Política

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, viajó a Ucayali para cumplir una recargada agenda de actividades. Así en su primer evento, se reunió con los pobladores de las comunidades nativas de Flor de Ucayali y San Francisco, en compañía del ministro de Justicia, José Tello y la ministra de Ambiente, Albina Ruiz.

Sin duda, es un día histórico de acercamiento de tres ministros de Estado a dos comunidades nativas de Ucayali, afectadas por el narcotráfico y la tala ilegal. El trabajo multisectorial del Ejecutivo y coordinado con la Policía Nacional del Perú, permitirá protegerlos de las mafias.

“Estamos reiterando este compromiso para trabajar de la mano y de manera articulada con el gobierno local, regional, gobierno central, y sobre todo con ustedes, quienes forman parte de esta comunidad tan importante para nosotros, algo que será siempre prioritario para el Ministerio de Cultura”, dijo la ministra.

En esta jornada en las comunidades nativas de Flor de Ucayali y San Francisco, se trabajará en la titulación de sus tierras, una necesidad por décadas. Por ello, los ministros anunciaron que se asegurarán que la Defensa Pública, envíe defensores nativos, para trabajar en la protección de sus derechos, bajo un enfoque intercultural y ambientalista.

La titular de Cultura sostuvo que, junto al equipo del Viceministerio de Interculturalidad, acompañan todos los procesos de nuestras comunidades nativas, indígenas, andinas, amazónicas y del pueblo afroperuano, “porque todos tenemos los mismos derechos”.

Indicó que el propósito de esta visita es trabajar en el mejoramiento de los accesos para que se respeten sus derechos. “Hemos venido estos días para hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Justicia”, agregó.

Manifestó que el sector Cultura trabaja para que todas y todos puedan recibir los servicios del Estado en su lengua materna, con enfoque intercultural, para temas de salud, educación, vivienda, entre otros.

“Estamos convencidos de que tenemos que trabajar de la mano con ustedes, no para imponer, sino de manera coordinada, para implementar estas políticas que tanto requieren ustedes (población)”, enfatizó.

Dijo también que debemos encontrar en nuestras diferencias, la oportunidad para mantenernos juntos. “Nuestro país nos pone retos, no solo por ser diversos, sino por nuestra propia geografía”, dijo.

Urteaga señaló que el Estado, en anteriores gobiernos, no ha brindado los servicios públicos que todos necesitamos, no solo Ucayali, sino en Lima, donde todavía hay gente que no tiene agua ni desagüe. “Debemos reconocer que ha habido un distanciamiento”, mencionó y aseguró que se trabaja para cerrar esas brechas.

El Ministerio de Salud (Minsa) rechazó categóricamente las versiones que afirman que dicho sector efectuó donaciones de productos vencidos a población damnificada por las lluvias y huaicos en Jicamarca.

Fue en respuesta a los videos que circulan en redes sociales, en los que se indica que personal del Minsa habría entregado productos alimenticios vencidos a los pobladores de Jicamarca.

Mediante un comunicado, el Minsa indica que tomará las acciones legales permitentes contra quienes pretenden dañar la imagen institucional de este ministerio y del trabajo que realiza la Asociación de Damas Voluntarias y Amigas del Minsa (ADAVAMINSA), quienes están a cargo de la recepción y entrega de estas donaciones.

El Minsa sigue firme en su compromiso por continuar rehabilitando los servicios de salud afectados por los huaicos y lluvias, a fin de que la población acceda a la atención médica oportuna y de calidad, así como realizar las acciones de fumigación para prevenir el dengue, brindar el apoyo a las regiones, entre otras acciones”, finaliza el comunicado.

/JN/

El Gobierno Nacional está llevando a cabo todas las acciones para asistir a la población afectada por las lluvias, señaló el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

Desde Piura, a donde acudió junto con los ministros de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar; y de Economía, Alex Contreras; indicó que en dicha región ya se están desplegando grupos de intervención rápida para evaluar los desastres.

Asimismo, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) informó que habrá un sobrevuelo en la zona del eje del río Piura, Sullana y Bayóvar, entre otras acciones que se llevarán a cabo para asistir a la población afectada y mitigar el impacto de las lluvias.

“Enviar mensaje de tranquilidad y de preparación en el sentido de que está el Gobierno Nacional llevando a cabo todas las acciones para asistir a la población afectada”, señaló Jorge Chávez Cresta.

/JN/

Tras ser Piura declarada en estado de emergencia, el Gobierno nacional ingresa a liderar todo el despliegue de acciones que sean necesarias  para ejecutar intervenciones puntuales, subrayó la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar.

Desde la ciudad de Piura, la titular de Vivienda sostuvo que el nivel 5 – cuya declaratoria se oficializaría en el transcurso del día- también abre la posibilidad de solicitar ayuda a nivel internacional, lo que determinará a partir de la exhaustiva evaluación que se hará en el campo hoy. 

