Política

El Congreso de la República asignó, por acuerdo de la Mesa Directiva, un bono extraordinario de 2 UIT o S/ 9 900 para cada parlamentario, además del que fue otorgado a trabajadores del Parlamento por el mismo monto, confirmó la parlamentaria Flor Pablo.

La legisladora no agrupada señaló, mediante su cuenta de X (antes Twitter), que ese dinero le fue depositado sin su consentimiento, por lo que realizará la devolución del mismo.

En la publicación adjuntó también la carta que remite al presidente del Congreso, Alejandro Soto, en donde expresa su disconformidad con el acuerdo de Mesa Directiva del 14 de noviembre de 2023, que tuvo por finalidad la entrega de dicho bono, el cual fue abonado en su cuenta bancaria personal.

“Rechazo cualquier tipo de bonificación extraordinaria a favor de los congresistas, lo cual no tiene ninguna justificación. Este tipo de decisiones discrecionales a puertas cerradas lo único que trae consigo es un mayor rechazo a la institución del Congreso y al sistema democrático en su conjunto”, señala la legisladora en el documento.

Asimismo, expresó que la entrega de este incentivo puede ser comprendida por la ciudadanía “como una forma de ganar voluntades políticas a cambio de un favorecimiento económico”.

En ese sentido, la parlamentaria menciona que la inédita bonificación de S/9 900 se hace efectiva luego de aprobarse diversas normas de gran impacto en nuestro país, que en el pasado no habían logrado el consenso necesario; y ad portas del voto del informe de calificación de la Comisión de Ética respecto de una de las integrantes de la Mesa Directiva, en referencia a la legisladora Rosselli Amuruz.

“Finalmente, ante la evidente crisis económica por la que viene atravesando nuestro país, es un pésimo mensaje a la población que sus representantes repartan el dinero público de forma completamente arbitraria”, agrega Flor Pablo.

La congresista no agrupada señaló que está realizando las gestiones administrativas pertinentes para que ese dinero vuelva al presupuesto institucional y exhortó a los otros parlamentarios a que hagan lo propio.

Diversos medios informaron recientemente que la Mesa Directiva del Congreso aprobó otorgar un bono de 2 UIT a cada trabajador parlamentario, sin distinción de su régimen laboral. En el documento propalado, sin embargo, no se hace mención sobre el bono a los legisladores.

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Fueron ampliadas las competencias del procurador público encargado del caso de la extradición del exjuez supremo César Hinostroza.

Estas disposiciones constan en la resolución D000616-2023-JUS/PGE-PG publicada hoy en la gaceta de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

En ella se precisa que esta ampliación de las competencias del procurador público Javier Pacheco Palacios tiene como objetivo facilitar las acciones que este realizará ante las autoridades de Bélgica.

Pacheco Palacios reemplaza en el cargo a Amado Enco Tirado, quien renunció en 2020, quedando como encargado del caso.

En ese contexto, es que se dispone ampliar sus competencias en este asunto, a fin de que pueda efectuar las acciones que resulten necesarias en Bélgica para avanzar en la extradición de Hinostroza, ya que la delegación competencial anterior lo autorizaba a hacer lo propio en España.

Antecedentes

El semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ publicó en setiembre un reportaje en el que se indica que el referido exvocal supremo se halla en Bruselas, Bélgica, cuando se asumía que continuaba en España. Además, se indicó que seguía recibiendo una pensión del Poder Judicial.

Hinostroza se encuentra en calidad de prófugo de la justicia peruana desde 2018, por lo que las órdenes para capturarlo a nivel policial se mantienen activas.

El citado exmagistrado está implicado en el caso denominado ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que involucra a integrantes del Poder Judicial, empresarios y miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura en supuestos actos de tráfico de influencias.

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Diversas medidas destinadas a avanzar en el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios, incluida la revisión periódica de las órdenes de prisión preventiva y el uso de grilletes electrónicos, contiene el decreto legislativo 1585, emitido por el poder Ejecutivo.

