Nacional

Con la finalidad de informar a las autoridades locales de Piura y Tumbes respecto del nuevo enfoque de gestión descentralizada y su vinculación con el proceso de contratación pública, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Descentralización organizó talleres de capacitación sobre el nuevo reglamento de contrataciones del Estado.

Fueron más de 600 los funcionarios de ambas regiones quienes recibieron capacitación en la materia ante señalada, actividad que contó con el concurso del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), quienes brindaron información acerca del nuevo enfoque de gestión descentralizada y su vinculación al proceso de contratación pública.

En ambas actividades asistieron autoridades, funcionarios y servidores de las áreas vinculadas a las contrataciones tanto de los Gobiernos Regionales como de las diferentes municipalidades provinciales y distritales de los departamentos de Piura y Tumbes.

El primer día de la mencionada actividad descentralizada se realizó el pasado 9 de setiembre en el Auditorio del Gobierno Regional de Piura y al día siguiente se replicó dicho evento en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de Tumbes.

La Contraloría General, detectó que funcionarios, exfuncionarios, servidores y exservidores del Organismo Público de la Infraestructura para la Productividad (OPIPP), del Gobierno Regional de Loreto, incurrieron en presuntas irregularidades en la ejecución del megaproyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado en Iquitos, pagos provisionales hasta por el monto de S/. 93’834,303 y pagos que no corresponden por S/. 83’873,000.

Una comisión auditora identificó que en la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iquitos”, iniciada en el 2,010 y cuya ejecución aún continua, se pagó a la empresa valorizaciones por concepto de adicionales provisionales por obras ejecutadas, sin haber realizado la debida evaluación técnica presupuestal, aplicando un procedimiento no contemplado en el contrato y sin lugar a rectificación en la liquidación del contrato.

Con relación al presunto perjuicio económico, se evidenció que el Organismo Público de la Infraestructura para la Productividad regularizó el atraso de ejecución de la obra aprobando ampliaciones de plazo que no correspondían, generando el pago de mayores gastos generales e inaplicación de penalidades por S/. 40’594,140.

Asimismo, aprobó un adicional de obra y un deductivo vinculante por el cambio de material de fabricación de pilotes, generando pagos improcedentes al contratista por S/. 1’944,905. También se aprobó un adicional por el cambio de material de las barandas de acero galvanizado y canaletas de acero inoxidable por otras de plástico reforzado con fibra de vidrio, modificación que no era indispensable ni económicamente conveniente, causando un perjuicio por S/. 4’639,426.

Además, el mencionado organismo aprobó un adicional de obra para la protección perimetral de la planta de tratamiento de aguas residuales con material impermeable a fin de evitar las filtraciones de agua. Sin embargo, dicha protección no soportó las nuevas filtraciones en marzo de 2012, generando un egreso innecesario de S/. 6’250,103.

Así también, el Gobierno Regional de Loreto generó la aprobación del expediente técnico pese a que éste no contaba con el diseño del emisor subfluvial y el estudio de impacto ambiental. Además, las coordenadas de la planta de tratamiento de aguas residuales difieren de las establecidas en el estudio de suelos y en el plano del expediente técnico, los cuales tampoco concuerdan con lo establecido en el plano del estudio de factibilidad, generando un pago que no correspondía de  S/. 905,334.

El Organismo Público Infraestructura para la Productividad aprobó también un adicional para subsanar un tramo de tubería que colapsó por deficiencias atribuibles al contratista en el almacenamiento y proceso constructivo, ocasionando un perjuicio por S/. 19’ 869,157. Además generó riesgos en la calidad de los trabajos y en el servicio a prestar.

Asimismo, aprobó una ampliación de plazo por 121 días calendario, pese a que los trabajos para los cuales se requería dicha ampliación ya estaban ejecutados. Ello generó el pago de mayores gastos a favor del contratista por S/. 8’434,709 y el pago por el presupuesto adicional de servicios de supervisión por S/. 1’235,357.

Cabe precisar que el Organismo Público Infraestructura para la Productividad no atendió las observaciones presentadas por los servidores de Sedaloreto, por lo que no se garantizó la calidad de los trabajos ejecutados.

Entre las principales observaciones figuraron deficiencias en la planta de tratamiento de aguas residuales, carencia de un caudalímetro a la salida de las aguas tratadas, necesidad de cambio de la totalidad de los tableros eléctricos, necesidad de cambio del grupo electrógeno instalado en la referida planta, entre otros, elementos de la planta de tratamiento afectados por inundaciones.

/M.R.M./NDP/

Después de más de 3 horas de trabajo, los bomberos lograron apagar un incendio en el mercado Dos de Mayo del distrito de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash, el cual dejó 300 puestos en cenizas, se informó.

