Política

La jueza Soledad Barrueto Guerrero, titular de 10° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, expresó que si un policía o miembro de la Fuerza Armada suministra, comercializa o trafica armas de fuego y municiones, puede ser condenado entre doce y veinte años de pena privativa de la libertad.

Explicó que, en diciembre último, el Ejecutivo expidió el Decreto Legislativo 1616, el cual modifica el artículo 279-G del Código Penal que sanciona a quien, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, almacena, suministra, comercializa, trafica, usa, porta o tiene en su poder armas de fuego, municiones y accesorios.  

Precisó que cuando se trata de un policía o miembro de la Fuerza Armada, la referida norma establece márgenes que permiten sancionar con mayor drasticidad este tipo de conductas.

“Es así que podemos apreciar penas que establecen marcos punitivos que van desde los doce hasta los veinte años de pena privativa de la libertad”, puntualizó.

Expresó, que este nuevo marco normativo establece penas más severas cuando el sujeto agente facilita o alquila las armas que son de propiedad del Estado.

Sostuvo, además, que este decreto precisa aspectos relacionados a lo que constituye en sí el uso de las armas por parte de organizaciones criminales. 

“También se sanciona a quienes actúan en calidad de líderes o que pertenecen a organizaciones criminales, y si los bienes son de propiedad del Estado, conductas que generan sanciones mucho más graves”, acotó.

Barrueto Guerrero explicó, de otro lado, que la Corte Suprema ha establecido que cuando estas conductas han sido cometidas por miembros de la Policía Nacional o de la Fuerza Armada y cometan un delito propiamente de función, el procesamiento y sanción compete al fuero militar.  

“Pero cuando se trate de delitos comunes y en los cuales la conducta esté dentro de lo que el ordenamiento jurídico sanciona, puede ser visto por el fuero común (Poder Judicial)”, señaló.

Delito de Peligro Abstracto

La magistrada también señaló que en los casos de tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y accesorios no solo se sanciona a la persona que las produce o comercializa, sino también a aquella que la recibe.

Refirió que el tráfico y la tenencia, propiamente, de armas de fuego, es un delito contra la seguridad pública, que involucra un delito de peligro abstracto. 

“No se requiere que se cause necesariamente un atentado o una lesión a un bien jurídico, basta la simple posesión de un arma de fuego o munición o armamento que no esté autorizada la persona para portarla, porque para eso existen instancias administrativas; si no se cuenta con la autorización se incurre en el tipo penal y las sanciones correspondientes”, indicó.        

Otras Sanciones 

Indicó, asimismo, que hay supuestos en los casos cuando se despoja de sus armas y municiones a efectivos militares, policías o personas que se encargan de dar seguridad a algún alto funcionario.

Señaló que en estos casos, la pena se agrava dado que nuestra legislación establece que si se causara la muerte o lesiones de terceras personas, podría incluso imponerse la cadena perpetua. 

“En la legislación común se impone sanciones que podrían llevar a la cadena perpetua a quien desposee de armas o municiones a personas que realizan labores de protección policial o militar, y se cause lesiones o la muerte de terceras personas o de las mismas a quienes se desposee de las armas”, precisó.

/MPG/

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reiteró que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte está comprometido con la protección de nuestros pueblos originarios y de nuestro medio ambiente.
"Lo que queremos reiterar es que el gobierno de la presidenta Boluarte está comprometido con la protección de nuestros pueblos originarios y de nuestro medio ambiente", señaló el premier a medios de comunicación

Además, comentó acerca de la modificación de la Ley forestal realizada por el Congreso de la República. "Bueno esa es una ley que el Congreso ha aprobado por insistencia. El Poder Ejecutivo en su momento la observó, hemos discutido sobre el alcance de esa norma en el Consejo de ministros y seguramente en los próximos días vamos a dar a conocer nuestra posición", dijo.

En esa línea, hizo mención del convenio para la protección de bosques naturales firmado por la presidenta Boluarte en agosto del 2023. "Ella en Belém do Pará, en esta reunión de Jefes de Estado, suscribió un convenio de protección de los bosques naturales, de los que el 61% son nuestra Amazonía, nuestro territorio, así que vamos a tener una decisión equilibrada que va a utilizar también los mecanismos constitucionales para poner en debate nuevamente este asunto".

