Política

Desde el 1 de junio, el país cuenta con una directiva para la ejecución de Obras por Administración Directa. Esta nueva regulación aprobada por la Contraloría General permitirá que estas obras sean transparentes, céleres y con una ejecución efectiva, procurando mejores condiciones de calidad, costo y oportunidad, así también disminuirá el riesgo de paralizaciones o la existencia sin sustento de mayores gastos a los establecidos en los presupuestos, según los expedientes técnicos, que ahora serán revisados rigurosamente, antes de proceder a la inversión y ejecución de los recursos públicos por esta modalidad de contratación.

Recordemos que previamente la Contraloría General oficializó la aprobación de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL que regula la “Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa”, mediante la Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG publicada el último 27 de marzo en el diario oficial El Peruano, estableciendo su entrada en vigencia a partir del 1 de junio. Sus efectos alcanzan a todos los pliegos del gobierno nacional, regional y local, así como todas las entidades de tratamiento empresarial o empresas públicas bajo el ámbito del FONAFE y del Sistema Nacional de Control.

La directiva está adecuada a los requerimientos, tecnología y metodología de las obras actuales para evitar que se susciten diversos problemas que ocasionan perjuicio al país, como el de las obras paralizadas. Como se conoce según informe de obras paralizadas de la Contraloría, a diciembre del año 2023 se contaba con un total de 2298 obras paralizadas a nivel nacional, de los cuales unas 1270 correspondían a Obras por Administración directa, es decir más del 55% del total.

Una de las principales falencias que se observaba en la ejecución de las Obras por Administración Directa estaba relacionada con la poca rigurosidad en la revisión de los expedientes técnicos que contenían errores que repercutían en una mala ejecución. Tampoco se solicitaba un personal profesional y técnico mínimo para su ejecución, lo que repercutía en su calidad. A ello se sumaba la poca transparencia de la información lo que convertía a esta modalidad en poco accesible al control.

Mejor preparación

La directiva que acaba de entrar en vigencia está enfocada en que la gestión pública pueda realizar Obras por Administración Directa ágiles al contar con el abastecimiento de todos los recursos necesarios previo a su ejecución y durante la misma, según el plan de abastecimiento presentado, lo que favorecerá a la celeridad de su ejecución. Ahora se han establecido fases previas antes del inicio de las obras para solucionar problemas que muchas surgían cuando ya se habían iniciado los trabajos y generaban paralizaciones o mayores gastos en su ejecución.

Por ejemplo, en la primera fase de aprobación, los funcionarios públicos deberán acreditar con informes técnicos, financieros y legales que la propuesta de obra cuenta con equipamiento un staff técnico mínimo, personal, presupuesto y terrenos saneados o sin impedimentos legales para que se declare viable la ejecución. En la siguiente fase de preparación, se contratará al residente de obra quien revisará de forma exhaustiva el expediente técnico de obra y al supervisor o inspector quien validará dicha revisión. Si el documento presenta defectos, se retorna para la corrección respectiva. Luego de aprobarse el expediente, se ingresa a la etapa de elaboración del plan de abastecimientos y de requerimientos, en el que se inicia la compra de los materiales necesarios, antes del inicio de la obra, incluyendo la contratación del personal restante. Con todas esas fases aprobadas, la entidad procede a que se inicien los trabajos que avanzarán con un menor riesgo de inconvenientes, de acuerdo a su plan y cronograma de trabajo.

Transparencia

Otra innovación de la nueva directiva es la implementación del Cuaderno de Obra Digital para las Obras por Administración Directa que estará alojado en el portal del Sistema de Información de Obras Públicas- INFOBRAS, el cual deberá registrar información como ingresos, egresos, bienes, servicios que se emplea y los avances de la obra, entre otros. El llenado de la información es obligatorio y estará a cargo del residente y el supervisor o inspector responsables de la obra. Antes esta data se registraba en un cuaderno físico, que muchas veces se encontraba incompleto o no se podía acceder al mismo. Del mismo modo los avances de la obra deberán ser registrados en el sistema INFOBRAS por el ingeniero inspector o supervisor, manteniendo actualizada la información en pos de la transparencia.

