Economía

Las empresas que no entreguen los productos que hayan vendido a través de comercio electrónico podrán ser multadas hasta con dos millones de soles, si es que se determina responsabilidad directa por parte de las mismas en los incumplimientos,

Así lo afirmó la secretaria técnica de la Comisión de Protección Nro. 3 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Ángela Sevilla.

Precisamente, el ente técnico emitió una medida cautelar mediante la cual inició un procedimiento sancionador contra aquellas empresas que ofrecieron sus productos por internet y no cumplieron con las fechas de entrega pactadas. Indecopi estableció un plazo de 10 días para la entrega de los productos, el cual vence este 30 de julio.

“Luego de transcurridos estos 10 días, habrá un período mínimo mediante el cual las empresas deberán presentar toda la documentación que acredite el cumplimiento de las entregas. De no hacerlo y si se verifica el incumplimiento y la reincidencia en la falta, se les impondrá una multa que podría llegar hasta las 200 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a 860,000 soles”, detalló.

No obstante, Sevilla sostuvo que esta medida cautelar se encuentra dentro de un proceso sancionador iniciado preliminarmente por Indecopi para determinar la responsabilidad de las empresas en el incumplimiento de las entregas.

/ES/Andina/

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) informó que se propondrá una iniciativa para la formalización de los predios del Estado, considerando que muchas veces no permite avanzar con las inversiones.

Cabe destacar que el presidente Martín Vizcarra anunció, en su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, que se presentará al Congreso de la República un proyecto de Ley que establecerá medidas complementarias para otorgar facultades especiales a Cofopri para la formalización de la propiedad predial.

El mandatario señaló que mediante esta iniciativa se ampliará el plazo de formalización de predios (ocupados por posesiones informales hasta el 12 de julio del 2014) con el objetivo de entregar un millón de títulos de propiedad.   

/ES/Andina/

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Patricia Donayre, afirmó hoy que el segundo bono representará una inyección importante de recursos a las familias vulnerables, toda vez que en total recibirán 1 520 soles.

"Hay un nuevo Bono que anunció el Presidente, que beneficiará a todas las personas que ya se han visto beneficiadas con los bonos anteriores. (...) Yo creo que con eso podemos lograr una inyección importante a la economía de las familias", manifestó en RPP.

Recordó que según anunció el Jefe de Estado, Martín Vizcarra, esta segunda parte del bono se entregará entre agosto y octubre de este año.

Asimismo, Donayre dijo que, además de este segundo bono, está pendiente el último tramo del primero, que se empezará a pagar la próxima semana y beneficiará a 2.5 millones de familias.

"Este último patrón se trabajó con la Reniec mediante la información que los ciudadanos incorporaron en el Registro Nacional de Hogares y, por lo tanto, se trabajará en base a este registro. Por el momento no se hará una ampliación", sentenció.

/FM/

El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que la actividad minera es prioritaria en el desarrollo económico del país, por lo que fue una de las primeras actividades en reanudar operaciones, lo que ya ha generado 141 000 empleos.

"Siendo la actividad prioritaria la minería, fue una de las primeras en reanudar actividades. Hoy ya estamos viendo sus efectos positivos, con la generación de más de 141 000 empleos directos a nivel nacional, que permiten a miles de peruanos continuar sosteniendo a sus familias”, sostuvo en su mensaje al país por Fiestas Patrias.

Aseguró que el Gobierno ha dado grandes pasos en la agilización de los contratos para la construcción de proyectos mineros de gran envergadura, considerando que la minería se constituye un componente esencial para el crecimiento económico del país.

“Este es el caso de Quellaveco, que demandará una inversión de 5 000 millones de dólares, el cual generará miles de empleos en la región Moquegua y dinamizará la economía a nivel nacional”.

El Jefe de Estado comentó que se requiere un sector minero fortalecido y competitivo, pero a su vez responsable con el medio ambiente y cuya actividad se desarrolle en armonía con los derechos de las comunidades y de las personas.

/ES/Andina/

Durante su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias el presidente Martín Vizcarra anunció el desarrollo de una Política Nacional de la Competencia y el fortalecimiento del Indecopi en beneficio de los consumidores peruanos.

Consideró que las situaciones en las que las empresas se aprovechan de la necesidad y especulan con los precios son contrarias a una economía social de mercado y no deben acontecer. “El Estado no debe permitir estos abusos”, enfatizó.

Por ello, el Gobierno aprobó la Ley Antimonopolio, que es el marco legal para el control previo de operaciones de concentración empresarial, y puso al Perú a la par de la mayoría de economías desarrolladas, destacó.

Asimismo, informó que se trabajará en estudios permanentes de monitoreo del comportamiento de los mercados para detectar acciones contrarias a la competencia.  

