En un suceso que ha estremecido al sur del país, especialmente en la ciudad de Tacna, la comunidad se encuentra consternada ante los trágicos acontecimientos que han tenido lugar en las instalaciones de la compañía Claro. La atención se centra en la pérdida de vidas de trabajadores que prestaban servicios para la empresa de telecomunicaciones.

El abogado de las víctimas, Alex Choquecahua, reveló durante una entrevista a El Informativo de Radio Nacional la complejidad de las relaciones laborales en juego.

“La compañía Claro América Móvil SA subcontrataba a CICSA SA, a su vez subcontratista de SAFESA SAC. Aunque en papel los trabajadores estaban vinculados directamente con SAFESA SAC, mantenían conexiones con CICSA SA, que rendía cuentas directamente a Claro”, declaró.

La problemática central radicaba en las condiciones laborales a las que estaban expuestos los trabajadores. Las instalaciones, propiedad de Claro, carecían de licencia de funcionamiento como planta eléctrica, exponiendo a los empleados a condiciones peligrosas, infringiendo normativas de seguridad y salud laboral.

La falta de medidas de seguridad fue evidente: la miniplanta eléctrica carecía de licencia adecuada y de elementos básicos como puertas de salida contra incendios y extintores. Las puertas controladas remotamente resultaron letales cuando, en medio del siniestro, los trabajadores no pudieron salir a tiempo, siendo finalmente víctimas del fuego.

La falta de respuesta de superiores y la imposibilidad de abrir la puerta desencadenaron una tragedia que, según Choquecahua, debe ser investigada minuciosamente.

La fiscalía ya ha tomado conocimiento del caso, y el abogado de las víctimas anuncia la presentación de una denuncia por homicidio culposo o doloso, además de la violación de medidas de seguridad de trabajadores, según lo establecido en el código penal.

El abogado puntualizó, “la responsabilidad recae no solo en los funcionarios de SAFESA SAC, CICSA SA y Claro, sino que se busca que cada entidad asuma las consecuencias penales, civiles y administrativas correspondientes. La búsqueda de justicia está en marcha, y todos los responsables deberán rendir cuentas ante la sociedad y la ley”.

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