Política

La presidenta de la república, Dina Boluarte, participa en el lanzamiento de la convocatoria 2025 de Beca 18.

La jefa de Estado se encuentra en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja, acompañada del ministro de Educación, Morgan Quero, y la directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos (Pronabec), Alexandra Ames.

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La Presidencia de la República reconoció el gran aporte brindado por los Pueblos Originarios en el fortalecimiento de la identidad de nuestro país y se comprometió a seguir impulsando políticas y acciones en su beneficio.

El mensaje, difundido a través de la cuenta oficial de la Presidencia de la República en la plataforma X, se realiza en el marco de la celebración del Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural.

"Nos comprometemos a seguir impulsando políticas y acciones que contribuyan a reducir las brechas sociales y a reconocer el gran aporte de estos pueblos al fortalecimiento de la identidad de nuestro país", señala en la publicación.

En tal sentido, insta a valorar "la maravillosa diversidad cultural de nuestro país". 

El Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural se celebra cada 12 de octubre de acuerdo a la Ley N° 29421 promulgada por el Congreso de la República del Perú.

Este día busca reconocer la necesidad de entablar el diálogo intercultural y empezar a valorar las diferencias étnicas y culturales como insumos de desarrollo sostenible en distintos ámbitos. 

De esta manera, se pretende fomentar una ciudadanía que valore sus diferencias y reafirme el orgullo de ser parte de un país culturalmente diverso.

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El canciller Elmer Schialer señaló que la Presidencia del Perú de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se ejercerá hasta 2026, impulsará una mayor cooperación para el desarrollo sostenible, con el objetivo de lograr un futuro mejor para todos nuestros ciudadanos, especialmente para los más vulnerables.

En la ceremonia de clausura del 40° periodo de sesiones de Cepal, el ministro destacó que este organismo es un aliado importante para todos los Estados miembros, así como sus asociados.

Añadió que, al acoger el período de sesiones, el Perú buscó generar una confluencia de ideas con miras a desarrollar una agenda de trabajo que fomente la cooperación regional, así como la implementación de políticas públicas y programas en torno a la inclusión, la mejora del bienestar general de la población y la lucha contra las inequidades.

El ministro indicó que el documento de posición, elaborado por la Secretaría de la Cepal, y que fue presentado y analizado durante estos días, constituye un diagnóstico valioso que deberá ser evaluado por los sectores competentes de cada Estado miembro, tomando en cuenta las circunstancias nacionales y prioridades, para un uso adecuado de dicho documento.

Cabe destacar que el Perú refuerza su vinculación con la Cepal al haber acogido el 40° periodo de sesiones. Este importante hecho brinda oportunidad para fortalecer la agenda de trabajo de nuestro país con ese organismo y permite desarrollar estudios de utilidad para las políticas públicas y proyectos de cooperación en beneficio directo de nuestros ciudadanos.

Durante la reunión, se eligió a República Dominicana como sede del próximo periodo de sesiones de Cepal, en 2026. Asimismo, se eligió a Colombia, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y a República Dominicana como vicepresidencias que acompañarán al Perú en la conducción de los trabajos de la Cepal.

De igual manera, en la jornada de trabajo se aprobaron catorce resoluciones; el programa de trabajo del sistema de la Cepal; y el calendario de conferencias 2025-2026.

Igualmente, se informó sobre las actividades de los órganos subsidiarios de la Cepal y de los resultados de otras reuniones intergubernamentales, gestionadas por ese organismo, desde el anterior período de sesiones.

El 40º periodo de sesiones contó con la participación de 37 delegaciones, nueve ministros de Relaciones Exteriores, ocho ministros de Estado de otras carteras y siete viceministros, de un total de trescientos sesenta y cinco participantes que visitaron nuestro país.

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 La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, de manera unánime, admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, contra el exministro de Salud, Jorge López Peña.

La acusación contra el exministro es por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado, debido a los indicios razonables de aumento injustificado de sus ingresos mientras estuvo a cargo de ese portafolio.

