Política

Mediante la plataforma de ‘X’, el Gobierno del Perú expresó su pesar por el lamentable accidente de helicóptero, en la Amazonía ecuatoriana, en el que perdieron la vida ocho funcionarios que llevaban ayuda humanitaria en Pastaza, y extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Sobre el accidente

Entre las víctimas mortales hay cinco militares y tres civiles, funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) del Gobierno ecuatoriano que llevaban ayuda humanitaria a sectores de la amazónica provincia de Pastaza, afectados por inundaciones ante la crecida de los ríos.

Las víctimas fueron identificadas como el mayor Andrés Sierra, que pilotaba la aeronave; el teniente Jaime Cordones, que ejercía de copiloto; el sargento Leonardo Gutiérrez, que tenía la función de ingeniero de vuelo, y los cabos Cristian Morales y Édgar Montesdeoca, que eran mecánicos.

Además de la tripulación viajaban también en el helicóptero Katya Aragón, Diego Ima y Erik Reyes para cumplir las actividades de la SGR.

Mediante un comunicado, el Ejército ecuatoriano precisó que el rescate de los cuerpos se realizará este sábado debido a las condiciones climáticas que se presentaron este viernes.

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“El dejar sin efecto una medida cautelar dictada por la Corte Superior de Justicia de Lima muestra que evidentemente estamos ante una interferencia y eso me apena. Esto vulnera el artículo 139 inciso 2 de la Constitución, pero no solo eso, afecta a la autonomía del Poder Judicial y también, a la Junta Nacional de Justicia que merece el mismo respeto y consideración”, remarcó Vásquez.

“Esta decisión está siendo comentada por diversos órganos internacionales. Le han pedido al responsable de relaciones exteriores de la Unión Europea que haga seguimiento de la situación del Perú, de la afectación del sistema de justicia y a la JNJ. Ocho embajadas se pronunciaron exigiendo la separación de poderes en el contexto que se atacaba a la JNJ. Lo que ocurre es que para estándares internacionales constituye un quiebre del ordenamiento constitucional que nos lleva a consecuencias terribles”, informó.

Las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional del Perú le dieron un fuerte golpe al tráfico ilícito de drogas en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Según comunicó el Comando Especial Vraem, se vienen intensificando operaciones en su área de responsabilidad, en un trabajo conjunto de inteligencia, articulado y planificado.

En este sentido, se ejecutó un operativo de interdicción al tráfico ilícito de drogas con resultado positivo en el Centro Poblado de Alto Quempiri, Provincia de Satipo, del Departamento Junín.

Después de esta operación conjunta se logró incautar 924.7 kilos de clorhidrato de cocaína, así como se produjo la detención de una persona.

Además, se indica que el Comando Conjunto de las FF.AA., a través del Comando Especial Vraem, persisten incansablemente en mantener su lucha para desarticular el nexo entre la organización terrorista Sendero Luminoso y el tráfico ilícito de drogas.

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El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció un apoyo extraordinario de 500 millones de soles para que los gobiernos locales puedan continuar con los proyectos en marcha y mitigar la contracción económica.

Durante una conferencia de prensa, Adrianzén indicó que se publicará en breve un decreto de urgencia en la edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano para oficializar este apoyo.

"Las expectativas que tenemos nosotros, nos hacen creer que pronto tengamos una mejora y un impacto significativo en uno de los ejes de este Gobierno, que es la reactivación económica. El monto total, de este apoyo extraordinario (a los gobiernos locales), asciende a la suma de 500 millones de soles", señaló Adrianzén.

El primer ministro precisó que el uso de estos fondos será evaluado conforme avance su implementación, para determinar si es posible incrementarlos, dependiendo del presupuesto disponible.

La medida se tomó en respuesta a la disminución de la recaudación tributaria en los últimos meses y la consecuente afectación del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).

"(Estos dos hechos) han sido elementos fundamentales para tomar esta decisión de brindar apoyo directo a los gobiernos locales para que puedan recibir fondos provenientes del Tesoro Público para desarrollar proyectos que tengan en marcha", explicó Adrianzén.

De igual manera, Adrianzén instó a los gobiernos locales a utilizar los recursos de manera responsable, señalando que deben ser destinados a proyectos que cierren brechas y a actividades importantes para la población de bajos recursos.

/PR/

El canciller Javier González-Olaechea sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, donde abordaron los avances del Perú en su proceso de adhesión a este bloque internacional.

En la cita, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró el compromiso de nuestro país con el proceso de adhesión y señaló que el Perú se encuentra trabajando en la implementación de las recomendaciones formuladas por los comités que evalúan la candidatura de nuestro país para ser miembro de la OCDE.

