Política

Durante la última Reunión Ordinaria de la Comisión  Intergubernamental de Salud (CIGS), las direcciones y gerencias regionales de salud (Diresa/Geresa) expresaron su total apoyo al Ministerio de Salud (Minsa) en la realización del examen de adquisición de plazas al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums).

El ministro César Vásquez Sánchez, quien lideró el evento realizado en Ucayali, saludó la confianza de los órganos de salud y mencionó que estas evaluaciones se coordinan con las entidades correspondientes para garantizar la descentralización y transparencia. 

“Me da gusto que las autoridades regionales apoyen el examen que realizará el Minsa, de manera gratuita y con participación de los órganos de control. Tenemos el deber de defender la formación y los bolsillos de los profesionales de la salud”, manifestó Vásquez.

Asimismo, la CIGS, las Diresa y Geresa se comprometieron a designar un representante, hasta el 13 de agosto, para el desarrollo del proceso de evaluación del Serums en la región. 

SELECCIÓN DE PLAZAS

En aras de defender la meritocracia, se informó que se garantizará la transparencia, calidad y seguridad de la prueba con la participación de la Contraloría, Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, los colegios profesionales de salud, facultades de Ciencias de la Salud y la Academia Nacional de Medicina 

Cabe recordar que, el examen junto con el promedio ponderado de la carrera profesional, serán los únicos requisitos para establecer el orden de mérito en el proceso de selección de las plazas.

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La presidenta de la república, Dina Boluarte, participó de la puesta en marcha del Hospital de Especialidades Quirúrgicas en el distrito de San Juan Miraflores.

El nosocomio acercará los servicios de salud con calidad y oportunidad, a más de 200 mil asegurados; y promoverá el desembalse quirúrgico de la población asegurada de la Red Prestacional Edgardo Rebagliati.

La jefa de estado ratificó su compromiso de trabajar por la salud de los 33 millones de peruanas y peruanos, lo cual pasa porque cada ciudadano tenga acceso a una atención de calidad y oportuna.

"Mi compromiso es trabajar para elevar la cobertura hospitalaria, a fin de que nuestra población no tenga que hacer colas o esperar meses por una cita médica. Somos un gobierno de hechos concretos y no de esperanzas falsas", expresó.

Señaló que el centro hospitalario, que demandó una inversión de 23 millones de soles, permitirá agilizar la atención a los asegurados adscritos a la red Edgardo Rebagliati Martins, acercando los servicios de salud a las ciudadanas y ciudadanos. 

Además, enfatizó que el hospital no solo representa un avance significativo en nuestra infraestructura médica; sino también refleja la determinación de su gobierno por proporcionar a cada ciudadano acceso a una atención de calidad y oportuna.

El congresista Isaac Mita Alanoca, miembro de la bancada de Perú Libre, ha presentado un proyecto de ley que propone permitir a los gobiernos regionales y locales destinar hasta el 10% de los recursos provenientes del canon para financiar actividades, proyectos y programas destinados a combatir la inseguridad ciudadana.

El proyecto de ley N.° 8553/2024-CR destaca que la inseguridad es uno de los principales problemas que afectan a los peruanos, con posibles impactos negativos en la productividad y un aumento de los costos para las empresas que deben enfrentar el crimen organizado.

“La seguridad ciudadana es fundamental para el bienestar de la población, para atraer la inversión extranjera y local, y para fomentar el turismo”, señala el documento.

El congresista propone modificar el artículo 6° de la Ley N° 27506, Ley de Canon, para permitir que hasta el 10% de estos recursos se utilicen exclusivamente en actividades, proyectos y programas que aborden la inseguridad ciudadana dentro de las competencias de los gobiernos regionales y locales.

La medida, según el proyecto, tiene como objetivo garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y el respeto de las garantías individuales de ciudadanos y empresas en todo el país, en línea con lo establecido por la Constitución.

“El Estado tiene la responsabilidad de fomentar el bienestar general y el desarrollo integral de la nación; sin embargo, no puede haber bienestar en un contexto de inseguridad ciudadana. Este desafío debe abordarse mediante medidas económicas, dado que la delincuencia ha aumentado de manera significativa”, concluye el proyecto.

Actualmente, la Ley del Canon permite que los recursos sean utilizados por los gobiernos regionales y locales para financiar o cofinanciar proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local. También pueden destinarse al financiamiento de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) para proyectos de vivienda del Programa Techo Propio y al Programa Nacional de Vivienda Rural, mediante convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o el Fondo Mi Vivienda.

