Estaba pendiente confirmar la ratificación de Carmen Velarde como jefe de la ONPE y de Piero Corvetto como jefe de Reniec.

Con la salida de los magistrados, Aldo Vásquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se verá afectado el proceso de elección de los jefes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Como se recuerda la ratificación de Carmen Velarde como jefe de la ONPE y de Piero Corvetto como jefe de Reniec estaban programadas para el próximo viernes 3 de mayo.

Luego de las entrevistas, los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tenían plazo entre el viernes 3 de mayo y el martes 7 de mayo para decidir si mantendrían o no a estas personas en sus puestos.

Frente a la determinación de Tribunal Constitucional, se desconoce qué sucederá con los representantes de los organismos institucionales generando con ello gran expectativa.

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"Se resuelve declarar fundada en parte la solicitud de medida cautelar solicitada por el Congreso de la República. Suspender los efectos de la Resolución 1, de fecha 22 de marzo de 2024, emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (...) hasta que la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelva el recurso de apelación interpuesto por el Congreso de la República", se lee en la documentación.

"Declarar, por mayoría de 4 votos contra 2, improcedente el pedido presentado por el procurador público (e) del Congreso de la República, en el extremo que solicita que se disponga la inmediata nulidad de la Resolución 1, de fecha 22 de marzo de 2024, emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el incidente cautelar del proceso de amparo signado con el Expediente 01034-2024-69-1801-SP-DC-01, que dispuso suspender las resoluciones legislativas que inhabilitaron por 10 años a doña Luz Inés Tello de Ñecco y de don Aldo Alejandro Vásquez Ríos", se lee en el documento emitido por el TC.

La presidenta de la república, Dina Boluarte, firmó hoy la autógrafa de Ley que crea la Universidad Nacional de Carabaya en la región Puno y recalcó que esta nueva casa superior de estudios aportará al desarrollo de Puno y el Perú.

La jefa de Estado explicó que la nueva universidad ofrecerá las carreras de economía, contabilidad, ingeniería agropecuaria, ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería de recursos energéticos, medicina humana, obstetricia enfermería y sicología.

"Es una universidad que va a agarrar las mejores ciencias para que Puno y el Perú se desarrollen", expresó.

Sin embargo la mandataria consideró que la nueva casa superior de estudios debería contar con la carrera de Ingeniería de Minas teniendo en cuenta que Puno es un región que cuenta con grandes cantidades de recursos mineros

La presidenta Boluarte comunicó que, si bien la universidad será casi autogestionaria, desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se brindará un presupuesto inicial para impulsar su funcionamiento lo más rápido posible.

En tal sentido, señaló que el centro de estudios se financiará con recursos propios autogenerados, con el canon, donaciones, legados y lo que se gestione con los distintos niveles de gobierno.

La Jefa de Estado animó a los estudiantes de secundaria de Puno y regiones cercanas a no perder el tiempo.

Señaló que el gobierno no se cansará de seguir apostando y rompiendo barreras para avanzar y cerrar brechas con el objetivo de instaurar una educación de calidad.

La ceremonia de promulgación de la Ley que crea la Universidad Nacional de Carabaya se llevó a cabo esta tarde en Palacio de Gobierno tuvo la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; el ministro de Educación, Morgan Quero, el alcalde de Carabaya, Edmundo Cáceres, entre otras autoridades.

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Los tres policías que habrían colaborado con una organización vinculada a la minería ilegal en Amazonas podrían ser expulsados por medida disciplinaria si las pruebas así lo determinan, señaló hoy el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez.

El representante del Mininter señaló que los tres suboficiales fueron asignados a la Comisión de Alto Nivel, a cargo del Gobierno, quien se dirigió a la provincia de Condorcanqui para conversar con los nativos Wampís, quienes habían capturado a estos agentes policiales y a otros seis agentes civiles.

Santiváñez Antúnez aclaró que la acción de este grupo de alto nivel no fue para rescatar a estas nueve personas de su retención, sino para, a través de una acción conjunta con el Ministerio Público, ponerlos a disposición de la justicia.

“Se están iniciando internamente en la Policía Nacional, las investigaciones para proceder de acuerdo con la ley de régimen disciplinario y, en caso las investigaciones lo determinen, ser pasados al retiro por medida disciplinaria”, resaltó el viceministro.

Los detenidos habrían incurrido en un presunto favorecimiento a la minería ilegal, al transportar de Ecuador a Perú maquinaria destinada a esta ilícita actividad, a través del río Santiago, lo que motivó que los habitantes de las comunidades del distrito del mismo nombre, procedan a realizar la detención ciudadana.

Luego de la llegada de esta Comisión de Alto Nivel a la zona, los tres policías y seis civiles fueron puestos a disposición de esta delegación oficial, que el último martes se reunió con representantes de esta comunidad para efectuar las coordinaciones del caso.

