Política

La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de reforma constitucional para la creación de una entidad abocada a la selección y nombramiento de jueces y fiscales, en reemplazo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De acuerdo a la iniciativa que promueve la congresista Gladys Echaiz, el nombre de la nueva entidad sería Escuela Nacional de la Magistratura. Esta se constituiría como el “único medio y forma de acceso a la carrera judicial y fiscal”, de acuerdo con la propuesta legislativa.

Además de la selección y nombramiento, dicha entidad se ocuparía también de la formación y capacitación de los magistrados. Cabe señalar que, en tal sentido, se propone en el proyecto eliminar el proceso de ratificación de jueces y fiscales.

El proyecto plantea también darle rango constitucional la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, como entidad autónoma pero integrante de la estructura orgánica de cada una de estas instituciones. Se señala que sus jefes serán nombrados por la Escuela Nacional de la Magistratura.

De igual modo, propone crear el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia, a fin de que todas las instituciones que integran este último funcionen administrativamente de manera coordinada y articulada, pero respetando sus propias autonomías.

En total, la iniciativa de Echaíz plantea modificar 15 artículos de la Constitución Política del Perú. Estos son el 142, 144, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 178, 182 y 183.

Entre otros cambios, establece además que para el cargo de juez supremo es requisito ser mayor de 50 y menor de 75 años de edad. Actualmente la norma solo señala que se debe ser mayor de 45 años.

En cuanto a la Escuela Nacional de la Magistratura, se señala que su órgano de gobierno es el Consejo Directivo y estará conformado por un juez y un fiscal supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente.

Además, lo integrará un exdirector de las escuelas de postgrado en Derecho de las universidades nacionales con más de 50 años de antigüedad, elegido por sus directores en ejercicio.

Los tres miembros del Consejo Directivo serán elegidos por 5 años, no serán reelegibles y ejercerán el cargo a dedicación exclusiva. Junto con ellos se elegirá también a sus miembros suplentes.

Se precisa además que los tres integrantes pueden ser removidos del cargo por causa grave por el Congreso de la República con el voto conforme de dos tercios del número legal de sus miembros.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, recalcó la voluntad de su gobierno de seguir proveyendo a las Fuerzas Armadas de los medios necesarios para que puedan atender las necesidades de la población.

“Seguiremos avanzando para poder dar toda la logística necesaria, no solo en la Fuerza Aérea (FAP), sino en las otras dos instituciones de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, para que estén al servicio de los peruanos”, expresó la mandataria.

Dina Boluarte participó en la ceremonia realizada en la base aérea Las Palmas en la que se reincorporó a la operatividad una aeronave de transporte Twin Otter repotenciada por la FAP.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte participa esta mañana en la puesta en servicio de una nave aérea de transporte.

Se trata de la aeronave Twin Otter, informó el despacho Presidencial vía sus redes sociales.

El acto se desarrolla en la Base Aérea de las Palmas, en el distrito limeño de Surco.

En la ceremonia lo acompaña el ministro de Defensa, Jorge Chávez, así como altos mandos de la Fuerza Aérea del Perú.

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La Comisión Permanente del Congreso se reúne hoy miércoles 17 desde las 16:00 horas y el jueves 18 desde las 10:00 horas, según la citación dispuesta por el presidente de ese poder del Estado, Alejandro Soto Reyes.

La sesión del miércoles, de acuerdo con la agenda publicada, es para abordar los informes de calificación de 16 denuncias constitucionales, de las cuales 14 son improcedentes y se recomienda su archivo; mientras que las dos restantes son procedentes en un extremo.

Una de ellas es la Denuncia Constitucional 375, que interpuso la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides contra los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Jorge Luis Flores Ancachi y Jhaec Darwin Espinoza Vargas, integrantes de la bancada Acción Popular, en su calidad de presuntos autores del delito de tráfico de influencias agravado.

La segunda es la denuncia constitucional 387, interpuesta por Benavides Vargas contra Tomás Aladino Gálvez Villegas, en su actuación como fiscal supremo titular del Ministerio Público, por ser presunto autor de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado.

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La Presidenta de la República, Dina Boluarte, destacó hoy la promulgación de la Ley 31980 que crea el régimen especial del Centro Histórico de Lima, a fin de proteger el patrimonio cultural y fomentar el desarrollo integral y sostenible de la Ciudad de los Reyes.

Dicha norma es publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano de este miércoles.

