Política

La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, lidera en Palacio de Gobierno la decimocuarta sesión ordinaria del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, instancia que coordina la ejecución de la política a cargo de las entidades integrantes del sistema de justicia.

Participan en dicha cita los ministros Gustavo Adrianzén y Eduardo Arana, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza; el contralor general César Aguilar; la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco; el titular del Congreso, Eduardo Salhuana, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

El referido consejo persigue el objetivo de coordinar la ejecución de la política correspondiente al sistema de justicia.

Asimismo, tienen entre sus fines hacer seguimiento a la implementación y ejecución del proceso de reforma de dicho sistema.

Al respecto, debe de presentar un reporte anual de los avances que realice en el trabajo que se le ha encomendado.

/AC/

¿Cuáles son los derechos que tienen la niñas, niños y adolescentes en el Perú? Letty Guzmán, supervisora de Defensa de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicó en el “Consultorio Legal” este importante marco legal para niños y adolescentes.

Con respecto a los derechos que tienen los niños y adolescentes, la especialista detalló que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, como marco normativo internacional en este aspecto, son 54 artículos que definen los derechos económicos, sociales y culturales de los niños.

Asimismo, explicó que, entre los derechos de los niños y adolescentes se encuentran el derecho a la vida, a la igualdad, a la identidad, a la protección, a la educación, así como a la recreación, a la salud, a la libertad de expresión, a la integración social y a tener una familia. Por otra parte, también implica tener deberes entre estos se encuentran el deber de estudiar, respetar a los padres y a todas las personas, también a cuidar el medio ambiente, entre otros.

La especialista indicó que uno de los derechos principales es el tema de alimentos, que el padre sea consciente y cumpla con los derechos del niño, el cumplimiento de este implica aspectos como salud, educación, alimentación, vivienda, vestimenta y recreación lo que va a permitir que el niño se desarrolle de manera óptima.
En referencia al derecho a la educación, la abogada indicó que esta debe darse dentro de la misma familia, basada en valores, buenas costumbres para que el menor pueda desarrollarse de manera óptima, así como tener lo necesario para poder estudiar. Mientras con respecto a la salud, tienen este derecho desde su nacimiento, a recibir atención médica y a ser cuidados cuando están enfermos, en este aspecto el Estado puede brindarle dicho servicio a través del seguro, ya sea público o privado.

La supervisora de Defensa de Víctimas señaló que el Estado protege todo tipo de violencia contra los niñas, niños y adolescentes, se puede presentar una denuncia de manera verbal o escrita ante la Policía o el Poder Judicial. En ese sentido, la denuncia también se puede presentar ante el Ministerio Público.

Con respecto a la Defensa Pública, acompaña, no solo en el proceso legal, sino que cuenta con un equipo multidisciplinario, que en el momento le pueden dar el soporte que necesita. La supervisora detalló que la función es coadyuvar en todo el proceso, desde la denuncia, participando en todas las diligencias y audiencias, hasta lograr una sentencia que pueda condenar el hecho y conseguir una reparación civil acorde al daño, que se ha causado.

Asimismo, la supervisora de Defensa de Víctimas señaló que existen distintas vías de acceso para acceder a la defensa pública, acudiendo de manera presencial a cualquiera de las 34 direcciones distritales, a nivel nacional, conformada por profesionales que pueden brindar la asesoría legal gratuita. De igual manera, se da a través de la línea 1884, que es la línea de orientación legal gratuita, que deriva el caso a la competencia territorial correspondiente para su debida atención.

/NDP/MRG/ 

El Ministerio de la Producción (Produce) autorizó la actividad extractiva del recurso jurel (Trachurus murphyi), efectuada por embarcaciones pesqueras artesanales con capacidad de bodega entre 0 y 10 metros cúbicos (m3), y permiso de pesca vigente hasta el 31 de diciembre del presente año.

Mediante Resolución Ministerial N° 00396-2024-PRODUCE, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se indica que la autorización establecida puede modificarse en función al seguimiento de los factores biológicos-pesqueros y ambientales del recurso jurel, previa recomendación del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

La norma señala que la actividad extractiva del recurso jurel se sujeta a las siguientes disposiciones:

- Las embarcaciones pesqueras artesanales utilizan como arte de pesca la cortina o la “pinta”.

