Política

La ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández Cajo, anunció que su sector viene reforzando medidas, en varias regiones del país, con el fin de prevenir los matrimonios de menores. 

Hernández informó que, desde el ministerio, se vienen implementado acciones de difusión para que las entidades encargadas de realizar los trámites legales del casamiento sepan de la existencia de una normativa que prohíbe el matrimonio en personas menores de edad. 

“Estamos trabajando en varias regiones. Este año vamos a seguir difundiendo a todos los operadores y operadoras de justicia y a todo el personal de los sectores involucrados para que no se permita el matrimonio (infantil), que no se registren e incluso aquellos que fueran contraídos se anulen”, indicó la funcionaria en Radio Nacional.

Asimismo, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) detalló que la normativa, que prohíbe el matrimonio infantil, fue promulgada en el 2023 y desde entonces se coordina con los órganos para implementarlas en sus ámbitos de gobierno. 

“La ley se aprobó el año pasado y lo que está haciendo el sector es difundirla a nivel nacional, capacitando y brindando asistencia técnica a las municipalidades, a la Reniec, a los gobernadores regionales y demás de funcionarios que pueden estar involucrados en su implementación” afirmó.

CON PUNCHE FAMILIAS
Hernández, anunció que desde el MIMP se lanzó una iniciativa denominada “Con punche familias” con el fin de articular esfuerzos para prevenir la violencia en los hogares. En ese sentido, generar relaciones saludables.

“Hemos presentado la estrategia 'Con punche familias' y mediante ella convocamos a los padres y madres para que puedan tener pautas en las que se les permita a las niñas y niños estar protegidos, desarrollar todas sus potencialidades y condiciones de igualdad” manifestó. 

Además, la titular del MIMP señaló que “mediante la iniciativa se busca también que los padres puedan asumir la corresponsabilidad de la crianza de los hijos, para así tener familias en las que se tengan niñas y niños protegidos.”

/CRG/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, indicó que el Gobierno ha destinado 7000 millones de soles para construir, mejorar y darle mantenimiento a los colegios de todo el país, para fortalecer la educación de los estudiantes peruanos.

“Desde nuestro Gobierno destrabamos proyectos y hemos destinado recursos para mejorar la educación en el Perú, como la inversión de 7000 millones de soles para construir, mejorar y darles mantenimiento a los colegios de todo el país, refirió.

Una parte de ese presupuesto, según dijo, fue derivado a la construcción de 75 escuelas bicentenario que beneficiarán a más 118 000 escolares.

Durante la entrega de las modernas instalaciones de la IE  7086, Los Precursores, de Surco, la novena escuela bicentenario entregada, la mandataria dijo que otro compromiso que ha hecho realidad es la ampliación del programa Beca 18, que este año duplicado el número de becas integrales, pasando de 5000 a 10 000.  Para el 2025 y 2026 se proyecta entregar 20 000 becas cada año.

“Este logro abre la puerta a un futuro, a un mañana de oportunidades para jóvenes peruanos y peruanas que, a través de la educación, podrán transformar sus vidas y de sus familias”, aseveró.

Educación superior y técnica

Sostuvo además que el Ejecutivo transfirió 143 millones de soles a los gobiernos regionales para el fortalecimiento de educación superior y anunció también que se potenciará el Instituto Superior Tecnológico de Chancay, con apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias, para ofrecer nuevas carreras técnicas que respondan a las necesidades del mega puerto de Chancay.

Asimismo, puntualizó que se ha incrementado el presupuesto de las universidades públicas en 48%, con lo cual se alcanzó la cifra de 6968 millones de soles.

En cuanto a las escuelas bicentenario, la jefa de Estado refirió que de setiembre a diciembre de este año se entregará 14 nuevas escuelas bicentenario en Ate, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Chosica, Puente Piedra, San Martín de Porras para beneficiar a más de 22 357 estudiantes.

/AC/Andina/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, participa en la ceremonia de entrega de la institución educativa 7086, ubicada en el distrito de Surco.

En la actividad, la mandataria se encuentra acompañada por el ministro de Educación, Morgan Quero; y el alcalde del distrito, Carlos Bruce.

La nueva institución educativa fue lograda gracias a una inversión de 80 millones de soles y beneficiará a un total de 2300 estudiantes.

/AC/

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), y la Unión Europea, desarrollarán el “Foro Nacional de alcaldesas: Juntas dialogamos e innovamos para transformar la política” este miércoles 14 y jueves 15 de agosto en el auditorio del MIMP ubicado en el Centro de Lima.