Como se recuerda, durante dicha Cumbre Amazónica que reunió a mandatarios de diferentes países, se firmó una declaración de 113 puntos en la que establecieron una agenda destinada a preservar y promover la conservación y el desarrollo de la Amazonía.

Dicha agenda consistirá en la búsqueda del desarrollo sostenible, de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, de los bosques y del agua; el combate a la deforestación, el desarrollo económico de las comunidades nativas y locales con inclusión social y generación de ingresos y empleo, y el fortalecimiento de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

Por otro lado, con respecto a las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, dicha propuesta legislativa fue cuestionada por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente. En ese sentido, se criticó que la zonificación ambiental pase de dicha cartera ministerial al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Asimismo, el gobierno cuestionó que se permita que las zonas forestales sean consideradas zonas con fines agropecuarias en atención al uso mayor que se les da a estas. Ello generaría más riesgo de deforestación, se indicó en ese momento.

/NDP/PE/

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, dijo este miércoles que el principio de autoridad en los penales del país está plenamente garantizado por el Gobierno, por lo que descartó motines o acciones que puedan afectar la seguridad del país, como ocurrió recientemente en Ecuador.

El ministro lideró un operativo conjunto para la desinstalación de antenas de internet ubicadas en casas aledañas de los penales Lurigancho y Castro Castro, en el distrito de San Juan de Lurigancho, pretendiendo con ello vulnerar la seguridad de estos establecimientos.

“El principio de autoridad existe en todos los penales, la ciudadanía debe tener la seguridad y la tranquilidad que en los penales se está haciendo un trabajo (de control y seguridad) coordinado con todas las autoridades”, señaló en diálogo con los periodistas.

Justamente, comentó que el retiro de las antenas es un trabajo de prevención para evitar que en los penales ingresen ilegítima e ilegalmente cualquier señal de wifi.

El operativo conjunto contó con la participación del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Policía Nacional, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Fiscalía de Prevención del Delito, y Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho.

Presos en Ecuador

En declaraciones a la prensa, el ministro también se pronunció sobre la pretensión de Ecuador de devolver a sus países de origen a 1500 presos extranjeros que existen en sus cárceles, entre ellos peruanos.

Al respecto, comentó que ya ha habido un primer acercamiento en ese sentido que se ha efectuado mediante la Cancillería y la policía peruana, y que este trámite implicaría un proceso de extradición.  

“Este tipo de acciones deben efectuarse con procedimiento de extradición, no es un asunto tan sencillo. Lo que estamos evaluando es la forma en que esto debe hacerse. Entendemos la preocupación de la hermana república de Ecuador y le hemos dado todo el apoyo conjunto legal de la Cancillería, incluso a nivel de policía”, señaló.

Asimismo, el ministro Arana precisó que el Gobierno no tiene ninguna participación en el pedido efectuado por el expresidente Alberto Fujimori para que se le excluya del caso Pativilca, como parte del beneficio del indulto, pues se trata de un asunto privado que deben resolver los jueces, ya sea del Poder Judicial o Tribunal Constitucional.

/PE/

La reunión que sostendrán este domingo 21 cancilleres y ministros de seguridad interna de los cuatro países que integran la Comunidad Andina (CAN) tiene como fin proponer medidas para que puedan luchar de manera conjunta contra el crimen transnacional.
Así lo señaló el secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, quien informó que dicho encuentro, a realizarse en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, será presencial.

Sostuvo que lo acontecido en Ecuador a raíz de esta problemática es lamentable, ya se trata de una amenaza contra la institucionalidad democrática y la constitucionalidad de dicho país.

Por ello, resaltó Gutiérrez, la reunión conjunta entre ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad tiene como fin debatir y, en la medida de lo posible, “proponer medidas que puedan ser adoptadas conjuntamente por los cuatro países”.

“La idea es que todo esto sea dentro de un marco coordinado, que las medidas que se puedan adoptar para luchar transnacionalmente contra el crimen tengan una coordinación en base a normas andinas y a decisiones que adopten los cancilleres y los ministros de seguridad y orden de los cuatro países participantes de la Comunidad Andina”, indicó en el Informativo.

