Política

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, destacó hoy la conducta cívica mostrada por los ciudadanos de Lima Metropolitana durante el paro convocado este jueves, al no haberse registrado desmanes.

El jefe del Gabinete dio estas declaraciones durante la conferencia de prensa en donde, junto a ministros de Estado, presentó el balance de las acciones del Poder Ejecutivo en esta coyuntura.

Además, señaló que durante la mañana, no hubo un número elevado de unidades de transporte, a lo largo del día dicha situación se fue incrementando, debido a que aquellos que no participaron en la protesta observaron que existían condiciones de seguridad para salir a trabajar.

"Podemos informar que la conducta cívica, mostrada por los ciudadanos de Lima Metropolitana, ha sido ejemplar. No registramos actos significativos de desorden público. Todo fue inmediatamente contenido por la policía con apoyo de las Fuerzas Armadas", expresó Gustavo Adrianzén.

Asimismo, precisó que la Policía Nacional asignó 12 mil agentes, especialmente en los distritos de emergencia, mientras que el Ministerio de Defensa asignó otros 3 mil miembros de las Fuerzas Armadas, con los cuales se pudo asegurar "absoluta y plena seguridad a toda la población de Lima Metropolitana".

/MPG/ANDINA/

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, sostuvo encuentros con sus homólogos de San Vicente y las Granadinas y de Santa Lucía.

Los encuentros, realizados en la sede de la Cancillería, se llevaron a cabo en el marco del 40° período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (Cepal)

En ese sentido, se reunió con el canciller de San Vicente y las Granadinas, Frederick Stephenson, a quien manifestó la voluntad del Perú de fortalecer las relaciones con su país y con la Comunidad del Caribe (Caricom).

Asimismo, expresó la disposición peruana para fomentar las negociaciones para suscribir un convenio de cooperación técnica entre ambos países.

Dicho acuerdo permitirá identificar áreas de mutuo interés, así como hacer un seguimiento a la implementación de los programas que ambos países decidan acordar.

De otro lado, también sostuvo un encuentro bilateral con su par de Santa Lucía, Alva Romanus Baptiste, a quien le expresó el interés del Perú en continuar impulsando y fortaleciendo el diálogo político y la cooperación con dicha nación y con Caricom.

Los dos cancilleres acordaron continuar trabajando de manera estrecha para intensificar los vínculos entre ambos países, en particular a través de la cooperación en los campos de turismo y agricultura.

/MPG/NDP/

La fiscal Marita Barreto consideró como desproporcionada la sanción de suspensión por seis meses impuesta en su contra por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, en el marco de una investigación por supuestamente haber revelado la identidad de un investigado.

Dijo que para imponer una medida gravosa en un proceso administrativo, como la impuesta en su contra, se debe establecer la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida.

“En cuanto a la necesidad, no hay fundamento racional de por qué se debe suspender en tanto duren las investigaciones administrativas, no hay ninguna intención de perturbar la acción; apenas se denunció, me sometí a las investigaciones, pedí que sean objetivas y transparentes”, afirmó.

Atribuyó la suspensión a los "poderes oscuros" vinculados a las investigaciones que realizó el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que indaga a altos funcionarios del Estado que ostentan poder.

La fiscal Barreto dijo que continúa cumpliendo su función como fiscal investigadora en los casos que correspondan y atañen a su competencia, más no como fiscal coordinadora del Eficcop.

Respecto a cómo afectará esta suspensión al Eficcop, Barreto refirió que ha tenido el apoyo de su equipo, quienes lamentan la medida y están preocupados porque lo avanzado a lo largo de estos dos años en el equipo, traerá un mayor esfuerzo.

“Siento el respaldo de la institución, la institución no se puede parcializar sobre actos que deben investigarse, voy a colaborar con todo para que se investigue”, afirmó.

Señaló que el periodista que la denunció de haberle entregado información referida a la investigación contra el congresista Guillermo Bermejo, está obligado a entregar los audios y los documentos originales que supuestamente le dio, a fin de establecer la verdad mediante una pericia.

/NDP/PE/

En reunión con su Gabinete Ministerial, la presidenta Dina Boluarte recibió el informe de las acciones realizadas por diferentes sectores para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante el paro convocado por un sector de transportistas en Lima y Callao.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, explicó a la jefa de Estado que unos 12 000 agentes de la Policía Nacional se desplegaron desde las tres de la madrugada por todo Lima Metropolitana para garantizar el orden interno. 

Dijo que las fuerzas del orden lograron controlar algunas acciones de violencia que pequeños grupos pretendieron realizar en Jicamarca, Pachacútec y Puente Piedra, donde se detuvo, inicialmente, a unas 18 personas.

