Política

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, inauguró hoy en Trujillo, ciudad que presenta altos índices de criminalidad, la decimosegunda unidad de flagrancia de La Libertad, que es la más grande, la más moderna y mejor equipada del país, con la finalidad de combatir con rapidez, eficacia y de manera ejemplar a referido flagelo.

“La unidad de flagrancia de La Libertad es la más grande y la más equipada; es la joya de la corona, por lo que estoy seguro que será un éxito en la lucha contra la delincuencia, porque además hemos buscado combatir el delito apuntando a la modernidad mediante las unidades de flagrancia”, afirmó.

El módulo de flagrancia del Distrito Judicial de La Libertad para el tratamiento exclusivo del proceso inmediato en casos flagrantes, es de Tipo I, por lo que cuenta con 4 Juzgados de Investigación Preparatoria, 3 Juzgados Unipersonales Penales y un colegiado penal. 

La autoridad, asimismo, sostuvo que, en la referida sede, donde interactuarán los entes de justicia, se procesará el delito de omisión a la asistencia familiar, y así, “vamos a contribuir al bienestar de la familia, por lo que quienes incumplen con sus pensiones alimentarias, vayan poniéndose al día, o van a terminar en esta unidad de flagrancia”.

De otro lado, el juez supremo instó públicamente al gobernador de La Libertad, César Acuña, como a otras autoridades regionales y locales a apoyar cediendo locales al Poder Judicial para fortalecer el servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía. 

“Vamos a luchar contra la criminalidad con esta unidad y hemos comprometido al gobernador de La Libertad a ese objetivo. Necesitamos justicia como cancha y el gobernador regional de La Libertad debe apoyarnos con infraestructura y eso va para todos los gobiernos regionales”, expresó.

Además, recalcó que el “criticar por reunirse transparentemente con gobernadores regionales o locales, para fortalecer el servicio de justicia, es hacerles un favor a los delincuentes”.

Por tanto, Javier Arévalo Vela pidió a la ciudadanía confiar en la labor del Poder Judicial, porque “estamos comprometidos en la lucha contra la delincuencia”.

Primeros casos

Debe señalarse que a pocas horas de entrar en funcionamiento la Unidad de Flagrancia de La Libertad, se reportaron seis casos de delitos flagrantes, programándose para la tarde de hoy una audiencia de incoación de proceso inmediato por receptación, el primer caso en ser tramitado en esta sede.

Así, son ahora 12 unidades de flagrancia delictiva que se encuentran operativas a nivel nacional con una eficacia del 92 % de casos resueltos, sentencias oportunas que castigan a la delincuencia. Y se pondrá, próximamente, en marcha otras unidades en las jurisdicciones de Cusco, Piura e Ica.

Protecto de fiscalizar Jueces distrae 

De otro lado, en conferencia de prensa, presidente Javier Arévalo recalcó que es inconstitucional el proyecto de crear una comisión congresal para fiscalizar a jueces y fiscales.

“Varios congresistas lo han rechazado también como representantes del Ejecutivo. Esas iniciativas distraen porque hay cosas importantes que no se aprueban como la ley de flagrancia”, dijo.

/MPG/NDP/

La Contraloría General alertó a la Policía Nacional del Perú (PNP) que 314 oficiales que pasaron a la situación de retiro en los últimos años continúan en posesión de las armas de fuego y equipo policial del Estado que les fue asignado para cumplir con el servicio policial, seguridad y defensa personal durante el periodo 2015-2024, situación que pondría en riesgo el destino y la posesión final de estos por no cumplir con la devolución en los plazos establecidos.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 048-2024-OCI/3792-SVC, entre las armas de fuego y el equipo policial que no han sido entregados al Estado figuran pistolas marca: Sig Sauer (91), Pietro Beretta (76) y Star (43), así como revólveres marca Smith Wesson (31); además de 71 grilletes (esposas) Smith Wesson, entre otros bienes.

Los oficiales debieron devolver estas armas y los equipos policiales del Estado dentro de los 60 días calendario de haber sido notificados de que pasaban al retiro, conforme lo establece una directiva interna; sin embargo, no lo han hecho. Este año, por ejemplo, 40 exoficiales que ya no se encuentran en actividad mantienen en su poder estos bienes del Estado.

También existen casos como el de 204 exoficiales que pasaron al retiro entre el 2015 y 2019, quienes a la fecha no han devuelto las armas y los equipos policiales que le fueron asignados, a pesar de que dejaron la actividad entre cinco y nueve años atrás. Incluso, cinco exoficiales fallecieron.