“Nivel 5 significa que es el Gobierno Nacional que ingresa a trabajar y coordinar todas las acciones y todas las operaciones para atender la emergencia, lo cual no quiere decir que el gobierno regional o los alcaldes provinciales y distritales dejen de cumplir con su responsabilidad”, puntualizó. 

El gobernador regional, Luis Neyra, recibió a la ministra que como encargada de la región Piura, encabeza la comitiva que integran los titulares de Defensa y Economía, así como el viceministro de Gobernanza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el viceministro de Vivienda; y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Además, la integran el equipo desplegado del MVCS, tres ingenieros del Colegio de Ingenieros de Lima, quienes junto con ingenieros del Colegio de Piura armarán un equipo técnico para hace efectuar el diagnóstico situacional.

/JN/

En el último año, el número de investigaciones a funcionarios por delitos contra la administración pública ha ido en aumento, así lo confirmó el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley Soria, quien viene ejerciendo este importante cargo desde el 3 de enero del 2022.

“Evidentemente, hay muchos más casos o más notorios. Desde mi nombramiento hasta la fecha, el número de investigaciones ha crecido en un 30 %”, expresó.

Agregó que no solo ha aumentado el número de investigaciones sino también el nivel de jerarquía de los funcionarios públicos investigados, lo cual, dijo, dificulta o complica el nivel de investigación. 

“No solo ha crecido el número (de investigaciones) sino también el nivel de jerarquía de los funcionarios públicos, lo que es público y notario”, afirmó el juez supremo, quien tiene entre sus funciones resolver las medidas restrictivas solicitadas por el Ministerio Público contra altos funcionarios.

Al respecto, Checkley Soria explicó que entre las medidas restrictivas de derechos que pueda solicitar el fiscal están el impedimento de salida del país, la detención preliminar o la prisión preventiva, siendo esta última la más extrema.

/NDP/AB/

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta; junto a titular de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, partieron a Piura a fin de atender la emergencia, de nivel 5, registrada en la región por las lluvias intensas

Junto a los ministros viajan el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Paúl Caiguaray, y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Desde el Grupo N.º 8, la comitiva traslada cerca de 4 toneladas de bienes de ayuda humanitaria no alimentaria para reabastecer el almacén de Indeci de la región Piura. 

Durante la sesión de ayer del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Conagerd) se acordó la declaratoria del estado de emergencia nacional de nivel 5 en Lambayeque, Piura y Tumbes.

Tras ello, la presidenta, Dina Boluarte, dispuso que diversos ministros de Estado viajen hoy para atender a zonas afectadas por las lluvias e inundaciones.

Así, la mandataria dispuso que los ministros de Defensa, Jorge Chávez; de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, se desplacen a Piura.

/Andina/AB/

A fin de abordar diversos casos vinculados al desempeño de parlamentarios y otros personajes de la política, mañana lunes sesionarán en el Congreso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Ética Parlamentaria.

Esta última instancia tiene en la agenda de la reunión, que sostendrá desde las 8.00 horas de mañana, el debate del caso que involucra al congresista Darwin Espinoza (AP) por las expresiones que lanzó durante una sesión plenaria en contra de la parlamentaria fujimorista Tania Ramírez.

El primero calificó a la segunda como “tendera”, pidiéndole que “pague la ropa”. Esto ocurrió en la sesión plenaria celebrada el 15 de setiembre del año pasado.

En la orden del día de la agenda de la Comisión de Ética figura también la revisión del informe de calificación del expediente que comprende a cuatro congresistas por haber realizado viajes con el presunto objetivo de celebrar el año nuevo, que supuestamente fueron pagados con fondos del Parlamento Nacional.

Flavio Cruz (PL), Segundo Quiroz (BM), Rosangella Barbarán (FP) y Nieves Limachi (JP) son los legisladores que habrían incurrido en dichos desplazamientos.

De igual manera, se incluye en la orden del día de la Comisión informes de calificación de expedientes que comprenden, respectivamente, acciones de los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu (FP), Katy Ugarte (no agrupada) y Margot Palacios (PL)

/Andina/AB/

El próximo viernes 31 de marzo, a las 10:00 horas, el pleno del Congreso debatirá y votará el informe final de las denuncias constitucionales presentadas contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera.

El informe final recomienda acusar a la denunciada exfiscal de la Nación por presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución (juicio político), y solicita su inhabilitación por el período de cinco años, de acuerdo al artículo 100 de la Carta Magna, para el ejercicio de la función pública.

Además, sugiere acusar a Zoraida Ávalos Rivera por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal (antejuicio político).

El tiempo de debate será de una hora y media, sin interrupciones ni minutos adicionales, y será distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. Los no agrupados tendrán 7 minutos para fijar posición sobre el tema.

Agenda

El Consejo Directivo también acordó el ingreso a la orden del día del pleno de 117 dictámenes, entre ellos, 13 que recomiendan la insistencia y tres que proponen allanarse a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo.

