Política

La bancada Alianza para el Progreso (APP) expresó su preocupación por los presuntos actos ilícitos imputados a altas autoridades del Ministerio Público, otras entidades públicas y parlamentarios.

“Exigimos una investigación exhaustiva que conduzca a la identificación de los responsables”, señalan en un comunicado.

La bancada también se pronunció por la denuncia presentada por fiscal de la Nación, Patricia  Benavides, contra la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por los fallecidos durante las manifestaciones pasadas.

Al respecto, la bancada indica que el Parlamento deberá tramitar la denuncia contra la presidenta y el titular del Consejo de Ministros conforme al marco constitucional, cumpliendo el debido proceso, a fin de determinar la responsabilidad, si la hubiera, en los referidos sucesos ocurridos en diciembre de 2022 a marzo de 2023.

Asimismo, precisa que las votaciones de su bancada corresponden a la decisión exclusiva de su bancada parlamentaria, observando el marco legal vigente, priorizando los intereses nacionales.

“Rechazamos la pretensión de aprovechar políticamente estas circunstancias difíciles con adelanto de elecciones que solo generan más inestabilidad y dificultan la recuperación económica del país”, señala el documento.

En ese marco, la bancada refiere que ratifica su compromiso con el sistema democrático y la defensa de la institucionalidad democrática como instrumentos fundamentales para el desarrollo del país.

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El Equipo Especial de Fiscales peruanos encargado del caso Lava Jato pidió este lunes el cese de la nueva coordinadora del grupo, Marena Mendoza, que fue nombrada recientemente por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en reemplazo de Marita Barreto, a quien destituyó.

A través de un comunicado firmado por 22 miembros del equipo, este grupo sostuvo que Mendoza se reunió la madrugada de este lunes con Benavides, horas antes de que saliera a la luz la investigación que está realizando el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) acerca de la fiscal general y su equipo.

"En mérito a ello, y en salvaguarda de la autonomía e independencia de todos los señores fiscales integrantes del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato, solicitamos que se proceda a la designación de otro magistrado(a), que pueda desempeñar la encargatura de la coordinación del equipo", indicaron los fiscales.

Pidieron que se nombre a otro coordinador mientras se resuelve el proceso del que hasta este domingo era la cabeza del equipo, Rafael Vela, quien fue destituido por ocho meses este viernes por infracciones administrativas.

"El pedido que se formula es considerando que la persona que detente la encargatura de la coordinación del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato tiene que estar legitimada para ejercer dicha función, que nos permita como representantes del Ministerio Público que ejerzamos nuestra función sin ningún tipo de interferencia, en defensa de los intereses institucionales", señaló el documento.

Este lunes se llevó a cabo la operación 'Valquiria V', a cargo del Eficcop, que considera que Benavides (protegida por la inmunidad) es la cabeza de una red criminal de tráfico de influencias.

Como parte de este operativo, detuvo al que era hasta el domingo el gerente central del Despacho de la Fiscalía, Jaime Villanueva.

Un día antes, Benavides encargó a la fiscal superior titular civil Marena Mendoza como nueva coordinadora del Equipo Especial Lava Jato en Perú, en una resolución que detallaba que estaría al frente de sus funciones desde el pasado sábado.

El viernes pasado se declaró infundada la apelación de Vela y confirmó dos infracciones administrativas "muy graves" emitidas por declaraciones que dio a medios de comunicación, entre ellas de rechazo a la decisión judicial que excarceló a mediados de 2020 a Keiko Fujimori, quien cumplía una orden de prisión preventiva por 15 meses mientras era investigada por un presunto lavado de activos.

Tras conocerse que se había rechazado la apelación del fiscal, la procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, declaró que con esa medida "corren riesgos todos los casos a cargo del Equipo Especial Lava Jato porque este grupo desde hace 5 años conoce los casos complejos de corrupción".

Vela coordinaba el trabajo de los fiscales encargados de investigar a altas autoridades, entre ellos a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y la excandidata Keiko Fujimori, entre otros políticos y dirigentes.

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El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó hoy que no renunciará al cargo e indicó que los chats divulgados en medio de una investigación contra la fiscal de la nación, Patricia Benavides, buscan deslegitimar el proceso de su elección en el Congreso.

En sus primeras declaraciones tras retornar de un viaje a Panamá, expresó su preocupación por lo que viene sucediendo en el Ministerio Público tras la publicación de unos chats donde se pone en duda la legitimidad de su elección en el cargo.

"No es verdad (todo lo que se viene especulando), probablemente (los trabajadores de la Defensoría que piden su renuncia) se han dejado llevar, no (voy a renunciar), les estoy explicando con la tranquilidad necesaria que no tengo nada que ver en este proceso que podría haber deslegitimado a la institución", dijo.

En ese sentido, explicó que no conoce a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, ni a Jaime Villanueva, recordando que cuando se desempeñó como asesor de la Comisión de Justicia del Congreso, la actual titular del Ministerio de Público nunca acudió a ese grupo de trabajo para exponer sobre algún tema.

