Política

La presidenta del Senado chileno, Isabel Allende Bussi, destacó el acatamiento y ejecución de la sentencia de la Corte de Justicia de La Haya, a casi un año del fallo que cerró la frontera marítima entre Perú y Chile.

"Vamos a conmemorar un año desde que se puso fin a este litigio y hay que poner de relieve el comportamiento de ambas naciones tras seis años de negociaciones", subrayó al condecorar a la presidenta del Congreso peruano, Ana María Solórzano, quien cumple una visita oficial a este país.

El fallo del tribunal internacional, el 27 de enero del 2014, permitió al Perú recuperar más de 50 000 kilómetros cuadrados de mar peruano y cerró la frontera marítima con Chile, según el presidente peruano Ollanta Humala.

Tras recordar la visita que realizó al Perú el año pasado, Allende Bussi también resaltó los esfuerzos mancomunados que han realizado ambos parlamentos en distintas instancias multiculturales y el creciente intercambio comercial. Mencionó la frontera viva entre las ciudades chilena de Arica y la peruana Tacna, así como la migración de unos 140 mil peruanos a Chile y el crecimiento del turismo bilateral. 

"También quiero reconocer el anhelo común de modernizar la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el fin de hacer más eficiente y democrática esta estructura”, subrayó la hija del desaparecido mandatario socialista Salvador Allende, muerto tras el golpe de estado militar de Augusto Pinochet, en 1973.

Recordó el espíritu de ambas naciones que coinciden a la hora ponderar la equidad social, ampliando los derechos y libertades de la población. Además comentó que las tendencias globales no están ajenas a estos pueblos, por lo que abogó por acercar posiciones.

/CCH/ Andina

El congresista Casio Huaire, integrante de la comisión encargada de investigar el indebido resguardo policial a Óscar López Meneses, anunció que entre el lunes o martes de la próxima semana aprobarían el informe alternativo sobre este caso.

Explicó que este informe será presentado en conjunto con los parlamentarios Enrique Wong, Josué Gutiérrez y Yonhy Lescano, quienes expresaron su desacuerdo con el informe presentado por el presidente de este grupo de trabajo, Juan Díaz Dios.

"Cuando termine la semana de representación, el lunes o martes, nos estaremos reuniendo para revisar el informe alternativo porque ya tenemos el informe. Estamos esperando que se reinicien las sesiones del Parlamento para que sea debatido en el pleno junto al informe que presentó Díaz Dios", afirmó.

Huaire refirió que este informe alternativo fue debidamente consensuado con todos estos congresistas, con excpeción de Lescano, cuyo visto bueno esperan obtener el martes para que este documento contenga la firma de los cuatro legisladores.

/CCH/ Andina

El abogado penalista Luis Lamas Puccio sostuvo que la solicitud de extradición que presentará el Perú contra Martín Belaunde Lossio debe ser "consistente y racional", con la finalidad de dejar en claro que se trata de una persona acusada de delitos comunes.

Manifestó que es importante "no perder la perspectiva" de lo que ocurrirá, pues se trata de un arresto preventivo que puede convertirse en comparecencia simple o detención domiciliaria.

"El Perú tiene que preparar una solicitud de extradición lo suficientemente consistente y racional para poder dejar en claro que se trata de una persona acusada de delitos comunes y no de un perseguido político; el país tiene un plazo y debe cumplirlo", manifestó.

Dijo que estamos en el inicio de un proceso "largo y enrevesado", dependiendo del contenido de la solicitud que el Perú presente ante las autoridades bolivianas, con la finalidad de que Belaunde Lossio pueda regresar al país a rendir cuentas ante la justicia.

Al respecto, precisó que la determinación que tome este organismo resolverá la situación de Belaunde Lossio, pues si accede a su pedido de refugio obtendría un estatus a escala internacional que lo protegería de otra acción de carácter judicial.

/CCH/ Andina

La directora de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rocío Barrios Alvarado, rechazó tajantemente la existencia de irregularidades en el proceso de contratación de los servicios de la empresa Corporación Varum S.A.C para para el servicio de seguridad y vigilancia de los 11 locales de esta institución.

La funcionaria aseguró que jamás fue consultada o requerida por el medio para absolver el tema siendo ella la jefa y responsable del área administrativa de la PCM, y consideró que por coyuntura política han querido involucrar a la Ministra, máxima autoridad de la institución, en tal sentido tomará las acciones legales correspondientes.

En esa línea, calificó de “tendenciosa, malintencionada y falsa” las informaciones periodísticas que señalan que se trató de beneficiar ilegalmente a la citada empresa mediante un proceso de exoneración de concurso público.

Precisó que esta medida temporal, excepcional y extraordinaria se tomó debido al “desabastecimiento inminente” al que fueron expuestos los 11 locales de la PCM luego que se rescindiera el contrato con la empresa Protección y Resguardo S.A. (PROTSSA) que brindaba seguridad a la institución desde enero del año pasado.

