Política

El parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular) afirmó que el proyecto de ley de su autoría que permite a los policías abatir delincuentes en legítima defensa busca "dar un respaldo legal" a las fuerzas del orden en situaciones delictivas.

"El motivo de hacer este proyecto de ley ha sido darles un respaldo legal a la Policía para que pueda actuar. Ustedes han visto que todos los días hay noticias de robos, asaltos, pero no hay ni una de que un policía haya disparado a alguien para poder contener la violencia que se está ejerciendo para un robo y eso es porque no están protegidos", dijo Montoya en declaraciones a la prensa desde el Hall de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo.

Vale recordar que el legislador presentó el proyecto de ley N° 5239/2022-CR que plantea modificar el Decreto Legislativo 1186, Ley que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Esta ley permite protegerlos (a la PNP) en caso de flagrancia cuando vean que con un arma van a atacar a alguien, [para que] puedan dispararles directamente sin cumplir los protocolos que existen actualmente y que son imposibles de cumplir", señaló.

Destacó que la iniciativa legislativa precisa la necesidad de entrenar a las fuerzas policiales para actuar en estos casos concretos.

"Esto lleva a un entrenamiento especial. Una vez que se dé la ley, la Policía tiene que generar un entrenamiento para que puedan desarrollar un tiro intuitivo y sepan cómo desarrollarse en cada situación", indicó.

Ante las dudas que existen sobre lo que pueda considerarse como un arma, Montoya mencionó que pueden ser "un cuchillo, un martillo, una comba, un machete. Hay muchas cosas que emplean como arma los delincuentes para someter a sus víctimas. Ante cualquiera de ellas, el Policía puede abatir al delincuente".

El legislador también refirió que las normas actuales que protegen a la policía cuando hacen uso de su armamento no resultan efectivas debido a la escalada de violencia en los asaltos.

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El titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, junto a los ministros de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi; y de Economía, Alex Contreras, participan en la reunión del Consejo a nivel ministerial de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Como se recuerda, el jefe del Gabinete Ministerial se encuentra en Europa desarrollando una visita de trabajo a España y Francia, en este último país se encuentra en la ciudad de Paris.

Según informa la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en la capital francesa las autoridades entregarán oficialmente el Memorando Inicial y discutirán los próximos pasos en el proceso de acceso del Perú a este mecanismo internacional.

Dicho documento da inicio a la implementación de la hoja de ruta hacia la adhesión de Perú a la OCDE, tal como señalara la canciller días atrás.

Asimismo, Ana Gervasi refirió que en este proceso de adhesión de Perú se emprendió un trabajo sin precedentes de cooperación y coordinación interinstitucional, para implementar las mejores prácticas y políticas, orientadas a mejorar la calidad de vida de la población peruana.

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El Poder Ejecutivo promulgó la ley que reestablece la autonomía constitucional del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, con relación al procedimiento de designación de sus procuradores públicos.

La norma, publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, modifica el Decreto Legislativo 1326, mediante el cual se crea la Procuraduría General del Estado.

La modificatoria señala que los procuradores del Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos son elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años, mediante concurso público.

Además, mantienen autonomía administrativa y funcional para dirigir sus respectivos procesos de selección y no están sujetos a los lineamientos y disposiciones de la Procuraduría General del Estado.

Dichos procuradores, de manera excepcional, son designados mediante resolución del procurador general del Estado, previa comunicación del titular de la entidad.

En tanto, su régimen laboral es aquel que corresponda a la entidad en la que ejerzan sus funciones, ya sea el Poder Legislativo, Poder Judicial u organismos constitucionales autónomos.

Por último, se señala que, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, los procesos de selección convocados para la designación de dichos procuradores públicos, cualquiera sea su estado o etapa, se adecuarán a lo dispuesto en la presente ley o, en caso de haber sido ya nombrados, están sujetos a evaluación y ratificación del titular de la entidad.

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El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Jorge Chávez Cresta, así como autoridades civiles y militares participarán este miércoles 7 de junio en el aniversario 143 de la Batalla de Arica.

La actividad se realizará en la Plaza de la Bandera, situada en los límites de los distritos de Cercado de Lima, Pueblo Libre y Breña, a partir de las 9:00 horas.

Durante dicho evento, que contará con la participación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, también se realizará la Renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera.

Entre las autoridades militares estarán presentes el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar; y los comandantes generales del Ejército, General de Ejército David Ojeda Parra; de la Marina de Guerra, Almirante Alberto Alcalá Luna, y de la Fuerza Aérea, General del Aire Alfonso Artadi Saletti.

Como se recuerda, la Batalla de Arica, que culminó con la toma de la ciudad por parte de las tropas chilenas, tuvo lugar el 7 de junio de 1880 en el marco de la guerra del Pacífico.