- Las embarcaciones pesqueras no pueden llevar a bordo para realizar las actividades pesqueras “winches” y/o sistemas hidráulicos denominados power block (macaco). La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción realiza coordinaciones con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú del Ministerio de Defensa (DICAPI) y los gobiernos regionales, para garantizar el cumplimiento de la presente disposición.

- Las embarcaciones que utilicen arte de pesca cortina no pueden exceder los 188 kilos por faena, con un máximo de 12 faenas al mes, mientras que las embarcaciones que utilicen arte de pesca “pinta”, no podrán exceder los 60 kilos por faena, con un máximo de 30 faenas al mes.

El Ministerio de la Producción establece las medidas de ordenamiento que fuesen necesarias para garantizar la sostenibilidad del recurso jurel.

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción suspende las actividades extractivas del recurso jurel, por condiciones biológicas recomendadas por el Imarpe.

/MRG/

La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, presentó un proyecto de ley para reformar el Código Penal a fin de asegurar que las agresiones contra los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) sean castigadas con firmeza.

La iniciativa legislativa tiene como objetivo restaurar el respeto y la autoridad que los miembros de la PNP merecen, garantizando la protección legal que necesitan en el ejercicio de sus funciones.

Las reformas propuestas incluyen un aumento en las penas para aquellos que agredan o resistan a la autoridad policial. Entre las reformas más significativas, se establece que las lesiones leves cometidas contra efectivos policiales serán sancionadas con penas de entre ocho y catorce años de prisión.

Además, se incorpora un nuevo artículo que sanciona con penas de cinco a diez años a quienes obstaculicen el ejercicio de las funciones de los policías mediante actos de violencia. Las penas se agravan en casos donde estas agresiones resulten en lesiones graves o muerte, elevando las condenas hasta un máximo de quince años de prisión.

Durante la presentación del proyecto, la congresista Juárez subrayó la urgencia de corregir el debilitamiento de la autoridad policial, exacerbado por el Acuerdo Plenario 001-2016 de la Corte Suprema, que despenaliza ciertos actos de violencia y resistencia contra los policías.

Esta situación, advirtió, ha creado un contexto en el que muchos ciudadanos y conductores se sienten con la libertad de desafiar y agredir a los efectivos sin temor a las consecuencias legales. Además, destacó una preocupante tendencia entre jueces y fiscales de liberan a los agresores sin imponerles el castigo adecuado.

//MLG//

Perú extendió sus condolencias al Gobierno de Colombia por el lamentable accidente de helicóptero ocurrido en el Departamento del Vichada, que causó la muerte de sus ocho tripulantes cuando se dirigían a una misión humanitaria.

A través de un mensaje de la cancillería en su red social X, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte hizo llegar también su "solidaridad y sentimientos de pesar" a las familias y amigos de las víctimas.

La Fuerza Aérea de Colombia había informado de que estaba buscando el helicóptero, un Huey II de matrícula FAC-4441, "tras perder comunicación con la tripulación y que se encontraba realizando una misión de evacuación aeromédica" en la zona de Cumaribo, en Vichada, departamento limítrofe con Venezuela.

La normativa penal establece que la persona que agrede a una mujer en estado de gestación constituye una circunstancia agravante del delito de agresión, por lo que podría recibir una sanción severa de hasta doce años de pena privativa de la libertad, dependiendo la lesión y el daño psicológico acreditados.

Así lo sostuvo la jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Rocío Robles Ramos.

“El Código Penal establece hasta doce años de pena privativa de la libertad para el caso de lesiones graves que tenga como agravante si se inflige a una mujer en estado de gestación; además, si existen antecedentes penales, si el daño es de forma permanente, si el feto ha sufrido daño y otras circunstancias que nos permitan determinar la pena concreta”, refirió Robles.

Respecto al delito de agresión y violencia contra las mujeres, la jueza indicó que el Poder Judicial (PJ) estima otorgar oportunamente medidas de protección a favor de la mujer violentada.

