Política

El titular de la Comisión de Economía del Congreso, Casio Huaire, sostuvo que las nueve medidas consideradas por el Gobierno en el marco de la delegación de facultades contribuyen a la competitividad y crecimiento económico del país.

Al inicio del debate de las facultades legislativas en materia administrativa, económica y financiera, Huaire recordó que se trata de una herramienta legal para permitir al Ejecutivo enfrentar y solucionar temas de gran repercusión social.

Si esta facultad es otorgada, recordó, el Gobierno tiene que dar cuenta al Parlamento sobre las acciones y medidas a adoptar.

Sostuvo que si bien está de acuerdo con las nueve medidas propuestas, indicó que surgen algunas reflexiones o preguntas que corresponderá resolver a los ministros de los portafolios correspondientes.

Para promover la inversión pública privada, dijo, se requiere modificar el artículo 1º de la Ley 29230, que solo comprende la suscripción de convenios con gobiernos regionales y locales.

"La pregunta pasa por cuáles otros nuevos sectores se estarían considerando en los mecanismos de asociación pública privada", mención.

Asimismo refirió que para que la Superintendencia de Banca y Seguros supervise las cooperativas de ahorro y crédito se necesita modificar la Ley 26702, Ley general de Banca y Sistema Financiero.

Respecto a incentivar el desarrollo de nuevas centrales de generación eléctrica, indicó que ello está muy bien pero se requiere recordar si la generación de energía renovable será incluida o cómo se podría trabajar.

/CCH/ Andina

El jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, sostuvo que la delegación de facultades solicitada al Congreso tiene por objetivo impulsar la economía nacional, destrabando inversiones en sectores como la construcción.

"La delegación de facultades tiene como objeto darle un impulso a través de la construcción, que, como todos sabemos, es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía de un país", indicó ante el pleno del Parlamento.

Según resaltó, si el Legislativo aprueba la solicitud se beneficiarán proyectos como la puesta en marcha de la línea del Metro, que favorecerá a nueve millones de usuarios, o la concesión de parte del terreno de la Base Naval para el puerto del Callao.

Cateriano dijo que ello no solo será provechoso para proyectos del actual Gobierno, sino de gestiones anteriores que por problemas de carácter legal no han avanzado.

/MRM/

Respecto al comportamiento de algunos legisladores en las reuniones en el Pleno del Congreso, el congresista de Somos Perú, Fernando Andrade, lamentó que algunos parlamentarios no estén "a la altura" del puesto que están representado.

Asimismo,en delarciones a Radio Nacional del Perú, Andrade criticó el actuar de algunos de sus colegas, pues si bien son considerados como “Padres de la Patria”, algunos legisladores “se comportan como hijos y no como padres”.

“Los congresistas tienen que actuar como padres, por algo les dicen ‘Padres de la Patria’ y tienen que tomar las decisiones en ese sentido, a veces los hijos quieren una cosa, pero los padres dicen qué es lo que hay que hacer porque es lo correcto y adecuado por la sapiencia de los años, algunos se comportan como hijos y no como padres”, agregó el parlamentario.

Mejor elección en próximas elecciones

Por otro lado, Andrade instó a la población a “saber escoger por quién van a votar” en las próximas elecciones el próximo abril.

“Ahora (la población) tiene la oportunidad el próximo año para elegir a quiénes lo van a representar y después no se quejen porque todos los que están sentados allí es por voto preferencial, ustedes marcaron un número o por un partido para que salga (elegido), (él) es el que está sentado y quien lo está representado, ¿Si me equivoqué o no? ya es tarde para lamentarse, pero tienen la oportunidad para el próximo abril de saber escoger por quién van a votar”, sentenció el líder de Somos Perú.

/MRM/

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, sustenta hoy el pedido de facultades legislativas en materia económica y de seguridad ciudadana ante el pleno del Congreso, que también discutirá las observaciones del Ejecutivo a la ley que exonera de manera permanente los descuentos a las gratificaciones.

En sesión extraordinaria, que comenzará a las 09:00 horas, también se analizará la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que establece la exoneración permanente de los descuentos a las gratificaciones en julio y diciembre, además de la flexibilización de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). 

La ley sobre las gratificaciones es el primer punto de la agenda del pleno del Congreso, luego se abordará el tema de las facultades para legislar en materia administrativa, económica y financiera, según informó el Parlamento.

Posteriormente, se hará lo propio en temas de seguridad ciudadana para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

Previamente, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, sustentará el pedido de facultades.

De acuerdo a la agenda parlamentaria, también sesionarán la Comisión de Fiscalización y el grupo de trabajo que investiga el caso de Martín Belaúnde.