Durante dicha Batalla, Alfonso Ugarte, jefe de la Octava División, decidió lanzarse desde el morro de Arica para evitar que la Bandera Nacional fuera capturada por manos del enemigo.

A raíz de la valentía y el honor con los que las tropas peruanas defendieron el Estandarte Nacional es que el 7 de junio también se conmemora, en el Perú, el día de la Bandera.

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La emisión de 17 mil pasaportes con irregularidades es materia de una investigación preliminar iniciada hoy por el Ministerio Público.

Dicha institución informó que la Fiscalía Anticorrupción dispuso de oficio el inicio de esa diligencia respecto a quienes tengan alguna responsabilidad al respecto.

La presunción del Ministerio Público es que se habría incurrido en delito contra la administración pública.

La Superintendencia Nacional de Migraciones detectó que aproximadamente 17 mil pasaportes emitidos en el último tramo del año anterior tendrían deficiencias, disponiendo medidas para que quienes los posean puedan subsanar estas.

La emisión de estos documentos corresponde a dos periodos: entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre, y entre el 8 de diciembre y el 20 de diciembre de 2022.

Al no haberse completado la certificación de los pasaportes, estos no son aceptados al momento de pasar por controles migratorios.

Serían dos las empresas extranjeras con las que dicha entidad firmó los convenios correspondientes, por un monto superior a los 120 millones de soles.

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La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Karol Paredes, afirmó hoy que el grupo de trabajo que lidera verá "de forma responsable y transparente", los casos que involucran a los congresistas Digna Calle (Podemos Perú) y Edgard Tello (Bloque Magisterial).

En ese sentido, explicó que esta comisión presentó una denuncia de oficio contra ambos legisladores, por lo que se está desarrollando, en estos momento, el proceso de indagación, respetando lo que indica la normativa.

"En el caso de Digna Calle y Edgar Tello, nosotros estamos iniciando un proceso de indagación, (...) no puedo adelantar cuál será la sanción, pero si puedo decir que la investigación será responsable como siempre lo hemos venido haciendo y tratando de cumplir los tiempos, garantizando que en este proceso seremos totalmente transparentes", aseguró en Canal N.

Karol Paredes precisó que no puede adelantar juicios, pero que es importante tener en cuenta que cuando alguien asume el rol de congresista, cumple las funciones de representación, legislación y fiscalización, pero "no puede hacer estas responsabilidades a medias".

"En este tema la señora (Digna Calle) pidió licencia y como comisión debemos hacer las indagaciones, ver desde cuándo, nosotros empezamos a pedir información desde marzo, no es que recién vemos este caso, hemos venido haciendo el proceso de indagación desde hace meses atrás", agregó.

Asimismo, explicó que el cargo de congresista "es indelegable" por lo que los asesores o trabajadores administrativos, pueden cumplir las funciones encargadas y menos que el despacho parlamentario "camine solo".

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El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, anunció hoy que, tras las gestiones impulsadas al más alto nivel, el Poder Ejecutivo promulgó el decreto supremo que aprueba el tercer tramo de la nueva escala remunerativa de los trabajadores y trabajadoras judiciales del régimen 728.

 “Hoy hemos logrado que el Poder Ejecutivo promulgue el decreto que aprueba una nueva escala remunerativa de ingresos para el personal jurisdiccional y administrativo sujeto al Decreto Legislativo N.º 728. Con este tercer tramo se ha cumplido, tal como lo prometimos, con atender una justa demanda postergada y que hoy es una realidad”, expresó el titular del PJ.

Lo aprobado permitirá sincerar la remuneración de los trabajadores judiciales con respecto al tercer tramo de la escala remunerativa, a fin de mejorar sus condiciones laborales y fortalecer, asimismo, el servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía.

“Esta nueva escala de ingresos aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue propuesta por mi gestión, en beneficio del personal del Poder Judicial”, remarcó Javier Arévalo Vela.

El Poder Judicial había solicitado a dicha cartera ministerial la aprobación de la nueva escala remunerativa a favor de los trabajadores jurisdiccionales y administrativos de la institución judicial.

Precisamente, el titular del PJ informó, días antes, a los miembros del Comité Directivo Nacional de la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial (Fenasipoj), que el MEF se había comprometió a emitir el referido decreto, lo que hoy se concretó.

En esa oportunidad, los dirigentes de la Fenasipoj expresaron a Arévalo su reconocimiento por las gestiones realizadas al más alto nivel ante las autoridades del Poder Ejecutivo para concretar esta demanda.

Asimismo, la autoridad judicial informó que su gestión presentó una propuesta al Congreso para otorgar una bonificación extraordinaria a favor del personal del régimen CAS del Poder Judicial con menores ingresos, como mecanismo compensatorio.

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