Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, presidirá esta mañana una sesión del Consejo de Ministros que lidera Alberto Otárola.

Según informa la agenda presidencial, la sesión se desarrollará en Palacio de Gobierno desde las 9:00 horas. Esta información fue dada a conocer a través de las redes sociales de la Presidencia de la República.

Como se recuerda, son atribuciones del Consejo de Ministros aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso, además de aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el jefe de Estado, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley.

Asimismo, durante estas sesiones les corresponde deliberar sobre asuntos de interés público y las demás que le otorgan la Constitución y la ley.

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El Fuero Militar Policial (FMP) oficializó hoy el nombramiento del Mayor General FAP (R) Arturo Antonio Giles Ferrer como Presidente del Tribunal Supremo Militar Policial y de la Sala Suprema Revisora para el periodo 2023-2025.

Así lo establece la Resolución Administrativa N.º 034-2023-FMP/TS/SG publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Giles Ferrer fue elegido en el cargo durante la sesión de Sala Plena del Fuero Militar Policial, ello en cumplimiento de la Ley N° 29182, que determina la estructura, organización, competencias y funciones específicas del Fuero Militar Policial, en concordancia con la Constitución Política del Perú.

De acuerdo con el artículo 11 de dicha Ley, modificada por la Ley N° 31927, "el Presidente del Tribunal Supremo Militar Policial es un Oficial General o Almirante, en situación de retiro; quien es elegido en sesión de Sala Plena del referido Tribunal, para ejercer dicho cargo por un periodo de dos años".

El Fuero Militar Policial es un órgano jurisdiccional autónomo e imparcial y constituye una jurisdicción excepcional e independiente del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El organismo tiene como misión afianzar la defensa y seguridad nacional mediante una justicia penal militar policial especializada que cautele las acciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en situación de actividad, con observancia de los principios y derechos establecidos en el Código Penal Militar Policial.

Trayectoria académica y profesional

Giles Ferrer es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, magister en Derecho Constitucional, Ciencias Penales y Política Jurisdiccional, así como conferencista, docente, expositor de diversas materias relacionadas al ámbito del derecho.

Cuenta con una trayectoria como oficial del Cuerpo Jurídico de la FAP, así como magistrado del FMP, en los que ocupó cargos como presidente de la Sala Suprema de Guerra y secretario general del Foro Interamericano de Justicia Militar.

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La presidenta de la república, Dina Boluarte, participa en la ceremonia de entrega de 200 vehículos a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esta información fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de la Presidencia en las redes sociales.

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El general de división del Ejército David Ojeda Parra es el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), de acuerdo con una resolución suprema publicada hoy en el Diario El Peruano.

Adicionalmente, se informó que el nombramiento tendrá efectividad a partir del 1 de enero de 2024, fecha en que también se da por concluida su designación en el cargo anterior.

De igual modo, se le dan las gracias por los servicios prestados como comandante general del Ejército.

Además, se publicó otra resolución suprema mediante la cual se dispone el cese del general de división del Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar en el cargo de jefe del CCFFAA.

Asimismo, se dispone pasar al alto mando militar a la situación de retiro por cumplir 40 años de servicios reales y efectivos como oficial, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambos dispositivos llevan la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y son refrendados por el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

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El Sexto Juzgado de Investigación Preparatorio Nacional ordenó el embargo en forma de inscripción del 100% de las participaciones de la exprimera dama, Nadine Heredia, en la Persona Jurídica BAKERY 180 E.I.R.L., equivalente a la suma de 7 mil 245 soles.

Ello luego de que el magistrado Leodan Cristóbal declarara fundado el requerimiento de la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht que solicitó el embardo en forma de inscripción y orden de inhibición como una medida cautelar contra Heredia Alarcón.

"Declarar fundado el requerimiento de medida cautelar de embargo en forma de inscripción y orden de inhibición formulada por la Procuraduría Pública Ad Hoc caso Odebrecht contra Nadine Heredia Alarcón por su presunta vinculación con el delito de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en agravio del Estado", señala la resolución.

Así, se detalla que el embargo se da hasta por la suma total de 7 mil 245 soles, monto que representa el 100% de las participaciones de la exprimera dama en la Persona Jurídica BAKERY 180 E.I.R.L.

"Ordeno trabar la medida cautelar de orden de inhibición sobre el 100% de las participaciones que la imputada Nadine Heredia Alarcón posee (en sociedad conyugal) en la Persona Jurídica BAKERY 180 E.I.R.L.", agrega el documento.