En dicho encuentro, el viceministro escuchó el sentir de los nativos de la Nación Wampís, quienes demandan mayor seguridad y rechazan actividades que dañan el medioambiente y generan violencia, como la minería y la tala ilegal, así como sus delitos conexos.

Santiváñez Antúnez comunicó también que, en el marco de los acuerdos adoptados con la comunidad, se dispondrá mayor presencia de policías en la zona, quienes incluso podrían instalarse en un local del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernamp).

Saludó también la genuina voluntad de los dirigentes Wampís de dialogar y defender su territorio de la minería ilegal, y reafirmó el compromiso del Gobierno de promover actividades económicas que desalienten a la población a incurrir en este flagelo.

Además del viceministro Santiváñez Antúnez, participaron en la mesa de diálogo el Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, Rodolfo García Esquerre, el secretario técnico Wampís, Kefren Giraña Yagkuar, y otros líderes de esta comunidad.  

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El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, ratificó el compromiso de su gestión por agilizar los procesos, darle rostro humano a la justicia acercándola a los peruanos. Fue al inaugurar el Módulo Corporativo Contencioso Administrativo Laboral y Previsional en el distrito de Los Olivos.

“Los procesos laborales que se verán en este módulo son procesos especiales relacionados a trabajadores del sector público y pensionistas, tema que nos preocupa mucho, sus demandas que deben ser atendidas y el Poder Judicial no se olvida de ese sector amplio de la población que necesita acceso a la justicia”, expresó Arévalo Vela.

El nuevo módulo, ubicado en la avenida Antúnez de Mayolo N°1280, beneficiará a más de cien mil ciudadanos de los distritos de Comas, Independencia, San Martín de Porres, Carabayllo.  

Procesos laborales

La iniciativa permitirá agilizará procesos judiciales en las especialidades de contencioso administrativo, procesos laborales, y previsional que incluye buscar la asignación de una pensión de jubilación. 

Los juzgados laborales contenciosos abordan una amplia gama de temas relacionados con conflictos laborales como reclamaciones salariales, reconocimiento de derechos laborales, discriminación laboral, despidos injustificados, acoso laboral, entre otros.

“Este módulo en la especialidad contencioso administrativa laboral y previsional convierte al Distrito Judicial de Lima Norte en la sexta corte del país en implementar el nuevo modelo de despacho corporativo, y el despacho clásico tiene que desaparecer”, expresó el doctor Arévalo Vela.

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La vivienda y las oficinas del investigado congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo han sido allanadas por parte de los agentes de la Fiscalía de la Nación y de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

De acuerdo con el Ministerio Público, el parlamentario acciopopulista viene siendo investigado por presuntamente estar involucrado en un caso sobre presunto recorte de sueldos.

Se informó que las diligencias, que encabeza el Área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía, se ejecutan en el domicilio de Doroteo, localizado en la avenida Cortijo, en el distrito limeño de Santiago de Surco.

Las autoridades también irrumpieron en sus oficinas parlamentarias, al promediar las 11 de la mañana, cuando, en un operativo conjunto, dos equipos conformados por la Fiscalía y la PNP se presentaron ante la cuadra tres del jirón Huallaga y la cuadra 2 de la avenida Abancay, a fin de intervenir dos edificios del Congreso de la República.

El Ministerio Público también requirió el allanamiento a dos de las camionetas que Raúl Doroteo tiene asignadas a su nombre. Asimismo, se ha resuelto “autorizar la incautación de bienes, especies y documentos que guarden relación con el delito investigado".

Además de la medida de allanamiento e incautación, la Fiscalía también había solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones del legislador Doroteo Carbajo. Sin embargo, el juez Checkley Soria rechazó la medida, alegando que la solicitud para que se conceda la medida restrictiva no cumple con los requisitos según ley.

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La audiencia de requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez ha sido programado para el próximo martes 30 de abril a las 11:00 horas según el Poder Judicial.

El juez Saúl Peña Farfán, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, procedió a señalar fecha de la sesión audiencia, la cual tiene carácter de privada y se realizará de forma virtual, procediendo a notificar a los partes del proceso.

Como se recuerda, la parlamentaria es investigada por el presunto recorte de sueldo a sus trabajadores.

En la víspera, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Ruiz Rodríguez, en su condición de congresista de la república, como presunta autora del delito de concusión, en concurso real con el delito de colusión agravada, en agravio del Estado.

En cuando al delito de concusión, los hechos están referidos a la contratación, como trabajadores de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria del Congreso de la República, de Carlos Augusto Marina Puscan y María Greta Deza Batallano.

Mientras que el presunto delito en concurso real con colusión agravada, está vinculado a la contratación de Camila Melissa Mantilla Heredia, en el despacho congresal.

El Ministerio Público informó también que el pasado 11 de abril se iniciaron diligencias preliminares contra la congresista Ruiz Rodríguez, el fiscal Richard David Rojas Gómez y Alex Junior Rojas Gómez (hermano del fiscal) por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.