En tal sentido, resaltó que el Perú ha tomado con total seriedad cada una de las evaluaciones que viene sosteniendo. Hasta el momento se han rendido evaluaciones de cuatro comités, en temas relacionados a la gobernanza pública, manejo presupuestal, entre otros, dos de los cuales nos han brindado sus recomendaciones formales que nos guiarán en las reformas que necesitamos realizar.

“Es un placer encontrarme con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, para ponerlo al día sobre los avances y esfuerzos que el Perú viene desplegando para su ingreso ante esa organización que, como canciller, ratifico con esta visita oficial”, escribió el canciller en el “Visitors Book” de la OCDE.

Asimismo, el titular de Relaciones Exteriores sostuvo reuniones de trabajo con funcionarios del Directorado de Asuntos Legales de la OCDE, a cargo del proceso de adhesión de nuestro país.

Reunión con secretario general del BIE

En el marco de su agenda en París, el canciller Javier González-Olaechea se reunió con el secretario general del Bureau International des Expositions (BIE), Dimitrei Kerkentzes, a fin de abordar iniciativas conjuntas de cooperación en el marco del Programa de Refuerzo de Capacidades, para beneficio de los países participantes en las exposiciones universales.

También, conversaron sobre la participación peruana en el Expo Osaka-Kansai 2025, importante plataforma que continuará proyectando nuestra imagen y conocimientos en el mundo. Recordaron que en Dubai 2020, el pabellón «Perú: intemporal y eterno» tuvo un gran impacto y ganó el premio como el mejor pabellón en su categoría.

Es importante resaltar que el Perú preside el Comité de Reglamento del BIE, organización encargada de las exposiciones internacionales impulsadas oficialmente por un Estado. Su labor concierne ahora a la exposición Osaka 2025 y las sedes recientemente elegidas Belgrado 2027 y Riyad 2030.

/NDP/MPG/

La congresista Susel Paredes de la bancada de Cambio Democrático – Juntos Por el Perú, afirmó que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la medida cautelar del Poder Judicial (PJ) y restablecer la inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), responde al quebrantamiento del quórum del colegiado para evitar la destitución de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación. 

“Lo que han hecho es romper el quórum, de manera que ahora, no hay quórum para destituir a Patricia Benavides (…) Esto es muy grave y vulnera el estado de derecho”, afirmó.

Como se conoce, el TC declaró fundada en parte la solicitud del Congreso de la República. Fue el magistrado César Ochoa, quien explicó que la medida cautelar emitida por el TC vencerá una vez que la Sala de Derecho Social y Constitucional Permanente de la Corte Suprema se pronuncie sobre la impugnación del Parlamento en el proceso de amparo.

La parlamentaria Paredes explicó que suspender la medida cautelar del PJ es un escenario grave y vulnera el estado de derecho.

“Han suspendido una medida cautelar. La medida cautelar es cuando yo inicio un proceso porque se está violentando un derecho mío y para no esperar hasta que acabe el juicio, el juez otorga una medida cautelar para que no se produzca un daño mayor y queda allí hasta que se tomen decisiones”.

La parlamentaria dijo encontrarse sorprendida por la cantidad de denuncias penales que responsabilizarían a la fiscal Benavides de integrar una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público. Señaló que de probarse todas estas denuncias no solo puede terminar en su destitución, sino en prisión.

Este escenario resulta bastante cuestionable, cuando al parecer, ya se tenían las pruebas suficientes para destituir a la fiscal suspendida, Patricia Benavides.

/LR/

"El colegiado, a pedido del expresidente, y para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la defensa con un abogado de su libre elección, reprogramó la audiencia para el día antes indicado", informó el Poder Judicial.

Desde la ciudad de Abancay, en Apurímac, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández Cajo, ratificó el compromiso del sector de promover una mayor presencia de las mujeres en la política sin ningún tipo de discriminación ni violencia.

“Actualmente contamos con 2 gobernadoras regionales, 9 alcaldesas provinciales y 99 alcaldesas distritales, cifras de participación que siguen siendo bajas frente al total de autoridades”, manifestó Hernández durante el Foro Ejecutivo Macrorregional que reunió a mujeres autoridades regionales y municipales de Apurímac, Ayacucho y Cusco.

Señaló que, en el país, las mujeres representan la mitad de la población y, por lo tanto, la mitad de su potencial, pero los números no se reflejan en los espacios de toma de decisión por elección popular.

Indicó que, si bien hay avances normativos como la ley de alternancia y paridad y la ley que previene y sanciona el acoso contra mujeres en la vida políticas, aún se evidencias barreras para el ejercicio pleno de derecho a la participación política de las mujeres, como el acoso político y el limitado financiamiento para capacitación.

