En una entrevista en el Informativo de Radio Nacional, el abogado penalista Javier Aguirre, explica los detalles del reciente decreto legislativo 1589, publicado hoy, que modifica el artículo 315 y aumenta las penas para disturbios y actos vandálicos.

Aguirre explica que la modificación eleva la pena de 6 a 15 años para quienes perturben la paz pública de manera tumultuaria, afectando servicios públicos como transporte, energía y aeropuertos.

La ley ahora también penaliza a quienes coadyuven con actos vandálicos, prestando vehículos, teléfonos u otros recursos. Además, aquellos que financien estas manifestaciones enfrentarán penas de 3 a 6 años.

Sin embargo, Aguirre aclara que la ley no castiga las manifestaciones pacíficas, enfatizando que solo se persigue la violencia que perturba la paz pública.

El abogado destaca la importancia de la investigación efectiva por parte de la policía y la Fiscalía. Señala que, aunque el Ejecutivo busca cohibir acciones vandálicas con mayores penas, la clave está en la rapidez de las investigaciones y en demostrar responsabilidades.

Aguirre advierte sobre la necesidad de evitar demoras en el proceso judicial, para que la ciudadanía no cuestione la eficacia de la ley.

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