En ese sentido, Robles indicó que entre las restricciones se destaca la prohibición al agresor de acercamiento a ella y otras resoluciones para que la mujer se sienta segura en determinados contextos donde se ha ejercido violencia.

“Tenemos el delito de violencia hacia la mujer, el delito de lesiones leves y delito de lesiones graves en que se establecen determinadas penas en función a determinadas agravantes como el estado de gestación, la pérdida de un miembro y si la víctima es menor de edad, si es adulta mayor o si ha sufrido un grado de discriminación severo, así como si se da una afectación psicológica”, señaló.

La magistrada Robles Ramos aclaró que, para la dación de medidas cautelares y la determinación de la pena, es importante tanto el certificado médico legal y la pericia psicológica para verificar el daño causado.

/CRG/

El Poder Ejecutivo aprobó la creación de la “Mesa Técnica para el Desarrollo de la Provincia de Huanta” a cargo de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La norma, publicada hoy, precisa que la mesa técnica tiene por objeto coordinar, analizar y establecer una propuesta de agenda de intervenciones que aporten a la implementación del Plan de Desarrollo Local Concertado de la provincia de Huanta al 2034

Asimismo, buscará contribuir a la solución de la problemática socioambiental de dicha provincia ubicada en el departamento de Ayacucho.

De igual manera, evaluarán e identificarán las acciones y actividades orientadas a la mejora de la respuesta estatal a las necesidades de bienes y servicios de calidad para la población. 

En ese sentido, se generará capacidad de respuesta de los tres niveles de gobierno en el corto y mediano plazo.

Entre los que integran esta mesa técnica se encuentran los representantes de diversos ministerios, de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), así como, representantes y autoridades de Ayacucho. 

La mesa tiene un período de vigencia de 180 días calendario, contados a partir del día siguiente de la instalación. Vencido su plazo de, la Secretaría Técnica dispondrá de 45 días calendario, adicionales, para presentar un informe final a la Secretaría de Descentralización de la PCM.

/CRG/

La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, invocó hoy al Parlamento nacional a aprobar el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano, con el fin de endurecer las penas contra el sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.

“Es momento de endurecer las penas; es momento de demostrarle a la delincuencia que no van a poder con nosotros. Nuestros hermanos transportistas, nuestros hermanos bodegueros y las peruanas y peruanos que van a estudiar o a trabajar merecen hacerlo en un ambiente de paz y tranquilidad”, subrayó.

La mandataria hizo esta invocación al liderar la entrega de 120 camionetas a las comisarías de la Primera Macrorregión Policial Piura. La adquisición demandó una inversión superior a los 19 millones de soles y permitirá reforzar la seguridad pública y el orden interno en dicha región.

“Cada centavo invertido aquí es una muestra de nuestro trabajo diario por las hermanas y hermanos de Piura y del Perú, y de nuestro compromiso con la Policía Nacional. Asimismo, apoyamos a nuestros efectivos en su labor de garantizar la seguridad ciudadana”, señaló.

En ese sentido, la jefa de Estado pidió a los efectivos policiales de Piura y de todo el país que intensifiquen sus acciones contra la delincuencia y sean inflexibles en esta lucha contra la inseguridad ciudadana que su gobierno lidera.

“En mi gobierno no vamos a permitir el caos y la anarquía que muchos quieren sembrar. La seguridad de nuestros compatriotas es una tarea y un compromiso que hemos asumido con un alto sentido de responsabilidad y amor a la patria”, enfatizó.

Seguidamente, la presidenta afirmó que las labores policiales están siendo acompañadas de medidas drásticas aprobadas desde el Ejecutivo, con el objetivo de fortalecer esta batalla contra el crimen organizado.

En ese marco, recordó que hace algunos días el Ejecutivo aprobó el estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno del Callao como medida inmediata contra la inseguridad ciudadana.

De igual modo, el último fin de semana se realizó el segundo megaoperativo en 68 penales a nivel nacional, durante el cual se incautaron teléfonos móviles, aparatos electrónicos, sustancias ilícitas y armas de procedencia ilegal.