Esta actividad tiene por objetivo aportar al empoderamiento de las alcaldesas provinciales y distritales del periodo 2023–2026, a través del diálogo democrático y fortalecimiento de sus capacidades para liderar gestiones públicas con igualdad y orientadas al desarrollo económico y social de sus territorios.

En ese contexto, el foro comprenderá ponencias magistrales, talleres, espacios de diálogo entre las autoridades ediles, y asistencias técnicas sobre sus proyectos de inversión, los cuales permitirán contribuir  a su empoderamiento.

En el programa se han incorporado temáticas clave como herramientas de gestión para el desarrollo local con enfoque de género, medidas para promover la participación política de las mujeres y erradicar la discriminación y violencia que las afecta, y articulación y fortalecimiento para la gestión pública local. Igualmente, talleres sobre herramientas esenciales para la escucha y diálogo democrático, y acerca de la seguridad digital frente al acoso político a través de las redes sociales, entre otros.

Asimismo, el Museo Electoral y de la Democracia del JNE presentará la exposición “Mujeres y participación democrática”, con imágenes relacionadas a la gran lucha y el enorme trabajo de las mujeres a lo largo de nuestra historia por ser parte de la democracia.

Durante el período 2018-2021, se organizaron programas formativos con la finalidad de brindar a las alcaldesas herramientas en gestión pública con igualdad y contribuir al desarrollo de sus territorios. Estos han constituido espacios de visibilidad para ellas, lográndose una participación de 293 alcaldesas, quienes fueron fortalecidas en sus capacidades y en las herramientas para el empoderamiento político.

/DBD/

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, criticó la facilidad con la que el sistema de justicia imparte prisión preventiva contra diversos procesados, y cuestionó que muchas veces, tras 36 meses de privación de libertad, los fiscales no hayan realizado la acusación ni iniciado un juicio.

"Estoy totalmente en contra de la prisión preventiva y lo vengo diciendo desde hace tiempo. En el Perú tenemos un estándar de libertad muy malo. Hay que tener presente la gravedad de los crímenes y ser más rigurosos para dictar prisión preventiva", manifestó.

En esa línea, expresó que se deben evaluar diversos criterios como la identidad de la persona y sus antecedentes, y cuestionó que falencias del Estado, como la falta de vigilancia en las fronteras, sean motivo para privar a un ciudadano de su libertad.

Con relación a la ley que precisa los alcances del delito de lesa humanidad, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) refirió que lo que ocurrió antes de que entrase en vigencia el Estatuto de Roma en el Perú no podía ser tipificado de esa manera porque no formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico.

"Esta ley no promueve la impunidad en tanto que los crímenes ya han sido juzgados. En ese sentido, si hay tantas discrepancias con respecto a esta ley, el Tribunal Constitucional es el espacio en el que se puede discutir su constitucionalidad", añadió.

/DBD/

La Junta de Fiscales Supremos presentará en los próximos días ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley promulgada por el Congreso que regula los crímenes de lesa humanidad a cometidos ante del 2002.

A través de un comunicado, el Ministerio Público rechaza la ley aprobada, “porque vulnera la autonomía e independencia funcional de los magistrados”.

En el documento, los fiscales supremos expresan su rechazo a la norma a la que consideran como  contrapuesta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

También alertan del impacto negativo en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales en casos de lesa humanidad como Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja, el Frontón, Barrios Altos, Universidad del Centro, El Santa, Chuschi y los Cabinos, entre otros.

Además, los fiscales expresan su preocupación por los integrantes del subsistema de derechos humanos. “Al hacerlos pasibles de responsabilidad administrativa, habilita la posibilidad de que la Autoridad Nacional de Control ejerza un control disciplinario de las decisiones que adopten”, precisan en el documento.

El pronunciamiento se produce horas después de que tres acusados en casos emblemáticos de lesa humanidad presentaron un recurso para que se archive sus procesos.

/RAM/

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sostuvo que el Tribunal Constitucional (TC) será el llamado a pronunciarse sobre las discrepancias en torno a la ley que precisa lo alcances de lesa humanidad.

“Esto va a ser un tema polémico seguro hoy y mañana. No quiero recurrir a esta forma simplista, pero si hay tantas discrepancias, el Tribunal Constitucional siempre será el llamado a aclararlo”, afirmó.

Indicó que el TC es un espacio en el que se puede discutir incluso la propia constitucionalidad de dicha normativa (ley que precisa los alcances de la lesa humanidad, promulgada recientemente por el Congreso).

Precisó que dentro del Ejecutivo la aprobación de dicha ley motivó una “ardua discusión” y no se logró alcanzar una posición única, por lo que se optó que el Congreso la promulgue.

