La analista política, Paula Távara, enfatizó que en caso la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso no dé curso a la denuncia fiscal presentada contra Manuel Merino, Antero Flores – Araoz y Gastón Rodríguez por la muerte de los jóvenes Inti y Bryan durante los hechos de noviembre del 2020, se estaría atentando contra el derecho a la protesta y la legitimidad de lo que fue un rechazo popular.

“Siendo ellos responsables políticos de la seguridad en las protestas ellos no hicieron lo suficiente para proteger a los manifestantes que estaban haciendo su legítimo derecho a la protesta que sabiendo ellos que los días anteriores se habían presentado sucesos de excesivo uso de la fuerza aun con los llamados de los organismos internacionales no cumplieron con su deber”,

En el Informativo de Nacional, detalló que lo que sucedió allí fue como un “dolo temporal, realmente no planearon esto, pero no hicieron nada para prevenirlo. No cumpliendo con su rol político, constitucional que es la protección de la vida de las personas”.

“Podría haber ese mismo día o un día anterior haber cambiado el protocolo para que no se realicen determinados actos como el uso de perdigones, bombas lacrimógenas haciendo uso excesivo de la fuerza”.

“El Congreso tiene que aprobar que se permita la investigación. El punto es que ahora mismo en el Parlamento hay muchas investigaciones o pedidos de investigaciones constitucional y lamentablemente eso no da las mejores esperanzas de inmediato.”

Ante el temor de las familias de las víctimas de que no se proceda con la investigación, la especialista indicó “que existe desconfianza en que integrantes del partido de Acción Popular pudiesen evitar que la acusación constitucional se aprobase o que se postergue con lo cual las familias tendrían que esperar mucho para saber si se va a proceder con la acusación a estas personas”.

“No soy abogada, desde mi análisis político creo que una de las cosas a tomar en cuenta es que rechazar los argumentos que está dando la fiscalía podría significar desconocer los derechos a la protesta y sería una forma de legitimar lo que fue una actuación que la población rechazó”.

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