/ES/Andina/

Alrededor de cinco millones de personas son las favorecidas con la lista de beneficiarios del subsidio Bono Electricidad, aprobada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin).

De acuerdo con la Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas Nº 021-2020-OS/GRT, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, son 28 empresas comprendidas en esta lista y un total de cuatro millones 994,142 beneficiarios.

Así, Electrocentro cuenta con 694,032 beneficiados; Hidrandina con 673,568; Enel Distribución Perú con 509,734; Electro Sur Este con 458,294; Luz del Sur con 265,632; Electronoroeste con 409,768; Electro Oriente con 376,888; Seal con 303,326; Electronorte con 268,939; Electro Puno con 276,393 y Ergón con 199,732 usuarios.

Otras empresas comprendidas en la lista son Electro Dunas (178,041 usuarios beneficiarios); Electrosur (123,060); Adinelsa (70,560); Electro Ucayali (59,759); Electro Tocache (21,595); Proyecto Chavimochic (9,809); Emseusac (8,894); Sersa (6,495); Emsemsa (6,591); Eilhicha (5,684); Acciona Microenergía Perú (4,241); Electro Pangoa (1,777); Entelin (3,028); Coelvisac (2,664); Egepsa (2,239); Edelsa (1,873) y Esempat (1,526).

Los nombres de los usuarios favorecidos con el subsidio serán consignados en medio magnético en la página web de Osinergmin. Asimismo, se consignará en la página web de cada empresa de distribución eléctrica, con un mecanismo de consulta individual que solo requiera la introducción del código de suministro del recibo de luz del usuario.

El Bono Electricidad fue creado con la finalidad de permitir cubrir los montos de los recibos por el servicio público de electricidad que comprendan consumos pendientes de pago del periodo marzo-diciembre 2020, que no estén en proceso de reclamo, hasta por el valor monetario por suministro eléctrico de 160 soles.

/ES/Andina/

El ministro de la Producción, José Salardi Rodríguez, visitó la feria “Mi Pescadería” en el distrito de Carabayllo, donde anunció que el sector pesca logrará recuperarse este año y será uno de los sectores claves para reactivar la economía.

A pesar de los efectos ocasionados por la pandemia del covid-19, se mostró confiado en que se producirá un buen cierre de la temporada de pesca.

Dijo que esto permitirá el desarrollo de la actividad industrial para el consumo humano indirecto, así como de la pesca artesanal para abastecer el consumo humano directo.

“Este año esperamos tener una excelente temporada de pesca que signifique un crecimiento importante en relación al año anterior. Estamos seguros que el sector pesquero será clave y un motor para ayudar a la reactivación económica del país en este último tramo del año”, enfatizó el ministro Salardi.

Agregó que su sector viene articulando esfuerzos con todas las áreas involucradas a fin de potenciar esta actividad productiva que, solo desde el lado artesanal, genera más de 100 mil puestos de trabajo.

/ES/Andina/

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) dispuso la refacturación de todos aquellos recibos que no estén sustentados en lecturas tomadas en los medidores a nivel nacional a partir del 30 de junio, informó en un comunicado.

De acuerdo al documento, Osinergmin precisó que si la lectura del medidor confirma que el consumo real fue menor al facturado, la empresa deberá devolver lo pagado en exceso en una sola oportunidad o proceder a refacturar (por ejemplo, en los casos de los comercios que no han atendido o domicilios deshabitados)

Osinergmin aprobó un procedimiento especial de reclamos con el objeto de garantizar que se provea a los usuarios de información suficiente y una atención adecuada de sus reclamos por facturaciones del servicio eléctrico durante el estado de emergencia. 

Con este procedimiento, una vez que recibe el reclamo, la empresa eléctrica está obligada a comunicarse con el usuario a través del correo electrónico o por teléfono para explicarle los conceptos facturados y como determinó el importe del recibo, cómo estimó los consumos y los liquidó, precisando las lecturas del medidor utilizadas, entre otros.

Osinergmin reiteró a los usuarios que no están conformes con su facturación durante el estado de emergencia, que pueden presentar un reclamo ante la empresa eléctrica a través de sus diversos canales de atención.

También recordó que la empresa no puede condicionar la presentación del reclamo al pago del recibo. Así, mientras dure el reclamo no puede cortar el servicio por los montos reclamados, ni requerir su pago por ningún canal. 

Los usuarios también pueden solicitar el fraccionamiento de su recibo hasta en 24 meses. El organismo regulador ha desplegado equipos de supervisores a nivel nacional para la verificación de una correcta aplicación de la facturación de electricidad. 

También ejecuta supervisiones inopinadas a los centros de atención de las empresas para verificar la adecuada atención a los usuarios, informó la entidad.

