Proyecto Lima Norte Libre de Trata: una iniciativa para combatir la "esclavitud moderna"

El proyecto Lima Norte Libre de Trata es una iniciativa conjunta impulsada por tres organizaciones: la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, el Centro de Investigación Social y Educación Popular Alternativa (Cisepa), y el Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (Cesip). Este esfuerzo cuenta con el respaldo de la Mancomunidad de Lima Norte —que agrupa a ocho municipalidades— y es financiado por la Unión Europea.
La coordinadora del proyecto, Carmen de la Vega Rázuri, explicó en entrevista en El informativo de Radio Nacional, que el objetivo principal es visibilizar y enfrentar la trata de personas, una problemática grave y compleja que atenta contra la dignidad humana. Considerada como una forma de esclavitud moderna, este delito incluye explotación sexual, laboral, mendicidad forzada y proxenetismo, afectando mayoritariamente a mujeres jóvenes, niñas, niños y adolescentes.
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“El 85 % de las víctimas son mujeres, y el 36 % son menores de edad, muchos de ellos captados mediante falsas ofertas de trabajo publicadas en redes sociales o espacios públicos”, señaló.
De la Vega destacó que una de las principales barreras para enfrentar la trata es la falta de políticas de prevención y criterios claros por parte de los operadores de justicia, lo que ha llevado a que muchos tratantes queden en libertad.
El proyecto se enfoca en cinco distritos de Lima Norte: Carabayllo, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos y Comas, zonas identificadas con alta incidencia de víctimas. Se busca crear comisiones distritales contra la trata que articulen a instituciones locales como municipalidades, comisarías, fiscalías y organizaciones comunitarias.
Además, se lanzará una campaña de sensibilización e información ciudadana orientada a visibilizar el problema, empoderar a la comunidad y fomentar la denuncia. Parte fundamental de esta estrategia es identificar señales de alerta en entornos cercanos, como locales que emplean menores de edad o anuncios sospechosos de empleo informal.
“Tenemos que ser parte de la solución”, afirmó de la Vega, señalando que la participación activa de la ciudadanía es clave para combatir este delito que degrada la dignidad humana al tratar a las personas como mercancía.
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