No son notificados ni denunciados

La comisión de control ha evidenciado que la PNP no ha procedido a notificar a los oficiales en retiro que adeudan armas y equipo policial de propiedad del Estado para que los devuelvan. Tampoco ha informado a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio del Interior para que formule la denuncia respectiva, como lo establece la Directiva de la PNP N° 04-09-2018-DIRGEN-PNP/DIVLOG-B.

De acuerdo a la documentación revisada por la comisión de control, recién en febrero de este año la PNP inició las acciones para notificar a los oficiales en retiro que adeudan bienes, pero estas no llegaron a concretarse por la falta de personal, motivo por el cual se pretendió contratar a una notaría para que se encargue de la notificación, en abril pasado. Al 22 de julio del 2024, que se emitió el informe, los involucrados no habían sido notificados.

Vehículos tampoco son devueltos

En otro informe del Órgano de Control Institucional de la Policía Nacional del Perú (OCI de la PNP) se advierte que 119 oficiales en retiro no han efectuado la devolución de vehículos de seguridad de propiedad del Estado que le fueron asignados en la última década. Estas unidades están valorizadas en cerca de S/ 2 millones.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 24-2024-OCI/3792-SVC, en noviembre del 2023 se enviaron cartas notariales a 78 de los 119 oficiales en retiro para que devuelvan los vehículos en un plazo de 72 horas. A la fecha, 35 de los 119 oficiales en retiro que figuraban en la lista de deudores de vehículos han muerto y sus parientes tampoco los han retornado al Estado.

Solo siete oficiales que pasaron a situación de retiro durante el 2024 devolvieran los vehículos de seguridad asignados.

De acuerdo a la normativa interna, los vehículos de seguridad asignados a oficiales, generales y coroneles deben ser devueltos en buen estado a la División de Logística de la Dirección de Administración de la PNP en un plazo máximo de siete días calendario después de pasar al retiro. También tienen la opción de comprar el vehículo, manifestando su voluntad por escrito en un plazo de 30 días calendario.

En este caso, los oficiales en situación de retiro no devolvieron los vehículos ni manifestaron su decisión de comprarlos en la última década (2014-2023). Al igual que en el caso de las armas y equipos policiales, tampoco se ha informado a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio del Interior para que formule la denuncia respectiva a los deudores.

El OCI de la PNP ha comunicado al comandante general de la PNP los resultados de los informes de control a fin de que la entidad adopte las acciones que permitan mitigar los riesgos identificados. A la fecha, no ha recibido respuesta.

El dato: Falta de supervisión

Las comisiones de control han alertado que la PNP solo utiliza registros manuales y hojas de cálculo en el Excel para el control y seguimiento del universo de armas de fuego y vehículos de seguridad asignados al personal policial, y sobre la ausencia de sistemas informáticos interconectados, entre las diferentes direcciones policiales, para el control y seguimiento del ingreso y salidas de armas de fuego afectadas al personal policial, y la entrega y devolución de los vehículos de seguridad asignados a oficiales en el servicio activo. Esto pone en riesgo la información, control y seguimiento tanto de las armas y equipos policiales, así como del parque automotor de la PNP.

/NDP/PE/

El fiscal José Domingo Pérez reiteró su solicitud al Poder Judicial para que se ordene al Ministerio Público el cese de la investigación en su contra por presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Domingo Pérez apeló la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, emitida el pasado 26 de abril, que declaró infundada su tutela de derechos en la que solicitaba el cese de dicha investigación.

En su recurso de apelación, el magistrado Domingo Pérez argumenta que la resolución vulnera el debido proceso al infringir el principio de interdicción de la persecución penal múltiple y el principio de legalidad procesal. Por lo tanto, solicita que se revoque parcialmente la resolución apelada y se ordene al fiscal superior a cargo de la investigación que cese la persecución penal múltiple en su contra.

En ese sentido, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha resuelto admitir el recurso de apelación del fiscal Domingo Pérez, al considerar que cumple con los requisitos objetivos y subjetivos necesarios para ser aceptado.

El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín, ha dispuesto la programación de una audiencia para evaluar el recurso de apelación y emitir una decisión a la mayor brevedad posible.

/DBD/

El Congreso de la República publicó hoy, en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la ley que modifica y complementa los alcances de la norma que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú.

