Locales

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó hoy el proyecto Extensión Norte del Metropolitano, financiado con un préstamo por US$93 millones. Será implementado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y beneficiará a 350.000 residentes de cuatro distritos de Lima Norte (Los Olivos, Comas, Independencia y Carabayllo), mejorando su movilidad, acceso al trabajo y la calidad de los servicios, en especial para mujeres y personas con habilidades diferentes.

Alrededor del 78% de la población peruana vive en áreas urbanas, cerca de un tercio de la cual reside en Lima. La movilidad y el acceso al mercado laboral en la capital peruana son limitados. Ello es especialmente acentuado en Lima Norte, lo que afecta su productividad y crecimiento económico.

Frente a estos desafíos, el proyecto contempla la construcción de 10,2km de un corredor exclusivo para buses de transporte público y 17 estaciones que conectarán Lima Norte. Además, incluye la mejora del sistema alimentador de alta capacidad, integrado al corredor principal, lo que permitirá acercar más a los pasajeros de lugares más distantes de origen y destino.

Prevé así reducir los tiempos de viaje y espera, así como incrementar la seguridad de las personas, especialmente de los usuarios de bajos ingresos, que representan el 42% del total. Mejorará además la calidad y eficiencia de los más de 126.000 viajes diarios que actualmente se originan en la Estación Naranjal, reduciendo la congestión, y ampliará el servicio a 150.653 viajes adicionales cada día.

“Contar con transporte público moderno, accesible, seguro y limpio tiene un gran impacto en el bienestar de las personas, así como también en la productividad y la economía del país”, afirmó la directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, Marianne Fay. "Invertir en nueva infraestructura y mantener la actual es fundamental para que todas las personas puedan acceder a oportunidades de empleo, y satisfacer sus necesidades básicas. En suma, es crucial para alcanzar el desarrollo sostenible", afirmó.

Adicionalmente, el proyecto incluye medidas para mejorar la accesibilidad universal y la prevención y protección frente al acoso sexual. Además, cuenta con un Plan de Compromiso Ambiental y Social, alineado con el Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, que se viene implementando para maximizar sus beneficios sociales y ambientales, a fin de prevenir y mitigar riesgos, y aumentar la participación efectiva de la ciudadanía.

“Estamos muy contentos por este nuevo hito que constituye un paso más para hacer realidad una obra tan esperada por los ciudadanos de Lima Norte”, indicó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y agregó que el siguiente paso es que el Gobierno central promulgue el Decreto Supremo para la operación de endeudamiento, para lo cual la Municipalidad de Lima ya ha procesado la documentación necesaria en coordinación con el MEF.

La inversión total para este proyecto asciende a US$123 millones, de los cuales US$30 millones provendrán de presupuesto público y US$ 93 serán financiados por el Banco Mundial. 

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Los niveles de radiación ultravioleta (UV) a lo largo del país se vienen incrementando alcanzando valores considerados de riesgo para la salud de las personas, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Especialistas de la Subdirección de Evaluación del Ambiente Atmosférico detallaron que, en los departamentos de la Costa, los índices de radiación (IUV) oscilan entre 6 y 12 considerados como niveles de riesgo Alto y Extremadamente Alto.

En la región andina, los niveles de radiación UV fluctúan entre 12 y 17 considerados como Extremadamente Alto. En tanto en la Selva se alcanzan valores entre 7 y 12 considerados como niveles de riesgo Alto y Extremadamente Alto.

El Senamhi recomienda a la población reducir los tiempos de exposición al sol, así como usar sombreros de ala ancha, lentes de sol y protectores solares, a fin de minimizar la probabilidad de sufrir quemaduras, daños oculares y enfermedades por exposición permanente.

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Ante la acumulación temporal de residuos sólidos en el distrito de Santiago de Surco, la Defensoría del Pueblo recuerda que todos los gobiernos locales tienen el deber de prever medidas para garantizar que el servicio de recolección se realice de manera continua, regular, permanente, asegurando su calidad y cobertura. De lo contrario, las municipalidades pueden incurrir en responsabilidades administrativas y/o penales.

