La reanudación del cobro de peaje por parte de Rutas de Lima carece de fundamentos legales, al considerar errónea la interpretación que permite retomar este recuado tras la apelación de una sentencia que había ordenado su suspensión.

En entrevista con El Informativo de Radio Nacional, la abogada civil María Alejandra Quintalla Gallardo explicó que la sola apelación no puede facultar la reanudación del cobro porque no retrotrae los efectos de la sentencia, añadiendo que “para eso debe existir un pronunciamiento que confirme o revierta la decisión judicial”.

[Lee también: Rutas de Lima retoma cobro de peaje tras apelación y Municipalidad de Lima le responde]

Quintalla recordó que la Municipalidad de Santa María del Mar presentó un habeas corpus que dispuso la suspensión del cobro, aunque la empresa alegó que su apelación le permitía reanudarlo.

“El ciudadano no entiende por qué un día se cobra y al siguiente no. Hay un desconcierto evidente”, señaló.

La letrada precisó que el caso mantiene dos frentes abiertos: un proceso judicial en el ámbito constitucional y un arbitraje internacional aún en curso sobre la concesión de las rutas de Lima Norte y Sur.

“La controversia, de acuerdo con el contrato, debe resolverse en sede arbitral”, indicó.

Advirtió también que el Estado peruano podría asumir futuras indemnizaciones a favor de la concesionaria.

“Las indemnizaciones van a salir de todos los peruanos, porque es el Estado, una vez más, el que pierde frente a la empresa privada”, sostuvo.

Quintalla consideró que este tipo de decisiones afectan la seguridad jurídica del país.

“Si una empresa tiene un contrato con cláusula arbitral y el Estado lo suspende sin respetar el procedimiento, se genera inseguridad jurídica”, subrayó.

Respecto al mantenimiento de las vías mientras no se cobre el peaje, recordó que la empresa ya anunció que no ejecutará obras, lo que podría deteriorar la infraestructura y generar sobrecostos al Estado.

Finalmente, Quintalla destacó la importancia de equilibrar la inversión privada con el derecho al libre tránsito.

“El principal desafío es ser más selectivos en las licitaciones y asegurar que los contratos no perjudiquen a la ciudadanía. El Perú necesita infraestructura, pero también seguridad jurídica”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

• ATU: operadores de transporte público están cumpliendo con la renovación de rutas

• Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender el cobro del peaje en Conchán

• ATU recibe solicitudes para renovar o autorizar el 97 % de rutas de transporte urbano