/LD/Andina/

En mayo, en medio del aislamiento social obligatorio y el paulatino reinicio de actividades económicas en el país, se publicó el Decreto Legislativo 1501, que modificó La Ley General de Residuos Sólidos y que estableció de manera obligatoria la segregación y entrega de los residuos sólidos tanto a personas como a empresas.

La norma surgió con el objetivo de fomentar el reciclaje para proteger el medio ambiente y, por consiguiente, preservar la salud pública. Sin embargo, la iniciativa de gestionar adecuadamente estos residuos constituye una interesante opción para impulsar la rentabilidad de las empresas del país ¿De qué manera?

Con esta exigencia, algunas organizaciones tendrán que modernizar sus procesos ambientales, actualizar sus estrategias y considerar ser parte del gran movimiento de conciencia ecológica que está presente en todo el mundo desde años atrás. De acuerdo a Consultora Nielsen, el 80% de los milennials prefiere comprar productos de empresas que tienen políticas de responsabilidad social y que se preocupan por el ambiente. Incluso, según Euromonitor International, a raíz de la situación generada por el covid-19, las empresas están frente a un consumidor que valora mucho más las alternativas saludables, sostenibles, inclusivas y de preservación.

En este escenario, las organizaciones que empiezan a gestionar y desechar sus residuos sólidos oportuna y adecuadamente no solo se verán beneficiadas en términos de reputación e imagen, sino que tendrán un público cautivo y no verían sus ventas afectadas.

A través de su programa “Reciclar para Ayudar”, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) ofrece un completo servicio de gestión de estos residuos, que, a su vez, apoya el financiamiento de la rehabilitación de niños sobrevivientes de quemaduras. Es decir, contempla un doble impacto social: permite el cuidado del ambiente mediante el reciclaje y busca brindar una reinserción social exitosa a los pequeños que sufrieron estas lesiones.

La gestión de residuos sólidos junto a Aniquem permite que las empresas aliadas cuenten con un monitoreo de todo el proceso de la cadena de reciclaje y así, se produzca un ahorro considerable en gastos logísticos de espacios para almacén o el traslado del material reciclable. Además, supervisa todo el proceso hasta la generación de nueva materia prima, en coordinación con una operadora debidamente autorizada asegurándose que el residuo entregado no termine en un relleno sanitario ni contaminando el aire o el agua. Aniquem entrega todos los certificados correspondientes y participa directamente en la sensibilización de los colaboradores de la empresa.

Para más información, pueden contactarse a través de la web https://reciclar.aniquem.org/ o a través de las redes sociales de Aniquem. También llamando al (51) 942 832 087 o escribiendo al correo reciclayayuda@aniquem.org

/NDP/

Las propuestas del Congreso en torno al congelamiento y reprogramación de las deudas son innecesarias, porque esto último ya se hizo con el 35% de los créditos del sistema financiero pertenecientes a los clientes afectados por la pandemia del coronavirus, señaló la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

“Estas iniciativas (del Parlamento) no son necesarias porque no todos requieren reprogramaciones, que además ya se dieron”, considerando las disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), dijo su gerente general, Miguel Vargas.

Vargas explicó que si los préstamos reprogramados cayeran en impago y se afectase el patrimonio del banco al reducirse en 40%, se ingresaría a un régimen de vigilancia y se necesitaría realizar aportes de capital para fortalecer su patrimonio.

Pero si el patrimonio se reduce en más del 50%, se gatillaría la intervención y posterior liquidación de la entidad, agregó.

Cabe destacar que una de las causales para ingresar al Régimen de Vigilancia es que la entidad financiera presente pérdidas o reducción de más del 40% del patrimonio efectivo y para que entre en

Intervención debe mostrar pérdidas o reducción de más del 50% del patrimonio efectivo en los últimos 12 meses, según la Ley 27602, Ley General del Sistema Financiero, de Seguros y Orgánica de la SBS.

De esta manera, si un porcentaje de esos créditos ya reprogramados dejase de pagarse por parte de los clientes, se originarían las situaciones ya mencionadas, manifestó Vargas.

Entonces estos dictámenes del Congreso plantean que los clientes que pagan sus créditos puntualmente ya no lo hagan, restando recursos para prestar y perjudicando además a los ahorristas, comentó.

Estos planteamientos que buscan que se reprograme todos los préstamos perjudicarían principalmente a las entidades vinculadas al segmento de consumo (y microempresa), siendo factible que algunas entidades requieran mayor apoyo, refirió.

En otro momento, mencionó que a partir de agosto y setiembre se podría observar mejor el funcionamiento de las actuales reprogramaciones de deudas, aunque se notará el impacto de la crisis en los resultados financieros de las entidades al cierre del año. 

/LD/Andina/