Política

Ante el anuncio de una paralización, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto Palacios, pidió información con carácter de urgente a los ministerios de Economía y Finanzas y Transportes y Comunicaciones, sobre la situación del corredor Morado.

En carta remitida a ambas carteras, Soto pide que se informe las acciones realizadas hasta el momento en torno a un posible incumplimiento de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) del pago de deudas contraídas durante la gestión.

Pide además que se remita toda la documentación relacionada con el acuerdo contractual o acuerdos vigentes con los representantes del corredor Morado, así como el sustento técnico que permita la operatividad y continuidad del servicio, en línea con las competencias de dichos ministerios.

Sobre la paralización, anunciada para el 4 de marzo, Soto expresó su preocupación por el eventual impacto que tendría la medida en los usuarios de este servicio, especialmente aquellos provenientes de distritos con alta densidad poblacional. 

 “Este problema se suma al caos existente en el transporte urbano de la ciudad y afectará a más de 100 mil usuarios, sobre todo en distritos como San Juan de Lurigancho, el más poblado de la capital”, indicó.

Los operadores del corredor Morado señalaron que la paralización total o parcial del servicio está justificada y advirtieron que empezaron a desactivar servicios, como la troncal 409, una de sus cinco rutas.

El pedido de información, de acuerdo a la Comisión de Defensa al Consumidor busca garantizar la transparencia y la protección de los derechos de los usuarios del transporte público en la capital.

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El canciller Javier González-Olaechea Franco anunció que se fortalecerán los mecanismos de supervisión de las actividades que desarrollan las Organizaciones No Gubernamentales.

“Somos especialmente conscientes de que gran parte de la cooperación que actualmente recibe el Perú es ejecutada por Organizaciones No Gubernamentales, y por ello apreciamos su valiosa contribución, que evidencia, de forma tangible, los beneficios de la articulación público-privada”, expresó en el evento desarrollado en Palacio de Gobierno.

Durante la actividad “Apertura del año de actividades con la cooperación internacional y Foro de cooperantes extraordinario 2024”, señaló que, dado el impacto significativo de las acciones emprendidas por estas organizaciones, se reconoce la importancia de que el Estado peruano supervise y regule adecuadamente sus actividades.

“En consonancia con esta necesidad, fortaleceremos los mecanismos de supervisión, beneficiando, de esta manera, a las organizaciones aludidas como a la sociedad, en el marco de los principios de transparencia y de mutua responsabilidad”, afirmó.

González-Olaechea también afirmó que la cooperación internacional es “un componente esencial para complementar los esfuerzos nacionales” y que es un eje central de la Política Exterior Reforzada (PER).

Detalló que, en el marco de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional al 2030, se despliegan esfuerzos para incrementar la coordinación con las fuentes cooperantes, con miras a llevar a cabo proyectos en regiones que afrontan desafíos relacionados con el desarrollo socioeconómico, seguridad alimentaria, capacidades institucionales, tecnología, equipamiento, y preparación y respuesta ante desastres.

Asimismo, hizo especial mención a la cooperación humanitaria, orientada a la atención de necesidades primarias producto de los desastres naturales y destacó el rol dual del Perú como receptor y oferente de la cooperación internacional.

“A través de la Cooperación Sur-Sur, Triangular y Alianzas Multiactor, se viene promoviendo el intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias y buenas prácticas”, puntualizó.

La ceremonia contó con la participación de la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola, así como la Alta representante del Perú para el proceso de adhesión a la OCDE, embajadora Ana Rosa Valdivieso; y el director ejecutivo (e) de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Eduardo Sal y Rosas.

También estuvieron presentes los ministros de Estado, congresistas, jefes de Misiones Diplomáticas, representantes de organismos internacionales y directores y/o coordinadores de las agencias de cooperación acreditadas en el Perú.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó hoy que la cooperación internacional es un recurso clave para alcanzar la metas en diversas áreas críticas, con la recuperación de la economía y la seguridad ciudadano, logrando con ello un desarrollo sólido y equitativo en el país.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en la apertura del año de actividades con la cooperación internacional y el Foro de Cooperantes Extraordinarios 2024, actividad desarrollada en Palacio de Gobierno.

"La cooperación internacional se muestra, así como un recurso clave para alcanzar nuestras metas en estas áreas críticas, propiciando desarrollo más sólido y equitativo en el país", aseguró.

La presidenta recordó que su Gobierno está enfocado en realizar acciones sectoriales y multisectoriales orientadas a la recuperación económica y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

En ese sentido, la mandataria afirmó que se canalizarán mayores recursos hacia proyectos específicos que contribuyan a la construcción de comunidades seguras y resilientes.

