Política

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, culminó esta tarde con dar respuestas a doce preguntas contenidas en dos mociones de interpelación.

Respecto a la primera moción, referida a la situación de la pobreza en el país y paralización de las obras a nivel nacional, entre otros, el titular del MEF explicó que la reducción permanente de la pobreza es posible cuando se da un crecimiento sostenido de la economía.

En tal sentido, recordó que de 2004 al 2019, la pobreza pasó de 59 % a 20 %, lapso en el cual el Producto Bruto Interno creció 112 %.

Manifestó que la estrategia para salir de la pobreza es impulsar la inversión pública y privada, así como simplificar los trámites administrativos. Añadió que ello permitirá un crecimiento de la economía de 4 % en abril e igual cifra para el mes de mayo.

En tal sentido, aseguró que se le viene brindando apoyo responsable a los gobiernos subnacionales y que se fomenta la inversión pública. Detalló que, al 11 de junio, esta alcanzó 18,695 millones de soles, lo que constituye un récord en los últimos cuatro años.

En otro momento, Arista negó que el Poder Ejecutivo haya impulsado medida alguna que afecte la negociación colectiva y recorte los beneficios de los trabajadores.

Arista informó también que desde el MEF se ha priorizado la ejecución de 76 obras paralizadas, que implican un financiamiento superior a los 561 millones de soles. Asimismo, se ha dispuesto el acompañamiento técnico respectivo, que ha permitido –hasta el momento- la reactivación de 16 obras.

Respecto de las obras paralizadas por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, señaló que “lamentablemente” solo pueden apoyar a través de la transferencia de partidas a los gobiernos subnacionales.

/ANDINA/PE/

La Academia de la Magistratura (AMAG) desaparecerá si se crea la Escuela Nacional de la Magistratura y el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia, tal y como se propone en un dictamen de la Comisión de Constitución del Congreso.

Mediante un pronunciamiento, dicha instancia consideró que su desaparición no sería recomendable, dadas las funciones que realiza.

Se recuerda en tal sentido que la Amag desempeña funciones de capacitación, perfeccionamiento y actualización de los jueces y fiscales.

En ese sentido, se considera que no es viable fusionar la Junta Nacional de Justicia con la Academia de la Magistratura puesto que ambas instituciones tienen responsabilidades distintas y por ende crear una institución que las agrupe para que realicen labores ajenas constituiría un retroceso en la tarea de la administración de justicia.

Se indica, por ello, que con este dictamen se busca “desacertadamente” centralizar funciones y competencias distintas en una sola entidad. Estas comprenden la responsabilidad de seleccionar y nombrar magistrados, pero también las de capacitarlos y formarlos, por lo cual, requieren especialidades diferentes.

Proponen fortalecer a la AMAG

En tal sentido, en vez de disponer su cierre, se plantea que se fortalezca a la Academia con un presupuesto autónomo. Ello permitiría mejorar las responsabilidades que le corresponden, de acuerdo a los preceptos constitucionales vigentes.

En su pronunciamiento la Amag enfatiza que la creación de la Escuela de la Magistratura sería contraria al principio de la separación de poderes. 

El vicepresidente del Consejo Directivo de esta institución, Jorge Luis Conde, dijo confiar en que los parlamentarios devolverán la propuesta a la Comisión de Constitución para un análisis más profundo de sus alcances.

/ANDINA/PE/

Rodolfo García, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció en el reciente Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la implementación de una estrategia multisectorial desarrollada por el Ministerio del Interior para combatir la minería ilegal en el país.

Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos del Ejecutivo por abordar de manera integral los desafíos que representa esta problemática. "Desde la PCM y el Gobierno en general, estamos desarrollando una estrategia nacional que involucra a una comisión multisectorial del Ministerio del Interior. Hemos concluido el diagnóstico y aprobado las líneas de acción que derivarán en planes específicos que cada institución deberá cumplir", afirmó García.