"La jefa de Estado destacó que con dicha normativa se busca proteger, conservar, restaurar, revitalizar y promover la inversión en el Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y sitio Patrimonio Mundial de la Unesco", indica en una publicación en la plataforma X (antes Twitter).

Asimismo, la mandataria explicó que esta nueva normativa repercutirá en los flujos turísticos en la capital.

"Para ello, se darán impulsos fiscales que permitan ejecutar una serie de acciones como la promoción de proyectos de viviendas de interés social, la revocatoria de licencias de inmuebles inhabitables, protección de bienes públicos, entre otros", señala en la publicación.

"Mi gobierno respalda toda iniciativa que traiga bienestar a las peruanas y peruanos", precisó la presidenta Dina Boluarte.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, reafirmó el compromiso del Perú con el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en una reunión con su secretario general, Mathias Cormann.

Así lo informó la Cancillería a través de la plataforma X, antes Twitter, donde detalló que el secretario general de la OCDE indicó que el Gobierno del Perú viene avanzando en la ejecución de la hoja de ruta presentada en 2023, "a pesar de la difícil coyuntura internacional".

Informó también que a mediados del año próximo se habrán completado todas las revisiones, quedando pendiente evaluar el cumplimiento de las recomendaciones que haga esta organización a nuestro país.

Igualmente, agradeció al Perú por la decisión de enviar al SOM APEC a la OCDE y alentó a una sustantiva participación en la próxima reunión Ministerial de la organización en mayo próximo, en París.

Por su parte, el Canciller reiteró el compromiso político del Perú con el proceso de adhesión a la OCDE y la prioridad que le otorga el Gobierno de la presidente Boluarte. En ese sentido, Cormann alentó a nuestro país a "mantener ese impulso".

Además, el ministro González-Olaechea destacó que el Perú comparte los mismos valores de la OCDE, tales como la defensa de la libertad, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.

Asimismo, que este proceso resulta beneficioso como catalizador de reformas sustantivas para el desarrollo inclusivo, equitativo y sustentable en favor de todos los peruanos. Finalmente, resaltó que el Perú cuenta con diversas fortalezas como su estabilidad macroeconómica y la legalidad.

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El ministro de Defensa, Jorge Luis Chavez Cresta, aseguró enfáticamente que no existe evidencia de que el armamento empleado por organizaciones criminales en los recientes hechos de violencia registrados en Ecuador proceda o pertenezca a las Fuerzas Armadas del Perú.   

“He tomado contacto con el ministro de Defensa del Ecuador y nos ha manifestado que no existe evidencia de ello”, señaló Chávez Cresta, al tiempo de referir que la misma información la brindó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del vecino país y el Jefe de la Policía de Guayaquil. 

“Todas estas autoridades han señalado que no se puede comprobar que el material de guerra incautado en Ecuador sea procedente del Perú. Esa es la información oficial. Acá no estamos hablando de versiones periodísticas, sino de lo que señalan los organismos oficiales de Ecuador”, subrayó. 

Agregó que las autoridades del Ecuador sí han confirmado la presencia de dinamita de procedencia peruana. Sin embargo, ese material explosivo no pertenece a las Fuerzas Armadas ni es de uso militar, sino que es utilizado por empresas privadas principalmente para actividades del sector minero.

Auditoria

Asimismo, respecto a la auditoría que se está culminando en los arsenales de las FF.AA., aclaró que la misma se inició hace tres meses cuando se encontró una presunta granada militar en San Juan de Lurigancho y no como consecuencia de las versiones sobre supuesto material de guerra peruano en Ecuador. 

“Este trabajo lo hemos iniciado hace tres meses y no ha sido fácil. Estamos hablando de un inventario en 430 polvorines y 31 almacenes de armas, munición y explosivos que están destinados a las actividades, entrenamiento y reserva de nuestras Fuerzas Armadas”, explicó. 

Para tener una noción de la magnitud de la tarea, Chavez Cresta indicó que solo en lo correspondiente a munición, las Fuerzas Armadas cuentan con 50 millones de cartuchos de diferente calibre, y en el caso de las granadas su número supera las 100 mil. 

Agregó que los resultados de la auditoria deben estar listos en la presente semana y sobre esa base se adoptarán las acciones que correspondan para determinar las responsabilidades a las que hubiera lugar. 