Dicha ley modifica los artículos 2, 3, 4 y deroga el artículo 6 de la Ley 31279, que regula dicho procedimiento concursal, con el objetivo de complementar sus disposiciones y optimizar las actividades deportivas en el Perú.

Entre otros puntos, la norma suspende por 3 años los efectos de la Ley 29862, Ley para la reestructuración económica y de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, y de la Ley 30064, Ley complementaria para la reestructuración económica de la actividad futbolística, así como las normas complementarias.

Ello aplicará para aquellos clubes de fútbol profesional que se encuentran comprendidos en los supuestos normativos de la Ley 31279, en tanto cumplan con lo dispuesto en la norma.

Asimismo, se dejan sin efecto las convocatorias, realización y ejecución de acuerdos de las juntas de acreedores y planes de reestructuración de los clubes de fútbol concursados, así como el ejercicio y facultades de las administraciones concursales designadas.

También se encarga a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ejercer la supervisión y fiscalización de lo previsto en la presente ley, así como designar a la persona natural o jurídica que se encargue de ejercer el cargo de administrador provisional de los clubes concursados, con plenas atribuciones y facultades de representación legal.

El dispositivo lleva la firma del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; y del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón.

/DBD/

Presidencia de la República expresó su reconocimiento a los Adultos Mayores al conmemorar su día, que se recuerda hoy, lunes 26 de agosto.

“Hoy conmemoramos a quienes con su experiencia y sabiduría han construido el Perú que conocemos”, inicia el mensaje difundido por la plataforma X.

El Gobierno sigue trabajando para garantizar el respeto y cuidado que merecen, agrega.

 “¡Gracias por guiarnos con su ejemplo en cada paso del camino!”, señala.

Desde hace 10 años, en el Perú, cada 26 de agosto se celebra el “Día del Adulto Mayor”, conforme a la Ley 30088. Esta norma, fue publicada el 1 de octubre de 2013 en el diario oficial El Peruano.

El objetivo de esta celebración es sensibilizar a la sociedad en su conjunto, así como al Estado, sobre el rol que han cumplido y cumplen actualmente los adultos mayores en nuestro país, como fuentes de conocimientos ancestrales, de prácticas tradicionales.

/DBD/

Este lunes 26 inicia la semana de representación del Congreso, la cual se prolongará hasta este viernes 30 de agosto, de acuerdo con la agenda del Legislativo.

La semana de representación se dispone en cumplimiento de lo establecido en el inciso f del artículo 23 del reglamento del Congreso de la República.

En este se indica que la Semana de Representación consiste en cinco días laborables continuos al mes durante los cuales el parlamentario se traslada hasta su circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo.

En ese lapso los legisladores “deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria”.

NDP/MLG

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, calificó de inconstitucional el proyecto de ley, impulsado por Waldemar Cerrón, que plantea la creación de la  “Comisión de Fiscalización de Jueces y Fiscales”.

Por consiguiente, la Corte Suprema, los jueces superiores y jueces supremos respaldaron el pronunciamiento del titular del PJ y calificaron la medida como un duro golpe a su autonomía e independencia.

El juez de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, expresó que la iniciativa parlamentaria representa un peligro para la separación de poderes.

“Esta medida ha puesto de evidencia que existe en el país intenciones que no se orientan a la defensa de la democracia, de la separación de poderes y que más bien tienden a crear tensión entre ellos. Por ello fue un acuerdo unánime brindar el respaldo a nuestro presidente.”, indicó Prado.

De esta manera, los magistrados se sumaron a la declaración y rechazaron cualquier injerencia de índole externa en las decisiones judiciales. 

Asimismo, los operadores de justicia asumieron el compromiso de impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para superar las deficiencias existentes y adaptarlas a los nuevos desafíos del sistema.

En ese sentido, anunciaron la defensa de los fueros del Poder Judicial. Así también, se comprometieron a difundir la publicidad de los procesos judiciales con el fin de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

/CRG/

Con el objetivo de contribuir a la protección de la población y del patrimonio frente a los desastres naturales, el Ministerio de Defensa suscribió 11 convenios interinstitucionales con los gobiernos regionales de Ayacucho, Lambayeque, Pasco, Moquegua, Huancavelica, Tumbes, Tacna, Ucayali, Junín, Piura y Huánuco. Estos acuerdos fortalecerán el trabajo conjunto e inmediato en la Gestión del Riesgo de Desastres.