Asimismo, precisó que en los chats difundidos por diversos medios de comunicación se menciona que estas personas "tenían otro candidato" que quien no logró alcanzar los votos requeridos para su nombramiento como defensor del pueblo.

"Quien ha hablado de esto ha sido muy ligero al introducir estos temas porque en este proceso el único que habló con bancadas y los parlamentarios he sido yo, jamás pedí a alguien que me apoye", aseguró.

Además, señaló que no aparecerá jamás un chat donde se le involucre directamente y que tiene la tranquilidad para contestar cualquier tipo de pregunta respecto al tema.

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La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, calificó como un acto de amedrentamiento la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) que la sindica como líder de una presunta organización criminal que opera desde el Ministerio Público.

En ese sentido, señaló que no retrocederá y se mantendrá en el cargo al frente del Ministerio Público.

"No permitiré que esa presión e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer hechos y encontrar a los verdaderos responsables", señaló en un pronunciamiento.

Afirmó que continuará con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables de las trágicas muertes que ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre del 2022 y marzo del presente año, así como de todos los casos emblemáticos de los que se hace cargo el Ministerio Público.

"Hoy reafirmo mi compromiso como Fiscal de la Nación frente a ustedes porque no temo a las represalias que puedan seguir tomando contra mi persona", sostuvo.

En ese sentido, la magistrada dijo que los recientes actos de investigación que la involucran tienen como propósito amedrentarla para no continuar la lucha contra la impunidad.

Denuncia constitucional

Además, anunció que ha presentado denuncia constitucional ante Congreso de la Republica contra la presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra; el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola; César Augusto Cervantes, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero por la presunta comisión delito homicidio calificado en agravio de  Víctor Santisteban Yacsavilca y lesiones graves en agravio de Renato Sebastián Murillo.

"No se puede permitir la muerte de ningún peruana ni peruano, ni el abuso poder. No se puede permitir que se traten de dañar  la imagen de fiscales honestos. El pueblo se da cuenta de ello, por eso siempre he procedido conforme a la Constitución y la ley", concluyó.

El pronunciamiento de la fiscal Benavides se realiza luego que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y la Diviac de la Policía Nacional inició un operativo con allanamiento de viviendas y oficinas contra sus asesores y ex asesores. Al respecto, aseguró que se viene dando todas las facilidades para la investigación.

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Los chats que revelarían la presunta existencia de una red criminal en el Ministerio Público, han evidenciado que mi inhabilitación por parte del Congreso tuvo carácter político y que detrás de ello se encuentra la hoy titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, junto a su entorno más cercano, sostuvo la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Sostuvo que ella venía advirtiendo ello hace meses y por ello, en la sesión del 1 de junio de la Junta de Fiscales Supremos, señaló que le habían llegado trascendidos de que dos asesores y un coordinador parlamentario del Ministerio Público estaban haciendo lobby en su contra, a fin de que quede en autos.

Agregó que no tenía los nombres de esas personas y solo le comentaron que uno de esos esos asesores era “un señor robusto”, que sería Jaime Villanueva, hombre de confianza de Benavides, hoy detenido en el marco de la investigación a la presunta organización criminal que encabezaría la fiscal de la Nación.

Como parte de dichas pesquisas, hoy salieron a la luz unos chats entre Villanueva y un colaborador eficaz que revelarían coordinaciones para lograr, entre otros objetivos, la destitución de Ávalos Rivera por parte del Congreso.

Para la exfiscal de la Nación, ello se habría dado por orden de Patricia Benavides, ya que le resultaba incómoda dentro de la institución.

“Yo creo que hoy día ha quedado evidenciado que mi inhabilitación no tuvo ningún criterio jurídico, fue de carácter político y venganza, porque la señora (Benavides) ya había dicho que se iba a vengar, yo sabía que ella estaba trabajando todo esto en contra mía, lastimosamente yo no lo podía probar”, declaró Zoraida Ávalos a RPP.

Asimismo, consideró que la situación es parecida a lo ocurrido en los años noventa con la entonces fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán, puesto que se habría producido un copamiento dentro del Ministerio Público y desmantelamiento de diferentes casos, lo que ha terminado afectando a la institución.

“La llamada a tomar acciones en este momento es la Junta Nacional de Justicia, porque ha quedado evidenciado que quien lideraba a este equipo es nada menos que la fiscal de la nación (…) Si es que la Junta tomara acciones y la suspendiera (a Benavides), de ser el caso, tendría que entrar el que le sigue en antigüedad, que es Pablo Sánchez”, sostuvo Ávalos.

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El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción ratificó las acciones lideradas por Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado frente a las investigaciones que involucran a los asesores de la fiscal de la nación Patricia Benavides y rechazan la resolución que separa a la fiscal Barreto.

Mediante un pronunciamiento hicieron de conocimiento público que rechazan el acto resolutivo emitido por la Fiscal de la Nación que concluye en funciones a la Dra. Marita Barreto Rivera en calidad de Fiscal Superior Coordinadora del Equipo Especial, lo cual solo genera perjuicio y retraso en las investigaciones.

