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El general (r) Máximo Ramírez, asesor legal de la Policía Nacional del Perú, responsabilizó, a través de El Informativo de Nacional, al Juez César San Martín, de la falta de respeto y agresiones que sufre la policía, sobre todo en hechos vandálicos como los registrados por lo colectiveros en el primer día de su paralización en Lima.

“Lo que pasa es que lamentablemente el Poder Judicial en coordinación con la fiscalía, sacó un acuerdo plenario el 001, que le ha hecho un daño a la sociedad tremendo, fomentando la falta de respeto a la autoridad, en la figura del efectivo policial”.

Indicó que en estos casos, por ejemplo, existe el delito de disturbio, violencia y resistencia a la autoridad agravada, en cualquiera de estas sinsustancias se aplicaba el articulol 365 y 367, con penas entre 8 y 12 años de cárcel.

“Pero el Poder Judicial en la cabeza del señor San Martín, con el acuerdo plenario ha convertido los delitos en faltas, entonces los desadaptados agreden, abofetean, escupen a los policías impunemente”, y agregó que esto se debe de corregir para recuperar el principio de autoridad en el país.

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Consultado sobre los actos de violencia realizados por los transportistas informales del servicio de colectivos de Lima, que hasta el momento ha inhabilitado 30 buses del servicio de corredores viales, el sociólogo y docente de la Universidad de Lima, Javier Díaz Albertini, dijo, que tenemos un problema serio con el respeto al principio a la autoridad en el país.

En declaraciones a El Informativo de Nacional, dijo, que "por desgracia este un proceso que ya tiene tiempo y no solo en el tema de los colectiveros, hubo problemas años atrás con las combis, luego con las motoxistas, y hace poco las taximotos lineales, el problema es que sus métodos cada vez se van haciendo más violentos y hostiles”.

Explicó que en este caso específico, no se puede querer poner a la autoridad entre la espada y la pared, sobre todo que no se toma en consideración el se perjuicio a los trabajadores que no tienen absolutamente nada que ver con el problema.

"La solución no es a corto plazo, pero lo que no se puede permitir es que un grupo de personas pueden ir en contra del orden público, y más aun dañando la propiedad privada”, en este caso específico, dijo, que el Estado debe invertir más en servicio de transporte público para satisfacer la demanda y no dar lugar a la informalidad.

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El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, al penal Anexo Mujeres de Chorrillos para tomar la declaración de Keiko Fujimori sobre el aporte otorgado por Dionisio Romero a su campaña electoral de 2011.

Pérez ingresó al recinto penitenciario alrededor de las 10.00 horas sin declarar a la prensa, se espera que lo haga al culminar la diligencia. También llegó al penal la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza.

El pasado lunes, el presidente del directorio de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, admitió haber entregado tres millones 650,000 dólares a la campaña electoral de Fujimori, ante una amenaza "excepcional del chavismo". 

Andina/HQ/

El abogado penalista Luis Lamas Puccio, fue consultado por El Informativo de Nacional, sobre los actos de violencia que vienen protagonizando en Lima los choferes de taxi colectivo, y dijo, que los actos vandálicos contra las unidades de servicio de transporte público y las agresiones a los policías, están tipificados como delitos y pueden ser castigados hasta con ocho años de cárcel.

“Indicó que se han hecho una serie de modificaciones a la legislación penal para poder reprimir estas actividades, que no tienen nada que ver con la paralización, ni con la huelga, que son derechos constitucionales, pero tienen limitaciones que se tienen que respetar”.

Explicó derechos de paralización no implican que de ninguna manera puedan hacer uso de la violencia en agravio de los vehículos públicos y privados, y la policía ya debe estar deteniendo a estas personas, hay videos y los fiscales deben estar haciendo rondas en estos lugares para proceder legalmente a la detención de estas personas y ponerlas a disposición del ministerio público e iniciarles un juicio penal. “Y en los casos de flagrancia, que se están viendo, proceder a detenerlos inmediatamente”.

Alertó también que se debe tener mucho cuidado, puesto que también podrían haber infiltrados que quieran alterar el orden público con intereses políticos, cómo ha venido sucediendo, en Ecuador, Chile, Bolivia y en otros países.

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El especialista en temas de transporte, Alberto Martel, indicó a través de El Informativo de Nacional, que en el Perú hay medio millón de taxistas que se dedican al servicio de transporte colectivo, y que en Lima hay 250 mil, de los cuales 150 mil trabajan bajo esta modalidad, la misma que debería ser considerada bajo medidas perentorias por las autoridades.

“Necesitamos la reglamentación de un servicio de transporte de Lima y Callao, los colectiveros van a generar más tráfico, pero también se le debe considerar de manera perentoria y en rutas específicas dónde no aumente la congestión y no afecten al servicio público masivo”.