El alto comisionado subrayó la importancia de definir claramente la naturaleza del problema, que involucra variables económicas, políticas, sociales, ambientales y de seguridad nacional. "Si el Perú está exportando la misma cantidad de oro que la región y el 40% proviene de la minería ilegal, estamos ante un problema que requiere una respuesta coordinada y efectiva", explicó.

Cabe señalar que la estrategia nacional se basa en tres ejes principales: la formalización, la erradicación de la minería ilegal y la recuperación del medio ambiente. Además, se destacan dos ejes transversales: el legal y el social.

Asimismo, señaló que uno de los principales retos, en cuanto a la formalización, es que existen 20 instituciones involucradas en la formalización, lo que hace el proceso más complejo.

"No podemos combatir la minería ilegal sin una acción social coordinada y la participación de las empresas formales. La creación de empleo es un reto importante, ya que afectaremos a un grupo significativo de la sociedad", agregó García.

Medidas trasnacionales

Armando Gallegos, presidente del directorio y rector de la Escuela de Postgrado Gerens, enfatizó la necesidad de políticas públicas innovadoras y a gran escala para abordar este problema. "Los esfuerzos actuales, tanto del sector público como del privado, son insuficientes. Necesitamos pensar de manera creativa y coordinada entre el ejecutivo y el legislativo para enfrentar este desafío", señaló Gallegos.

Gallegos también resaltó que la minería formal debe convertirse en un mecanismo virtuoso de encadenamiento económico, generando empleo y desarrollo. "La minería ilegal genera empleo, pero de manera no virtuosa. Debemos abordar este problema con una perspectiva amplia y coordinada", concluyó.

/NDP/MPG/

El canciller Javier González-Olaechea Franco suscribió, a nombre del Perú, el Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados que contribuirá a luchar contra la biopiratería, con lo que se puede salvaguardar los recursos genéticos y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas.

Dicho instrumento internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) refuerza la eficacia, la transparencia y la calidad del sistema de patentes. 

Por ello, incorpora un requisito obligatorio de divulgación del origen o la fuente del recurso genético y/o conocimiento tradicional asociado a estos recursos.

A la fecha más de 30 países han autenticado el tratado, incluyendo siete de la región: Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y San Vicente y las Granadinas.

El ministro de Relaciones Exteriores firmó la autenticación a este tratado en la sede institucional de la OMPI y en presencia del director general de esta entidad, Daren Tang.

En el encuentro con el director general se hizo una revisión de la cooperación bilateral como el proyecto “Uchi creActivo: sembrando valor a través de la PI en los niños awajún”, la promoción del turismo gastronómico, el fortalecimiento de la denominación de origen Chulucanas, entre otros.

Reunión con el director de la OIT

El canciller y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, sostuvieron una reunión con el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo. 

En la cita se saludó la elección de Perú como miembro del Consejo de Administración del ente global y se reafirmó el compromiso del país con los fines de la organización.

También se indicó que el Perú participa activamente en la Coalición Mundial por la Justicia Social de la OIT, cuyo objetivo es generar compromisos políticos adicionales, promover medidas concretas y servir como un foro de diálogo e intercambio para equilibrar las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible.

/NDP/PE/

El secretario técnico de Gestión Ambiental del Poder Judicial, Henry Diburga Inga, advirtió que el uso de menores de edad para trabajo forzoso en actividades mineras tiene una pena máxima de 10 años privativa de la libertad. 

“Nosotros sabemos que los menores de edad no tienen capacidad de decisión autónoma, hay una patria potestad detrás de ellos, según la norma vigente. Son las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal que hacen uso de la mano de obra de menores de edad, por el costo de la mano de obra barata”, explicó. 

En ese sentido, señaló que en si el Ministerio Publico encuentra en sus actos de investigación a menores de edad en plena actividad minera o haciendo algún trabajo que esté relacionado a este fin debe requerir al Poder Judicial para que imponga una sanción. 

Al respecto, explicó que, si el caso llegara la instancia de un juicio oral y de encontrarse culpabilidad, este delito tiene como pena mínima ocho años y máxima de diez años de cárcel efectiva. 