Fueron un total de 35 los hombres de rojo los que lucharon durante varias horas contra este incendio que se inició a las 03:00 horas y con el inconveniente de la falta de agua en la zona, señaló el comandante de los Bomberos del Santa, Luis Vidal de Lama.

Vidal, descartó que este incendio se haya iniciado a causa de un cortocircuito y aclaró que fueron los vecinos de las viviendas colindantes al mercado quienes alertaron a los bomberos, y no los vigilantes del centro de abastos como se dijo en un principio.

Por su parte, la alcaldesa del Santa, Victoria Espinoza, llegó hasta el mercado para encabezar el empadronamiento de los comerciantes a fin de determinar el número de damnificados y las pérdidas materiales que dejó el siniestro.

Cabe resaltar que los puestos del mercado Dos de Mayo fueron construidos con palos, esteras y plásticos, situación que hizo que el fuego se propale rápidamente.

A su turno, la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se hicieron presentes en el lugar del siniestro a fin de iniciar las investigaciones sobre las causas del incendio.

/P.A.G./

La ciudad de Huaraz será sede del V Congreso Nacional de Juventudes que tiene el objetivo de proponer una agenda de trabajo en el panorama electoral que se aproxima.

El propósito es que los partidos políticos consideren un capítulo de juventudes en sus planes de gobierno, es en ese sentido que los jóvenes trabajarán sus propuestas. Asimismo, se realizarán talleres, foros y conferencias orientadas a la educación, la participación y el empoderamiento juvenil.

Por quinto año los principales líderes de organizaciones juveniles asistirán al espacio nacional de debate, en materia de juventudes, más importante del país. Asimismo, llegarán autoridades políticas jóvenes y los líderes juveniles de los partidos políticos del Perú.

El V Congreso también recibirá  a una delegación iberoamericana de autoridades en materia de juventudes llegados desde España, México, Brasil, Panamá, Colombia, Guatemala, Ecuador y Venezuela, quienes participarán activamente con los jóvenes peruanos los tres días del evento.

Este evento contará con participación la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), Secretaría Nacional de la Juventud de Brasil, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), DEVIDA, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Congreso de la República, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. 

Organizan el V Congreso Nacional la Secretaría Nacional de la Juventud en un trabajo conjunto con el Consejo Regional de la Juventud de Áncash (COREJU). También apoyan el Gobierno Regional de Áncash, la Municipalidad Provincial de Huaraz, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

/MRM/

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de 4 grados de magnitud en la escala de Richter en el departamento de Tumbes.

No hay daños. 

/PAG/

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) detectó que cuatro regidores provinciales en Huancavelica, Junín, Cusco y Maynas contrataron en su jurisdicción a empresas con las que tienen vinculación como socios contraviniendo las normas vigentes.

Así lo dio a conocer la Alerta en Contrataciones N° 06, elaborada por la Oficina de Estudios Económicos del OSCE donde se encontró que Lucy Ruíz De la Cruz, regidora provincial de Churcampa, en la región Huancavelica, es socia de la empresa Inversiones y Representaciones Ruiz SAC con una participación del 15 por ciento.

Esta empresa obtuvo la buena pro en un proceso de selección en la Municipalidad Distrital de Locroja, que se encuentra ubicada en la provincia de Churcampa.

También se ubicó a Bryan Wanger Ruffner Molina, regidor provincial de Huancayo, en la región Junín, y es socio de la empresa Grupo Empresarial Molina Ingenieros SAC, con una participación del 50 por ciento.

Esta empresa obtuvo la buena pro en un proceso de selección de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan, ubicada en la provincia de Huancayo.

Otro caso similar se registró con Jane Solange Ortiz de Zevallos Oroszco, regidora provincial de Cusco, en la región Cusco, quien es socia de la empresa D’CO Centro El Olivo SAC con una participación del 99 por ciento y que había contratado con el Estado.

Esta empresa obtuvo la buena pro en cuatro procesos de selección adicionales convocados por el Gobierno Regional Cusco, cuya sede central está ubicada en su misma jurisdicción.

Situación similar ocurrió con Patricia Ronnette Gutiérrez Valera, regidora provincial de Maynas, en la región Loreto, quien es socia de la empresa Comercial Adriano SRL con una participación del 20 por ciento.

La empresa obtuvo la buena pro de un proceso de selección que fue convocado por el Hospital Regional de Loreto, cuya sede está en su misma jurisdicción.

Finalmente, la Oficina de Estudios Económicos del OSCE, mediante la Alerta N° 05 de junio último identificó a Kely Farfán Pacheco, consejera regional de Cusco, que era socia de la empresa Farpac Ingenieros SAC, con una participación del 0.4 por ciento (actualmente ya no lo es), y cuyo socio mayoritario es su padre, Hilario Fausto Farfán Delgado y que había contratado con el Estado.