“No es la primera vez que se registran problemas en el recojo de basura. Esto se origina, principalmente, porque las autoridades distritales no adoptan medidas oportunas previas a la terminación de los contratos con las empresas prestadoras del servicio para garantizar que, durante la transición de un contrato a otro, no se interrumpa el servicio”, indicó Alberto Huerta, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima. Por ello, exhortó a los alcaldes distritales a actuar con previsión para evitar situaciones como la descrita.

Explicó que el recojo de basura no puede realizarse en cualquier vehículo y que la Municipalidad de Santiago de Surco debe garantizar que el personal encargado de estas tareas cuente con herramientas, equipos, insumos, implementos de seguridad y de protección personal adecuados, así como el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión de residuos sólidos, de seguridad y salud en el trabajo.

Cabe recordar que en el Informe Defensorial Nº 181: ¿Dónde va nuestra basura?, la Defensoría del Pueblo recomendó al Poder Ejecutivo y a los gobiernos locales incrementar la inversión pública y privada para mejorar la limpieza de las ciudades y la erradicación de los basurales urbanos y rurales.

Además, solicitó a los municipios una mejora en la provisión de los servicios de barrido, limpieza de espacios públicos y recolección selectiva de residuos.

De la misma manera, se puso en evidencia que, en el año 2018, el 73% de los residuos municipales eran aprovechables sin embargo gran parte de ellos fueron a parar a botaderos o rellenos sanitarios generando pérdidas millonarias para el país.

Al respecto, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales reportó a la Defensoría del Pueblo la existencia de 636 procesos judiciales en trámite en todo el país, desde el año 2009 al 2018, donde se investiga la comisión de delitos ambientales por generar botaderos o vertederos permanentes de basura.

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La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 359,064.56 por la no aplicación de penalidades en la obra de mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de desagüe en los caseríos de la Coja y Lechugal, que está a cargo de la Municipalidad Distrital de Papayal, en la provincia de Zarumilla.

Según el Informe de Control Específico N° 5782-2019-CG/GRTB-SCE, la municipalidad de Papayal suscribió el contrato de la obra el 1 de diciembre del 2016 por un monto de S/ 3´472,525.89 y la fecha de culminación quedó establecida, incluyendo las ampliaciones de plazo, para el 9 de noviembre del 2018. Dicha fecha fue consignada, tanto por el residente de obra y la supervisora, en los cuadernos de obra.

Sin embargo, la Contraloría y el Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) formularon observaciones, el pasado 21 y 22 de noviembre del 2018, respecto a las construcciones del sedimentador y el tanque, dimensiones de las unidades de tratamiento de aguas residuales que no guardaban relación con el expediente técnico, entre otras; por lo que señalaron en actas que la obra no estaba concluida.

A pesar de que la entidad tomó conocimiento de estas observaciones, se continuó con la conformación del Comité de recepción de la obra.

Posteriormente, el Comité de recepción y nuevamente el Centro de Atención al Ciudadano del MVCS suscribieron actas con diversas observaciones, pero el contratista emitió un oficio con fecha 26 de diciembre del 2018 en el que indicó haber subsanado las objeciones. Sin embargo, ese mismo día se suscribió el acta de verificación de levantamiento de observaciones y se indicó que cinco de ellas no se subsanaron y pese a ello se recepcionó la obra.

Ya durante el 2019, el contratista presentó la liquidación de la obra, y la supervisión identificó una serie de observaciones, aunque el contratista nuevamente envió una carta indicando el levantamiento de observaciones.

El 5 de junio del 2019, el jefe de Oficina de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la entidad alcanzó la conformidad de liquidación de obra, la que se aprobó ese mismo día con una penalidad de S/20,835.16 por la ausencia del residente de obra, pero no por la demora en el levantamiento de observaciones, lo que generó un perjuicio a la entidad por S/ 359,064.56.