“Hemos dispuesto que estos operativos sean constantes e inopinados para que no les den respiro a estos delincuentes que, desde las prisiones, comandan redes de extorsión”, aseveró la mandataria.

Finalmente, la jefa de Estado hizo un llamado a la paz y a la unidad para luchar juntos contra la delincuencia y el crimen organizado.

“Este es un trabajo que solo juntos podemos conseguir: la sociedad civil, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridades locales, regionales y el Gobierno central. En lugar de mentiras, sembremos confianza; en lugar de cuentos, hagamos realidad la aspiración de millones de peruanos: un país unido, en paz y fortalecido económicamente”, remarcó.

NDP/MLG

La presidenta de la república, Dina Boluarte, afirmó que es momento de endurecer las penas contra los delincuentes, por lo cual exhortó al Congreso de la República para debatir de manera inmediata el proyecto de ley que modifica el código penal para incorporar el delito de terrorismo urbano.

Desde Piura, Boluarte resaltó que en los momentos de crisis es importante buscar unidad y coordinación entre los distintos poderes del Estado. Detalló que el crimen de la extorsión llegó a los distintos rubros y que viene afectando a los emprendedores. 

“Es momento de endurecer las penas; es momento de demostrarle a la delincuencia que no van a poder con nosotros. Nuestros hermanos transportistas, nuestros hermanos bodegueros y las peruanas y peruanos que van a estudiar o a trabajar merecen hacerlo en un ambiente de paz y tranquilidad”, subrayó.

En ese sentido, la jefa de Estado hizo un llamado a los efectivos policiales de Piura y de todo el país que intensifiquen sus acciones contra la delincuencia y sean inflexibles en esta lucha contra la inseguridad ciudadana que su gobierno lidera.

“En mi gobierno no vamos a permitir el caos y la anarquía que muchos quieren sembrar. La seguridad de nuestros compatriotas es una tarea y un compromiso que hemos asumido con un alto sentido de responsabilidad y amor a la patria”, enfatizó.

Seguidamente, la presidenta afirmó que las labores policiales están siendo acompañadas de medidas drásticas aprobadas desde el Ejecutivo, con el objetivo de fortalecer esta batalla contra el crimen organizado.

ACCIONES

La mandataria recordó que desde el Ejecutivo se aprobó el estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno del Callao como medida inmediata contra la inseguridad ciudadana.

De igual modo, Boluarte detalló que, el último fin de semana, se realizó el segundo megaoperativo en 68 penales a nivel nacional, durante el cual se incautaron teléfonos móviles, aparatos electrónicos, sustancias ilícitas y armas de procedencia ilegal.

TERRORISMO URBANO

Cabe resaltar que, el Gobierno presentó proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano para las conductas delictivas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.

Este proyecto se tiene previsto debatir y votar el próximo jueves 3 de octubre. Sin embargo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que propondrá a la Junta de Portavoces adelantar el Pleno para el martes 1 de octubre debido al incremento de la inseguridad ciudadana.

Finalmente, la jefa de Estado invocó la paz y la unidad para luchar juntos contra la delincuencia y el crimen organizado.

/CRG/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, participó en la ceremonia de entrega de 120 camionetas a comisarías de la Primera Macro Región Policial Piura.

Con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana de dicha región y con una inversión de más de 19 millones de soles, se realizó la entrega de estas modernas camionetas. 

Estos vehículos fueron adquiridos gracias a un convenio interinstitucional entre el gobierno regional de Piura y el Ministerio del Interior a fin de combatir la delincuencia y extorsiones. 

En la ceremonia de entrega, Boluarte hizo un llamado a la población para estar unidos y luchar contra el flagelo de la delincuencia. Asimismo, indicó que se ha desplegado todos los esfuerzos, por parte del ejecutivo, para arrestar a los criminales. 

“Necesitamos unidad para afrontar cualquier situación adversa (…). Vamos a derrotar a todos los delincuentes, todos estarán tras las rejas juzgados con el peso de la ley”, expresó la mandataria. 

En dicha actividad, también estuvieron el ministro Interior, Juan José Santiváñez, el gobernador de Piura, Luis Neyra y jefe de la Región Policial Piura, Manuel Farías Zapata.