“Este tipo de situaciones ocurren en zonas mineras donde el Estado no ha alcanzado su control, en lugares que se encuentran a muchas horas de la ciudad, donde muchos escolares dejan sus estudios, ya que se ven obligados por los padres, quienes se convierten en cómplices de este atropello, utilizando a los menores de edad”, aseveró.

IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA AMBIENTAL 

En tal sentido, el doctor Diburga Inga, resaltó además la importancia de la Justicia Ambiental y de la implementación de los juzgados especializados en competencia ambiental a nivel nacional, donde el único beneficiario es el usuario.    

La minería ilegal es la actividad que se realiza en espacios prohibidos como las riberas de los ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. 

Pero, también se considera minería ilegal a los que usan equipo y maquinaria pesada, que no corresponde a la categoría de pequeña minería o minería artesanal, aseguró que uno de los mayores problemas es el trabajo forzoso de menores de edad en la extracción de minerales de manera ilícita.

/NDP/MPG/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, afirmó que uniendo esfuerzos con el sector privado se convertirá al Perú en el "hub" marítimo del Pacífico Sur hacia el continente asiático, con la entrada en operación del terminal portuario de Chancay.

La mandataria ofreció estas declaraciones tras participar en la supervisión de los avances de dicho terminal, donde también se recibieron las primeras cinco grúas eléctricas. 

"Es así que, uniendo esfuerzos con el sector privado, al que apoyamos con determinación, convertiremos al Perú en el 'hub' marítimo del Pacífico Sur hacia el continente asiático con este terminal portuario de Chancay que hoy visitamos", manifestó.

Asimismo, señaló que las grúas eléctricas permitirán reducir los tiempos de espera y aumentarán la capacidad de carga del puerto.

"Este hito marca el inicio de una serie de arribos programadas para traer al país todos los equipos necesarios para la operación del puerto de Chancay, cuyo inicio está previsto para noviembre en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 2024", dijo.

La jefa de Estado recordó que en su primera etapa este terminal portuario recibió una inversión de 1,400 millones de dólares, generando más de 9,000 puestos de trabajo directos e indirectos, encontrándose en la actualidad en un 80 % de avance. 

/MRG/

A través de la cuenta oficial de la Presidencia, se dio a conocer que la mandataria, Dina Boluarte, supervisa hoy los avances del terminal portuario de Chancay, ubicado al norte de la ciudad de Lima.

Esta información fue dada a conocer Según la agenda presidencial, en el lugar, la mandataria también participará en la presentación de las primeras grúas eléctricas.

La supervisión está prevista a efectuarse desde las 12:00 horas en el terminal portuario ubicado en Huaral, Región Lima.

La construcción del nuevo Terminal Portuario Multipropósito de Chancay permitirá que el Perú se convierta en una potencia a nivel comercial, debido a que será el primer centro logístico del Pacífico sudamericano.

/DBD/

El fiscal José Domingo Pérez descartó cualquier tipo de uso mediático de la información que se obtenga de la diligencia de apertura y extracción de los celulares (teléfonos móviles) del expresidente Alan García.

"Descarto que pueda haber uso mediático, toda vez que esta diligencia cuenta con permiso judicial, recordar que estos celulares fueron recabados luego del suicidio (de Alan García) y fueron entregado a la Fiscalía de Lavado de Activos y solicitamos permiso para obtener información", precisó.

En declaraciones a los medios de comunicación, José Domingo Pérez aseguró que las defensas legales de los involucrados, desde un primer momento, buscaron evitar esta diligencia, pero que al contar con el permiso judicial pertinente se podrá realizar.

"Vamos a esperar el pronunciamiento de los peritos, si es que esta diligencia concluye el día de hoy o es que va a demandar algunas otras jornadas más", explicó.

Respecto a la inconstitucionalidad de la diligencia, planteada por la defensa legal de la familia del expresidente, precisó que este planteamiento ya fue descartado por la justicia.

En ese sentido, Erasmo Reyna, defensa legal de los deudos de García Pérez, reiteró que la apertura y extracción de información de sus celulares es una medida "inconstitucional".