El pasado 12 de enero, se realizó una reunión extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en donde se acordó, entre otros puntos, celebrar este 21 de enero en Lima una reunión conjunta con los ministros de seguridad interna, a fin de adoptar medidas concretas y efectivas para luchar contra el flagelo del crimen organizado transnacional

/PE/

Totalmente renovado y repotenciado fue presentado el avión Twin Otter DHC-6-300 N.° 312 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), tras haber culminado los trabajos de recuperación llevados a cabo por el Servicio de Mantenimiento de la FAP (Seman), en una ceremonia encabezada por la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra.

El acto de puesta en servicio de la aeronave se realizó en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, con la presencia del ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, y del comandante general de la FAP, general del aire Carlos Enrique Chávez Cateriano, entre otras autoridades.

En su discurso, la jefa de Estado destacó el trabajo del personal militar y civil que intervino en la reparación y mantenimiento con estándares internacionales, y manifestó que esta aeronave no solo fortalecerá las capacidades de la Fuerza Aérea, también contribuirá al desarrollo y atención de diversas emergencias. 

“Hablamos de una aeronave que atenderá con celeridad y eficiencia traslados aeromédicos, así podremos salvar más vidas. Este avión apoyará en las ocasiones en que el país sea golpeado, como el fenómeno El Niño, terremotos, incendios forestales, inundaciones, desbordes, huaicos, entre otros”, resaltó.

La presidenta Dina Boluarte también remarcó que su gobierno seguirá avanzando en la recuperación de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, con el fin de mantener la paz y unidad en nuestra patria. “Estamos en ese diálogo sincero, abierto y solo con unidad y en paz podemos buscar desarrollo”, manifestó.

Aviones Twin Otter para el desarrollo

Sobre el avión Twin Otter, se trata de una aeronave que en julio del año 2022 fue ingresado a los talleres de Seman para ser objeto de un proceso de mantenimiento y reparación, luego de que estuviera inoperativo por seis años.

Entre los trabajos realizados se cuenta la reparación completa de la estructura, el cambio de partes, accesorios y componentes, la colocación de dos motores en condición overhaul y la modernización de los sistemas de cabina de instrumentos analógicos a pantallas digitales. Este último permite que los pilotos puedan realizar vuelos diurnos y nocturnos en condiciones seguras.
La recuperación demandó a la FAP un total de 420 días y más de 3152 horas de trabajo entre personal militar y civil. En su nuevo estado, el Twin Otter podrá ser volado 45,000 horas y estar al servicio del país hasta el año 2050.

El Seman FAP viene realizando, a la par, la recuperación de la segunda aeronave Twin Otter FAP N.º 311, al igual que la fabricación de las aeronaves CH- 2000 Antarqui para sumarse a las tareas asignadas a favor del desarrollo nacional.

/ANDINA/PE/

Como parte del compromiso del Gobierno con el crecimiento sostenible de la Amazonía, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció, desde la ciudad de Iquitos, la decisión de crear el “Programa Nacional de Bosques Comunitarios”, lo que contribuirá a la gestión forestal y el bienestar de las comunidades amazónicas y andinas.

“Con este programa se va a formalizar 2 millones de hectáreas, lo que beneficiará a más de mil comunidades en Loreto”, señaló el jefe del Gabinete Ministerial durante el lanzamiento de la asistencia técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Gobierno Regional de Loreto.

El premier Alberto Otárola también ratificó la voluntad del Gobierno de la presidenta Boluarte de proteger la Amazonía y los pueblos originarios, y de oponerse “a cualquier intento que pretenda enervar los derechos históricos” de los connacionales que, a través de su cultura y actividades, defienden la selva amazónica. 

El titular de la PCM informó que se ha encargado al MEF la coordinación con organismos internacionales para financiar el Plan de Desarrollo de la Amazonía, el cual fue propuesto en el 2023, tras sostener un diálogo con el gobernador regional de Loreto, las autoridades locales y los representantes de la sociedad civil.

“Este plan se hará efectivo en el más breve plazo, a fin de darle un régimen especial a una región tan postergada como Loreto”, añadió.

Adicionalmente, el premier destacó que esta región es la primera en el 2024 que recibe el apoyo técnico del Gobierno con el objetivo de impulsar su progreso y destrabar proyectos de inversión.