/M.R.M./

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Virginia Baffigo, invocó a los legisladores a reflexionar sobre la argumentación jurídica que respalda la observación de la ley que propone hacer permanente la exoneración de descuentos a las gratificaciones.

Mencionó que dicha norma es considerada por el Ejecutivo como inconstitucional porque afecta al derecho de la seguridad social, dado que al generar el desfinanciamiento de EsSalud, se mermará la calidad de sus servicios, soslayando el mandato constitucional (artículos 9, 10 y 11 de la Carta Magna).

“Sólo el cinco por ciento de los que aportan a EsSalud que más ganan, se beneficiará con el 38 por ciento de los mil millones que el Seguro Social dejará de percibir. En tanto, que la gran mayoría, es decir el 95 por ciento de los afiliados sólo accederá al 62 por ciento de este monto”, agregó. 

Para Baffigo, la menciona iniciativa legislativa sólo sirve a una minoría de altos ingresos. 

Remarcó que todo gobierno por mandato imperativo de la Constitución debe actuar como garante de la efectiva protección de los derechos humanos.  

“Siendo la seguridad social un derecho fundamental, la ciudadanía espera que los poderes del Estado respeten y hagan respetar este derecho que alcanza a 11 millones de peruanos”, anotó. 

Agregó que la Confederación de Trabajadores del Perú, la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias, la Federación Médica del Perú, el Foro de la Sociedad Civil ForoSalud, el Colegio Médico, representantes de las Universidades del Perú, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, de organizaciones sociales de la comunidad, entre otros, se han pronunciado a favor de la sostenibilidad financiera de EsSalud.

Asimismo, dijo que la posición del Gobierno coincide con opiniones de destacados expertos constitucionalistas del país consultados por EsSalud, en el año 2014.

Por ejemplo, destacó Essalud, el constitucionalista Javier Valle-Riestra, sostuvo que Essalud financia sus prestaciones con las contribuciones de empleadores y pensionistas, sin que exista financiamiento adicional para la cobertura. 

“Cuando se afecta su presupuesto, se vulneran dos derechos fundamentales: el derecho a la seguridad social y el principio de solidaridad social”, aseveró el abogado. 

Explicó que también se vulnera el principio constitucional del Equilibrio Presupuestario (artículo 78.º de la Carta Magna), que implica que no puede establecerse un gasto no financiado.

Essalud recordó que este aspecto fue advertido por el Ejecutivo durante el Gobierno del expresidente Alan García Pérez, quien también observó la autógrafa de la Ley 29351, según consta en el oficio enviado por Palacio de Gobierno al Congreso, el 21 de enero del 2009, y que antes, según oficio del 27 de diciembre del 2008, ya había informado al Parlamento del mismo defecto.

Asimismo, esta entidad detalló que a finales de julio dispondrá de un nuevo estudio actuarial, el mismo que fue encargado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Cabe recordar que la OIT, en el estudio actuarial del 2,012, advirtió que de mantener la exoneración afectaría la sostenibilidad financiera de la institución.

El recorte de 854 millones de nuevos soles en el año 2014, se traduce en 2'458,857 consultas, 57,233 días de hospitalizaciones, 44,552 operaciones, u ocho modernos centros de emergencia que podrían haberse logrado de haber contado con los recursos no percibidos.

En otro momento, Essalud recordó que el estudio de la agencia financiera internacional Fitchs Ratings, señala que EsSalud deberá tener ingresos mayores para poder seguir incrementando su inversión, sin deteriorar sus márgenes financieros.

/C.CH.A./ Andina

El ministro de Economía, Alonso Segura, instó al Congreso a cautelar el bienestar futuro de los peruanos y a analizar los argumentos del Ejecutivo, que observó la exoneración permanente a los descuentos en las gratificaciones.

"Hago un llamado al Congreso a que analice los argumentos presentados en la observación parcial remitida por el Presidente para que tomen decisiones en función al bienestar de todos los peruanos y de instituciones importantes, como la seguridad social y los sistemas de pensiones, que son los que cautelarán el bienestar futuro de todos los ciudadanos", puntualizó.

Segura, abogó por lograr un análisis profundo del impacto de esta decisión que tienen en sus manos los parlamentarios, y dijo esperar que luego de la evaluación sea posible encontrar un camino de consenso.

Añadió que la norma aprobada por el Congreso, que plantea la permanencia de la exoneración, es antitécnica e inconstitucional al afectar la seguridad social (EsSalud), los sistemas nacional y privado de pensiones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), y el fondo de estabilización de precios de combustibles.