Otra particularidad de la transparencia que se le dota ahora a las Obras por Administración Directa es que los ejecutores podrán realizar liquidaciones parciales para los casos de obras cuya ejecución dura más de cuatro meses. Se trata de cierres técnicos y financieros que permitirán verificar a cuánto asciende el presupuesto ejecutado y realizar un balance. Esta innovación facilita que con antelación se prevea posibles problemas o riesgos para solucionarlos.

Expedientes técnicos: Metodología BIM

Con la nueva regulación, todos los expedientes técnicos de Obras por Administración Directa aprobados, con un presupuesto mayor a los S/ 10 millones deberán ser elaborados en el marco de la metodología BIM, la misma que permite, en un entorno virtual, ejecutar la obra con participación de los profesionales involucrados para ir observando los avances y proponer soluciones a los inconvenientes que puedan surgir durante su ejecución física. Esto favorece a la revisión exhaustiva del expediente técnico de obras de magnitud y reducir notablemente el surgimiento de adicionales de obras.

Si aún bajo todos estos parámetros establecidos por la nueva regulación se presenten adicionales de obras que excedan el 50% del costo total de la obra, la Contraloría General activará sus servicios de control gubernamental que corresponda, así como se comunicará a la entidad a efectos de que disponga se evalúe el desempeño de todos los responsables y para el deslinde de responsabilidades.

El Dato

La Contraloría General, por medio de la Escuela Nacional de Control, viene desarrollado desde abril de este año el Webinar: Obras Públicas por Administración Directa, todos los días jueves, al que han asistido hasta el momento cerca de 3300 personas. Asimismo, se han desarrollado cursos presenciales de la misma temática.

/NDP/PE/

Poder Judicial impone 18 meses de prisión preventiva contra Alfredo Tino Cano Aliaga, alias 'Cejón'; Luis Andrés Chaupis, alias 'Cheto' y Bryan Yomona Quezada, alias 'Narizón', en investigación por el secuestro de empresaria.

/MRG/

La falla en el sistema de luces en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se dio por "un evento fortuito" señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes quien además indicó que Corpac todavía no ha rendido cuentas de lo sucedido.

"Lamentamos esta situación que claramente afecta a los pasajeros, que es totalmente inesperada, indeseada. Lo que se ha hecho es trabajar de la forma más rápida para poder restablecer la operación de la pista. Es un evento fortuito. Ya lo resolvió Corpac con su equipo técnico. Estamos hablando de un evento fortuito. Habría sanción si hubiera un incumplimiento. Y en este momento no lo hay (...). Es un evento fortuito y ya Corpac lo resolvió", manifestó.

En otro momento, dijo que este tipo de situaciones se dan en diferentes aeropuertos del mundo y que el problema no habría sido mayor si es que la segunda pista hubiese estado en funcionamiento. Al respecto, mencionó que ello es responsabilidad de Lima Airport Partners.

"Ocurre con mucha frecuencia en muchos aeropuertos del mundo, que hay problemáticas internas que permiten la suspensión de los vuelos. La determinación de si hay responsables o no, es un proceso que viene luego. Lo que estamos ahora resolviendo es primero la operación. O sea, primero veamos cómo se resuelve el tema. Lo que hay que hacer ahora es ver cómo ayudamos a las aerolíneas a que puedan reprogramar sus vuelos y de esa forma reducir el impacto en los ciudadanos", aseveró.

"El tema pasa porque si la segunda pista hubiera estado operativa, sería un tema menor porque lo que habría ocurrido es que simplemente se habría dejado de operar la pista 1 y la pista 2 es la que habría atendido. Ahí justamente LAP (Lima Airport Partners) tiene la responsabilidad de esto porque ellos tendrían que haber tenido la torre de control operativamente y también la pista", expresó.

/DBD/

La Comisión de Ética, en su sesión de este lunes 3 de junio, abordará el informe final del expediente seguido contra la legisladora Kira Alcarraz.