El ministro del Interior también informó que se produjeron movilizaciones focalizadas en el norte de la capital y que hubo una concentración de unas 400 personas en el Mercado Huamantanga, de Puente Piedra, no vinculada al tema del transporte. 

En las regiones, refirió que hubo incidentes, sobre todo en Junín, pero no se registraron actos de violencia.

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, dio cuenta que unos 3 000 miembros de las Fuerzas Armadas fueron desplazados en los 14 distritos de Lima Metropolitana declarados en estado de emergencia. 

Refirió que a las 8:45 de la mañana se realizó un sobrevuelo en el norte de la capital, donde se pudo apreciar el desplazamiento de tres grupos, desde Puente Piedra, cada uno integrado por 20 a 30 personas. Del mismo modo, se sobrevoló la Plaza Dos de Mayo, donde había una concentración que no superaba las 100 personas.

En tanto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, señaló que la flota del Metropolitano y de los corredores complementarios operaron en un 100%. 

Pérez-Reyes confirmó que inicialmente gran parte del transporte formal no salió a laborar, pero que la situación fue cambiando entre las siete y las ocho de la mañana, debido al gran despliegue policial y de las Fuerzas Armadas que garantizaron la seguridad.

Destacó las cuatro horas de tolerancia que dio el Ministerio de Trabajo para que los empleados puedan ingresar a sus centros de labor y la posibilidad de que estos pudieran hacer sus actividades de manera remota. 

/NDP/PE/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, afirmó que el Gobierno enfrenta con firmeza a las bandas que apelan al terror para quitarle el dinero y la paz a los peruanos, gracias a un trabajo de la Policía Nacional del Perú y apoyo de las Fuerzas Armadas.

Estas declaraciones fueron realizadas durante su discurso tras la firma del reglamento de la ley del Cuerpo de Guardaparques del Perú, desarrollado en Palacio de Gobierno.

"Firmes frente al accionar de personas y bandas que apelan al terror para quitarle dinero y la paz a nuestros hermanos, lo enfrentamos con firmeza y con un gran amor por la patria. Fácil sería rehuir a estos problemas, como ha sucedido antes, fácil sería mirar de costado. Pero no hay tiempo para débiles, acá estamos junto con nuestra Policía y con apoyo de las Fuerzas Armadas para derrotar a quienes hicieron del crimen su modo de vida", dijo.

La mandataria explicó que no permitirá que continúen estas acciones criminales, más aún cuando el Perú tránsito hacia su desarrollo, con una economía en crecimiento y una moneda fuerte.

"Nada ni nadie puede detenernos, así como derrotamos al terror de Sendero Luminoso derrotaremos al terror del criminal, con acciones de inteligencia y operativos con el apoyo de todos los peruanos, acá no hay espacio para la mezquindad o el pesimismo sino un trabajo permanente por la seguridad que es una de nuestras prioridades", agregó.

En ese sentido, explicó que en el marco del estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno del Callao, se desplegaron a más 7,600 policías, quienes están enfocados en construir un entorno más seguro para la población.

Al respecto, explicó que se lograron 750 detenidos en más 475 operativos y registrándose 105 capturados con requisitoria y más de 37 bandas desarticuladas

"El Perú no se detiene y el trabajo de seguridad tampoco, con el apoyo de todos venceremos, el Perú es resiliente y lo haremos juntos, a nuestros hermanos transportistas le recordamos que nuestra lucha por la seguridad no cesa. No hagamos eco de la división que en nada ayuda, seamos un solo puño, un solo corazón", añadió.

Guardaparques y bomberos forestales

En otro momento, la jefa de Estado destacó la labor que desarrollan los guardaparques y los bomberos forestales, quienes son considerados como "héroes sin capa" que demuestra su compromiso con el país y la naturaleza.

"Ustedes no solo combaten el fuego, sino que protegen la biodiversidad y la vida misma, un claro ejemplo de solidaridad por nuestra patria. Mi Gobierno está con ustedes, los reconoce, lo felicita y alienta a seguir adelante, seguiremos apoyando las necesidades de un trabajo con calidad, por eso firmamos este reglamento", explicó.

/NDP/PE/

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, señaló que existen cuatro despachos fiscales creados para atender casos de extorsión, los cuales, remarcó, "vienen trabajando todos los días”.

Señaló que esta labor se realiza en conjunto con el grupo especial que se creó en la Policía Nacional al respecto. “Estamos trabajando”, recalcó el representante del Ministerio Público.

“Desde el mismo momento en que se dispuso que cuatro despachos se aboquen al conocimiento de estos casos, conjuntamente con el grupo especial que creó la Policía Nacional, venimos trabajando todos los días”, manifestó.

Chávez respondió así a lo señalado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien pidió que las fiscalías abocadas a investigar casos de extorsión inicien operaciones.