"Los impactos son significativos", dijo, al indicar que en el caso de EsSalud implicaría abrirle un forado financiero de 850 millones de nuevos soles cada año, lo cual derivaría en la precarización de la seguridad social y de los servicios médicos.

Sobre el sistema nacional de pensiones, refirió que la Constitución considera preservar la sostenibilidad financiera de los regímenes públicos, que el equilibrio permanezca, lo que a su juicio no se ajusta a lo propuesto por el Congreso. En ese caso el forado sería de 4,500 millones de dólares.

En el caso del sistema privado de pensiones, el impacto sería sobre el nivel de las pensiones de los afiliados, que serían 14 por ciento inferiores.

Además, advirtió, que potencialmente habría 2,300 millones de nuevos soles de mayor impacto fiscal el próximo año para el fondo de estabilización del precio de los combustibles, de prosperar la iniciativa del Parlamento.

En cuanto a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), mencionó que se podría desnaturalizar el objetivo de este beneficio de desempleo y se desprotegería a los trabajadores si se ratifica la exoneración permanente en los descuentos.

"Si eso no le preocupa a los peruanos no sé qué debería preocuparles, pero tenemos una actitud propositiva para tender puentes y que se entienda la gravedad de la situación y tomen los argumentos en consideración", remarcó.

El ministro de Economía recordó que la propuesta inicial del Gobierno pasaba por una exoneración temporal, de modo que esta sea sólo aplicada en el 2,015 y abrir luego un espacio de análisis y estudio, a fin de tomar la decisión correcta en torno a su perpetuidad.

"Todos estamos de acuerdo en la necesidad de ello, nuestra propuesta señala que aprovechemos este año para hacer los estudios que correspondan y explorar decisiones a futuro", enfatizó.

"Sería más fácil para el Ejecutivo que el Congreso promulgue la norma y no observarla, si pensáramos en función de los votos y de la popularidad hubiera sido fácil dejar nomás que la norma vaya pero debemos pensar en el futuro de los peruanos, es lo más responsable", añadió el funcionario.

/C.CH.A./ Andina

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dejó sin efecto, mediante la Resolución 0168-2015-JNE, la credencial expedida a Alejandro Yovera Flores como congresista de la República y resolvió expedir la misma a Karina Beteta Rubín para que ocupe ese cargo en lo que resta del período 2011 - 2016.

Este organismo electoral recibió el Oficio N.° 286-2014-2015-ADP/PCR, en el que se remite la Resolución N.° 046-2014-2015-P/CR, que señala, en su artículo primero, “Declarar la vacancia del cargo de congresista que ejercía el señor Alejandro Yovera”, y en su artículo segundo, “Oficiar al Jurado Nacional de Elecciones para que proceda conforme a sus atribuciones”.

En tal sentido, el pleno del JNE, en atención al documento del Congreso y considerando la inhabilitación que emitió la Corte Superior de Justicia de Huánuco por el plazo de dos años sobre Yovera Flores -quien quedó privado de su función, cargo o comisión que ejercía, aunque provenga de elección popular, e incapacitado e impedido para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público-, decidió dejar sin efecto su credencial y completar el escaño en el Parlamento con otro representante de la misma lista de Fuerza 2011.

Como se recuerda, esa organización política, en aplicación de la cifra repartidora, obtuvo un representante elegido por el distrito electoral de Huánuco, siendo Alejandro Yovera con 19 mil 816 votos. En tanto, en segundo lugar de la votación quedó Karina Juliza Beteta Rubín, con 12 mil 39.

Alejandro Yovera Flores, consignó información falsa en la hoja de vida que presentó ante el JNE durante su postulación al Congreso en las Elecciones Generales del año 2011.

/C.CH.A./ Prensa JNE

La Contraloría General de la República precisó que la intervención fiscal en el Gobierno Regional del Callao tuvo como fundamento encontrar documentación referida a las presuntas irregularidades en el proceso de sembrado de grass en la avenida Néstor Gambetta, ante la negativa de las autoridades regionales a entregar dicha información.

En ese sentido, indicó que no se ajusta a la verdad lo señalado por el Gobierno Regional del Callao de que el Órgano de Control Institucional (OCI) contaba con el 95 por ciento de los documentos requeridos.

"La diligencia fiscal se fundamentó en que, pese a los reiterados requerimientos del OCI y la comisión auditora, dicha entidad no entregó la totalidad de la documentación original que sustenta el proceso de contratación, ni el Expediente Técnico de la obra, entre otros documentos solicitados", señalan.

A través de una nota de prensa, Contraloría precisa que las autoridades regionales solo habían entregado información parcial del expediente de contratación, de la cual la mitad eran fotocopias.

