La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, respecto al proyecto de Ley N° 6951/2023- CR, "Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana", expresa una postura institucional de rechazo debido a las implicancias negativas que genera, y precisa lo siguiente:

1.       El referido proyecto de ley resulta inviable jurídicamente, toda vez que la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, con lo cual se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares.

2.       La propuesta normativa sobre la vigencia del Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, resulta evidentemente inconstitucional al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de derechos humanos y los estándares del derecho internacional (ius cogens), los cuales preceptúan que los Estados no pueden emitir disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad penal, puesto que tienen la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos, como las investigaciones y procesos judiciales que se encuentran a cargo de las fiscalías del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad.

3.       De aplicarse dicha norma, una de las consecuencias jurídicas sería que un número importante de investigaciones y procesos judiciales, tendrían que ser archivados o concluidos,declarándose la prescripción de la acción penal en aproximadamente 600 casos. Entre ellos, los casos emblemáticos como Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos y el Santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cantuta-Pativilca, Cedruyo, Cantuta-Aldo Vásquez, Madre Mía, Humaya Chambara, Universidad del Centro, Paccha, Putis, Hilario Trucios, Casos del Comunicado de Prensa Conjunto, El Frontón, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja. Incluso impactaría de manera directa en los casos ya sentenciados. 

Asimismo, se advierte que, de aprobarse este proyecto de ley, se estaría afectando a más de 550 víctimas, y a un número muy considerable de los familiares de estas, y a la sociedad en su conjunto que tienen el derecho a conocer la verdad. Es preciso indicar que la mayoría de los casos antes indicados se encuentran en permanente supervisión de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En esa línea, el Ministerio Público, resalta que es importante llamar a la reflexión y análisis para que el referido proyecto de ley sea archivado por constituirse en una ley inconstitucional. 

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