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La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSN) ocupó el primer lugar en la Jornada Nacional de Descarga Procesal organizada por el Poder Judicial desde las 00 horas del viernes 9 de agosto, hasta las 23:59 horas de ese mismo día. La jurisdicción especializada - según las cifras oficiales - emitió un total de 4069 actos procesales, que equivale al 322% más que en el año 2023.

Participaron las 35 Cortes Superiores de Justicia del país, las salas de la Corte Suprema, y extinción de dominio.

El presidente de la CSN, Octavio César Sahuanay Calsín, felicitó a jueces y trabajadores por este importante logro y su identificación institucional. "Hoy estamos haciendo historia. Los resultados -utilizando un sistema de medición oficial- demuestran que tenemos experticia para gestionar procesos complejos”. 

Para ejemplificar ello, dijo que un acto procesal de emplazamiento en esta jornada demandaba generar 190 notificaciones. “Esa es la característica propia de los casos de competencia de nuestra corte, la complejidad de casos de crimen organizado viene de la Ley, esto nos ayuda a comprender las dificultades que afronta una jurisdicción especializada, pero también a reconocer la capacitación y experticia de jueces y trabajadores”.

"Quiero extenderles una especial felicitación porque este trabajo es arduo. Hemos demostrado que sabemos organizarnos para superar metas que nosotros mismos marcamos, en un solo día. Hemos hecho una jornada en favor del usuario del servicio de justicia, es un acto de voluntariado judicial, de actitud frente al problema perenne de la sobrecarga procesal, mientras no se implementen políticas adecuadas desde un plano legislativo, no podemos ser indolentes al problema de la necesidad de dar una respuesta pronta al conflicto penal. Cuando estamos unidos y mentalizados, somos capaces de alcanzar nuestra mejor versión, como este logro que tiene ribetes deportivos y donde obtuvimos la presea dorada", remarcó.

La Jornada Nacional de Descarga Procesal comenzó en la CSN a las 00 horas del viernes con una serie de audiencias programadas por el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, una de ellas referida a una sentencia por apología al terrorismo. Durante el día, el doctor Sahuanay recorrió cada una de las sedes para verificar el desarrollo de la actividad, y dialogar con jueces y trabajadores, diseñando estrategias para mejorar la producción jurisdiccional. Al cierre de la jornada acompañó al presidente del Poder Judicial Javier Arévalo en el Centro de Comando ubicado en la Corte Suprema, desde donde se dieron a conocer los resultados en todo el país, superando la cifra obtenida el año pasado.

Sentencias

Finalmente, las cifras oficiales también reportaron que los órganos jurisdiccionales de la CSN dictaron un total de 36 sentencias-se emitieron cuatro más, pero no llegaron a registrarse antes de las 11:59 horas-, quince más que en el 2023; 249 autos (resoluciones), 508 decretos, 3152 notificaciones, y se realizaron 76 audiencias.

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Se superó la meta. Luego de 24 horas de trabajo ininterrumpido a nivel nacional, el Poder Judicial registró 551 436 actos procesales en materia de violencia contra la mujer, omisión de asistencia familiar y alimentos; sobrepasando la meta que alcanzó en el 2023, de 505 690.

Así lo anunció el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, al concluir a las 00:00 horas de hoy, sábado, la “Jornada Judicial Extraordinaria” 2024 a nivel nacional, en la cual participaron jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo de las 35 Cortes Superiores y las Salas de las Cortes Suprema.

La máxima autoridad judicial expresó su agradecimiento y beneplácito por la cifra alcanzada en esta jornada maratónica de 24 horas que se inició el viernes a las 00:00 horas

“Un éxito. Quiero agradecer el trabajo conjunto de jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo, quienes de manera voluntaria trabajaron por 24 horas ininterrumpidas para superar la meta que logramos en el 2023”, manifestó Arévalo Vela a los presidentes de las 35 Cortes Superiores y jueces supremos que se reunieron de manera virtual y presencial en el Centro de Comando y Monitoreo del Poder Judicial.

Encabezan Ranking 

Las cifras proporcionadas por el Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la Subgerencia de Informática permitió conocer que la Corte Superior Nacional se ubicó en el primer lugar, seguido de los distritos judiciales de Cajamarca, Tumbes y Huancavelica y la Corte Suprema de Justicia. 

Asimismo, las cifras registran que la materia con mayores resultados alcanzados fue la Familia, seguida por la Penal. 

Esta importante actividad que se realiza el segundo viernes del mes de agosto, tiene como objetivo permitir la descarga de actos procesales en las materias de violencia contra la mujer, omisión de asistencia familiar, alimentos y obligación de dar suma de dinero; entre otros.