Asimismo, explicó que la cooperación internacional "es también un componente esencial para que el Perú avance en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)".

"Es un reto pendiente, no solo consolidar los recursos de cooperación en beneficio de los ciudadanos sino posicionar al Perú como un país oferente de cooperación técnica en línea con nuestros objetivos de política exterior y el proceso de adhesión a la OCDE", aseguró. 

En otro momento, la jefa de Estado afirmó que el Perú "es un socio confiable en la arena internacional y asumimos la responsabilidad de cooperar con otros países a través de la cooperación sur - sur o esquemas triangulares, para afianzar lazos con naciones amigas y contribuir desde nuestra experiencia y fortaleza".

"La cooperación técnica internacional representa una pieza clave en el fortalecimiento del multilateralismo como respuesta articulada de la comunidad internacional a los principales desafíos de la agenda de desarrollo con el permanente objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, sin dejar a nadie atrás", agregó.

Además, añadió que la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional al año 2030, es el principal instrumento para la gestión de la cooperación técnica internacional en nuestro país, con alcance obligatorio para las entidades del Estado, en todos los niveles de Gobierno

"Dicho instrumento busca que se realicen acciones que consoliden la eficacia de la cooperación internacional de acuerdo a prioridades nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030", sostuvo.

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El Poder Judicial informó que este 8 de marzo se llevará a cabo la audiencia de prórroga de la investigación preparatoria por 8 meses del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

De acuerdo con la resolución del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, la citada audiencia se llevará a cabo de manera virtual a las 10:00 horas, a través de la plataforma Google Hangouts.

La magistrada Margarita Salcedo emitió la resolución tras el requerimiento del Ministerio Público, procediendo a notificar a Lidia Farfán Espinoza y otros investigados en este proceso por el delito de cohecho activo especifico.

"Poder Judicial, a través del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, programó para el 8 de marzo, a las 10:00 a. m., la audiencia virtual en la cual evaluará la prórroga de la investigación preparatoria por 8 meses en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”", informó dicho poder del Estado a través de su cuenta oficial de X.

La organización "Los Cuellos Blancos del Puerto" fue desarticulada en un megaoperativo el 29 de julio del 2018, tras una paciente labor de investigación que incluyó la interceptación legal de las comunicaciones telefónicas a magistrados y varios funcionarios del ámbito judicial. A los procesados por este caso se les imputan una serie de delitos como criminalidad organizada, tráfico de influencias, entre otros en agravio del Estado.

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Ante las alarmantes cifras de violencia y feminicidio contra las mujeres en el país, la Mesa de Mujeres Parlamentarias, presidida por la congresista Auristela Obando Morgan, llevó a cabo su Quinta Sesión Ordinaria.

En el encuentro las legisladoras acordaron solicitar al Poder Ejecutivo, la necesidad de implementar políticas efectivas que contrarresten estos delitos, informó Obando Morgan.

Las cifras son alarmantes, durante el año 2023, en el país fueron asesinadas 165 mujeres, lo que evidencia un notable incremento respecto a las 130 mujeres asesinadas en 2022. Así mismo, en los primeros quince días de enero del 2024 se van cometiendo 5 feminicidios, un promedio de una mujer cada dos días.

“Hacemos un llamado al Ejecutivo por el repunte de los feminicidios y actos de violencia contra las mujeres, la urgente revisión de las políticas públicas y estrategias de seguridad existentes, así como fortalecer medidas de prevención y protección hacia ellas”, señaló la congresista Obando.

Asimismo, con ocasión de conmemorarse el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, las parlamentarias miembros de este grupo de trabajo, coincidieron en realizar un acto de reconocimiento a valerosas mujeres que vienen cumpliendo un rol importante en nuestra sociedad como ejemplo de superación y empoderamiento.

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El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, afirmó que la propuesta peruana de reforma al sistema de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) recibió reacciones positivas en el exterior, una iniciativa legítima que aboga por la humanidad y no pidió nada a cambio.

Como se recuerda, el Perú, a través del canciller, presentó esta propuesta en el marco  de su participación en el programa principal de la 60 Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Las reacciones han sido todas muy positivas, además creo que la gran legitimidad que tiene esta propuesta peruana es que el Perú no pidió nada, nosotros no hemos pedido la ampliación del número de miembros permanentes, no hemos pedido ser parte este privilegiado compacto de cinco miembros, sino que abogamos por la humanidad", dijo en RPP.

En ese sentido, manifestó que la intención de esta propuesta es que se puedan vetar iniciativas con tres votos de los miembros permanentes, para que no ocurran las violaciones de Derechos Humanos, las crisis humanitarias, así como los conflictos interestatales e intra estatales.