En el Acta Fiscal de Allanamiento, que contó con la participación de la Procuraduría y la Contraloría, consta que se debió recorrerse las oficinas de Construcción, Logística, Trámite Documentario y Archivo para incautar los documentos faltantes, añaden.

En poder de la administración regional, refiere Contraloría, se logró encontrar los originales del expediente del proceso de selección para la contratación “Conformación de domos y sembrado de grass en la avenida Néstor Gambetta”, con una inversión de seis millones 748 mil nuevos soles.

Después de esta intervención "sigue existiendo documentación faltante, como el expediente de contratación del personal que elaboró los términos de referencia, el expediente técnico y la estructura de costos que identifica la relación de los gastos, información indispensable para determinar la razonabilidad del gasto".

Puntualizan, asimismo, que la intervención en el Gobierno Regional del Callao fue considerada necesaria por el Fiscal Provincial Titular y autorizado por el Juzgado de Investigación Preparatoria – Sede La Marina. Se ejecutó con respetó los derechos de la entidad y las personas, y en el marco legal vigente.

Reducen personal en OCI

Por otro lado, la Contraloría alertó de la reducción de la capacidad operativa de la OCI, dado que el Gobierno Regional del Callao redujo el personal de este organismo de 19 a diez.

“Esta medida afecta considerablemente el desarrollo de las acciones de control y constituye una clara vulneración del deber de asegurar el funcionamiento de la mencionada oficina de control”, indican.

La Contraloría pidió al Gobierno Regional restituir la capacidad operativa de esta dependencia.

/CCH/ Andina

Julio Gutiérrez Pebe, del Colegio de Licenciados en Administración, y Alfredo Quispe Pariona, del Colegio de Psicólogos, fueron elegidos hoy nuevos consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en representación de los colegios profesionales.

Ambos obtuvieron cuatro votos en la asamblea de delegados organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a fin de seleccionar a los consejeros para el periodo 2015-2020, que remplazarán en el cargo a Gonzalo García Núñez y Luz Marina Guzmán.

En el proceso electoral participaron diez delegados-candidatos de los colegios profesionales, que fueron votados el pasado 17 de mayo en elecciones abiertas.

Se eligió, además, como primer suplente a Hebert Marcelo Cubas, representando al Colegio de Antropólogos, y como segundo suplente a Víctor Delgado Montoya, del Colegio de Economistas. Ambos aspirantes tuvieron tres votos a su favor.

Los encargados de llevar a cabo el sufragio fueron Marco Basauri, Carlos Vargas y Henry Orna, de la ONPE.

A diferencia de los procesos anteriores, en que se elegía de forma directa (un agremiado un voto) a los consejeros de los colegios profesionales, esta vez cada institución escogió primero a sus delegados-candidatos, quienes luego tuvieron a su cargo la elección definitiva, de acuerdo con la ley.

El CNM deberá fijar la fecha para la ceremonia de juramento de los dos nuevos consejeros, quienes se incorporarán al pleno de ese organismo en reemplazo de los dos consejeros cuyo mandato está por culminar.

/CCH/ Andina

El presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso, Fernando Andrade, señaló que respalda la delegación de facultades legislativas que solicita el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad, pero recomendó que a la par se reglamenten otras normas.

“Estoy a favor de la delegación de facultades, pero también debo decir que hay caminos más simples para dar estas normas”, indicó a la Agencia Andina.

Andrade recomendó que dentro de las leyes que pueda dar el Ejecutivo al amparo de las facultades, en caso el Congreso acepte su pedido, se tomen aquellas que permitan la reorganización de la Policía Nacional.

Estimó que una norma de este tipo es necesaria para que dicha institución mejore su eficacia y también “para que recupere la confianza de la ciudadanía”.

En cuanto al plazo solicitado para emitir normas sobre seguridad, señaló que “30 días son más que suficientes para promulgar estas leyes y emitir los decretos que los reglamenten”.

Recordó que hay normas promulgadas que requieren de un decreto supremo para su reglamentación y aplicación, como la ley que establece mecanismos para la videovigilancia.

Indicó también que en 2009 se promulgó un decreto supremo sobre recompensas para la captura de terroristas. “Se podría actualizar su contenido”, sostuvo.

Mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, acudirá al Congreso a exponer el pedido de delegación de facultades legislativas que solicita el Ejecutivo en materia económica y de seguridad ciudadana.

En materia de seguridad ciudadana el Ejecutivo pide facultades por 120 días y propone siete medidas para enfrentar el sicariato, el crimen organizado, el tráfico de terrenos, entre otros.

/CCH/ Andina