Finalmente, los magistrados, con el apoyo de personal jurisdiccional y administrativo, emitieron sentencias, autos (resoluciones), realizarán vistas de causa, audiencias, expedirán decretos, ingresarán expedientes, notificaciones, devolución de expedientes, transcripción de actas de audiencia y otros.

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La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, se adelantó a la semana de representación y supervisó la atención y operaciones del Hospital Cayetano Heredia (HCH), la cual ha sido objeto de graves denuncias y cuestionamientos en perjuicio de miles de pacientes de escasos recursos, debido a que los equipos de diagnóstico no funcionan y cuentan con un resonador magnético, valorizado en S/ 10 millones, almacenado desde hace 06 meses; un tomógrafo, valorizado en S/ 4 millones, que tiene poca capacidad de almacenamiento, por el que los pacientes deben esperar 03 meses para obtener sus resultados.

Es importante destacar que el Estado, a través del nosocomio, adquiere mensualmente, una máquina de Rayos X que en la actualidad está malograda. Asimismo, la Contraloría ha llevado a cabo 07 investigaciones a la gestión del director Segundo Acho Mego, en lo que respecta al otorgamiento y cumplimiento de contratos de proveedores de seguridad y vigilancia, la renovación de ambientes, entre otros.

Acompañada de la primera presidenta del Cuerpo Médico del HCH, María del Carmen Enríquez, la primera vicepresidenta del Congreso constató la deficiencia del servicio hospitalario y el sufrimiento de cientos de pacientes que esperan una cita; largas colas -de cinco a seis horas- para una atención médica. “Pacientes siguen sufriendo con largas colas y los servicios son lamentables”, indicó la legisladora Patricia Juárez.

En un diálogo -vía llamada telefónica- el ministro de Salud, César Vásquez, le informó a la vicepresidenta del Congreso que están realizando las gestiones para que el resonador magnético empiece a funcionar a fin de mes y que la aplicarán el 100% de penalidad a la empresa que no está cumpliendo con la ambientación de este sofisticado equipo. “Estoy buscando otra salida al tema con los expertos”, aseguró el ministro.

Finalmente, la legisladora se reunió con el director del HCH, Segundo Acho quien le refirió que el ministro de Salud está enterado de esta situación.

/MPG/NDP/

Un total de 128 licenciados de las Fuerzas Armadas se graduaron como profesionales técnicos tras culminar sus estudios en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las referidas instituciones (IESTPFFAA), creado exclusivamente para los jóvenes que realizaron el servicio militar como retribución a sus años dedicados a la Patria.

La ceremonia de la XIII Promoción Almirante Miguel Grau fue presidida por el ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, en el Colegio Militar Leoncio Prado, en el distrito de La Perla, en el Callao, y contó con la participación del viceministro de Políticas para la Defensa, César Torres Vega; el director del IESTPFFAA, Mayor General FAP Ricardo Vera Redhead, entre otros invitados civiles y militares. 

En su discurso, el titular de Defensa destacó la formación de primer nivel brindada a esta promoción, conformado por 23 mujeres. Además, del total de egresados, 107 son del Ejército, 15 de la Marina de Guerra y 6 de la Fuerza Aérea.

“Estoy convencido que la educación es el único instrumento que puede hacer que nuestro país enfrente múltiples amenazas, las brechas sociales y tecnológicas para alcanzar un país desarrollado”, expresó el ministro Walter Astudillo. 

En tanto, el director del IESTPFFAA manifestó su satisfacción con la calidad de enseñanza impartida durante los tres años de formación técnica. “Hoy las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa entregan al país mujeres y hombres forjados con férrea disciplina militar y capacitados para su futuro laboral”, dijo.

Durante la ceremonia de graduación, los primeros puestos de cada uno de los 12 programas de estudios recibieron placas recordatorias por parte del ministro de Defensa. También se otorgó el título profesional de técnico a nombre de la Nación

El IESTPFFAA, perteneciente al Ministerio de Defensa, ofrece la formación técnica subsidiada en carreras con alta demanda laboral a los jóvenes que realizaron el Servicio Militar Voluntario, además, cuenta con equipos de última tecnología, instalados en 49 ambientes y con más de 25 aulas de clase, muchos de ellos únicos en el país. 

Las doce carreras profesionales técnicas del instituto han sido seleccionadas precisamente para cubrir el déficit de profesionales técnicos en los diversos campos del sector productivo, contribuyendo de esta forma al crecimiento y competitividad del país.

/RA/

El Grupo de Asistencia y Cuidados, plataforma conformada por más de 30 organizaciones de Personas con Discapacidad (PCD), solicitaron al Conadis y al ministerio de la Mujer garanticen los servicios de asistencia para este sector poblacional, así como medidas que redistribuyan las responsabilidades de cuidados en sus familias.