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El Gobierno, mediante el Ministerio del Interior, brindará un reconocimiento al suboficial de segunda de la PNP, Verónica Gargate Coaguil, quien rescató vía aérea a un adulto mayor atrapado por un incendio en un edificio en el centro de Lima, comunicó el titular del sector Interior, Walter Ortiz.

En conferencia de prensa, después de la sesión de hoy del Consejo de Ministros, Ortiz precisó que este reconocimiento, que también incluirá a toda la tripulación del helicóptero que participó en este rescate, se hará efectivo mediante una resolución ministerial que se emitirá en las próximas horas.

Destacó el profesionalismo de los agentes policiales en las acciones de rescate y aseguró que todos ellos están preparados para cumplir con su tarea de salvar vidas.

El martes 23 de abril, el suboficial de segunda PNP Verónica Gargate Coaguila, de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol), rescató a un hombre que se quedó atrapado en la azotea de un edificio ubicado en la cuadra 10 del jirón Áncash, en el Cercado de Lima, cuyas partes altas ardían en llamas producto del material inflamable.

Al respecto, el gral. PNP Fredy Lopez, director de Aviación Policial, dijo que el personal femenino descendió aproximadamente 50 metros desde el helicóptero hasta donde estaba el evacuado, quien no tenía un lugar por donde bajar del edificio y escapar.

“El humo iba creciendo. En ese momento, procedimos a ascender y ponerlo a buen recaudo al interior del helicóptero", subrayó.

Resaltó que este tipo de operaciones no son tan sencillas y hay que tener un entrenamiento bastante profesional para que el rescate salga totalmente impecable.

"No tenemos antecedentes bajo estas condiciones y sobretodo que, finalmente, la persona rescatada ha podido ser traslada al hospital totalmente estable".

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“Como ya hemos informado y reiterado nuestras prioridades como gobierno son la reactivación económica y la seguridad ciudadana, por ello solicitaremos facultades legislativas para poder normar sobre esta materia”, apuntó.

Entrega de armas ilegales

"Hemos realizado el análisis respecto de la ley 31324, relativa a la entrega de armas de fuego y tenemos allí algunas consideraciones que están siendo objeto de estudio por nuestra parte, el proyecto aprobado contiene una regulación según la cual se estarían otorgando compensaciones económicas a quienes recurran a este procedimiento", explicó.

Para fortalecer el avance de la remediación de pasivos ambientales mineros que realiza la empresa pública Activos Mineros (AMSAC), su gerente general, Antonio Montenegro, detalló que vienen impulsando la actualización de ciertas normativas al respecto y una política de remediación.

“Creo que debe ponerse especial importancia en lo que es la modernización de las normativas, que nos permita intervenir inmediatamente (los pasivos ambientales mineros). Creo que allí está uno de los puntos clave de que la población vea inmediatez en la intervención que el Estado realiza en tutela de la salud de la población y del ecosistema”, señaló Montenegro en el programa Diálogos Mineros, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Parte de lo propuesto implica la actualización de la Ley de Pasivos Ambientales, de modo que les permita intervenir con labores vinculadas a la remediación desde el día uno de conocerse la situación en las zonas contaminadas.

Asimismo, han planteado una política de remediación al Estado, que favorezca el cierre de brechas y optimice la gestión presupuestal.

“El Estado, de alguna manera, no tiene como una característica que le sobre dinero, entonces si eso es así, tenemos que generar espacios que ayuden a cerrar pasivos ambientales”, indicó.

Al respecto, Montenegro explicó que hay ciertos casos en donde no se puede cuestionar ni proyectar algún tipo de intervención ajena a la remediación ambiental, pero hay otros pasivos que pueden ser reaprovechados por empresas del sector, los cuales se deberían priorizar para promocionar con esta alternativa de reaprovechamiento y posterior cierre final.

Adicionalmente, resaltó como parte de las estrategias presentadas la remediación vía obras por impuestos. Esto sugiere que empresas formales de mediana o gran minería puedan intervenir en pasivos ambientales que se encuentren cercanos a sus operaciones y el trabajo sea considerado como impuestos.

De acuerdo con el gerente general de AMSAC, la remediación mediante obras por impuestos tendría “un impacto ambiental, social y un rédito para la misma empresa que se preocupa del ambiente y recupera zonas que vienen impactando en la salud de la población”.

De igual manera, señaló que la política de remediación ambiental planteada considera la activación de un Fondo Ambiental Multisectorial, para que todo este escenario sea desarrolle mediante ello, que se genere “una bolsa de inversión a través de saldos de balance u otros tipos de ingresos que puedan aportar los que tienen obligaciones en cierres de brechas ambientales, estamos hablando del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, del OEFA”, comentó.

Cabe mencionar que actualmente las labores de remediación son financiadas a través del Fideicomiso Ambiental, a cargo de Fonafe y ProInversión, y el Fideicomiso de Pasivos de Alto Riesgo, el cual requiere la suscripción de un Convenio de Transferencia Financiera entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y AMSAC.

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