Indicó que la resolución de dicho contrato se debió a dos robos producidos en octubre y noviembre del 2014 en un almacén de la PCM ubicada en el Rímac, así como la decisión de la mencionada corporación de contratar personal que no poseía armas de fuego para el resguardo de las sedes de la institución.

“Cuando se produce el primer robo solicitamos a la empresa que nos dé sus descargos y se sirva reponer los bienes conforme lo señalaba el contrato. La empresa repuso parte de los bienes y nos dijo que esperaría las investigaciones. En la quincena de noviembre sucede un segundo robo en el mismo almacén. Yo contrato un servicio de vigilancia y seguridad para que tener este servicio en todos los ambientes, al desaparecer la naturaleza del bien, obviamente desaparece la naturaleza de seguir contratando con esta empresa porque no me brinda el servicio”, refirió.

Dijo que a raíz de estos incidentes se pidió a la empresa que diera sus descargos. “Paralelamente le aplicamos penalidades porque nosotros contratamos servicios con arma, y ninguno de los agentes de los 40 puntos de vigilancia que tenemos contaba con arma”, indicó.

“El 23 de diciembre se resuelve el contrato con la empresa y al día siguiente, ellos nos piden que se cambie la decisión porque si no se retirarían de los locales de PCM”, manifestó.

Se invitó a siete postores

La funcionaria señaló que para contratar a una nueva empresa de seguridad se invitó a 7 postores, de los cuales 2 mostraron interés. “Ambos cumplían los requisitos y escogimos al de menor precio, que es Varum S.A.C”, indicó.

“Hicimos este proceso de exoneración con informe técnico y legal y cumpliendo la norma que exige un solo postor. Solo los contratamos por 6 meses o hasta que se cumpla con sacar el proceso y adjudicar el servicio a un nuevo postor”, indicó.

Barrios Alvarado aseguró que se verificó el cumplimiento de los requisitos de la empresa ganadora en 15 minutos porque la ley así lo establece. “Esa verificación se hace en 15 minutos porque es un proveedor invitado y la norma establece que solo tiene que presentar 5 requisitos entre los que figuran declaraciones juradas de cumplimiento de los términos de referencia, su cotización, la proforma del contrato y su carta de garantías”, puntualizó.

/CCH/ PCM Difusión

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó la detención domiciliaria para el empresario peruano, Martín Belaunde Lossio, quien en la víspera fue aprehendido de manera preventiva con fines de extradición.

La magistrada de esa instancia judicial, Maritza Suntura, confirmó que esta mañana la Sala Plena tomó la determinación, después que el Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Bolivia comunicó "no tener las instalaciones necesarias para una detención preventiva que garantice los mínimos derechos humanos del detenido".

"Tomando en cuenta lo señalado por el Conare y los argumentos, que lo hemos tomado como razonable, con el fin de garantizar y cautelar la protección de los derechos humanos, como la aplicación del tratado de extradición que tenemos vigente, se ha determinado sustituir el arresto domiciliario por la detención domiciliaria", explicó a la prensa.

Suntura afirmó que la medida deberá ser cumplida en el domicilio que el ciudadano peruano dio al Conare, dónde ayer se lo encontró en la zona de bajo Llojeta de la ciudad de La Paz y que pertenece al "Curaca Blanco", esposo de la prima de Belaunde.

Como se recuerda, la defensa del empresario peruano solicitó la detención domiciliaria de su patrocinado, hasta que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) emita una resolución procesal relativa al pedido de refugio para el detenido.

/CCH/ Andina

El Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, encabeza hoy la sesión 262 del Consejo de Ministros, en la sede del Palacio de Gobierno.

El interrogatorio hecho por la comisión Áncash al ex presidente regional César Álvarez permitió contar con un nuevo grupo de nombres de personas que serán convocadas para recoger su testimonio, dijo Mesías Guevara, titular de dicho grupo de trabajo.

"Ha dado orientaciones, indicios y por supuesto nombres de otras personas, de las cuales necesitamos recoger su testimonio", explicó a la Agencia Andina.

Según recordó, a la fecha la comisión ha recogido más de 60 testimonios, y tras lo dicho en la víspera por Álvarez, durante el interrogatorio llevado a cabo en el penal de Piedras Gordas, la cifra podría superar fácilmente los 70 y más adelante llegar a 80 personas.

"Personalmente he quedado satisfecho con el interrogatorio y la actitud que ha tenido, se le formularon más de 100 preguntas y colaboró. Sus respuestas, por su puesto, van a ser contrastadas", señaló Guevara Amasifuen.

"Con lo que dijo a la comisión tenemos una visión más amplia de lo sucedido en la región Áncash. Era importante recoger su versión, por ser el principal investigado", añadió el parlamentario de Acción Popular.

Asimismo, no descartó la posibilidad de volver a visitar a la exautoridad regional, al considerar que el tiempo quedó corto. "Hay mucha información que está surgiendo, y eso lo queremos conversar con él", remarcó.

Guevara adelantó que la próxima semana la comisión sesionará casi todos los días, con miras a acelerar la investigación que realiza.