Antecedentes

La esposa de Ollanta Humala, es procesada actualmente junto al exmandatario por lavado de activos a raíz de las presuntas coordinaciones con los exdirectivos de Odebrecht en Perú para otorgar la construcción del Gasoducto del Sur, a cambio de aportes ilegales, y del financiamiento irregular de su Partido Nacionalista en las campañas electorales del 2006 y 2011.

Tanto Heredia como Humala cumplieron nueve meses de prisión preventiva el 2017 y 2018, por las investigaciones en su contra del caso Odebrecht; pero el Tribunal Constitucional revocó esa medida al considerarla excesiva, mientras la denuncia era investigada por el Ministerio Público.

/AC/Andina/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, reafirmó hoy que su gestión trabaja sin descanso para asegurar la seguridad de todos los ciudadanos del país, con la finalidad de que las familias puedan vivir "sin temores ni preocupaciones".

Estas declaraciones las ofreció durante la inauguración de la III sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que se desarrolla en la ciudad de Pucallpa, Ucayali.

"Vivir en un país seguro, donde nuestras familias puedan caminar sin temores ni preocupaciones es un derecho de todos los ciudadanos y es el motivo porque el que mi Gobierno está trabajando sin descanso", manifestó.

La mandataria explicó que "esta tarea no es fácil", pero que se está apostando por conseguir que este derecho sea para todos, siendo que desde el primer día de su gestión "asumió la tarea de defender el orden público y fortalecer la seguridad de nuestra población".

"Porque solo así lograremos impulsar el crecimiento económico y sacar a adelante a nuestro país en temas tan importantes en el cual tenemos que enfrascarnos", aseguró.

Asimismo, sostuvo que se podrá avanzar en esta tarea "con la más amplia unidad y de manera concertada", para que las acciones multisectoriales "sean sostenibles en el tiempo".

Además, manifestó que para el próximo año el Conasec debería tener una mirada "más ejecutiva", con la finalidad que sea "más efectiva y pueda ejecutar acciones de manera más descentralizada en la tarea de la seguridad ciudadana".

"Las acciones sostenidas nos han permitido dar pasos importantes en la lucha contra el crimen, pero debemos aterrizarlas, los acuerdos son importantes, pero debe haber un equipo a cargo para que puedas ejecutadas y aquí es importante el trabajo articulado", agregó.

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El Cuarto Juzgado Civil de Tacna, confirmó la sentencia contra la congresista Nieves Limachi Quispe (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), ordenando el pago de más de 47,000 soles a la Beneficencia de la ciudad del sur del país.

El monto a pagar por la parlamentaria es de 47,268 soles a favor de la Beneficencia de Tacna por el concepto de penalidades, intereses y costos en demanda derivada de contrato de arrendamiento.

"Declarar infundado el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por Nieves Esmeralda Limachi Quispe, en consecuencia, confirmo la Resolución Nª 11 - sentencia del 4 de setiembre de 2023 que declaró fundada en parte la demanda de obligación de dar suma de dinero y ordenó que la demandada pague a la demandante 47,268 soles por concepto de penalidades del periodo del 21/03/2013 al 07/11/2019, más intereses legales, con costas y costos del proceso", refiere la resolución.

Asimismo, dispone la devolución del expediente al juzgado de origen bajo responsabilidad del auxiliar jurisdiccional, una vez se firme la presente.

La conclusión a la que arribó el juzgado fue que "no se acreditaron los fundamentos de la apelación", siendo que, además, la resolución impugnada "ha sido emitida conforme a ley, con la debida motivación y sin vulnerar el derecho de las partes".

Como se recuerda, la congresista Limachi había apelado el fallo del Juzgado de Paz Mixto del distrito Gregorio Albarracín de Tacna que ordenaba el pago a la Beneficencia de Tacna, por una deuda de las penalidades en un contrato que sostuvieron con la demandada.

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La presidenta de la república, Dina Boluarte, lidera hoy la III y IV sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

Esta actividad presidencial, que fue dada a conocer a través de sus redes sociales oficiales de la Presidencia, se desarrollará en esta oportunidad en la región Ucayali.

Según la agenda de la mandataria, la reunión se realizará desde las 10:00 horas en el Hotel Costa del Sol de la ciudad de Pucallpa.

Como se recuerda, el Conasec se encarga de formular, conducir y evaluar las políticas de seguridad ciudadana a nivel nacional con la participación activa de los organismos del Estado, Gobiernos Locales y la comunidad organizada.

Ello con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Política del Perú, así como la convivencia pacífica.

/DBD/

"Aquí no hay privatización, lo que hay es el alquiler de una plataforma tecnológica que nos da predictibilidad y seguridad. El ministerio de Cultura sigue manteniendo su rol rector en la administración y gestión de sitios arqueológicos a nivel nacional", precisó.