La sesión se desarrollará desde las 17:00 horas en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, de acuerdo con la agenda del grupo de trabajo.

El citado informe final corresponde al expediente 164-2023-2024/CEP-CR, abierto tras una denuncia presentada en contra de Alcarraz por haber expresado palabras consideradas ofensivas contra su colega Juan Carlos Lizarzaburu.

El otro tema en la agenda de la Comisión de Ética es la lectura de una amonestación escrita pública en contra de Lizarzaburu.

La lectura de dicha sanción corresponde a los expedientes acumulados 103-105-109-2022-2023/CEP-CR, abiertos contra el legislador por sus expresiones en contra de la bandera whipala, que representa a los pueblos originarios.

//MLG//

El ministro de Agricultura Ángel Manero cumplió en la víspera una nutrida agenda de trabajo en la provincia de Cañete, que incluyeron importantes temas, entre ellos la propuesta de la irrigación del valle Concón, así como reuniones con autoridades de Lunahuaná y Cañete, en el departamento de Lima.

En el distrito de Lunahuaná, el titular del Midagri revisó con el alcalde Luis Conislla y su equipo técnico las propuestas referidas a la construcción de la infraestructura agrícola y de prevención para los habitantes de esta jurisdicción.

"Hemos venido a Lunahuaná a manejar una agenda integral, porque todo lo que hagamos aquí repercute en el turismo. De esta manera vamos a trabajar temas no sólo de agricultura, sino también temas de vivienda o desagüe, por lo que vamos a invitar a otros ministros para ejecutar trabajos interesantes”, puntualizó el ministro.

Añadió que a través del diálogo con las autoridades se puede notar que es oportuno implementar infraestructura de represamiento para evitar los desbordes o inundaciones a futuro; para lo cual se reunió con el alcalde provincial para retomar un proyecto de represa que beneficiará directamente a la provincia de Cañete.

Durante la jornada de trabajo, los especialistas explicaron las propuestas de obras de infraestructura para el mejoramiento del servicio de provisión de agua destinado al riego en el canal Chiclin, anexo de Uchupampa, la creación de los servicios de protección en la ribera de las quebradas vulnerables ante el peligro en el sector Puente Jita, y el proyecto para la construcción de defensa ribereña en el sector Ramadilla y Concón.

En esta actividad, Manero expresó su preocupación sobre la problemática que viven los pobladores de Zúñiga, Pacarán y Lunahuaná; por ello, aseguró que desde su sector se brindará apoyo con los programas Agroideas, Agrorural y en temas como el destrabe de obras y la formalización de los terrenos e infraestructura, este último podría contar con la supervisión del Programa Sub sectorial de Irrigación (PSI).

En ese sentido, el ministro Manero, dentro de su plan de visita, se reunió, además, con el alcalde provincial José Alcántara y autoridades a quien mostró la disposición del sector en impulsar un proyecto de irrigación en los valles de Concón que, a largo plazo, permita a todos los pequeños productores la mejora de sus ingresos y calidad de vida con miras a la agroexportación.

El titular del Midagri, en trabajo articulado con las autoridades, técnicos y representantes de la sociedad civil busca realizar en la región Lima tres proyectos de mediana envergadura como la irrigación de Cañete, Huaura y Barranca.

"Debemos aprovechar la estratégica ubicación del mega puerto de Chancay y la ampliación del puerto del Callao que colocan a Lima frente a mercados internacionales principalmente con China. Nuestras obras de irrigación están en La Libertad, Arequipa e Ica", manifestó Angel Manero.

//MLG//

La Presidencia de la República felicitó a la selección de vóley sub-17 por haber obtenido la medalla de plata en la Copa Panamericana U 17.

“¡Son nuestro orgullo! La selección de vóley sub-17 obtuvo un logro para el deporte nacional que nos llena de esperanza. ¡Gracias, equipo!”, se lee en su cuenta oficial de X.