Además, la Moción de Orden del Día 5372, que propone la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

El documento fue presentado el pasado 26 de enero por congresistas de Concertación Democrático - Juntos por el Perú, Podemos Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, entre otros.

También los informes finales de la Comisión de Ética Parlamentaria que proponen suspender por 60 días de legislatura al congresista Luis Cordero Jon Tay y suspender por 120 días de legislatura a los parlamentarios Enrique Wong Pujada, Jorge Flores Ancachi y Elvis Vergara Mendoza.

De igual forma, pasan a la agenda del pleno los informes finales de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que investigó la paralización de 3,314 obras; así como el cobro del concepto de cargo fijo del servicio de electricidad en los períodos de marzo, abril, mayo y junio de 2020, durante la gestión de Martín Vizcarra.

/AC/Andina/

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó hoy el decreto supremo que aprueba la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial, la cual contiene los ejes y lineamientos que orientarán las políticas nacionales.

A través de un decreto supremo, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, los sectores del Ejecutivo definirán las intervenciones necesarias para cerrar las principales brechas identificadas en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

La política se desarrolla sobre nueve ejes. El primero, denominado "Paz social y gobernabilidad", busca garantizar el acceso a la justicia para las familias de las víctimas de las movilizaciones sociales, y la sucesión constitucional democrática con respeto a la voluntad popular. Con ello se procura generar las condiciones para un adecuado crecimiento económico en beneficio de la población, principalmente la menos favorecida.

Le siguen los ejes de "Concertación y diálogo nacional", para construir una sociedad más democrática y mejorar la acción coordinada de los tres niveles de gobierno, y de "Protección social para el desarrollo", a fin de luchar contra la discriminación y el racismo, promover la seguridad alimentaria y la inclusión social de las poblaciones vulnerables, y fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

El cuarto eje, "Reactivación económica", plantea garantizar la estabilidad macroeconómica, fomentar la inversión privada y público-privada, promover el desarrollo empresarial con énfasis en las Mipyme, e implementar medidas de mitigación frente al cambio climático, entre otras acciones. En tanto, en el eje, "Impulso al desarrollo de los departamentos", destacan los lineamientos para la modernización de la gestión de los gobiernos subnacionales, y el aseguramiento de inversiones con enfoque territorial.

Como parte del compromiso del Ejecutivo con el combate a la corrupción y la inseguridad ciudadana, la Política General del Gobierno plantea en el sexto eje, "Lucha contra la corrupción, orden público y seguridad, y defensa de la soberanía nacional", un conjunto de lineamientos para responder de manera integral desde el Estado a dos de los problemas más extendido en todo el país.

Para ello se establece la aceleración de la implementación del servicio civil meritocrático y la consolidación del modelo de integridad en el servicio público. También contempla el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, del orden interno y público, de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, y de la gestión de riesgos de desastres. Además, enfatiza la promoción del desarrollo alternativo, integral y sostenible, en zonas afectadas por el narcotráfico.

En el séptimo eje, "Buen año escolar con recuperación de los aprendizajes", destaca el mejoramiento de la infraestructura educativa en territorios priorizados, la promoción de la matrícula, asistencia y permanencia de los estudiantes, el fortalecimiento de la carrera docente y el aseguramiento de la educación intercultural.

En tanto, el eje "La salud como derecho humano" prioriza la promoción del acceso a los servicios de salud, el mejoramiento de la prevención y tratamiento del cáncer, el fortalecimiento de la lucha contra la anemia y desnutrición crónica infantil, y el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y atención de los servicios de salud en los diferentes niveles de complejidad.

El último eje, "Más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida", reúne lineamientos para reducir las brechas de vivienda, para familias en situación de mayor pobreza, y de servicios de agua potable, agua de riego, energía y conectividad, con prioridad en el ámbito rural y periurbano. También dispone acelerar la ejecución de intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios e impulsar las inversiones en transportes y comunicaciones. 

/MO/Andina/

Tres postulantes a la jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial pasaron la evaluación curricular, primera etapa del Concurso Público de Méritos, convocado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Se trata de Marco Tulio Falconí Picardo, Giuliana Yanina Ortiz Zavaleta y Roberto Alejandro Palacios Bran, quienes obtuvieron un puntaje mayor a la calificación mínima de setenta puntos, lo cual les permite pasar a evaluación de conocimientos, que se tomará el 18 de abril.

Los postulantes que aprueben la evaluación de conocimientos pasan a la tercera etapa que consiste en la evaluación de su plan de trabajo. La cuarta etapa y definitiva es la entrevista personal.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial reemplazará a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), con la diferencia que la nueva autoridad tendrá autonomía funcional, administrativa y económica para ejercer sus funciones. Se encargará de prevenir, supervisar, investigar e imponer sanciones a los jueces de todas las instancias, salvo a los magistrados supremos.