En junio del 2023, el Congreso aprobó la Ley 31789, que fortalece el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis), que busca asegurar los servicios de asistencia personal para personas con discapacidad y reconocer derechos a familias cuidadoras.

En julio de este año, Conadis inició el proceso de reglamentación de esta norma a través del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la PCD. Por ello, se ha iniciado una consulta dirigida a personas con discapacidad para recoger sus aportes.

Entre las propuestas se solicita la creación de un programa de cuidados y apoyos para las PCD, ya que muchas requieren apoyo para realizar actividades cotidianas como asearse, desplazarse, estudiar, trabajar o realizar sus planes de vida. 

Estos apoyos pueden darse a través de las tecnologías y/o apoyos humanos (asistencia personal). Más aún cuando la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS 2012), señala que el 40.6% de las personas con discapacidad requieren el apoyo de terceros para realizar sus actividades diarias. 

Esta cifra podría ser mayor, ya que el Censo Nacional de 2017 reporta que el 10.4% de la población peruana tiene alguna discapacidad. Muchas familias proporcionan estos apoyos, lo que genera una responsabilidad significativa para ellas. 

El Grupo de Asistencia y Cuidados insta a las autoridades a escuchar y atender estas demandas, implementando un programa que garantice el bienestar y la autonomía de las personas con discapacidad y reduzca la responsabilidad excesiva de cuidados en sus familias. Ello permitirá que esta población se desarrolle de forma más independiente y contribuya con el país.

/RAM/

El Congreso de la República promulgó la Ley 32107 que precisa la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, considerando la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de conformidad con los principios de legalidad y de prohibición de retroactividad.

La norma señala que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Los hechos anteriores a dicha fecha tampoco podrán ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Detalla que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002, en concordancia con el artículo 126 del referido instrumento jurídico. Y que este tiene competencia temporal únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico peruano.

Mientras que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 9 de noviembre de 2003, en concordancia con su artículo VIII de dicho instrumento jurídico. 

"Por lo tanto, es de aplicación únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico peruano", señala.

En ese sentido, dispone que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma, y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional.

"La inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente ley constituye una vulneración del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso; siendo nula e inexigible en sede administrativa o judicial toda sanción impuesta", señala.

En su disposición transitoria final, precisa que los alcances de la presente ley serán de aplicación automática en toda la jurisdicción nacional a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad.

/AC/Andina/

La Mesa Directiva del Congreso acordó hoy que continúe el pago de la pensión vitalicia en favor del expresidente Alberto Fujimori y que se reciban opiniones de constitucionalistas sobre este tema, informó la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez (FP).

“La Mesa Directiva, por mayoría, acordó solicitar informes a destacados constitucionalistas y al área Legal del Congreso, en un plazo no mayor de 60 días, pero eso no implica la suspensión del pago de pensión al expresidente Fujimori” declaró a la prensa al culminar la reunión.

Precisó que la bancada fujimorista voto en contra de esta decisión, frente a tres votos a favor de la Mesa Directiva, donde se encuentran representados además Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre (PL) y Avanza País (AvP).

Dijo que la bancada Fuerza Popular considera que el tema es claro, pues el indulto por razones humanitarias concedido a Fujimori zanja la discusión a favor de otorgar dicho beneficio.

 “De acuerdo a la Constitución, el indulto es cosa juzgada, cuando se concede un indulto no existe ninguna pena por la que tenga que rendir cuentas. Consideremos que se trata de un tema que debió ser zanjado desde el punto de vista administrativo”, afirmó.

Indicó además que el pago de la reparación civil que Alberto Fujimori adeuda al Estado no está vinculado con el pago de una pensión.

El Congreso entrega desde el mes de julio una pensión vitalicia que supera los 15 mil a Alberto Fujimori, en su condición de expresidente de la República.

Decisión será administrativa

En tanto, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero, precisó que la decisión sobre la pensión vitalicia a Alberto Fujimori será administrativa y no de la Mesa Directiva.

"Es una decisión técnico administrativa, la Mesa ha considerado que debe mantenerse en ese ámbito, en ese sentido creo que tampoco vale la pena politizarlo llevándolo a una decisión de la Mesa Directiva", afirmó.

Explicó que los informes técnicos de destacados constitucionalistas serán complementarios a los informes elaborados por el área administrativa del Congreso que fundamentaron la decisión de admitir el pedido de Albero Fujimori para el pago de su pensión vitalicia.

"El propósito de solicitar opiniones externas es tener un informe de calidad para la decisión que se tomará a nivel administrativo", insistió.

/DBD/