"Todo lo que viola la Carta de San francisco, que funda las Naciones Unidas, porque este veto (de solo uno de sus miembros), en el fondo, contraviene el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas que proclama la igualdad de los Estados", refirió.

El canciller refirió que esta iniciativa de reforma fue estudiada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, viendo que varias propuestas previas tenían como características que eran grupales (varios países) en función de su proximidad regional o ideológica; y que se solicitaba la ampliación del número de asientos permanentes en el Consejo de Seguridad.

"Entonces, pensando en cómo se podía hacer una propuesta que fuera con el tiempo pensé en que podíamos hacer una propuesta y cayó muy bien, y está siendo difundida en varios medios del exterior, sustentándola en lo que denominamos la mayoría de tres", comentó.

Javier González-Olaechea explicó que la propuesta peruana señala que si hay cinco miembros del Consejo de Seguridad con capacidad de veto, que sea tres el número necesario para realizar el veto y no uno, como ocurre en la actualidad.

"Y en adición, que justifiquen públicamente su veto, de manera que puedan explicar a la opinión pública internacional porqué veta y también para que sea transparente el accionar en el tiempo", agregó.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, participa en la apertura del año de actividades con la cooperación internacional y el Foro de Cooperantes Extraordinarios 2024.

Dicha actividad, que se inició hace algunos minutos, se desarrolla en Palacio de Gobierno.

En la cita participan el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el canciller Javier González-Olaechea; entre otras autoridades.

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La Contraloría General de la República oficializó la incorporación a su ámbito de 102 Órganos de Control Institucional (OCI) correspondientes a similar número de entidades públicas; entre ellos el Despacho Presidencial de la Presidencia de la República.

Estas incorporaciones fueron establecidas mediante la resolución 090-2024-CG de la referida institución, publicada hoy en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Además de la mencionada instancia de la Presidencia de la República se incorporaron a la Contraloría General los OCI de 17 ministerios, así como los de las instituciones del Sistema Electoral (Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil).

Figuran en la lista, asimismo, los OCI del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo, así como los de Petroperú y de la empresa Servicios Industriales de la Marina (Sima) y Sima Iquitos.

Se incorporan además a la Contraloría los OCI de 35 universidades públicas, del Seguro Social de Salud, de la Dirección Regional de Salud Pasco y de ocho hospitales regionales, entre otras entidades.

Esta incorporación se hace extensiva también a los órganos de control institucional de los proyectos especiales Plan Copesco, Olmos Tinajones, Chira Piura, Huallaga Central y Bajo Malo; Alto Mayo, de afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de Tacna; de irrigación e hidroenergético Alto Piura, y del Plan Meriss – Cusco.

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Las extorsiones a las bodegas, pequeños negocios de los barrios del país, será abordado en el Congreso de la República a través de la conferencia "Inseguridad y desafíos de emprendedores bodegueros ante la delincuencia".

Esta reunión es organizada por el primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría y el programa "Miércoles de Emprendedores" de la Oficina de Participación Ciudadana.

La conferencia contará como expositores a todos los sectores involucrados para dar a conocer la ciudadanía la real dimensión del flagelo de la extorsión a este importante sector emprendedor como también dar cuenta de las acciones que está realizando la Policía Nacional del Perú y el Gobierno para combatirlas.

En tal sentido, participarán la gerenta general de la Asociación de Bodegueros del Perú, Gisela La Cruz Vargas; el director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Marco Conde Cuellar; la presidente de la Asociación Nacional de Emprendedores, Mayra Ibañez; el Ministerio de la Producción; y el congresista Alejandro Muñante.

Asimismo, se informó que la conferencia estará abierta al público y se desarrollará hoy desde las 18:00 horas en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República.

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La Fiscalía de la Nación informó esta noche que se comenzó las diligencias preliminares contra el expresidente Martín Vizcarra y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de organización criminal.

Se toma esta acción en mérito al informe 02-2024-4D-EFICCOP del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), que investiga presuntos actos de corrupción en la entrega de obras en Provías Descentralizado a cambio del pago de coimas.

El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación investiga tanto a Vizcarra como a Trujillo como presuntos autores del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal e instigadores del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada.

Ambos exaltos funcionarios públicos cuenta con la prerrogativa de aforados, razón por la cual corresponde a la Fiscalía de la Nación realizar las investigaciones.

En tanto, el EFICCOP, a cargo de la fiscal Marita Barreto, investiga a Carlos Revilla, Alcides Villafuerte y otros por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y lavado de activos en agravio del Estado, por el caso Los Intocables de la Corrupción.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional reanudará este miércoles, a las 09.00 horas, la audiencia de prisión preventiva por 36 meses contra Carlos Revilla Loayza y otros investigados en este caso.

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