Nacional

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que en el primer Gabinete Binacional Perú-Bolivia, a realizarse mañana en Puno, se abordará el tema de la cooperación bilateral en la lucha contra el tráfico de drogas y el mayor control en los límites fronterizos.

Refirió que Perú tiene interés en desarrollar la cooperación con Bolivia en el mencionado tema y extender las medidas orientadas a reducir el tráfico de drogas vía aérea.

“Hay varios temas pendientes, por ejemplo tenemos el tema de tráfico de drogas, es serio en el sentido que sale mucha droga, sobre todo vía aérea, en avionetas a Bolivia y de ese país va a Brasil”, señaló. 

Asimismo, indicó que otro tema de interés es el control de las personas y de las mercancías que se trasladan por la localidad fronteriza de Desaguadero. 

“Estamos viendo la posibilidad para que en conjunto, poder atender la frontera de Desaguadero las 24 horas del día”, aseveró. 

Detalló que para ese fin, se está coordinando con Aduanas, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia Nacional de Migraciones, y con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), entre otras entidades. 

Pérez Guadalupe participa en el XXI Consejo de Ministros Descentralizado, presidido por el jefe del Estado, Ollanta Humala, en la localidad de Moho, Puno, cerca de la frontera con Bolivia, donde se revisan los avances de los proyectos comprometidos por el gobierno central con esta región, y donde se escucharán las necesidades de las autoridades locales.

Más policías

En Moho, el ministro Pérez Guadalupe anunció que unos 500 agentes serán destinados a Puno, de ellos 232 efectivos policiales fueron presentados este lunes, y dijo que en agosto vendrán 268 efectivos más, para contribuir a reforzar la seguridad ciudadana en la zona. Entregó además 42 motocicletas que serán distribuidas en diversas dependencias policiales de la región.

Estos nuevos agentes, la mayoría recien egresados de la Escuela de Suboficiales de la PNP de Puno, pasarán a integrar las divisiones de Investigación Criminal y de Inteligencia, pero sobre todo reforzar el trabajo en las comisarías, además de una nueva dotación de unidades móviles.

En otro momento, adelantó que ya se inició la elaboración del expediente técnico de cara a la construcción de un nuevo centro policial para la ciudad de Juliaca, a fin de darle una nueva dinámica a la acción de resguardo en esta región.

/C.CH.A./ Andina

Los pobladores y representantes de comunidades nativas del departamento de Madre de Dios, afiliadas a la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), recibieron capacitación en temas forestales durante tres días de parte de El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), institución pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Esto se llevó a cabo en el marco del taller denominado “Fortalecimiento de capacidades sobre roles, funciones y competencias del OSINFOR y otras entidades involucradas en el manejo forestal - Uso de instrumentos de medición, cubicación y censo forestal”, que esta institución organizó en la Comunidad Nativa Boca del Inambari, ubicada en el distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, los días 12, 13 y 14 de junio.

El OSINFOR precisó que en esta actividad, realizada en el ámbito del convenio de cooperación suscrito entre esta entidad y la FENAMAD, participaron 31 representantes de las comunidades nativas Tres Islas, San Jacinto, Shiringayoc y Boca del Inambari, que pertenecen a tres pueblos originarios: Shipibo,  Matsigenka y Harakbut.

Los pobladores y representantes de las comunidades nativas también fueron capacitados en los procedimientos de supervisión y fiscalización del OSINFOR y las modalidades de pago de multas, así como en la gestión forestal comunitaria y el manejo de instrumentos de medición y cubicación de madera, utilizándose para  ambos casos la metodología sistemática denominada “Mochila forestal”, detalló.

Participantes del taller

El taller fue dictado por el jefe de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Puerto Maldonado, Erick Marcelo, y el capacitador de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre de esta institución, Rolando Escobar Chávez.

También se contó con la participación del ingeniero Wilson Villa Villa, de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios, así como de Valeria Vásquez Sinti y Luis Payaba Pacaya, profesionales de la Veeduría Forestal de la FENAMAD.

El OSINFOR es la entidad encargada a nivel nacional de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque otorgados por el Estado, y de fortalecer las capacidades de los diversos actores del sector, en concordancia con la Política Forestal dictada por la Autoridad Nacional Forestal.

Con el fin de mejorar la plazuela y ampliar el servicio de alcantarillado sanitario en el distrito de El Tambo en la región Junín, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, participó en la colocación de la primera piedra.

Dichas obras consisten en el mejoramiento de la plazuela Santa Rosa de Lima de la Asociación de Viviendas Isabel Flores de Oliva y la ampliación del servicio de alcantarillado sanitario en dicho distrito.