Este aparece publicado hoy en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano, y modifica el Código Penal, el Código Procesal penal y el Código de Ejecución penal, así como el decreto legislativo referido a la vigilancia electrónica personal (decreto legislativo 1322).

De igual manera, se plantean modificaciones a la ley sobre el beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplen pena privativa de la libertad (Ley 30219) y al decreto legislativo que regula la conversión de penas privativas de la libertad por penas alternativas (DL 1300).

La norma publicada hoy se enmarca en las facultades legislativas dadas al Ejecutivo por el Congreso, y también en la resolución del Tribunal Constitucional en la que se dispone la dación de medidas para aliviar el hacinamiento en las cárceles, por considerar que esta situación impide la resocialización de los internos y ha llegado a extremos insostenibles.

Con respecto a los grilletes electrónicos, las modificaciones al Código Penal y al DL 1322 señalan que su uso se aplica a personas procesadas por delitos cuya pena privativa de la libertad no sea superior a diez años.

En ese sentido, se indica que el juez podrá aplicar esta modalidad cuando se dicten penas no mayores de diez años. Cuando la condena es no menor de diez ni mayor de doce años, la aplicación de la vigilancia electrónica personal irá acompañada por prestación de servicios a la comunidad.

Estas condiciones también se tendrán que cumplir en los casos en los que la pena privativa de la libertad ya viene siendo cumplida. En ese punto se indica, además, que, si la pena es no mayor de seis años, el juez puede convertirla al sistema de vigilancia electrónica personal.

Prisión preventiva

En cuanto a la prisión preventiva, se indica que dicha medida podrá dictarse cuando la sanción a imponerse al procesado sea superior a cinco años de pena privativa de la libertad.

Se precisa, asimismo, que, luego de seis meses de ejecutada la prisión preventiva, el juez de la investigación preparatoria “revisa de oficio la vigencia de los presupuestos que dieron lugar a su imposición”. Esto se realizará de manera obligatorio, transcurrido el mencionado lapso.

A fin de cumplir con ello, el magistrado convocará a una audiencia en la que se evaluará si continúan presentes los motivos que llevaron a la aplicación de esta detención. Se indica también que tanto el imputado como la fiscalía pueden apelar la decisión que se tome al respecto.

Dicha apelación “no impide la excarcelación del imputado a favor de quien se dicta auto de cesación de la prisión preventiva”, se indica.

En cuanto a los extranjeros que cumplen pena privativa de la libertad en Perú, se indica que el beneficio de salir del país para cumplir su condena en su lugar de origen se extenderá cuando su condena no sea mayor de doce años  y cuando se encuentren “en la etapa de tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario”.

Respecto a la conversión de penas privativas de la libertad por penas alternativas, se señala que este beneficio se aplicará cuando se trate de penas no mayores de diez años. Para casos de delito de omisión de pago de asistencia familiar, la conversión puede darse cuando se certifique el pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia.

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El Poder Ejecutivo modificó la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, para establecer medidas que contribuyan a reactivar los proyectos que forman parte del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y mitigar el impacto del Fenómeno El Niño.

Según Decreto Legislativo Nº 1584, publicado este miércoles en el Diario Oficial El Peruano, las entidades deberán elaborar su inventario de obras públicas paralizadas bajo responsabilidad de su titular.

Una vez registrado el inventario en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, los titulares de las entidades deberán solicitar un informe sobre el estado situacional de las obras que determine. Alternativamente, podrán contratar la elaboración de dicho documento, lo que se considerará como de necesidad urgente.

Del mismo modo, la consultoría para la supervisión de la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, cuando la Entidad haya decidido contratarla, es de necesidad urgente.

De otro lado, las entidades bajo el ámbito de aplicación de la Ley Nº 31589 podrán reactivar, excepcionalmente durante el 2023 y 2024, las obras públicas paralizadas que cuenten con un avance físico igual o mayor al 20% siempre que cumplan con las siguientes condiciones:

(I) Cuenten con disponibilidad presupuestaria, a la fecha de aprobación de la lista priorizada de obras públicas paralizadas a la que hace referencia el artículo 4 de la Ley Nº 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.