/DBD/

Mediante el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Congreso de la República oficializó diversas modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones y a la Ley de Organizaciones Políticas, con la finalidad de establecer medidas para la optimización del proceso electoral.

En tal sentido, se modifican los artículos 47, 58, 104 y 116 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, respecto a los jurados electorales especiales; el cargo de miembro de mesa; la inscripción de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República; y la forma de elección de las listas de candidatos a los comicios, respectivamente.

Asimismo, se incorpora el artículo XVI al Título Preliminar, la decimoctava disposición transitoria, y la quinta y sexta disposición final a la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

Estas modificaciones se refieren al principio de retroactividad benigna de la ley; respecto a la convocatoria de las elecciones generales del 2026, que se realizará con una anticipación no menor de 365 días calendario de la fecha del acto electoral; sobre dejar sin efecto las multas administrativas; y la posibilidad de postular en dos procesos electorales el mismo año.

Además, también se modifican los artículos 8 y 10 de la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales, sobre los impedimentos para postular a este proceso; y sobre la inscripción de listas de candidatos que debe ser presentada hasta 110 días calendario antes de la fecha de los comicios.

De igual modo, se modifican los artículos 12 y 14 de la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, respecto a la inscripción de las listas de candidatos; y los impedimentos para postular en los procesos regionales.

También, la norma establece la modificación de los artículos 8, 11-A, 13, 13-A, 18, 23, 24-A, 31, 34, 36-B y 37 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas.

Estos cambios se refieren a los comités partidarios y su constitución; la suspensión de inscripción de organizaciones políticas; las causales de cancelación de inscripción de un partido; causales de cancelación de la inscripción de un movimiento regional; afiliación a la organización política; y las candidaturas sujetas a elecciones primarias.

Igualmente, sobre los candidatos en elecciones primarias; la verificación y control de los candidatos; las sanciones a los candidatos, y respecto al financiamiento público indirecto.

Por otro lado, también se incorpora el artículo 23-B a la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre el pago de tasas en materia electoral y sus excepciones.

Asimismo, se modifica el artículo 2 de la Ley 30322, Ley que crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral, para la presentación de solicitudes de información.

Del mismo modo, se cambia el artículo 13 de la Ley 31227, norma que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos.

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El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha solicitado hoy, de manera urgente, al Ministerio Público garantizar la presencia de fiscales durante la ejecución del operativo "Amanecer Seguro", en los diferentes distritos donde se realiza esta estrategia a fin de que los delincuentes capturados sean juzgados de acuerdo a ley.

"Señor Fiscal de la Nación, después de la reunión que tuvimos, la Fiscalía de Prevención del Delito nos acompañó en el primer operativo y luego ya no se aparecieron más en los tres siguientes. No seamos escobita nueva solo para la prensa. Por eso, solicitamos o mejor exigimos la presencia del Ministerio Público para que estos operativos no queden en la captura de delincuentes sino terminen y concluyan en la declaración de prisión de aquellos que delinquen", aseveró.

De esta manera, instó a la Fiscalía a continuar participando en los operativos Amanecer Seguro que ejecuta la policía en beneficio de la seguridad ciudadana. Remarcó que la presencia de esta institución es importante y no debe ser esporádica.

"Confíen en su policía, en sus juntas vecinales y en su autoridad municipal. Estamos trabajando de la mano y comprometidos en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado", expresó.

Asimismo, durante el operativo Amanecer Seguro en el distrito de Santa Anita, el titular de dicha cartera indicó que se ha detenido, hasta el momento, a 40 personas por diversos delitos, capturar a 17 requisitoriados, desarticular a 3 bandas delictivas e incautar 26 celulares.

Recalcó que estas acciones se realizan de manera inopinada en los 43 distritos de Lima Metropolitana con el objetivo de combatir a la delincuencia.

Santiváñez remarcó que en los próximos días se ejecutará un megaoperativo a nivel nacional, en el marco del plan Amanecer Seguro, en donde más de 50 000 efectivos de la policía saldrán a las calles.

/DBD/