Explicó que tenemos varias coyunturas de un tema muy complicado y hay temas sociales que competen al gobierno central Deberían ponerles plazos perentorios, porque no hay servicios que cubran la demanda. Lamentablemente este servicio tiene una serie de mafias organizadas que no espetan el principio de autoridad, explicó.

“Es un servicio ilegal pero establecido, las autoridades saben que es un servicio ilegal, pero no se han planteado una estrategia. Ver qué rutas no se pueden atender con el servicio público y esa podrían dárseles a los colectivos de manera perentorias y reglamentarla y con una estrategia de corto plazo, dentro de una necesidad social”.

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El fiscal José Domingo Pérez continuará hoy con el interrogatorio a empresarios y ejecutivos en el marco de las investigaciones por los aportes a la campaña presidencial de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

A las 11.00 horas, está programado recoger la declaración de Gonzalo Andrade Nicoli, del grupo Trafigura, y a las 15.00 horas será el turno de Ricardo Trovarelli Vecchio, presidente ejecutivo de Impala Terminals Perú S.A.

El viernes último fueron convocados Roberto Ramallo Aldasaro (exdirectivo de PlusPetrol Norte) y Andreas von Wedemeyer Knigge (expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias - SNI).

Previamente, fueron citados José Piccaso Salinas, presidente de Compañía Minera Volcan, y José Ignacio de Romaña Letts, vicepresidente del directorio de la misma minera.

Andina/HQ/

Hasta hoy la ciudadanía puede presentar tachas contra uno o más candidatos a integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según las bases del concurso público que culminará el próximo mes.

El periodo de tachas inició el pasado 13 de noviembre y culmina hoy, a diferencia de las denuncias, las cuales pueden presentarse durante todo lo que resta del proceso. 

Del 2 al 6 de diciembre están programadas las evaluaciones de confianza, que incluyen las pruebas patrimonial, socioeconómica, psicológica y psicométrica.

Después, entre el 26 y el 29 de diciembre, serán las entrevistas personales a los postulantes, las que estarán a cargo de los siete integrantes de la comisión especial. 

Andina/HQ/

Los colectiveros y otras personas involucradas hoy en actos de violencia en diversas calles de Lima serán denunciados penalmente por estos hechos, afirmó el jefe de la Región Policial Lima, coronel PNP Herbert Ramos Ruiz.

Desde las primeras horas de hoy, grupos de colectiveros bloquearon diversas calles principales de Lima y atacaron diversos vehículos, en especial los de transporte público, causando el malestar de la ciudadanía que acude a sus centros de trabajo, de estudios o se desplaza para sus actividades cotidianas.

Ramos Ruiz confirmó que estos vándalos se enfrentaron a la policía y los agentes del orden han efectuado detenciones y se les denunciará ante la justicia por estos hechos de violencia.

Andina/HQ/

Conductores de taxi colectivo, un servicio ilegal que opera pese a su prohibición, bloquean el tránsito y queman llantas en distintos puntos de Lima como una forma de reclamar a las autoridades que los dejen trabajar.

La protesta, que ha motivado la intervención de la Policía Nacional, ha generado malestar entre la ciudadanía que debe acudir a sus centros de trabajo o de estudios.

De acuerdo con la Policía, las zonas afectadas son por ejemplo el cruce de las avenidas Universitaria con San Felipe (Comas), Wiese con Los Héroes del Cenepa (San Juan de Lurigancho), Panamericana Sur, túnel Santa Rosa (Rímac) y el Callao.

Andina/HQ/

El representante de la agrupación de Taxi Colectivo de Chorrillos, Jorge Luis Obregón, anunció a través de El Informativo de Nacional, que mil choferes miembros de ese gremio se están agrupando para iniciar una marcha hacia la Plaza San Martín, como medida por los intentos de la Autoridad de Transporte Urbano de querer cobrarle multas que ascenderían a cuatro Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

“Nosotros somos empresas que pagamos impuestos al Estado. Somos un promedio de mil personas que trabajamos en el servicio de taxi colectivo, y nos hemos creado nuestro propio medio de empleo, y no es justo que se nos quiera sancionar con multas que pueden ir hasta los 16,800 soles, que es la suma de cuatro UIT”

Indicó que a las 10 mañana se van a reunir en la Plaza San Martin, y dijo que lo que quieren hacer las autoridades es un abuso, nosotros hemos hecho de esto un trabajo digno, y sí queremos que nos reglamente, afirmó.

“Hay una ley, la 28972 que salió en el año 2009 y no se aplica, esto está en manos del alcalde Jorge Muñoz y la señora Ana Jara de la ATU, y todo lo que vaya a pasar es responsabilidad de ellos”, argumentó.

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