Programa Trabaja Perú

El programa Trabaja Perú genera empleo temporal a través del cofinanciamiento de proyectos de infraestructura básica, social y económica, entre estos, muros de contención, losas deportivas, escalinatas, pistas, veredas, canales de riego, mejoramiento del sistema de alcantarillado, plazuelas, entre otras obras.

El ministro Maurate recalcó que este programa, además de generar empleo, mejora las condiciones de bienestar de las personas que viven en diferentes zonas del país.

“Buscamos la generación de empleo temporal para las personas que se encuentran en situación de desempleo y subempleo en condición de pobreza y extrema pobreza en el ámbito urbano y rural de todo el país”, dijo.

Como se recuerda, Trabaja Perú ha generado 124,331 empleos temporales a nivel nacional, beneficiando a 166,449 participantes, de los cuales el 66% fueron mujeres y 34% hombres, entre agosto 2011 y abril 2015.

Financiamiento del MTPE en Junín

Por otro lado, Daniel Maurate también señaló que durante este gobierno el programa Trabaja Perú cofinanció 120 proyectos de infraestructura básica social en la región Junín, para lo cual se invirtió más de 19 millones de soles. Estas obras generaron un total de 5, 669 empleos temporales.

La investigación que la comisión Belaunde Lossio iniciará sobre Nadine Heredia es un acto abusivo y totalmente fuera del ámbito legal, consideró el vocero de la bancada de Gana Perú, Josué Gutiérrez, quien reiteró que no existe ningún elemento jurídico para justificar esa medida.

El parlamentario oficialista recordó que una persona no puede ser investigada si es que no tiene ninguna relación con el objeto principal de indagación.

“Creemos que hay un acto abusivo, totalmente fuera del ámbito legal”, manifestó ayer en entrevista para un medio televisivo local.

La comisión investigadora de los presuntos actos de corrupción cometidos por el ciudadano Martín Belaunde Lossio informó que un total de diez personas pasaron a la condición de investigadas, entre ellas Nadine Heredia.

A todas ellas se les levantará el secreto bancario, así como el tributario y de las comunicaciones.

Gutiérrez manifestó, además, que en la etapa indagatoria de la investigación todas las preguntas formuladas a la Primera Dama de la Nación fueron respondidas “de la mejor manera y otorgando toda la información”.

Según dijo, siendo el Parlamento un foro político, donde tiene presencia las principales fuerzas de oposición al gobierno, es previsible que este tema genere “conjeturas” y calificaciones de tipo político.

“Siendo ese el comportamiento, era previsible, como así lo ha sido, que esto terminará involucrando de manera indebida a la señora Nadine Heredia”, subrayó.

No obstante, manifestó que el gobierno no buscará entorpecer esta investigación, a fin de demostrar coherencia ante la opinión pública y, sobre todo, honestidad.

/MRM/

El congresista nacionalista Hugo Carrillo Cavero ratificó su respaldo a la iniciativa ciudadana con un proyecto de ley que establece la universalización de la enseñanza del quechua, en todos los colegios públicos y privados del país.

Esta propuesta legislativa se ampara en el marco del Artículo 107 de la Constitución Política del Estado y en la Ley N° 26300 de Participación Ciudadana, restituida en su texto original por la Ley N° 27520 del año 2001 y en la Tercera Política de Estado del Acuerdo Nacional que se refiere a la afirmación de la identidad nacional.

Como una forma de revalorar el quechua en el país, el despacho del legislador viene reuniendo firmas esperando llegar a más de 100,000 y que la iniciativa se convierta en proyecto de ley.

“El quechua es la lengua indígena más importante de las Américas, por tanto una medida legislativa como esta, constituye un avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en materia lingüística que la Constitución establece en su artículo 48° y constituye en sí mismas un legado de gran riqueza”, indicó el parlamentario.

El proyecto de ley se sustenta en el artículo 2 del capítulo de los derechos fundamentales de la persona en la Constitución Política, donde se reconoce que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural.

Según la norma, estipula que el Ministerio de Educación capacite a los docentes de las escuelas públicas y privadas en todo el país.

Carrillo Cavero indicó que más de 9 millones de personas hablan quechua en países de Sudamérica, como Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia y Chile.

/NMR/

El Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), en Moquegua, y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) suscribieron un convenio de cooperación técnica a fin de fortalecer las capacidades profesionales de los técnicos de dicho proyecto agrario.

Este convenio tiene como objetivo la cooperación entre especialistas de la región Moquegua, en temáticas de ingeniería hidrológica, hidráulica, geotécnica y afines al estudio.

Asimismo, el gerente de Proyectos y Desarrollo Agrícola del PERPG, explicó que este convenio servirá para la investigación con tecnología de punta y con profesionales de trayectoria internacional.

Este convenio permitirá además que trabajadores del PERPG sean capacitados gratuitamente y accedan a las becas que promociona las Naciones Unidas.