(II) Correspondan a inversiones que tengan por objeto satisfacer servicios públicos en materia de salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes, seguridad y prevención de desastres.

Adicionalmente, las entidades deberán elaborar y aprobar a lista priorizada de obras públicas paralizadas para el año 2024 en consideración de los siguientes plazos:

a) El inventario de obras públicas paralizadas se elabora y registra en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, dentro de los primeros 30 días hábiles del 2024.

b) El informe sobre el estado situacional se elabora dentro de los 120 días hábiles posteriores al registro del inventario de obras públicas paralizadas en el aplicativo informático del Banco de Inversiones.

c) La lista priorizada de obras públicas paralizadas se aprueba dentro de los 30 días hábiles siguientes a la elaboración del informe de estado situacional.

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El pleno del Congreso de la República sesionará hoy desde 10:00 a. m. en el Hemiciclo de Sesiones del Palacio Legislativo para debatir y votar acerca de diferentes proyectos de ley.

De acuerdo con la agenda publicada, el Parlamento Nacional tratará hoy el proyecto de Ley 5779 que propone la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, así como los proyectos de ley 5780 y 5781 que versan sobre la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024 y la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, respectivamente.

Se tiene previsto que los titulares de los pliegos presupuestales (ministros, presidentes del Poder Judicial, Ministerio Público, organismos del sistema electoral, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y defensoría del Pueblo, entre otros organismos), sustenten ante el Pleno sus respectivos requerimientos.

Por otro lado, se debatirá también en torno al proyecto de Resolución Legislativa 6416 que dispone la autorización para el ingreso y tránsito por aguas territoriales de la República del Perú de una unidad naval y personal militar extranjero de la República del Ecuador.

Finalmente, la agenda consigna que se tratará una moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, para que responda ante el pleno acerca de la contaminación de las cuencas de los ríos Llallimayo (provincia de Melgar - Puno) y Jatun Ayllu y Chacapalca (provincia de Lampa - Puno).

/AC/Andina/

“En segundo lugar, (se enfatizó) la promoción, ofreciendo todo tipo de facilidades para que fluya la mayor cantidad de inversiones posibles no solamente durante todo el compromiso anual del Perú en APEC, que comienza el próximo año en cinco ciudades, sino, en adición, inversiones que tengan énfasis en los sectores más vulnerables”, agregó González-Olaechea.

 

"Existe un impulso importante a la inversión privada, en infraestructura en particular, en lo que respecta a los proyectos en Asociación Público Privada (APP) y proyectos en activos que ha permitido en estos dos meses adjudicar 607 millones de dólares en proyectos que van a servir para seguir cerrando la brecha en infraestructura", señaló el Contreras en el marco de la presentación del quinto informe de gestión del Ejecutivo.

"Hemos seguido trabajando en la recuperación de nuestra economía. Vamos a seguir avanzando en los objetivos que ha establecido la presidenta, que son impulsar la recuperación de la economía, apuntalar el crecimiento potencial y seguir avanzando en el cierre de brechas", concluyó Contreras.

El Poder Ejecutivo brinda una conferencia de prensa donde expone el avance de gestión.

La actividad se efectúa en Palacio de Gobierno.

Antes, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Víctor Manuel Torres Falcón como flamante ministro del Interior, en reemplazo de Vicente Romero, censurado por el Congreso.

Torres Falcón es general de la Policía Nacional en retiro. Se desempeñó anteriormente en diferentes cargos dentro de la institución.

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El general en retiro Víctor Manuel Torres Falcón, juró esta tarde como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Vicente Romero, quien fue censurado la semana pasada por el Pleno del Congreso de la República.

La ceremonia encabezada por la presidenta Dina Boluarte, se realizó en Palacio de Gobierno.

El 2011, Torres Falcón fue designado como jefe del Frente Policial del VRAEM, quien se encargó de liderar las acciones contra el narcotráfico y los remanentes del terrorismo.

Tres años después fue nombrado como jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (el segundo cargo en importancia), que se desempeñaba como director de gestión institucional de la PNP.

/RA/