El informe identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas cuatro exfuncionarios de la anterior gestión, y un funcionario de la actual gestión de la Municipalidad Distrital de Papayal. Los resultados de la auditoría de cumplimiento fueron comunicados al titular de la entidad y el informe se encuentra publicado en el portal web de la Contraloría.

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La activación de la quebrada Los Cóndores, en el distrito de Chaclacayo, al este de Lima, generó esta tarde un deslizamiento de lodo y piedras sobre las vías de la zona e interrumpió un tramo de la Carretera Central.

“Activación de quebrada Los Cóndores, distrito de Chaclacayo, genera deslizamiento de lodo en vías –reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en redes sociales–. Al momento no se reporta afectaciones personales ni materiales”.

El deslizamiento se produjo como consecuencia de las lluvias persistentes en la zona alta de Chaclacayo, situación que es monitoreada por Defensa Civil y los organismos que integran el COEN. 

Minsa en acción

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que brigadistas del sector "ya se encuentran en Chaclacayo para brindar atención de emergencia a los ciudadanos tras la activación de la quebrada Los Cóndores". 

Al respecto, el Minsa precisó que los establecimientos de salud de Lima Este "están en alerta ante eventuales daños a la salud".

Zona vulnerable

Tanto Chaclacayo como Chosica, distritos al este de Lima, son poblaciones vulnerables ante los huaicos que se producen en los primeros meses del año, durante la temporada de lluvias en la Sierra.

Esta tarde, registrado el deslizamiento, internautas compartieron fotografías y videos sobre el estado en que quedaron las calles de Chaclacayo, en la zona de Los Laureles.

La Carretera Central es la principal vía de transporte y comunicación entre la capital y los departamentos del centro del país, como Junín, Pasco y Huánuco. 

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El Ministerio de Salud actualiza la relación de fallecidos con fecha 29 de enero del 2020 a las 16:00 horas

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Equipo Especial encargado de la Reconstrucción con Cambios (EERCC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó la supervisión de los trabajos de conservación y recuperación de la infraestructura vial de la carretera Mala-Río Blanco, la cual une las provincias de Cañete y Huarochirí.

Más de seis mil ciudadanos se verán beneficiados con esta obra, ya que esta vía impulsará las actividades económicas, principalmente agrícolas, en los distritos de Calango (Cañete), Quinocay (Yauyos) y Huarochirí, San Pedro de Huancayre, Sangallaya y San Lorenzo de Quinti, ubicados en la provincia de Huarochirí.

La coordinadora general del EERCC, Fabiola Pasapera, lideró esta inspección e informó que los trabajos en esta carretera incluyen la construcción de un muro enrocado y otro de concreto, la instalación de obras de arte y de drenaje, así como la señalización en la ruta.

Esta obre tiene una inversión 5 millones millones de soles y cuenta con dos frentes de trabajo, el primero entre los kilómetros 42 y 48 y el segundo entre los kilómetros 87 y 97.

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En el marco de los objetivos trazados para este 2020, declarado como el “Año de la Universalización de la Salud”, a ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, hizo entrega de equipos para repotenciar los establecimientos de salud de Lima Norte, valorizados en dos millones doscientos mil soles, para el beneficio 2.9 millones de pobladores de nueve distritos de esta zona del país.

La titular del pliego señaló que los equipos serán distribuidos a los 105 establecimientos de salud de la zona norte de Lima, como parte de la implementación de las Redes Integradas de Salud en los distritos: San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, Carabayllo, Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón.

Hinostroza precisó que la cobertura universal garantiza el acceso a la salud para todos los peruanos con una atención de calidad y agregó que esta primera parte de equipamiento será destinado al fortalecimiento del primer nivel de atención.

“En el marco de la disminución de los riesgos a la salud y la vida de la población que acude a los servicios de los centros de salud de Lima Metropolitana, se ha realizado la adquisición de equipos médicos y odontológicos”, destacó.

Explicó que existe un plan de equipamiento y fortalecimiento para el primer nivel de atención tanto en personal, en equipamiento e infraestructura de los establecimientos de salud.

