En el contexto del Día Internacional de la Mujer, conversamos con Elga Prado, coordinadora del programa de sexualidad y autonomía física del Movimiento Manuela Ramos y reveló que en nuestro país se debe atender a las adolescentes menores de 14 años, porque las estadísticas revelan que cada año, en promedio, unas 1 600 niñas se convierten en madres y tienen que dejar de estudiar.

“Los embarazos adolescentes constituyen la perpetuación de la pobreza en el Perú y desde hace una década las cifras de violencia contra las niñas siguen aumentando, según datos estadísticos, porque no hay programas de prevención, atención o acceso a métodos anticonceptivos para las adolescentes y tampoco educación general en las escuelas que les hablen sobre sexualidad”, comentó.

En el programa “La Entrevista - Edición Sábado” de Radio Nacional sostuvo que se van a cumplir 100 años de vigencia en nuestro ordenamiento jurídico del ‘aborto terapéutico’ y en el 2014 se elaboró un protocolo para su aplicación; sin embargo, aún hay limitaciones para su implementación, es por ello que en los hospitales se les está negando este derecho, a las niñas que son violentadas y terminan desarrollando un embarazo no deseado.

Lamentó que las últimas decisiones en el Congreso no hayan tomado en cuenta a las mujeres, lo que representa un ‘claro retroceso’ en políticas públicas, al no hacer ninguna mención sobre la paridad de género o la alternancia en la reforma planteada para regresar a la bicameralidad, esto significa que se deja de lado a las mujeres en participación política, puntualizó.

En otro momento, expresó su rechazo a la propuesta de cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer para tratar de darle una concepción familista, esto representa un enfoque antiderechos en nuestra sociedad. 

Exhortó a la sociedad para que disminuyan los casos de feminicidios y recordó que en el 2023 fueron reportados 170 casos, lo que complica el panorama porque representa el ultimo eslabón de la violencia, por eso se necesitan políticas públicas claras que se enfoquen en materia de prevención.

Finalmente recordó que el segundo grupo de la población penitenciaria en el Perú son violadores; por eso recalcó la urgencia de trabajar en políticas de prevención, para lo cual se necesita que el Estado asigne presupuesto para afrontar esta realidad que involucre de manera transversal al Ministerio de Educación y Salud, respectivamente.

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