“Vamos a trabajar inmediatamente con la autoridad regional y los alcaldes para el impulso de 4 megaproyectos en la región. Identificaremos las prioridades que, naturalmente, estarán ligadas a la infraestructura, el desarrollo de los suelos y la protección del medioambiente”, indicó.

Posteriormente, el premier Otárola y el ministro Contreras supervisaron la construcción de dos nuevas plataformas itinerantes de acción social: PIAS Río Ucayali 1 y PIAS Río Ucayali 2. 

Estas embarcaciones, que requerirán una inversión de más de 58 millones de soles, navegarán por la cuenca del río Ucayali, para acercar los servicios prioritarios del Estado a las 766 comunidades amazónicas de las regiones de Loreto y Ucayali.

La actividad contó con la participación del titular del MEF, Alex Contreras Miranda; el gobernador de la región, Jorge Chávez Silvano; el alcalde provincial de Maynas, Vladimir Chong Ríos, y el congresista Jorge Morante Figari.

Asimismo, estuvieron presentes el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Paúl Caiguaray Pérez; el rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Rodil Tello Espinoza, y la presidenta de la Asociación de Sector Forestal de Loreto, Betsabeth Cortegano Chota.

/NDP/PE/

El primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García (FP), propuso hoy la obligatoriedad de la presencialidad de los parlamentarios durante las sesiones del pleno que se desarrollan en la sede de este Poder del Estado.

Este pedido fue realizado por el legislador de Fuerza Popular a través de un oficio dirigido al presidente del Congreso, Alejandro Soto. 

"Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y, a la vez, con el propósito de optimizar el desarrollo de las sesiones del pleno del Congreso, solicito que se ponga en consideración de la próxima Junta de Portavoces, la obligatoriedad de la presencialidad de los parlamentarios en el momento de las intervenciones durante las sesiones en el Hemiciclo", dice el documento.

Asimismo, precisa que esta solicitud se efectúa con el objetivo de mejorar la calidad y fluidez en los debates entre los parlamentarios.

Según el congresista Alegría, se tiene considerar los diversos problemas de conectividad que se han presentado durante las intervenciones de los parlamentarios. 

/PE/

Nueve partidos políticos, de un total de diez, llegaron a presentar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sus informes de rendición de cuentas del financiamiento público directo (FPD) correspondiente al segundo semestre del ejercicio anual 2023.

Estos informes pertenecen al Partido Político Nacional Perú Libre, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País - Partido de Integración Social, Partido Democrático Somos Perú, Podemos Perú, Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Partido Morado. Acción Popular fue el único partido político que no solicitó el FPD durante el 2023.

Los informes recibidos están publicados en el portal digital de financiamiento (Claridad), salvo los correspondientes a Fuerza Popular, Partido Político Nacional Perú Libre y Renovación Popular, que se encuentran en proceso de subsanación.

Cada informe de rendición de cuentas es objeto de verificación y control, a través del equipo de auditores, así como de visitas de verificación programadas e inopinadas a los locales de los respectivos partidos políticos, acciones que son difundidas en nuestras redes sociales. 

Esto con el propósito de validar la información presentada en los plazos establecidos, sobre la documentación registrada en sus libros contables, que culmina con la emisión de un acta, mediante la cual se podrían advertir incumplimientos y presuntas infracciones a la norma.

Culminada las acciones de verificación y control, la ONPE emite el informe técnico respectivo, pronunciándose sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras y contables dispuestas en la Ley de Organizaciones Políticas y el reglamento, y de encontrar infracciones, se inicia el Procedimiento Administrativo Sancionador correspondiente.

Supervisión

La rendición de cuentas se realiza de forma semestral desde el 2020, habiéndose generado casuística sobre la utilización de los fondos por parte de las organizaciones políticas. 

En tal sentido, con la finalidad de supervisar el uso correcto de los importes otorgados, la ONPE inició procesos de actualización sobre el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, dotando de instrumentos y herramientas para una mejor verificación y control, dentro del marco legal vigente. 