Dicho grupo de trabajo indaga acerca de los presuntos actos de corrupción que tuvieron lugar en la región Áncash durante la gestión de César Álvarez, quien cumple una orden de prisión preventiva por la investigación que le sigue también la justicia.

/B.B.V./

El exprocurador Anticorrupción, Iván Montoya, consideró que de acuerdo a una interpretación del Código Penal boliviano, procedería la extradición del empresario Martín Belaúnde Lossio por el presunto delito de peculado, relacionado con el caso "la centralita" de Áncash.

Indicó que en la actualidad dicho ciudadano peruano está bajo la condición de arresto provisorio con fines de extradición, teniendo el Perú 60 días para armar el cuaderno respectivo, que contenga todos los requisitos necesarios.

"Creo que de una interpretación normal del Código Penal boliviano debería proceder la extradición y eso autoriza al Perú para que sea juzgado como cómplice de peculado en nuestro país", precisó.

Montoya refirió que escuchó con sorpresa algunos comentarios respecto a que no procedería la extradición para el caso "la centralita", porque Belaunde Lossio no tiene la condición de funcionario público.

"En el Código Penal boliviano hay una cláusula que parecería indicar que para los particulares que hubieran cooperado con algún funcionario público en el delito de peculado, no procedería porque la calidad de funcionario público no se le comunica al particular", señaló.

Sin embargo, explicó que existe un último párrafo en el Código Penal de ese país donde se señala que si "no se le comunica, la pena será disminuida", es decir: "sí son pasibles de ser responsables con la diferencia de que no tendrían la misma pena que un funcionario público".  

En otro momento, afirmó que un escenario complicado sería, tal como ocurrió con el expresidente Alberto Fujimori al ser extraditado desde Chile, que el juzgamiento en el Perú "se realice a cuenta gotas" por cada proceso que Bolivia permita.

"Lo óptimo sería que una vez fenecido su solicitud de refugio, y siempre que esta no fuera concedida, Belaunde Losio sea expulsado al Perú por su ingresó ilegal, sin que se produzca el proceso de extradición; de esa forma habilita al Perú para juzgarlo por cualquier delito", señaló.

/B.B.V./

El legislador y ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), Daniel Mora, exhortó a no sacar conclusiones apresuradas frente a las denuncias acerca de supuestos reglajes a políticos.

Comentó que la denuncia periodística sobre un supuesto seguimiento a la vicepresidenta Marisol Espinoza no es un medio probatorio suficiente para afirmar que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), realizó un presunto reglaje a la mencionada autoridad. 

"Yo tengo varias dudas sobre la posibilidad de que la DINI esté detrás de esto. Debemos cruzar información, hacer una investigación profunda y no sacar conclusiones adelantadas sobre este tema", afirmó. 

Para el legislador de Perú Posible, la presencia de presuntos agentes de la DINI, a escasos metros del condominio donde reside la vicepresidenta, no necesariamente puede significar que hubo un reglaje contra ella. 

Agregó que también es necesario determinar si realmente existía la alerta de un ataque de terroristas en esa zona. 

"Esto se debe investigar mejor y no apresurarnos en conclusiones que podrían ser motivadas por otras razones", aseveró. 

Refirió que existe la posibilidad de que la vicepresidenta del Perú haya estado recibiendo resguardo adicional frente a una amenaza contra su seguridad. 

Mora, quien también pertenece a la Comisión de Inteligencia del Congreso, detalló que ese grupo de trabajo se ha declarado en "sesión permanente", a fin de investigar y aclarar ese tema lo más antes posible. 

/B.B.V./Foto: La República/

El ministro de Educación, Jaime Saavedra, señaló que la nueva titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la economista Lorena Masías, cumple todos los requisitos para dirigir las reformas que permitirán mejorar la calidad de la enseñanza universitaria.

"Es un salto muy positivo. Lorena Masías cumple todos los requisitos que se necesitan, sabe de regulación, tiene experiencia en el sector público y tiene conocimiento del mundo universitario", declaró en Canal N. 

Remarcó que la citada profesional tiene la capacidad para regular el funcionamiento de las universidades en el Perú, sin poner trabas a la inversión pública y privada. 

Comentó que la Sunedu continuará con diversas reformas, entre ellas la reducción de los costos de los trámites de grados y títulos, los cuales antes los otorgaba la desactivada Asamblea Nacional de Rectores (ANR). 

"En estos 12 días útiles del año, han sido atendidas 6 mil personas. Todos los trámites hasta ahora han sido gratuitos y eso ha implicado un ahorro para la gente de 600 mil nuevos soles. Se cambiará toda la estructura de costos de los trámites y esto se hará al costo", anotó. 

Asimismo, adelantó que el Ministerio de Educación está coordinando con el Congreso una nueva ley para promover  mejoras en la calidad de la enseñanza en los institutos superiores tecnológicos. 

"Necesitamos una ley que nos permita facilitar la inversión privada y ordenar la oferta pública de institutos superiores tecnológicos. Es algo que se está trabajando en coordinación con la Comisión de Educación del Congreso, y esperamos que sea uno de los primeros temas en la próxima legislatura", agregó. 

/B.B.V./