Ante este escenario, la ministra Teresa Hernández precisó que el MIMP tiene el compromiso de contribuir a promover la participación de las mujeres en el ámbito político, para lograr una sociedad más justa e igualitaria donde las mujeres ejerzan sus derechos políticos plenamente.

“Desde el 2019 contamos con la Política Nacional de Igualdad de Género que garantiza el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisión. Desde el 2023 desarrollamos la estrategia Gobernando Juntas, una iniciativa de acompañamiento a las mujeres que ejercen cargo de elección popular en gestión pública y empoderamiento político”, recalcó.

Por otro lado, la ministra visitó las sedes del Centro Emergencia Mujer (CEM) Abancay, la Unidad de Protección Especial (UPE) y CONADIS en dicha localidad.  

Gobernando Juntas

La estrategia se aprobó por Decreto Supremo el 2023 con la finalidad brindar asistencia técnica integral a las mujeres que ejercen cargos de elección popular en los gobiernos regionales y locales para fortalecer sus capacidades en gestión pública con enfoque de género e intercultural, contribuyendo al logro de un buen desempeño en sus gestiones y empoderándolas en el ejercicio de sus derechos políticos, reconociendo las características de nuestra población culturalmente diversa.

/NDP/MPG/

El congresista José Cueto de la bancada de Renovación Popular, saludó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar fundada en parte la medida cautelar que presentó el Congreso contra el Poder Judicial y afirmó que, de no probarse ningún delito contra la suspendida Fiscal Patricia Benavides, deberá ser restituida.

“Es la decisión que estábamos esperando los congresistas. Yo creo que el país está agradecido porque se está retomando la justicia. Esto de entrometerse entre poderes no le hace bien al país. Yo saludo desde acá la decisión del TC”, expresó.

Esta decisión de separar de sus cargos a los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia, implica que la principal ponente del proceso contra la fiscal Benavides, Inés Tello, no pueda sustentar su informe; además, de debilitar el quórum del colegiado.

“Al quedar fuera estos señores yo entendería que ninguna de las acciones de estos señores fue jurídica y si no va a haber ninguna acción en este mes, corresponde restituir a la Fiscal de la Nación”, aseguró.

Nueva conformación de la JNJ

José Cueto Aservi aseguró que para él, el tema Junta Nacional de Justicia cierra con la salida de los magistrados en cuestión y solo corresponde la restitución de Patricia Benavides, de no existir prueba de algún delito.  

“Corresponde dos cosas, una que a partir de hoy la señora Tello y el señor Vásquez quedan fuera de la JNJ, la próxima semana actuará la Defensoría para juramentar a los suplentes y espero, sea con ellos o porque se termina la suspensión temporal de la señora Benavides, sea restituida”.

Agregó que la distracción de los verdaderos temas que deberían ingresar a la agenda parlamentaria, quedan relegados por estos casos de enfrentamientos e intromisiones que le hacen mucho daño al país.

Imagen de la Fiscal de la Nación está seriamente cuestionada

Cueto remarcó su posición a favor de la presunción de inocencia de la fiscal Benavides y aseguró que si se probase algún dicho de Jaime Villanueva, Benavides si debería ser separada del cargo.

“Si a mí me preguntas de manera personal, si no le detectan o le terminan de corroborar lo que dice el señor Villanueva y pasa el tiempo, pues tendrá que ser restituida. Si en paralelo, se corrobora estas informaciones, llega la denuncia y se valida la denuncia, pues, tendrá que dar un paso al costado como cualquier funcionario”, indicó. 

/LR/

El Gobierno promulgó la ley aprobada en el Congreso, que crea la Universidad Nacional de Carabaya.

La implementación de dicho centro de estudios superiores se hará en el distrito de Macusani, de la provincia puneña de Carabaya, según lo oficializado en la ley 32011, publicada hoy en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Se indica que entre las carreras profesionales que ofrecerá esta universidad se encuentran las de economía, contabilidad, ingeniería agropecuaria, ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería de recursos energéticos, ingeniería de sistemas, medicina humana, obstetricia, enfermería y psicología.

Asimismo, contará con personería jurídica de derecho público interno y se financiará con recursos propios autogenerados, canon minero, ingresos por donaciones y legados, y aquellos que se gestionen con los gobiernos locales, regional y central, o con la cooperación internacional.

Se señala al respecto que los gastos corrientes de la universidad no podrán ser financiados con recursos del canon minero.

La comisión organizadora de este centro de estudios estará integrada por tres académicos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 30220.

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