menor al 40% del presupuesto anual al cierre del año fiscal.

De declararse la vacancia, de oficio se establecerá la responsabilidad administrativa de los funcionarios responsables de la ejecución presupuestaria.

Los efectos de la ley, de ser aprobada, se aplicarían a partir del año fiscal siguiente a su entrada en vigencia.

La congresista Noelia Herrera, autora del proyecto, considera que la ejecución del gasto público en los gobiernos locales y regionales es una queja constante de la población, pues cada año se devuelve presupuesto.

/DBD/

A fin de garantizar la entrega de la segunda etapa del Bono Yapanay Perú, en favor de las familias vulnerables afectadas por la pandemia del covid-19, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto supremo para la transferencia de 585 383 400,00 soles al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

La norma señala que los recursos transferidos, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, no podrán ser destinados a fines distintos, bajo responsabilidad.

El pasado 23 de agosto, el Gobierno que lidera el presidente Pedro Castillo aprobó el Decreto de Urgencia N° 080-2021, que establece medidas adicionales extraordinarias para reducir el impacto negativo en los ciudadanos producidos por las medidas adoptadas para enfrentar el covid-19, mediante un subsidio económico individual equivalente a 350 soles.

Cerca de 13.5 millones de peruanos en situación de pobreza, pobreza extrema o que son usuarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 o Contigo, recibirán el Bono Yanapay Perú. El apoyo económico individual, además, tiene por objetivo reactivar la economía.

/ES/NDP/

Las empresas  Superconcreto del Perú S.A.C, Enerjoprojekt Niskograndja S.A., Conalvías Construcciones S.A.S; Obrascon Huarte Lain S.A., Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C., CONCAR S.A., Aramayo S.A.C. Contratistas Generales (ARAMSA) y C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A. (CAMESA) fueron incluidas en como terceros civilmente responsables en el proceso penal denominado “Club de la Construcción.

La medida fue determinada luego que el Poder Judicial declarara fundada la solicitud de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato para que se incluyan las  ocho empresas.

De acuerdo con la resolución emitida el 4 de octubre por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho dichas empresas deben ser incorporadas al proceso a fin que ante una eventual condena asuman el pago de la reparación civil de manera solidaria junto con los investigados. 

Las ocho empresas se suman a otras catorce compañías que ya han sido incluidas en el caso, a solicitud de la Procuraduría ad hoc: COSAPI S.A., GyM S.A., Obras de Ingeniería S.A. (OBRAINSA), Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), Construcción y Administración S.A. (CASA).

También JOHE S.A., Hidalgo e Hidalgo S.A., Constructora Queiroz Galvao S.A., Constructora Málaga Hnos. S.A., Constructora OAS S.A., Mota Engil Perú S.A., San Martín Contratistas Generales S.A., Grupo Plaza S.A. y Andrade Gutiérrez Engenharia S.A.

Según el Ministerio Público, entre los años 2011 y 2014, los representantes de las referidas empresas habrían concertado la distribución de obras a favor de estas compañías. Estos acuerdos se realizaban a cambio del pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

/DBD/

En su objetivo de acelerar la vacunación en todo el territorio nacional, el Gobierno autorizó hoy la transferencia de más de 11 millones de soles para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, a solicitud del Ministerio de Salud (Minsa).

Según el Decreto Supremo 290-2021-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, los recursos serán destinados al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

“Los recursos de la transferencia de partidas a que se hace referencia, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos”, establece la normativa.

En esa misma línea, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Supremo 289-2021-EF que autoriza el financiamiento por cerca de 102 millones de soles para la adquisición de pruebas que detecten los antígenos de SARSCoV-2. Con estas transferencias, el Gobierno del presidente Castillo busca avanzar en la contención de la pandemia y evitar la aparición de una tercera ola de contagios en nuestro país.

/ES/NDP/

El titular de Economía y Finanzas, Pedro Francke, señaló que nacionalizar el gas de Camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos, en particular de los compatriotas del sur por lo que “no significa de ninguna manera estatizar la actividad privada".

Según remarcó, la masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es un compromiso del Gobierno.

La semana pasada, el Ejecutivo suscribió una resolución suprema para la masificación del gas natural a favor de diversas regiones del sur del país.  

Para mañana viernes está prevista una sesión del Consejo de Ministros en Cusco, región donde se origina el gas de Camisea.  

/DBD/

Desde el Gobierno se hará respetar los intereses nacionales sin dejar de alentar las inversiones privadas en el territorio nacional, sostuvo Hernando Cevallos, ministro de Salud.

Cevallos resaltó la necesidad de defender las mejores condiciones de los contratos que tiene el país con las diferentes empresas extranjeras y que no existen candados que impidan una renegociación si se trata de defender los intereses del país, esto en alusión a las renegociaciones anunciadas con el consorcio de Camisea.

“Vamos a hacer respetar los interesas nacionales. Acá no hay presiones que valgan, acá lo que haya que conversar y lo que haya que renegociar se renegociará”, afirmó en rueda de prensa. 

En esa misma línea, el ministro señaló que “nosotros hemos señalado claramente la necesidad de alentar las inversiones en el país, de respetar el capital privado, pero también de respetar los intereses nacionales”.

Durante su pronunciamiento, el titular del Minsa se refirió a que no existen trabas para renegociar mejores condiciones que beneficien a los intereses nacionales cuando hay un requerimiento de renegociación. 

“Aquí no hay empresas que tengan un candado y que no se pueda conversar y negociar con ellas las mejores condiciones que nos sirva como país”, puntualizó.

/DBD/

A fin de definir acciones concretas en beneficio de las zonas de frontera, la Cancillería informó que el Consejo Nacional para el Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (CONADIF) se reunirá mañana jueves en la provincia de Sandia, región Puno.

El secretario ejecutivo del Conadif, Carlos Chocano, destacó la importancia de la próxima reunión de esta instancia multisectorial debido a que se trata de la primera reunión desde que se inició la pandemia.

“Lo cual demuestra la voluntad política del gobierno de promover el desarrollo en las zonas de frontera”, señaló en diálogo con la Agencia Andina.

Añadió que es una excelente oportunidad para establecer acciones concretas en beneficio de las comunidades más alejadas del país donde se plantea una agenda 2020-2026 que incluye proyectos de inversión y actividades que serán priorizadas por los diferentes sectores.

“Tenemos un grupo de proyectos muy importantes por miles de millones de soles a los que se les dará la debida priorización en beneficio de las zonas de frontera”, informó el secretario técnico del CONADIF.

Además, señaló, que otro punto importante que se abordará durante la reunión es el de la reactivación económica donde los ministros participantes darán cuenta a los gobernadores sobre las acciones que se están desarrollando en este contexto de pandemia.

/DBD/

Con el objetivo de iniciar un diálogo directo con las comunidades del corredor minero, la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, se encuentra en el centro poblado de Pisaccasa, distrito de Mara, provincia de Cotabambas (Apurímac).

Vásquez llegó al lugar acompañada de una delegación del Poder Ejecutivo conformada por el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, así como los viceministros de Economía y Transportes.

Más temprano, Vásquez declaró que el Gobierno pretendía restablecer el diálogo con las comunidades que se encuentran en paro hace varios días.

"Queremos sentar la pauta de un nuevo diálogo, en que podamos no solo escuchar a la gente sino también cumplir con los compromisos pendientes", afirmó.

/DBD/