Como parte de nuestra política institucional, las actualizaciones del reglamento se realizaron con la participación de la sociedad civil, partidos políticos y ciudadanía para recibir sus aportes. La ONPE ha enviado, al Congreso de la República, opiniones técnicas sobre proyectos de ley dirigidos a mejorar la Ley de Organizaciones Políticas.

Sanciones 

En los últimos dos años, la ONPE abrió procesos administrativos sancionadores a 85 organizaciones políticas y sancionó a 4,970 candidatos, ejerciendo su labor de verificación y control externos de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas.

Mientras que en el caso de las organizaciones políticas, los procesos administrativos sancionadores fueron abiertos por no presentar información financiera de campaña electoral en las elecciones regionales y municipales 2022, ni información financiera anual del periodo 2021-2022, no tener cuenta bancaria en el sistema financiero, no tener libros contables, presentar fuera del plazo y recibir aportes de fuentes prohibidas.

A su vez, las sanciones a los candidatos se produjeron por no presentar información financiera de campaña de las elecciones congresales extraordinarias 2020, elecciones generales 2021 y elecciones regionales y municipales 2022; así como por recibir aportes de fuentes prohibidas durante las elecciones generales 2021.

En caso se identifique posibles ilícitos penales, la ONPE inicia acciones legales, a través de la Procuraduría Pública.

/NDP/PE/

La presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo que la inauguración del puente Chamorro, realizada hoy en Ica, es una muestra del compromiso de su gobierno con el objetivo de impulsar el desarrollo de la población.

“Mi gobierno está comprometido con Ica y con todo el Perú, y la inauguración del puente Chamorro es muestra de nuestros esfuerzos para unir al país, cerrar brechas históricas y fortalecer la economía”, manifestó la mandataria.

Dina Boluarte inauguró en el distrito de El Carmen, de la provincia iqueña de Chincha, la referida infraestructura, que había colapsado en 2017 debido a los efectos del fenómeno El Niño. Estos elevaron el caudal del río Matagente, deteriorando el puente, cuya reconstrucción recién se dio a partir de 2022.

“Esto representa el testimonio tangible del compromiso de mi gobierno que impulsa la economía de nuestras hermanas y hermanas”, manifestó la presidenta. En ese sentido, señaló que esta vía permitirá impulsar actividades como el intercambio comercial y el turismo.

Así, señaló que ahora “tenemos un puente de 160 metros que conecta a comunidades que estaban hace bastante tiempos apartadas, no comunicadas y que tenían que pasar el río llevado sus productos y poniendo en riesgo sus vidas”.

En todo el país

Refirió, asimismo, que los miembros del gabinete ministerial recorren las localidades del norte del país fiscalizando las obras que se realizan para enfrentar los embates del fenómeno El Niño.

Por otro lado, Boluarte destacó que en Ica se va a instalar una central de operaciones contra la inseguridad ciudadana. Se trata de un complejo de 1200 metros cuadrados, hecho bajo la modalidad de obras por impuestos, desde el cual se monitorearán las calles y el accionar de los grupos delictivos.

La mandataria tiene previsto seguir desarrollando actividades en Ica, entre ellas entregar títulos de propiedad.

/DBD/

Según informa la cuenta oficial del ministerio en la plataforma X (antes Twitter), el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, lideró un operativo para desinstalar antenas ubicadas en los alrededores de los penales de Lurigancho y Castro Castro.

Esta medida se desarrolla siguiendo las directivas de la presidenta de la república, Dina Boluarte, para luchar contra la inseguridad ciudadana.

"Las casas aledañas son usadas con el propósito de vulnerar la seguridad. Lo que estamos haciendo en este momento, con presencia del Ministerio Público, es desinstalar las antenas para tranquilidad de la población", señaló el ministro en declaraciones que recoge una publicación.

Asimismo, explicó que las acciones realizadas se sustentan en el trabajo de inteligencia "que nos ha revelado más de una docena de antenas que han estado ilegalmente construidas".

Dichos aparatos, agregó, brindaban servicio de internet y telefonía que apuntaban hacia los penales.

"Con esto estamos haciendo un trabajo de prevención para evitar que en los penales ingresen ilegítima e ilegalmente cualquier señal de Wifi. Queremos decirle a la población que en los establecimientos penitenciarios existe autoridad", puntualizó.

En este operativo conjunto participaron el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.

/DBD/