Política

La bancada de Perú Libre pedirá que se reconsidere la distribución de las presidencias de las comisiones de trabajo parlamentario, al no estar de acuerdo con la propuesta aprobada en Junta de Portavoces.

El vocero de este grupo político en el Congreso, Waldemar Cerrón, dijo que, junto a esta solicitud, se planteará investigar por qué antes de que se realizara la reunión de voceros en la que se definiría este tema, ya se había difundido un cuadro previamente estructurado.

“Se habían juntado y habían dejado algunos espacios en blanco para Perú Libre. Pediremos al Pleno que esto se investigue y tengamos la posibilidad de una reconsideración”, manifestó. 

Aludió así a las siete comisiones que finalmente serán presididas por su partido.

Añadió que los representantes de su bancada han estado presentes en las reuniones oficiales del consejo directivo del Congreso y de los voceros en las que se definió el tema.

/LC/Andina/

Para sostener una reunión con la Mesa Directiva del Congreso, el presidente de la República, Pedro Castillo, llegó a las instalaciones del Parlamento.

La reunión se produjo con la participación de la titular de este Poder del Estado, María del Carmen Alva, y los tres vicepresidentes del Congreso.

Tras la reunión protocolar, Alva y los integrantes de la Mesa Directiva acompañaron al Jefe del Estado hasta las escalinatas del Congreso sin brindar declaraciones a la prensa. 

/ES/Andina/

Con el objetivo de impulsar estrategias de prevención frente a una eventual tercera ola por coronavirus en el Perú, el Ejecutivo organiza la “Datatón para prevenir la tercera ola”, que se desarrollará de manera digital este 20 y 21 de agosto en el marco de la Política Nacional de Transformación Digital y la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos. 

Esta Datatón es organizada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, junto al Ministerio de Salud (Minsa), en alianza con el Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (Concytec) y laboratorios de innovación públicos y privados a nivel nacional. 

La iniciativa permitirá codiseñar soluciones tangibles a las problemáticas en salud generadas por la crisis sanitaria junto al sector privado, la academia, la sociedad civil y la ciudadanía.

En esa línea, este espacio de innovación abierta priorizará la ideación, la analítica, explotación y visualización de los datos abiertos para desarrollar modelos predictivos y de seguimiento, así como prototipos.

Se podrá participar en dos categorías: el proceso de vacunación y la nueva normalidad. Durante las presentaciones, se evaluará el prototipo funcional de un dashboard de toma de decisiones basado en datos.

Los ciudadanos que deseen participar podrán inscribirse en grupos de 3 a 5 personas en www.gob.pe/dataton2021 hasta el 19 de agosto de 2021. Si eres seleccionado, la organización hará pública tu participación en esa misma fecha. 

Todos los participantes recibirán un certificado que acredite las horas de mentoría y la propuesta presentada.

Los integrantes del equipo ganador recibirán un certificado, el que acreditará el logro alcanzado. Todos los proyectos serán publicados en Gob.pe. Además, habrá diversos premios otorgados por las entidades organizadoras.

Los proyectos ganadores de cada categoría serán desarrollados por el Ministerio de Salud en alianza con el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, liderado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM.

/ES/NDP/

A través de una iniciativa legislativa, el parlamentario Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) propuso que la designación para el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional sea por cinco años, vencido el plazo, el cargo quedará vacante; por lo que estarán impedidos de la continuación en el ejercicio del cargo. Además, de que no hay reelección inmediata.

El proyecto señala que antes de los 12 meses, previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el presidente del Tribunal se dirige al presidente del Congreso para solicitar el inicio del procedimiento de elección de nuevos magistrados.

Para tal efecto, se propone modificar los artículos 9 (duración del cargo) y 10 (aviso anticipado) de la Ley N.° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

En su única disposición complementaria transitoria, señala que los cargos de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo plazo se encuentre vencido y cuyos magistrados continúen ejerciendo, se declararán vacantes al día siguiente de la publicación de la presente ley; por lo que los magistrados estarán impedidos de seguir ejerciendo el cargo.

En sus disposiciones de motivos, la iniciativa legislativa señala que amplía de facto el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional no solo desnaturaliza el mandato de la propia de la Constitución Política del Estado, cuyo espíritu es que se renueven los magistrados del Tribunal Constitucional cada cinco años y no que se reinicien en el cargo mientras no exista elección de los nuevos magistrados, sino que además ha generado en la práctica incentivos para bloquear su renovación.