También permitirá entre otros beneficios, el diagnóstico de los estudios de la zona de Moquegua y en los afluentes de la presa Pasto Grande, donde será aún más provechoso para obtener un estudio especializado de la problemática de la calidad de agua.

/CCH/ Andina

El alcalde provincial de Yauli-La Oroya, Carlos Arredondo Mayta, confió en la posible venta del complejo metalúrgico que opera en dicha ciudad, ubicada en la región Junín, y así recuperar la actividad económica que se encuentra paralizada.

"A las 17:00 horas se debe conocer cuántos y quiénes son los proveedores, lo cual nos dará una esperanza respecto a que si hay interesados en invertir en La Oroya", expresó el burgomaestre.

Precisó que la reunión se realizará en las oficinas de Doe Run Perú en Lima, con la presencia de los dirigentes de los trabajadores. Agregó que el complejo metalúrgico está en proceso de venta y se sigue un cronograma.

"Hoy se presentarán las propuestas técnicas y se podrá saber cuántas y qué empresas están interesadas en comprarlo", subrayó.

El burgomaestre añadió que el 23 de julio próximo se presentará la propuesta económica y el 4 de agosto se dará la buena pro.

Pero para que todo este proceso se cumpla, dijo, el Ministerio de Energía y Minas debe aprobar el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), que al igual que el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), señala cuáles son los estándares ambientales que tiene que cumplir el inversionista en el tema del complejo metalúrgico de La Oroya.

"Mientras no se apruebe el IGAC, ningún inversionista podrá presentarse porque va a considerar que no tiene las reglas claras, ni el monto que tendrá que invertir para trabajar el tema ambiental en La Oroya", indicó.

El burgomaestre, recordó que el cronograma de venta en dos oportunidades se ha modificado, porque que no se aprobó el IGAC, que en esta oportunidad debe concretarse el 7 de julio, para que el proceso no se caiga. "Nos gustaría saber en qué etapa está, pero no tenemos ninguna comunicación oficial al respecto", acotó. 

La Oroya, prosiguió, ha sido considerada por mucho tiempo como la ciudad más contaminada del mundo, y ahora queremos inversíón privada con responsabilidad ambiental, puntualizó.

El burgomaestre remarcó que si el 4 de agosto no hay buena pro, el 27 de agosto termina un contrato entre los acreedores-porque el complejo metalúrgico está con una Junta de Acreedores y el principal acreedor es el Estado a través del Ministerio de Energía y la Sunat. Están en un tema concursal en Indecopi- y el administrador temporal que ellos han designado.

"Si en la fecha citada que es el límite no hay dueño del complejo, se va a tener que llegar a una liquidación simple de acuerdo a las normas del proceso concursal, lo que significa que este símbolo de la minería y metalurgia del Perú y Sudamérica, tendrá que venderse en pedazos, como chatarra, y más de 2,200 trabajadores estarán en las calles. Esta es gran preocupación general", anotó.

Arredondo Mayta expresó que hace tres semanas asistió a la Comisión de Energía y Minas del Congreso y conversó con la ministra del sector sobre el tema, pero aún esperan las respuestas.

Hizo hincapié en que debido a la paralización total del  Complejo Metalúrgico de La Oroya hace seis años, se afectó gravemente la economía local, que lo han sentido más de 50,000 personas entre trabajadores directos, indirectos, proveedores, comerciantes y transportistas de La Oroya.

/CCH/ Andina

Los vacíos técnicos y normativos en la promoción de los cultivos de palma aceitera han provocado el crecimiento en la producción de dicho cultivo en Loreto, convirtiéndose en una de las principales causas de deforestación en esa región, afirma la Contraloría General de la República.

Según la entidad de control, la actual expansión de ese cultivo se ha convertido en un riesgo a la salvaguarda de los bosques en esa región, debido a la instalación de proyectos agroindustriales que utilizan suelos con cobertura boscosa para su desarrollo.

En la actualidad, Loreto es el departamento de la Amazonía que presenta la segunda tasa más alta (29 %) de deforestación al año, con 30,206 hectáreas de un total de 105,796 hectáreas de bosque que se pierde anualmente.

La Contraloría sostiene que ha identificado que la problemática de la instalación del cultivo de palma aceitera tiene relación, entre otros, con aspectos normativos e institucionales, como la falta de reconocimiento de los recursos forestales y de fauna silvestre como patrimonio de la nación.

También, la equívoca promoción del monocultivo de palma aceitera, la inexacta definición de la naturaleza de dicho cultivo y la débil implementación de los reglamentos de clasificación de tierra por su capacidad de uso mayor y de ejecución de levantamiento de suelos.

Falta proceso de zonificación

El reporte sostiene que la promoción del cultivo de palma aceitera en Loreto se realiza sin que se hayan concluido sus procesos de zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial o se haya identificado y delimitado zonas en las cuales sea permitido instalar dicho cultivo.

