Extender el período para la formalización de actividades mineras hasta el año 2027, sería perjudicial, señala el vocero del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza.

“Este proyecto de ley otorga fechas de extensión sin poner condiciones para cumplir con las obligaciones. Esta norma permitirá seguir generando impactos en la actividad minera sin mecanismos de control del Ministerio de Energía y Minas”.

La propuesta es del congresista Segundo Quiroz, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. La medida prolongaría el ciclo de impunidad en el que se encuentra la economía ilegal más grande del país, de acuerdo a especialistas en materia ambiental. Ipenza resaltó cuáles serían los riesgos.

“Vemos que hay zonas liberadas donde impera el sicariato, la trata de personas, contaminación. Quienes impulsan estas iniciativas se desarrollan en un nivel de inseguridad donde existen muertes producidas por los mismos mineros”.

César Ipenza denunció que la minería ilegal en el Perú moviliza 8200 millones de dólares para comprar autoridades y asegura que el impulso de normas de extensión de formalización de esta actividad es un caso de corrupción.

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