Así también, solicitan a la Junta de Fiscales Supremos que, ante los hechos puestos a conocimiento público, actúen con responsabilidad y buen criterio en defensa de la institucionalidad.

Es en ese sentido que, invocan a la ciudadanía y a las instituciones a mantenerse vigilantes sobre acciones que pudieran formularse contra los señores fiscales que conforman el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

En dicho comunicado señalan además que los fiscales del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, permanecerán en el cargo a fin de no perjudicar las investigaciones y serán oportunos denunciantes ante cualquier acto que suponga la vulneración de la autonomía e independencia de las funciones propias en el cargo.

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La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático- Juntos por el Perú) anunció la presentación de una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides a fin que sea sancionada e inhabilitada, tras la revelarse que la magistrada lideraría una presunta organización criminal.

"La fiscal es una alta funcionaria, es una aforada, corresponde una denuncia constitucional, yo la estoy presentado, espero que los congresistas que se han lavado (llenado) la boca con la lucha contra corrupción, esos mismos congresistas hoy cumplan los plazos y se abra investigación para que la señora sea sancionada e inhabilitada", señaló Luque en declaraciones a la prensa.

La legisladora calificó de escandalosos los chats revelados por la prensa y redes sociales que muestran una clara instrumentalización política para socavar el Ministerio Público y poner a la institución al servicio de unos cuantos.

Luque aludió las conversaciones de Jaime Villanueva, asesor de Benavides, para la destitución de la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y lograr la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo.

Ante lo expuesto, exhortó a las fuerzas políticas representadas en el Congreso a pronunciarse y no mantener un silencio cómplice frente a la gravead de los hechos.

"Hoy las grandes fuerzas políticas no dicen nada, ahora exigen debido proceso", cuestionó Luque.

Consideró que su colega Patricia Chirinos, mencionada en los chats del asesor Villanueva, también debería ser denunciada constitucionalmente. No obstante, precisó que el recurso que ella presenta solo incluye a la fiscal Benavides.

Además, la congresista consideró que la Junta de Fiscales Supremos y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pueden suspender provisionalmente a Patricia Benavides del cargo de Fiscal de la Nación.

"Sería inaudito que una fiscal acusada de liderar una red criminal para usar políticamente el Ministerio Público pueda seguir en el cargo. Eso no se puede permitir", enfatizó.

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La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dio por concluida la designación de la abogada Jhousy Margot Aburto Garavito, titular de la investigación de los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado ocurridas en noviembre de 2020. caso.

La medida se adopta a pocas semanas de que finalice la investigación del caso.

En enero de este año, Aburto Garavito fue designada como la fiscal encargada de investigar, de manera exclusiva, los sucesos y muertes de los jóvenes durante las jornadas de protesta en contra del gobierno del entonces presidente Manuel Merino.

Posteriormente, el 29 de setiembre de 2023, el Ministerio Público resolvió prorrogar la vigencia de la investigación.

Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, e Inti Sotelo Camargo, de 24 años, fallecieron el sábado 14 de noviembre del 2020.

Sus muertes precipitaron la renuncia de Merino a la Presidencia de la República.

La resolución que da por concluida la designación de la fiscal Aburto Garavito se da en el mismo día que se da por concluida el nombramiento de la fiscal Marita Barreto del cargo de coordinadora del Equipo Especial de fiscales contra la corrupción en el poder, el cual ocupaba desde julio de 2022.

En el marco de una investigación a una presunta red criminal que opera en el Ministerio Público, agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, detuvieron a Jaime Villanueva, hasta hace poco asesor principal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La detención se efectuó luego de ser dado de alta en la Clínica San Pablo, ubicada en Surco, a donde llegó tras conocer la orden de arresto en su contra.

Villanueva abandonó el nosocomio enmarrocado.

César Euscate, abogado defensor de Villanueva, señaló que su patrocinado colaborará con el desarrollo de las investigaciones.  Precisó que la detención preliminar es por 10 días.

Comentó que su defendido ingresó a la clínica San Pablo al presentar un malestar por lumbalgia, sin embargo, fue dado de alta, al descartarse complicaciones de salud.

La orden de detención, descerraje y allanamiento de la vivienda  de Villanueva en el distrito de La Molina, así como de su oficina en el Ministerio Público y el registro de dos vehículos de su propiedad, fue dictada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Ello, tras resolver a favor de un pedido del equipo especial de fiscales que investiga a Villanueva Barreto y otros asesores como parte de una presunta organización criminal "enquistada en la alta dirección del Ministerio Público" y que estaría encabezada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

De acuerdo al equipo especial, Villanueva Barreto y Miguel Angel Girao Isidro, funcionarios del Ministerio Público, así como el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza, integrarían una organización criminal que habria "instrumentalizado" la "persecucion penal para beneficio propio".

Estas acciones tuvieron el objetivo de influir "ilicitamente en decisiones de congresistas" para la remoción de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación, "para fines ilícitos".

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