Asimismo, “se ha evidenciado que el Ministerio de Agricultura no ha definido cuál es la decisión a tomar en el caso que, en tierras con capacidad de uso mayor agrícola existan bosques naturales”, subraya.

Esta situación –agrega- ocasiona que la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios haya aprobado estudios de impacto ambiental de empresas agroindustriales que se encuentran sobre bosques que normativamente están destinados al manejo forestal sostenible.

Además, señala que las normas que regulan el cambio de uso de tierras de aptitud agropecuaria en selva y ceja de selva se emitieron en los años 2001 y 2006, encontrándose a la fecha desfasadas, y remarca la necesidad de que el Ministerio de Agricultura apruebe a la brevedad el Reglamento de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

DATO

Este reporte de la Contraloría plantea la actualización del Plan de Promoción del Cultivo de Palma Aceitera, el cual debe contener los estudios técnicos necesarios que determinen con exactitud en qué zonas, con qué criterios y en qué extensión se debe promover la agroindustria del referido cultivo en la Amazonía peruana.

El departamento de Loreto tiene el mayor crecimiento promedio anual de producción de palma aceitera durante el período 2006-2013 (115%).

/MRM/

Los programas sociales Juntos y Pensión 65, adscritos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), atenderán a usuarias y usuarios de diversas comunidades amazónicas en las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), Río Putumayo I y Río Morona, que navegarán durante varias semanas llevando también otros servicios del Estado.

En la embarcación Río Putumayo I, que zarpó recientemente y la cual llegará a 29 comunidades de la Amazonia Peruana, el personal de Juntos acompañará a las afiliadas y afiliados a cobrar sus transferencias monetarias y realizará la actualización de rigor del padrón de usuarios.

Mientras tanto, los promotores de Pensión 65 tramitarán la inscripción de personas de 65 años de edad a más cuyos datos ya están en evaluación. Asimismo, se prevé recibir los primeros registros de potenciales usuarios y atender las consultas del público en general.

Los colaboradores de ambos programas sociales, además, articularán con el personal de otros sectores e instituciones para que estas poblaciones reciban los servicios de salud y de identificación que se brindan a bordo del navío.

El inicio de la travesía del buque Río Morona está pactado para unos días más y en él viajará otro gestor local del programa Juntos, con la misma misión.

Los buques Río Putumayo I y Río Morona forman parte de las 12 embarcaciones que llegarán a las diferentes cuencas del río Amazonas, para contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones en extrema pobreza y en otras situaciones de vulnerabilidad.

/M.R.M./NDP/
 

Un informe elaborado por la Contraloría General de la República, sustentó la prueba que determinó que el Poder Judicial dictara una sentencia de 5 años de prisión efectiva, por el delito de corrupción de funcionarios, contra el actual gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Según la Contraloría, el documento identifica irregularidades en la adquisición de maquinarias y vehículos realizada por el Gobierno Regional de Ayacucho y que ocasionó un perjuicio económico de 19 millones 956,963 nuevos soles.

Este hallazgo sirvió de prueba para la sentencia de 5 años de prisión efectiva por el delito de corrupción de funcionarios, en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo, dictada contra el actual gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez.

La auditoría determinó que, en el año 2011, el gobernador regional (en ese entonces, presidente regional) y otros funcionarios adquirieron maquinaria pesada y vehículos vía exoneración por causal de emergencia, pese a que no hubo causales que les permitieran realizar dicha compra sin licitación pública.

En este caso, se dio una irregular exoneración del proceso de selección, cancelando una licitación pública que estaba en marcha, haciendo caso omiso a la recomendación del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), de dejar sin efecto el procedimiento de exoneración o declarar la nulidad del contrato por ser irregular.

Este hecho hizo evidente la intención de los funcionarios y servidores de favorecer indebidamente a los proveedores.

Los funcionarios sentenciados por el Tercer Juzgado Unipersonal de Ica son: Con 5 años de pena privativa de libertad efectiva y 3 años de inhabilitación: Wilfredo Oscorima Núñez (actual gobernador regional), Tony Oswaldo Hinojoza Vivanco (ex gerente general) y Edwin Ayala Hinostroza (ex director de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal).

Con 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad efectiva y 2 años de inhabilitación: Walter Quinteros Carbajal (ex consejero regional - detenido en audiencia de lectura de sentencia) y Rosauro Gamboa Ventura (ex consejero regional).

Con 2 años y 6 meses de pena privativa suspendida y 2 años de inhabilitación: Víctor de la Cruz Eyzaguirre (ex consejero regional) y Sixto Luis Ibarra Salazar (ex consejero regional).

/C.CH.A./ Andina