“Lo que quisiera dejar absolutamente claro es que desde que se tuvo conocimiento de esa supuesta granada militar en San Juan de Lurigancho, extremamos las medidas de seguridad en todas las instalaciones que guardan material de guerra para evitar cualquier tipo de sustracción”, puntualizó.

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El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto Palacios, ha dirigido una solicitud al presidente del Consejo de ministros, instando a la ejecución urgente de un plan de contingencia junto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ante el reciente incremento de los peajes.

Soto Palacios subraya la necesidad de implementar rutas alternas en todos los peajes de manera inmediata, mostrando preocupación por la pasividad del Ejecutivo frente a cómo la empresa privada afecta los recursos de los ciudadanos.

El pedido del congresista Soto Palacios surge como respuesta al comunicado de la Municipalidad de Lima en noviembre, que anunció un aumento en las tarifas de peaje. Este hecho llevó a la realización de una audiencia el 27 de noviembre de 2023, donde participaron la población de Puente Piedra, Carabayllo, Ancón, Comas, Santa Rosa, Los Olivos, San Martín, y sus respectivos alcaldes.

Durante la audiencia, se acordó de manera masiva la urgencia y prioridad de establecer rutas alternas para aliviar la carga económica de los residentes, afectados por los pagos de peaje al salir de sus propios distritos.

Como resultado de esta audiencia, el congresista Soto Palacios presentó un proyecto de ley que declara de interés nacional la inversión necesaria para la construcción de estas rutas alternas, involucrando a la Municipalidad de Lima Metropolitana, la Municipalidad de Puente Piedra y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

A la fecha, Rutas de Lima ha comunicado un aumento abusivo respaldado por un sustento contractual en conflicto, pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional. Dada la competencia establecida en la Constitución del Perú y en defensa de los consumidores y la seguridad económica de la población, Soto Palacios exige al Ministerio de Transportes y su despacho implementar alternativas beneficiosas para todos los peruanos. Se enfatiza que la disputa contractual persistirá hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

/MPG/NDP 

La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó hoy que el Tribunal Constitucional cuenta con todo el respaldo para continuar desempeñando su rol de protección de los derechos y libertades que componen la Constitución Política.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su discurso ofrecido durante la apertura del Año Jurisdiccional del TC, realizado en la sede de dicha institución en el Centro de Lima.

"El Tribunal Constitucional cuenta con todo nuestro respaldo para seguir desempañando su rol fundamental en la protección de los derechos y libertades de nuestra Constitución", manifestó.

Asimismo, se comprometió a que este año trabajará por un país en orden y paz, para lograr una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.

"Juntos podemos lograrlo con fe y convicción renovada sobre el destino de la patria saldremos adelante en beneficio de los más 33 millones de peruanos", agregó.

Asimismo, agradeció al presidente del TC, Francisco Morales, por haber adoptado el acuerdo de reincorporarse al Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, siendo que este también comparte la idea de lograr una justicia "más eficiencia, moderna e inclusiva".

"En mi condición de presidenta constitucional de la república y abogada, expreso todo mi respaldo a la independencia de los órganos constitucionalmente autónomos del país, el Perú necesita el trabajo conjunto de sus instituciones respetando autonomías y competencias que la Constitución establece", refirió.

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El partido Fuerza Popular dispuso suspender a Juan Carlos Lizarzaburu de su bancada parlamentaria debido a las frases sexistas proferidas contra su colega Patricia Juárez.

Así lo confirmó la congresista Martha Moyano, integrante del grupo parlamentario, quien saludó la medida adoptada.

“Fuerza Popular ha acordado suspenderlo (a Lizarzaburu), eso lo hace el partido y yo no intervengo en el asunto. Me parece bien que se haya tomado esa decisión”, declaró a la prensa.

Asimismo, la parlamentaria indicó que su bancada respetará lo que decida la Comisión de Ética Parlamentaria con respecto al caso del congresista representante de los peruanos en el exterior.

Como se recuerda, en la víspera se llevó a cabo en Ética la audiencia del expediente seguido contra Juan Carlos Lizarzaburu. Se le abrió dicho proceso luego de que, durante una sesión virtual, emitiera comentarios referidos al físico de Patricia Juárez, también integrante de la bancada Fuerza Popular.

Terminada la audiencia, el presidente del grupo de trabajo, Diego Bazán, señaló que, al tratarse de un caso de flagrancia, el informe final de la denuncia se redactará en un plazo máximo de 10 días hábiles.

/DBD/