“Mi despacho se reúne con el grupo de inteligencia de la Policía, y existen cuatro carpetas abiertas sobre estos temas”, expresó Cotrina.

Trabajo con la Policía

Recordó, en tal sentido, que son los policías los que desarrollan acciones de inteligencia, siguiendo las órdenes de los fiscales. Estas se vienen efectuando a fin de “determinar el modus operandi de estas organizaciones criminales, así como la identidad de los presuntos responsables”.

De igual forma, señaló que su despacho cuenta con los recursos presupuestales necesarios para desarrollar su labor. “Es mínimo, pero es lo suficiente para poder trabajar”, indicó.

Sin embargo, afirmó tener conocimiento de que el Grupo Especial contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional no cuenta con la partida correspondiente para desarrollar su labor. Refirió que, en reuniones con oficiales de dicha instancia, estos le han dado a conocer aquellas carencias.

“Lo que se necesita es que los equipos de inteligencia de la Policía tengan los recursos suficientes para poder hacer una investigación de esta naturaleza, necesitamos que lo doten de tecnología de última generación, con personal especializado y que no los roten a cada rato”, sugirió Chávez.

/MPG/ANDINA/

El integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, señaló que no asistirá a la audiencia que el Tribunal Constitucional (TC) realizará mañana sobre la contienda de competencia entre el Congreso y el Poder Judicial referida a su destitución y a la de Inés Tello en el colegiado al cual ambos pertenecen.

En ese sentido, indicó que ha alcanzado sus posiciones sobre el tema por escrito.

Vásquez calificó la convocatoria a esta audiencia como “inesperada e inusual”, puesto que la vista de dicha causa se realizó el 10 de julio. En aquella oportunidad pidió la reprogramación de la convocatoria,  pero su solicitud no fue atendida.

“Desde ese momento la causa estaba lista para ser votada, pero se ha convocado a esta audiencia, para que, sí lo deseo, pida el uso de la palabra”, indicó.

Ley específica

Refirió, además, que esto se realizará luego de que el Congreso aprobó -en la víspera- un dictamen mediante el cual se modifica el Código Procesal Constitucional, mediante el cual se fija en cuatro votos de siete el número mínimo de adhesiones para aprobar contiendas de competencia como la que enfrenta ahora al Parlamento con el Poder Judicial. 

“Se trata de una arbitrariedad que tiene nombre propio”, manifestó Vásquez, quien refirió que esto lo ha confirmado el mismo presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (FP); al afirmar que se busca con dicha norma impedir que prospere el amparo judicial presentado contra su destitución en la JNJ.

Indicó que, además de eso, “se causa un daño a la institucionalidad democrática del Perú porque en el futuro todos los altos cargos públicos en el sistema de justicia y en el electoral van a quedar a merced de las decisiones del Congreso, y eso supone un quiebre fundamental respecto a lo que es propio del estado de derecho respecto a la división de poderes”, afirmó.

“Ya no se podrá acudir al Poder Judicial para que sea el dirimente”, indicó. "Estamos otorgando un poder omnímodo, absolutamente desequilibrado, al Congreso”, opinó Vásquez.

/ANDINA/PE/

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) señaló que proponer otorgarle a las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional del Perú (PNP) el control de los penales, es inconstitucional y, por lo tanto, inviable desde un aspecto legal y operativo.

En ese marco, el sector liderado por el ministro Eduardo Arana Ysa, sostuvo que el grueso de extorsiones denunciadas no proviene de penales. La propia PNP ha señalado que, en lo que va del 2024, sólo el 0.2% del total de 15,384 denuncias por extorsión fueron realizados desde los penales, lo cual derivó en 21 traslados de internos a penales de mayor seguridad. Mientras que en el año 2023 sólo el 0.1% del total de 19,305 casos por extorsión fueron realizados desde los penales, lo cual derivó en 24 traslados de internos a penales de mayor seguridad.

Asimismo, remarcó que el INPE mantiene el principio de autoridad y el orden en los penales con agentes especialmente capacitados para esa labor. Se enfatizó que ni la PNP ni las FFAA tienen la formación profesional para cumplir con el mandato constitucional de la resocialización, la rehabilitación y la reincorporación de los internos a la sociedad como finalidad del sistema penitenciario, tal como lo manda el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución.

En ese sentido, se sostuvo que los agentes del INPE poseen conocimientos en tácticas de seguridad de penales y desarrollan prácticas de forma permanente bajo la supervisión de instructores. Se cuenta además con un Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que su formación incluye el control y disuasión de situaciones de riesgo al interior de penales, develación de motines, conducción y traslado de internos. Asimismo, los servidores penitenciarios están capacitados en la normatividad vigente sobre Derechos Humanos y uso de la fuerza en el contexto penitenciario.