Según el informe de calificación, aprobado con 20 votos, existiría un desequilibrio en el patrimonio financiero de López Peña y un incremento patrimonial no justificado cuando desempeñaba la función de ministro durante el período comprendido entre el 7 de abril y el 28 de octubre de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo.

La secretaría técnica de la comisión, presidida por la congresista María Acuña Peralta (APP), indica que las investigaciones preliminares del Ministerio Público, en base a la documentación financiera y contable, evidenció que el denunciado habría recibido 100 mil soles de fuentes desconocidas, que hacen presumir un delito de abuso de cargo.

Asimismo, la subcomisión declaró improcedente con 18 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, la denuncia constitucional presentada por Marcial Agüero Aparicio contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por la presunta infracción de la Constitución y la presunta comisión de los delitos de organización criminal, encubrimiento personal y encubrimiento real.

El informe de calificación sostuvo que no se cumplieron con los criterios establecidos, entre ellos, que el denunciante no es el directamente afectado.

Similar fue la decisión en el caso de la denuncia contra la excongresista Maritza García Jiménez, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. La razón de su improcedencia se debió al cese del cargo de la exparlamentaria por más de cinco años, en que cesa también la prerrogativa funcional del antejuicio político.

Delegaciones

Por otro lado, la presidenta de la comisión propuso a algunos congresistas la delegación del estudio de varias denuncias constitucionales.

La denuncia contra la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, formulada por los excongresistas César Gonzales Tuanama y Manuel Merino de Lama, por presunta violación de la Constitución, delitos de negociación incompatible y otros, fue encargado al legislador Diego Bazán Calderón (RP).

El congresista Víctor Flores Ruiz (FP) será delegado la denuncia formulada por el ciudadano José Benel Alvarado Rojas, contra la legisladora, Heydi Lisbeth Juárez Calle (PP), por la presunta comisión del delito de concusión.

A la congresista Martha Moyano Delgado (FP) le delegaron la denuncia por la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, contra los parlamentarios Raúl Doroteo (AP), Elvis Vergara (AP), Jorge Flores (PP) y Darwin Espinoza (PP), por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado.

Finalmente, la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) será delegada de las denuncias formuladas por los congresistas Jorge Montoya (HyD), José Cueto (HyD) y Roberto Chiabra (APP), contra el parlamentario Jorge Flores (PP); por la presunta infracción de la Constitución y la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, concusión y enriquecimiento ilícito.

Antes, Acuña Peralta dio cuenta del ingreso de cuatro denuncias constitucionales que refieren como denunciados al excongresista Héctor Becerril; al exministro del Interior, Carlos Morán; el exalcalde de la Municipalidad de San Miguel, excongresista y exministro Salvador Heresi; y los excongresistas César Segura y Mario Mantilla.

/NDP/MPG/

La congresista Milagros Jáuregui de Renovación Popular propuso la ley que declara de interés nacional la eliminación de la educación sexual integral en los contenidos curriculares de la educación básica a nivel nacional y su reemplazo por la educación sexual científica biológica y ética.

En consecuencia, se autoriza al Ministerio de Educación, para que, de conformidad con sus atribuciones y habilidades, estableca los procedimientos para la eliminación e implementación de los nuevos contenidos curriculares en todos los niveles del currículo nacional de la Educación Básica, en las instituciones educativas públicas y privadas del país.

Asimismo, se deroga la Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos de educación sexual integral para la educación básica” y se encarga al Ministerio de Educación la elaboración de nuevos lineamientos de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley.

La exposición de motivos de la iniciativa señala como antecedente a varios proyectos de ley que fueron aprobados y dieron paso a la Ley 31745, Ley que establece que es importante que se incluyan contenidos curriculares sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en Perú en las instituciones educativas del país.