“Parte de lo que entregamos hoy es el compromiso hacia todos los peruanos, es el fortalecimiento de los establecimientos, pero no solamente es garantizar el acceso a la salud, sino que este acceso sea con una atención de calidad”, refirió.

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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego, anunció esta mañana un plan que busca darle mayor velocidad a la reducción de la deforestación y la lucha contra la tala ilegal en el Perú, y que a la vez permitirá promover la inversión privada sostenible en los bosques de producción permanente. 

Una parte del plan se activará en el segundo trimestre del año, a partir de abril, cuando se ponga en marcha la concesión de al menos ocho millones de hectáreas forestales, bajo un nuevo modelo de concesión, las cuales se podrán destinar no solo a la producción de madera, sino también para ecoturismo, conservación y aprovechamiento de servicios ecosistémicos, anunció el director ejecutivo del SERFOR, Alberto Gonzales – Zúñiga. Se establecerán los requisitos indispensables para la entrega de las concesiones, de tal forma que los interesados cuenten con solvencia técnica y financiera.

Otro eje del plan busca atacar el mayor causante de la deforestación: la agricultura migratoria por parte de 125 mil unidades familiares, que ocupan cerca de 1.3 millones de ha. y son responsables del 95% de la pérdida de bosques. Por ello, urge que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apruebe el programa de inversión que SERFOR ha trabajado con el banco alemán KfW y que permitirá acceder a S/ 426 millones.

“Estos recursos permitirán poner en marcha proyectos que generen condiciones para atraer inversión privada en recursos maderables, en el desarrollo de plantaciones forestales en bosques naturales de forma sostenible, así como en la zonificación que dé seguridad jurídica a inversores”, indicó Gonzales-Zúñiga. Si el MEF da su visto bueno podría iniciarse este año el trabajo con ocho mil familias de San Martín y Huánuco.

Estas medidas acompañan el trabajo que SERFOR está realizando con gobiernos regionales. En los próximos días, se suscribirán convenios con Madre de Dios y Huánuco para mejorar el trabajo con las garitas de control de estas regiones y así contrarrestar el tráfico de madera ilegal. De igual forma, la entidad tiene como meta, a fin de año, fortalecer su presencia en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, regiones más afectadas por la deforestación.

Actualmente se estima que del total de la madera que se produce en el país, 40% es de origen ilegal y teniendo en cuenta que más del 80% del recurso forestal se mueve en los puestos de control de Corcona, Ancón y Pucusana, se está trabajando para mejorar la infraestructura y el acceso a herramientas tecnológicas en estos establecimientos. Finalmente, se continuará trabajando con las comunidades nativas porque proveen el 37% de la madera que se consume en el país.

/PE/

Agentes de la Policía Nacional de Perú (PNP) detuvieron hoy a Carlos Sulca Cruz, sujeto acusado de ser la mano derecha del encarcelado Gerald Oropeza, quien es procesado por narcotráfico. De esta manera, el intervenido regresa a la cárcel luego de salir en libertad en 2018.

La detención se realizó al mediodía dentro de una vivienda situada en el jirón Cobalto que pertenece a la zona de Las Flores, en San Juan de Lurigancho. Sulca Cruz fue trasladado al Departamento de Arresto Domiciliario para proceder con las diligencias correspondientes.

Caso Oropeza

Sulca Cruz fue detenido en el 2016 en el asentamiento humano San Hilarión (San Juan de Lurigancho), al estar incluido en la investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas. Según el Ministerio Público, Sulca y Oropeza habrían formado parte de una red de narcotraficantes que enviaba droga desde el Callao hasta Europa.

Sulca fue enviado al penal de Challapalca, en Tacna, donde permaneció por 18 meses. Un año después, el fiscal a cargo del caso solicitó al Poder Judicial ampliar por el mismo tiempo la prisión preventiva para continuar con las pesquisas. 

Para la Fiscalía, el excompañero de Oropeza había cometido el delito de tráfico de drogas en la modalidad de conspiración agravada.

/PE/