La iniciativa también indica que no ha sido ajena a algunos magistrados con mandato vencido, los cuales han realizado declaraciones en medios de comunicación respecto del proceso de elección de los nuevos magistrados al Tribunal Constitucional a pesar de que son parte interesada en el mismo, cuestionando la idoneidad y legitimidad del Congreso de la República para llevar a cabo el proceso de renovación, a pesar que la Constitución contempla que esta es una potestad exclusiva y excluyente del Congreso de la República.

/ES/NDP/

A partir de las 10.00 horas, el pleno del Congreso sesionará a fin de ver el cuadro de comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente.

La convocatoria fue oficializada en la víspera por la presidenta de este poder del Estado, Maricarmen Alva, a través de su Oficialía Mayor.

La Oficina de Prensa del Congreso informó que en dicho plenario, además de la aprobación del cuadro de comisiones ordinarias y de la oficialización de la conformación de la Comisión Permanente, se verá la admisión a debate de diversas mociones, entre ellas las referidas a la formación de comisiones investigadoras sobre diversos temas.

Entre estas se encuentra el requerimiento de investigar la gestión de autoridades municipales y de Essalud respecto a la pandemia de la covid-19, así como las actividades desarrolladas por el presidente Pedro Castillo durante los días en que no despachó en Palacio de Gobierno.

También se encuentra en el listado la moción en la que se propone la conformación de una comisión investigadora sobre el atentado perpetrado en Vizcatán del Ene en mayo de 2021.

/ES/NDP/

El Representante Permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, asumió hoy la presidencia del Consejo Permanente de esta institución.

El embajador Forsyth destacó que el país se siente honrado de presidir el Consejo Permanente y que asume esa responsabilidad con su “tradicional vocación solidaria e integracionista y una adhesión invariable a los valores y principios compartidos de promoción y defensa de la democracia”.

El nuevo titular del Consejo Permanente resaltó que “esta es la primera sesión ordinaria que se celebra durante el mandato del presidente Pedro Castillo y me es honroso transmitir el compromiso irrenunciable del nuevo mandatario peruano con la Carta Democrática Interamericana”.

Además, el Representante Permanente de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, quien fue el encargado de traspasarle el mando del Consejo, destacó la experiencia de Harold Forsyth.

“Estoy seguro de que, dado su amplia experiencia y conocimientos, este Consejo se beneficiará enormemente de los conocimientos y las habilidades diplomáticas del embajador”, indicó.

Se informó también que el Representante Permanente del Uruguay, Washington Abdala, ocupa la Vicepresidencia del Consejo.

/JV/Andina

El requerimiento de acumulación de las dos carpetas fiscales seguidas contra Edgar Alarcón Tejada, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito fue declarado fundado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Esta decisión permitirá que la carpeta fiscal N.° 506015506-2019, que venía siendo tramitada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, se sume a la investigación que se tramita en el citado despacho supremo con la carpeta fiscal N.° 74-2021, en un mismo cuaderno judicial.

Ambas carpetas contienen los actos de investigación contra Alarcón Tejada, quien, durante su labor como funcionario público de la Contraloría General de la República, en el periodo comprendido desde enero de 2007 hasta junio de 2016, habría evidenciado un presunto desbalance patrimonial.

Por ello, al existir una conexión entre ambas indagaciones, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso la acumulación determinando que, en adelante, ambas carpetas se integren al expediente N.° 00012-2021-0-5001-JS-PE-01.

Esto facilitará dar un tratamiento unitario al caso, evitando la duplicidad de actos de investigación y la emisión de resoluciones contradictorias. Asimismo, se garantizará la eficacia del proceso y el conocimiento integral de los hechos.

/RH/Andina/

La bancada de Juntos por el Perú presentó una iniciativa legislativa que tiene como finalidad derogar el decreto de urgencia Nº 038-2020, que regula la suspensión perfecta de labores, así como otras medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores por el covid-19.

El proyecto de ley presentado por la congresista Sigrid Bazán plantea esta derogación por considerar que carece de sentido mantener una medida especialmente gravosa para los trabajadores "cuando el contexto económico al que buscaba atender varió con el tiempo".