“No debemos confundir la educación sexual integral con la educación sexual científica, biológica y ética; pues si bien comparten temas en común; se diferencian en que la educación sexual integral también promueve temas muy controversiales como el enfoque de género, el aborto, las orientaciones sexuales e identidades de género, temas que pueden confundir a nuestros niños” indicó la parlamentaria.

Milagros Jáuregui explicó que, por ejemplo, basados en el mal llamado enfoque de género, "se incorporaron hace algunos años en los textos escolares unos links con contenido inapropiado para menores de edad".

"Donde los vinculaban con información acerca de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, sexo grupal y hasta cómo practicarse un aborto seguro, eso es totalmente inadmisible, por ello, debemos reorientar nuestra educación a lo científico, biológico y ético”, puntualizó.

/MPG/NDP/

El juicio oral al expresidente Alejandro Toledo por el caso de la concesión del tramo 4 de la Carretera Interoceánica pasará desde el lunes a la fase de presentación de alegatos, tras desarrollarse hoy los interrogatorios al procesado.

Al término de la audiencia, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional indicó que la fase de alegatos se iniciará el lunes, con la presentación de aquellos correspondientes al Ministerio Público y a la Procuraduría Pública.

Para el martes 15 le corresponderá a Toledo y su defensa legal presentar sus alegatos, en el marco del proceso que se le sigue por el presunto delito de colusión.

Durante la audiencia, el exmandatario deslindó responsabilidades respecto al accionar en este tema de personajes allegados a su círculo social y a su gobierno (2001 – 2006), indicando que él no tuvo conocimiento de lo que estos hacían.

La primera parte de la audiencia estuvo caracterizada por los pedidos del abogado Roberto Su, quien ejerce la defensa legal de Toledo, respecto a las preguntas del fiscal José Domingo Pérez, varias de las cuales cuestionó y calificó de “impertinentes”.

Deslinda responsabilidad

El expresidente indicó que el proceso para concesionar el tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur estaba encabezado por un consejo directivo que se encontraba a cargo de los entonces ministros de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, y de Transportes y Comunicaciones, José Ortiz. “Ellos hacían todo”, manifestó.

Con respecto a la reunión que sostuvo en Palacio de Gobierno con Jorge Barata, representante de la empresa Odebrecht, Toledo señaló que esta se hizo a propuesta de Kuczynski. Este le explicó que en la constructora brasileña se había cambiado de presidente, por lo que resultaba pertinente conocer a los nuevos funcionarios.

En tal sentido, indicó que, luego de ello, nunca más se reunió con Barata ni con el representante de Odebrecht para la obra mencionada, Daniel Becerra. Lo mismo dijo respecto al entonces presidente de Proinversión, René Cornejo, y los funcionarios Sergio Bravo y Alejandro Chiang; implicados en este caso.

ANDINA/MLG

En los primeros nueve meses del presente año, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró desarticular 9336 bandas criminales, superando la cifra de 8221 agrupaciones criminales desbaratadas durante los doce meses del año 2023.

La política impuesta por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, de intensificar las operaciones policiales en todas las regiones del país, ha permitido también la captura de 51,344 personas requisitoriadas por diversos delitos, lo que evidencia un incremento respecto a los 48,605 requisitoriados capturados el año pasado.

Asimismo, la Policía Nacional incautó 5,337 armas de fuego, que estaban en manos de la delincuencia, durante los primeros meses del año. Esta cifra parcial supera de manera exitosa lo conseguido en el 2023, que asciende a 4,831 armas recuperadas por los efectivos policiales.

En este mismo tiempo, se ejecutaron 797,605 operativos policiales a nivel nacional, mientras que durante el año pasado se desarrollaron un total de 819,031 operativos. Para diciembre del 2024, siguiendo las disposiciones del ministro Santiváñez Antúnez, la PNP tiene previsto incrementar la cifra de operaciones, con el objetivo de seguir golpeando a las estructuras criminales y restituir la paz social en el país.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, en los primeros nueve meses del presente año, se logró el decomiso de 103,644 kilos de distintos tipos de droga, mientras que en el 2023 la cifra total fue de 104,587 kilos de droga decomisada. De igual forma, es más que seguro que esta cantidad parcial de droga incautada aumentará para finales del 2024.