La Selección de Voley sub-17 se alzó con la medalla de plata tras caer contra el seleccionado de Puerto Rico en la final de la Copa Panamericana, disputada en Guatemala.

El equipo nacional, dirigido por el brasileño Antonio Rizola, llegó a este partido de la final luego de hacer una gran campaña en la fase de grupo al vencer a todas sus rivales (República Dominicana, Cuba, México) y ubicarse en el primer lugar.

En la etapa semifinal su paso de vencedores prosiguió al derrotar a Venezuela y así llegar a la gran final de la Copa Panamericana U17.

Andina/MLG

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se reunirá con el ministro del Interior, Juan Santiváñez, este lunes 3 de junio, para afianzar el apoyo que brinda la Policía Nacional al Ministerio Público en las investigaciones penales que realiza.

El encuentro, según informó el Ministerio Público, se realiza en atención a un pedido formulado por el Ministerio del Interior para optimizar los servicios de investigación preliminar, a través de la asistencia técnica de la Policía, y tomar decisiones consensuadas a fin de enfrentar la corrupción, el crimen organizado y la delincuencia común.

“En atención a lo solicitado y a la problemática advertida, se ha tenido a bien programar una reunión pata el día 3 de junio del 2024, a las 08:30 horas, en nuestras instalaciones, sito en la avenida Abancay”, señala el oficio remitido por Villena al titular del Interior.

El Ministerio Público precisó que de esta manera reitera su compromiso de prevenir y perseguir el delito, y reafirma su disposición de mantener estrecha coordinación con las instituciones que conforman el Sistema de Administración de Justicia, en beneficio de la ciudadanía.

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, llegó hasta el AAHH Hijos del Paraíso, en Comas, dónde supervisó la distribución gratuita de agua potable para las familias que no cuentan con servicios domiciliarios. El abastecimiento que se realiza con camiones cisternas, también beneficia a las familias de los AAHH. Niños de Jesús en Comas, 15 de mayo y 16 de junio en Independencia.

En la inspección, la ministra pudo conversar con los pobladores y dirigentes de los Comités de Monitoreo Participativo de Obras (COMIPO), de ambos distritos, y explicarles sobre la Ley de Acceso Universal al Agua Potable (LAU), y los beneficios que otorgará a sus familias. 

"La LAU es una ley histórica y única. Es la primera vez que un Gobierno se preocupa por los que no tienen agua. Nuestros hermanos y hermanas no pueden seguir esperando, y por eso la LAU permitirá llevarles agua mediante sistemas no convencionales en un tiempo más corto”, afirmó.

De esta manera, el Ministerio de Vivienda cumple con el compromiso asumido con los dirigentes y vecinos de las zonas más vulnerables. La actual gestión, mediante la aprobación de la ley, garantiza agua potable en menos tiempo, informó la ministra. 

“Esta ley nos permite salir de los Decretos de Urgencia con los que hemos venimos trabajando desde el 2020, y que generaba incertidumbre si se ampliarían o no. Al establecer una ley que permita abastecer a la población que hoy no tiene agua potable, con un sistema de cisternas interconectadas, pilones, plantas potabilizadoras de agua portátiles, entre otras soluciones no convencionales, tenemos la seguridad que accederán de manera continua a agua potable de calidad”, señaló.

Orfelinda Castro, vecina del AAHH Hijos del Paraíso, mencionó que antes de la pandemia tenía que pagar S/ 5 diarios para llenar un balde de agua de los cisterneros, por lo cual agradeció la aprobación de la LAU, que le asegurará agua de calidad a S/ 15 mensuales aproximadamente.

Subsidio cruzado e inteligente

Con la Ley de Acceso Universal al Agua Potable (LAU), gran parte del financiamiento de las intervenciones no convencionales se dará a través de un subsidio cruzado, asumido por quienes consumen más agua potable y tienen mayores ingresos. Esta recaudación irá al Fondo de Inversión de Agua Segura (FIAS).