El MINJUSDH anotó que entregarle el cuidado de los penales a la PNP o las FFAA significa revivir los tristemente célebres sucesos acontecidos en el penal “El Sexto” en 1984, donde la Guardia Republicana, por entonces encargada de custodiar los penales, fue sobrepasada por un grupo de 10 delincuentes, poniendo en vilo todo el Perú en vivo en directo y a nivel nacional.

De igual forma, se puntualizó que los penales son centros de resocialización y el INPE, hace los mayores esfuerzos para devolver mejores personas a la sociedad brindándoles talleres de trabajo, educación básica y técnica, programas como Orquestando, Cero Analfabetismo, Cárceles Productivas, entre otros.

Finalmente, expresó que insinuar el fracaso del sistema penitenciario no se condice con el trabajo y esfuerzo del INPE, en su rol constitucional de administrar los penales. No obstante, nos corresponde reforzar y fortalecer la articulación del trabajo que coadyuve a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

/NDP/PE/

El contralor general César Aguilar Surichaqui se presentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso para informar que la Contraloría General requiere un presupuesto adicional de S/ 611.5 millones para el próximo año con la finalidad de optimizar la labor de la institución y garantizar la continuidad de los 3632 auditores de 691 órganos de control institucional.

“La demanda adicional que estamos solicitando es de S/ 611.5 millones, ya que la suma total que necesitamos para el 2025 es de algo más de S/ 1,500 millones. Sin embargo, observamos que se nos ha reducido el 17.1% en la asignación de recursos respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2024", señaló durante su intervención.

Aguilar también destacó que el PIA 2025 de la Contraloría asciende a S/ 966.8 millones, lo que representa una reducción del 42.1% a comparación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este año.

Asimismo, recordó que el porcentaje destinado a la ejecución del control concurrente en las obras públicas se redujo del 2% al 0.5%, lo que afecta los recursos que la Contraloría utiliza para el pago de planillas. “Esta situación nos coloca en una posición crítica, ya que debemos asumir el costo de las planillas de los auditores que se han incorporado”, advirtió.

Además, mencionó que se requiere un monto adicional de S/ 1,305 millones para implementar la Ley de Carrera del Auditor Gubernamental. “La ley fue aprobada sin tener en cuenta la contingencia presupuestal", añadió.

El contralor explicó que algunos congresistas han expresado dudas sobre la eficacia de la Contraloría en la reducción de los índices de corrupción en el país, pese al incremento en el presupuesto asignado. Al respecto, sostuvo que se debe, en parte, a que no se han implementado políticas adecuadas y que la entidad ha estado enfocada en determinar responsabilidades de los funcionarios públicos, lo que ha generado trabas en el desarrollo de las obras públicas.

“Hago un mea culpa, ya que la institución ha obstaculizado el desarrollo de muchas obras públicas, convirtiéndose en una traba en lugar de una ayuda. Esto es lo que queremos cambiar”, aseguró.

En este sentido, refirió que se realizarán acciones como la reeducación del personal auditor, el rediseño de normativas internas y la adquisición de nuevos equipos. Mencionó que durante sus visitas a las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque constató la falta de insumos básicos, lo que dificulta la operatividad de las gerencias regionales de control.

Aguilar también indicó que, en los dos meses que lleva al frente de la Contraloría, ha definido una visión preventiva para la institución, con el objetivo de evitar la obstrucción en la adquisición de bienes, servicios y obras por parte del Estado.

“Por ello, estamos evaluando la posibilidad de absorber a todos los Órganos de Control Institucional (OCI) a nivel nacional. Actualmente, existen 1,027 OCI, de los cuales solo 691 están incorporados a la Contraloría. El objetivo es evitar que los OCI sean capturados por las entidades que supervisan y garantizar su independencia”, comentó.

Control preventivo

El contralor anunció la implementación del servicio de control preventivo, que acompañará la ejecución del presupuesto público y sugerirá mejoras puntuales para corregir observaciones. “El control preventivo permitirá identificar problemas y proponer soluciones antes de que se conviertan en mayores inconvenientes, logrando que la Contraloría sea percibida como un socio en la ejecución del presupuesto, sin dejar de lado el control concurrente”, subrayó.

Los ciudadanos pueden acceder a los informes y resultados de la Contraloría a través del portal institucional www.gob.pe/contraloria.

/MPG/NDP/

La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, lidera una reunión con su gabinete ministerial para realizar un balance de las acciones del Ejecutivo, a fin de evaluar el impacto del paro de un sector de transportistas y coordinar acciones que aseguren la protección de los ciudadanos.

En la reunión participa también el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, así como los ministros del Interior, Juan José Santiváñez; de Educación, Morgan Quero; de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, entre otros.

La sesión se lleva a cabo en Palacio de Gobierno.

/AC/