NDP/MLG

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció la convocatoria de un Pleno extraordinario para este viernes 11 de octubre a fin de abordar temas sobre la seguridad ciudadana.

La sesión se llevará a cabo a las 2:00 p. m. en modalidad semipresencial. 

No obstante, Salhuana exhortó a los legisladores a acudir presencialmente, por tratarse de temas de alto interés público.

"Los temas acordados son los siguientes. Primero, está en agenda el dictamen de la Comisión de Justicia sobre diversos proyectos de ley vinculados a terrorismo urbano", precisó el titular del Poder Legislativo.

Sostuvo que, en segundo lugar, se acordó exonerar del dictamen de publicación e incluir en la agenda priorizada del pleno los proyectos referidos a la modificación de la Ley 32108, que efectuó cambios al delito de organización criminal.

"Luego, se ha exonerado de dictamen de publicación y su inclusión en la agenda priorizada del proyecto de ley 8507 y 8959. Ambos están referidos a la posibilidad de sancionar a jueces y fiscales que liberen a sujetos activos del delito que han sido detenidos en flagrancia delictiva", añadió Salhuana Cavides.

Señaló también que la Junta de Portavoces acordó emitir un comunicado del Congreso de la República en relación a las atribuciones, funciones y responsabilidades que tiene cada entidad pública y cada poder del Estado en torno a la lucha contra la delincuencia.

El presidente del Congreso indicó que se acordó incluir en la agenda del pleno de mañana el Proyecto de Ley 9036, el cual plantea modificar el Código Penal para sancionar de manera efectiva la comisión de delitos graves en grado de tentativa.

Salhuana exhortó a las bancadas a analizar dichos textos y traer mañana sus aportes, señalando que es una responsabilidad del Parlamento "dar los instrumentos necesarios para que el sistema de justicia actúe con celeridad y severidad que corresponde".

/AC/

La presidenta Dina Boluarte sostuvo hoy que el Gobierno, junto a la Policía Nacional y la Fuerzas Armadas, continuará intensificando la lucha contra el crimen y la delincuencia para devolver la tranquilidad a los ciudadanos.

“Esta lucha nos necesita unidos, porque siendo un solo corazón y un solo puño venceremos al terrorismo criminal que quiere quitarnos la paz y la tranquilidad. No retrocedemos nunca en la lucha por la seguridad ciudadana y por dar y la Tranquilidad que reclaman nuestro hermanos y hermanas”, indicó.

La mandataria Dina Boluarte participa en la ceremonia de incorporación de las Plataformas Itinerantes de Acción Social -PIAS, Río Ucayali I y II a la Marina de Guerra del Perú, en la ciudad de Iquitos.

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El fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial Lava Jato, conducirá el interrogatorio al expresidente Alejandro Toledo Manrique, como parte de la etapa final del juicio seguido por la concesión del proyecto Interoceánica Sur.

Dicho interrogatorio se ejecuta hoy, viernes 11 de octubre, desde las 09:00 a.m.

Ello, luego que el referido fiscal formulara la acusación penal por los delitos de colusión y lavado de activos contra Toledo Manrique, por recibir más de 30 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht.

Al finalizar el interrogatorio al expresidente, el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Nacional de Justicia Especializada, bajo la dirección de los jueces Zaida Pérez, Irene Rojas y Richart Quispe, concluirá la actuación probatoria de este juicio.

Seguidamente, las partes procesales procederán a sustentar los alegatos de cierre. Es preciso indicar que el Ministerio Público solicitó 20 años y cinco meses de pena privativa de la libertad contra el exmandatario.

De esta manera, el caso quedará expedito para que el juzgado colegiado dicte la sentencia correspondiente. Como se recuerda el referido juicio inició el 16 de octubre de 2023.

/AC/