La iniciativa señala que en la práctica estas facilidades dadas por la administración pública, sumado al déficit de personal en la labor de fiscalización por parte de la Autoridad Inspectiva de Trabajo (AIT), generó un enorme perjuicio en los trabajadores.

"De hecho, muchas empresas han hecho un uso indiscriminado de esta medida al advertir la imposibilidad de la inspección de trabajo para darse abasto, dentro del plazo legal, para la revisión de innumerables suspensiones en trámite", indica la propuesta.

Además, recalca que la aplicación del silencio administrativo positivo constituye una desprotección a los trabajadores, pues sería el simple transcurso del tiempo y no la debida verificación del fundamento de la suspensión perfecta de labores, la única causa que valide la adopción de la medida.

Además, el proyecto advierte que no supone gasto al Estado, por el contrario, beneficia la protección del empleo como factor de recuperación laboral y económica frente a la crisis por la pandemia de la covid-19.

/JV/

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se reunieron y expresaron la voluntad de colaboración entre ambas instituciones, de acuerdo a sus competencias y frente a la necesidad de dar señales de gobernabilidad en el funcionamiento del Estado, así como en la economía del país.

“Es indispensable que las instituciones del Estado coordinen porque necesitamos que el día a día de la ciudadanía se desarrolle con normalidad”, señaló el Defensor del Pueblo a su retiro de la cita protocolar sostenida con la representante del Parlamento Nacional.

En relación a las próximas iniciativas legislativas que presentará la Defensoría del Pueblo al Congreso, Gutiérrez manifestó que la siguiente semana alcanzará algunas propuestas, una de ellas está referida a la creación del Consejo de Estado, el cual ha tenido un papel destacado durante los últimos meses en atención a la crisis económica y social que ha vivido el país.

Con este proyecto, la Defensoría del Pueblo busca darle creación formal al Consejo de Estado, el cual está representado por los titulares de la Presidencia de la República, quien lo preside, del Congreso, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República.

/RH/NDP/

Hoy entra en vigencia la Decisión 878 “Estatuto Migratorio Andino”, norma que regula el derecho comunitario de circulación y establece la residencia temporal y permanente para los ciudadanos andinos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este Estatuto tiene carácter supranacional y es de obligatorio cumplimiento para los Países Miembros.

Según explicó el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Jorge Hernando Pedraza, esta histórica decisión determina que los ciudadanos podrán ser admitidos e ingresar en cualquiera de los otros países miembros, en calidad de turistas, mediante la sola presentación de uno de los documentos nacionales de identificación, válido y vigente y sin el requisito de visa.

La permanencia será por un periodo de 90 días prorrogables por otros 90 días sin que superen los 180 días calendario continuos o discontinuos en el mismo año.

En tanto, la Residencia Temporal Andina autorizará a los ciudadanos CAN a permanecer hasta por dos años en el territorio de un país miembro distinto al de su nacionalidad, lo cual podrá ser gestionado en la sede consular del lugar de destino o si el ciudadano se encuentra en el territorio de inmigración, deberá tramitarla ante la autoridad migratoria competente.

Los requisitos son: Documento de viaje válido y con una vigencia mínima de seis meses con el que ingresará o ingresó al territorio de inmigración; certificado vigente que acredite la carencia de antecedentes policiales y judiciales o penales en el país de su nacionalidad o el de recepción; pago de la tasa retributiva de servicios, conforme lo dispongan las respectivas legislaciones internas y manifestación escrita del propósito de establecer su residencia temporal en el país receptor.

Asimismo, la Residencia Permanente Andina autorizará a los ciudadanos a permanecer por tiempo indefinido en el territorio de un país miembro distinto al de su nacionalidad, para lo cual deberán presentar su solicitud ante la autoridad competente del lugar de inmigración, dentro de los noventa días anteriores al vencimiento de la Residencia Temporal Andina.

Quienes obtengan tanto la residencia temporal como la permanente podrán entrar, salir, circular y permanecer libremente en el territorio de inmigración, previo al cumplimiento de las formalidades que el Estado miembro considere. Además, podrán acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en las mismas condiciones que los nacionales de los países de recepción, de acuerdo con las normas legales de cada Estado.

/RH/NDP/