/CCH/ Andina

El 08 de setiembre, aproximadamente a las 14:30 horas, la Capitanía de Puerto de Pisco dispuso una inspección al Buque gasero “Hispania Spirit”, que se encontraba fondeado en bahía y tenía como próximo destino el Puerto de Manzanillo en México.

La inspección en mención se dispuso debido a que el Centro de Información Marítimo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) recibió el reporte de actividades sospechosas, en inmediaciones de dicha nave.

Durante la inspección, el personal del Grupo de Operaciones Guardacostas de Dirección General de Capitanías y Guardacostas encontró bultos de dudosa procedencia en un compartimiento cercano a la pala del timón del buque, así como; a una persona de nacionalidad venezolana que no pertenecía a la tripulación de la nave, por lo que se dispuso la inmovilización de la embarcación a la espera de las autoridades del Ministerio Público y Policía Nacional del Perú.

Luego de las pruebas realizadas al material encontrado, se determinó que la sustancia encontrada tenía un peso de aproximadamente 211 kg y dio positivo a alcaloide de Clorhidrato de Cocaína.

El material encontrado y la persona intervenida fueron puestos a disposición del Ministerio Publico

La Marina de Guerra en el cumplimiento de sus funciones continuará con las operaciones de vigilancia y control de las actividades ilícitas que se puedan desarrollar en los puertos y jurisdicción marítima del Perú.

/CCH/ Prensa Marina de Guerra del Perú

El exalcalde de Tacabamba, en la provincia de Chota, región Cajamarca, Jeiner Ubaldo Julón Díaz, fue sentenciado a a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva en base a una denuncia realizada por la Contraloría General de la República, producto del trabajo de auditoría.

Junto a el exburgomaestre, otros funcionarios ediles y proveedores también fueron condenados por cometer delitos de corrupción.

Según la Contraloría, el citado exalcalde de Tacabamba fue encontrado culpable del delito de negociación incompatible por favorecer al ciudadano Julio César Vadillo Gutiérrez con el contrato para ejecutar el expediente técnico de la obra “Instalación y Mejoramiento del Sistema de Electrificación rural en Tacabamba”.

El entonces alcalde simuló un proceso de selección para realizar la contratación a pesar de que el postor no era profesional competente. Cabe señalar que el ciudadano Vadillo Gutiérrez recibió por el mismo delito una condena de cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chota también impuso a ambos condenados tres años de inhabilitación para laborar en el Estado.

/CCH/ Andina

Con la finalidad de asegurar el control y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia o cualquier ilícito que se pudiera cometer durante las movilizaciones, el Ejecutivo autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), en la provincia de Islay, en Arequipa.

La Resolución Suprema precisa que la intervención de las FF. AA. se prolongará del 21 de septiembre al 20 de octubre del 2,015, y constituirá una tarea de apoyo a la misión de la PNP y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú.

Igualmente, el accionar de las FF. AA. estará dirigido a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, al derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada.

Siendo así, se busca facilitar que los miembros de la Policía Nacional del Perú se concentren en el control del orden público y la interacción con la población del departamento de Arequipa.

La intervención se efectuará conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1095, que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FF. AA. en el territorio nacional.

Esta participación no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que nuestra nación es parte.

/P.A.G./

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), informó que Lima, La Libertad, Junín y Tumbes son las regiones donde la Policía Nacional decomisó la mayor cantidad de granadas de guerra en el 2013 y 2014.

El titular de esa dependencia, Derik Latorre, explicó que si bien la SUCAMEC no tiene bajo su competencia el control de las granadas de guerra, porque son de uso de las Fuerzas Armadas, sí las incluyó en un estudio sobre decomiso de cartuchos de dinamita que se elabora con información policial.

Dicha investigación, a partir de la cual se busca elaborar un mapa de incautaciones para saber dónde se centraliza el delito, reveló que los cuatro departamentos mencionados concentraban el 70 % de las granadas confiscadas en el Perú.

Tanto en el 2013 como en el 2014, la Policía decomisó un promedio de 16 granadas al mes a escala nacional. Solo en Lima, en ese mismo período, se registraron 7 granadas por mes.

Con respecto a la dinamita, Latorre Boza refirió que en Arequipa, La Libertad y Lima se centró la mayor confiscación en el 2014, con el 80 % del total nacional.

"Con el mapa, lo que se busca es permitirnos saber dónde se están dando las incautaciones para focalizar así los operativos. Tenemos un convenio con la Policía Nacional para evitar el tráfico de explosivos y queremos saber a dónde se están desviando", anotó.

/PAG/