Refirió que su posición sobre esta norma es que se debe aplicar desde el momento en que Perú se unió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el 1 de julio de 2002, dado que antes de ese año esos delitos no estaban tipificados en nuestro ordenamiento jurídico.

En ese sentido, consideró que deben ser procesados como otros delitos, tales como homicidios calificados o agravados, sin que ello implique impunidad.

“No hay impunidad y tanto que no hay impunidad que esos crímenes ya han sido juzgados. Esos crímenes no estaban calificados como crímenes de lesa humanidad, no lo estaban. Fueron investigados y ahora Pativilca se está investigando bajo esos patrones de la ley vigente en ese momento, que es lo que corresponde a la ley penal, como homicidios calificados, como homicidio agravado”, manifestó.

De otro lado, el jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que se ha formado un cuerpo especial de inteligencia y seguimiento para la captura de Vladimir Cerrón, líder der partido Perú Libre y condenado por delito de corrupción, quien se encuentra en el país.

“Yo así lo siento, no creo que esté fuera del país”, aseguró en Rpp.

Finalmente, refirió que el Ejecutivo no tiene previsto hacer cambios en el equipo ministerial, lo que no significa que no haga evaluaciones.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por la ex Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, contra los artículos 1 y 3 y contra la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 31520, ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas.

Respecto del examen constitucional del artículo 1 de la Ley 31520, que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades, el TC señala que no se aprecia algún mandato concreto que pueda entorpecer el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la educación universitaria de calidad o que constituya un impedimento para lograr su plena efectividad.

Además, precisa que el impugnado artículo 3 de la norma, que dispone el diseño e implementación de mecanismos y herramientas técnicas que incentiven y/o fomenten la mejora de la calidad y el logro de resultados del servicio educativo que brindan las universidades públicas, no contraviene los mandatos constitucionales y convencionales, establecidos como obligatorios para el Estado, en el ámbito de la garantía del derecho fundamental de acceso a una educación universitaria de calidad.

Sobre la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 31520 que deroga las normas que se opongan a la ley cuestionada, el TC concluye que dicha disposición fue expedida en el ejercicio de las competencias que asisten al legislador, conforme al artículo 102.1 de la Norma Fundamental y en el ámbito de materias respecto de las cuales no existían mandatos constitucionalmente ordenados o prohibidos.

Asimismo, el TC exhorta al Poder Ejecutivo, específicamente al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas, para que coordinen, en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la fijación de montos y criterios técnicos, entre otras disposiciones, que resulten necesarias en la aplicación de tales mecanismos.

De igual forma, indica al Poder Legislativo a respetar el principio de progresividad y no regresividad en la inversión pública para la garantía del derecho a la educación, en cuanto al deber de diseñar e implementar mecanismos y herramientas técnicas que incentiven y/o fomenten la mejora de la calidad del servicio educativo y el logro de resultados en el servicio educativo brindado por las universidades públicas.

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 El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció la decisión del Ejecutivo de conformar una mesa técnica para el desarrollo de la provincia ayacuchana de Huanta, con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible en el territorio y atender sus principales demandas, tales como la protección de las cabeceras de cuenca de la jurisdicción.

"El compromiso del Ejecutivo es conformar una mesa técnica para la provincia de Huanta. Con su instalación contaremos con el espacio de diálogo que necesitamos, en el que las autoridades locales sirvan de puentes entre las comunidades y el Gobierno central", indicó el jefe del Gabinete Ministerial durante una reunión de trabajo con representantes de organizaciones sociales de Huanta.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y contó con la participación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y de los titulares de los sectores Energía y Minas, Rómulo Mucho; Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero; y Ambiente, Juan Carlos Castro.

También estuvieron presentes el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Juan Haro; el viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, Henry Luna; el alcalde de la provincia de Huanta, Belisario Lope; y el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Alonzo Zapata.

En la sesión se establecieron diversas acciones a ser desarrolladas por los gobiernos nacional y regional de cara a la protección de la cabecera de cuenca Razuhuillca, las mismas que se informarán en la ciudad de Huanta durante el presente mes de agosto.

Adicionalmente, el premier Adrianzén reafirmó el compromiso del Gobierno para combatir la minería ilegal, debido al impacto negativo que ocasiona en los trabajadores y en el medioambiente.

Finalmente, “Nos preocupa que se haya confundido lo que es la minería artesanal, tradicional y ancestral, con prácticas que desdicen lo que originalmente fue. En esa línea, reconocemos la preocupación que tienen ustedes por sus tierras y trabajaremos en ese sentido", enfatizó

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