“Este monto adicional a la tarifa mensual será de S/ 1.50 en promedio, es decir, equivale más o menos al costo de una botella de agua mineral, con lo cual se beneficiará a los más necesitados”, destacó. 

La LAU, beneficiará a 3.15 millones de peruanos en condición de pobreza o vulnerabilidad, además de instituciones educativas, comisarías, comedores populares, entre otros.

La ministra Hania Pérez de Cuéllar, continuará recorriendo el país para conversar con los beneficiarios y explicar cómo la Ley de Acceso Universal al Agua Potable, les brindará este servicio que además combatirá enfermedades relacionadas al no acceso a agua, como la anemia.

/AC/NDP/

El juez del 15° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, Martín Méjico Leaño, indicó que la persona que expone o abandona a un niño o un incapaz de defenderse por sí mismo y, como consecuencia, se produce la muerte, puede ser condenada a cuatro a ocho años de pena de libertad.

Asimismo, señaló que, en caso de que se produzca la explosión o abandono, cause un grave daño a su salud, la pena puede variar entre tres a seis años de pena de libertad.

El magistrado mencionó que los padres u otros obligados que cometan este delito, de exposición al peligro, recibirán una pena de entre uno a cuatro años de pena privativa de la libertad, siempre que no se produce la muerte ni lesión grave a la víctima.

“Esta modalidad delictiva, exposición al peligro, se puede configurar de dos maneras: la primera es exposición, que se presenta cuando se traslada al menor fuera del ámbito de protección, colocándolo en un riesgo inminente para su vida o salud”, señaló.

Méjico Leaño agrego que ambas modalidades delictivas pueden tener una pena agravada, la cual se configura cuando producto de la exposición o abandono al menor o incapaz se produce la muerte o un grave daño a su salud o integridad.

“Sí se produce la muerte, la pena puede ser de cuatro a ocho años, y si se produce un grave daño a su salud puede ser de tres a seis años”, recalcó.

Asimismo, señaló que el deber legal de protección no solo se encuentra en los padres, sino que también puede surgir en otro familiar o persona que tenga bajo cuidado al menor; señaló que cuando los padres sean los responsables del delito, se podrá aplicar una pena más elevada que cuando se involucra en otra persona.

“En este caso la mayor responsabilidad recae en los padres; en caso que los progenitores no tengan la posibilidad de cuidar al menor existen instituciones públicas que pueden asumir el rol de protección”, acotó.

Finalmente, el juez afirmó que estos hechos pueden ser denunciados por cualquier persona ante la policía o el Ministerio Público para que se inicie la investigación y se adopten las medidas correspondientes.

/NDP/MPG/

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pidió al Congreso reconsiderar la aprobación de la reforma constitucional que elimina los movimientos regionales, por considerar que afecta en forma injustificada al derecho a la participación política y vulnera la Constitución.

Este pedido se hace en aras de mantener un sistema político inclusivo, plural y representativo, precisa el JNE en un comunicado. En ese sentido, se pide al Parlamento atender las observaciones formuladas.

La mencionada institución considera que la eliminación de los movimientos regionales supone una afectación injustificada al ejercicio del derecho a la participación política y una abierta vulneración de los artículos 2 y 35 de la Constitución, que recogen el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política, en forma individual o asociada, lo que incluye cualquier tipo de organización política vigente.

Precisa también que el estándar de la participación política en el Perú está fijado en dichos artículos constitucionales, por lo cual la eliminación de cualquier forma de organización política prevista constitucional y legalmente, implica un retroceso así como "una vulneración a los principios de irreversibilidad y progresividad, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos”.

El JNE también recuerda que en las elecciones regionales y municipales 2022, de las 12 mil 956 autoridades regionales y municipales electas, 7129 provienen de movimientos regionales, “lo que demuestra su legítimo respaldo en sus respectivas regiones y localidades”.

En ese sentido, el tribunal electoral señala que es crucial fomentar el fortalecimiento de los partidos políticos, sin perjuicio de los movimientos regionales, que desempeñan un rol importante y coadyuvante en el escenario político nacional.

/ANDINA/PE/