La suscripción de los convenios se realizó a través del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) –adscrito al Mindef– en el marco del V Consejo de Estado Regional llevado a cabo en Arequipa, evento que lideró la presidenta de la República, Dina Boluarte; con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; el ministro de Defensa, Walter Astudillo, entre otras autoridades.

Uno de los beneficios de estos acuerdos es que los Gobiernos Regionales recibirán asistencia técnica de forma virtual, facilitando así el apoyo continuo y especializado en la implementación de medidas de Gestión del Riesgo de Desastres.

El jefe institucional del Cenepred, Julio Villafuerte, destacó que esta alianza estratégica representa un avance significativo en los esfuerzos por fomentar una cultura de prevención y reducción del riesgo de desastres, beneficiando a la población más vulnerable.

Agregó que en las próximas semanas se realizará la firma de convenios adicionales con los gobiernos regionales de Arequipa, Cajamarca, La Libertad y Áncash, resaltando así el compromiso del Ministerio de Defensa, encabezado por su titular, Walter Astudillo Chávez, en la construcción de un país más seguro y preparado ante desastres naturales.

NDP/MLG

El Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), puso en marcha un ambicioso programa para la limpieza, mantenimiento y recuperación de 400 instituciones educativas de la zona urbana de Lima Metropolitana, con la finalidad de mejorar las condiciones de estudio de más de 300 000 niños y adolescentes.

El ministro de Educación, Morgan Quero, informó que los trabajos de mantenimiento empezaron en 10 colegios en Lima Metropolitana y constituyen la primera fase de un plan que tiene el respaldo intergubernamental e intersectorial, el apoyo de la empresa privada y ONG, así como el compromiso de docentes, directivos y padres de familia.

Durante la primera semana, la DRELM realizó una serie de acciones en los colegios Divina Misericordia y República de Nicaragua, en Villa El Salvador, así como República de Guatemala, en el Cercado de Lima. Las labores incluyeron limpieza general, recuperación de áreas verdes, arborización, y mantenimiento de puertas, ventanas, luminarias, tomacorrientes y enchufes, así como el retiro de desmonte, maleza y bienes en desuso.

En la segunda semana, el programa continuará con el mantenimiento y la limpieza de las instituciones educativas Ricardo Palma y Héroes de la Breña, en San Juan de Lurigancho; Gloriosos Húsares de Junín, en El Agustino; Diego Ferré, en Jesús María; La Sagrada Familia, en La Victoria; República de Canadá, en el Cercado de Lima, y Mariano Melgar, en Breña.

NDP/MLG

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó que el secuestro de Iván Siucho, ocurrido en el distrito de Surco, está relacionado con una presunta transacción de oro y no tiene ninguna conexión con asuntos políticos o procesos judiciales en curso.

"Se trató de un acto criminal de secuestro, pero en absoluto está vinculado a un proceso judicial abierto o a cuestiones políticas", declaró el ministro al finalizar la ceremonia por el 37° aniversario de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp), a la que asistieron el presidente del Congreso y otras altas autoridades.

Santiváñez explicó que el secuestro de Siucho fue consecuencia de una actividad supuestamente criminal, relacionada con extorsión y seguimiento en el marco de una aparente venta de oro. Durante la intervención policial, se incautaron 66.000 dólares en efectivo, los cuales se presume son falsos.

Según una denuncia en redes sociales, Siucho fue retenido durante dos horas en Surco, período en el que le sustrajeron su teléfono celular. La rápida acción de la Policía Nacional resultó en la detención de siete personas, incluidos algunos agentes policiales.

El ministro también desmintió que los teléfonos celulares se hayan perdido. "El Ministerio Público ha afirmado que los teléfonos estaban extraviados y ha intentado incriminar a la policía en un proceso completamente ajeno a cualquier caso judicial", declaró en una entrevista con TV Perú. Añadió que los teléfonos han sido entregados a la comisaría correspondiente.

Respecto a los dos policías implicados en el secuestro, Santiváñez afirmó que serán procesados conforme a la ley. "La inspectoría ya ha iniciado procesos disciplinarios, y además, los policías serán puestos a disposición de la autoridad judicial", precisó.

Finalmente, indicó que Siucho estaba involucrado en una negociación de venta de oro que no era reciente, sino que se había estado llevando a cabo durante varios días. "Estas negociaciones deberán ser evaluadas para determinar si se enmarcan dentro de la legalidad", concluyó el ministro.

/MPG/NDP/