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El Noveno Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios obtuvo 24 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional de San Martín Pedro Bogarín Vargas, sindicado como presunto líder de la organización criminal Los Elegantes del Norte, que habría hecho direccionamiento de contratos en siete obras públicas, por las que cobraba sobornos en agravio del Estado.

La medida coercitiva por el delito de colusión agravada y organización criminal también alcanzó a su hijo, Iván Bogarín Urmachea, y los exfuncionarios del gobierno regional de San Martín, César Panduro y Germán Aro, informó el Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación, el imputado Bogarín Vargas, con la complicidad de su personal de confianza, favorecieron a empresarios y proveedores con la adjudicación de contratos, a quienes se les cobraba un “peaje”, que era calculado en base al monto total de la obra pública, así como el cobro de un “apoyo económico”, que habría tenido en su campaña política. 

Según la tesis fiscal, habría direccionado contratos y cobrado sobornos que habrían generado un perjuicio al Estado de más de 300 millones de soles. Los investigados fueron intervenidos con otras 17 personas el pasado 21 de diciembre, cuando un equipo de fiscales y policías ejecutaron un megaoperativo simultáneo en las regiones de San Martín, Arequipa, Loreto y Lima, donde se incautó documentos, dinero en efectivo, bienes y objetos relacionados con la investigación.

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El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, pidió al pueblo peruano una tregua y la unión de todos contra el verdadero problema que es la brecha social, así como la disposición de trabajar cada día del año.

La autoridad regional hizo la invocación durante la ceremonia por el XIV aniversario de recuperación de las áreas invadidas del santuario histórico Bosque de Pómac, por lo que se ofició una homilía en honor a los suboficiales PNP caídos Carlos Alberto Peralta Padilla y Fernando Hidalgo Ibarra.

“Cuándo nos pondremos de acuerdo para solucionar los verdaderos problemas, cuándo dejaremos de odiarnos; no estamos en guerra, hermanos. Sin embargo, me pregunto por qué un peruano tiene que odiar a otro peruano”, expresó.

“Cuando estaba en el Congreso nos decían: ¡Váyanse porque no nos representan! y decían que el próximo sería mejor y ahí está el actual Congreso al que también quieren cerrar”, anotó el también exparlamentario lambayecano.

Insto a la reflexión a cada uno de los asistentes, entre quienes estuvo la ministra del Ambiente, Alvina Ruiz Ríos. “No miremos las cosas que nos dividen, veamos las cosas que nos unen”, remarcó.

“Como gobernador de la región Lambayeque le pido al pueblo peruano que nos unamos en contra del verdadero problema que es la brecha social”, insistió.

Pérez pidió un minuto de silencio por los policías caídos en defensa del Bosque de Pómac, los peruanos que mueren a causa de las brechas sociales y el conflicto social.

Señaló que muchos habitantes en esta región quieren agua potable y desagüe, así como tratamiento de los residuos sólidos para evitar el brote de enfermedades.

Lamentó que muchas mujeres mueran a causa del cáncer de cuello uterino cuando esta enfermedad es 100 % curable y 100 % detectable y tratable, “pero producto de que no ponemos los problemas en la mesa para solucionarlos es que seguimos enlutando a muchos hogares con la muerte de mujeres de entre 30 y 50 años”.

Agua contaminada con arsénico
También advirtió el daño que ocasiona el consumo de agua contaminada con arsénico que llega hasta la última célula del cabello y lo hace más letal.

“Tenemos que tener responsabilidad social porque ya no hablamos como persona, sino como autoridad que está alineando el desarrollo de un pueblo”, agregó.

Pidió a la ministra del Ambiente la realización de un Consejo de Ministros descentralizado en Lambayeque para tocar la médula del problema y poder, de manera inmediata, solucionar parte de este. Remarcó que es necesaria una tregua para solucionar los problemas. “Estemos aptos para poder trabajar 24/7”.

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El sector agroexportador de Ica es uno de los más afectados por el bloqueo de varios tramos de la carretera Panamericana Sur que se registra en dicha región en los últimos días. Según el gerente general de la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (Provid), Alejandro Cabrera Cigarán, la exportación de uva de la provincia de Ica registra una pérdida económica de alrededor de 12 millones de dólares al día a causa del bloqueo de la carretera Panamericana Sur desde la madrugada del jueves 19.

Comentó que Enero es un mes bastante importante en el volumen total de los envíos de uva de mesa al exterior y la presente campaña tenían previsto un crecimiento estimado del 13 % y son 4,200 toneladas promedio diario de uva de mesa que se deja de exportar, si tomamos como referencia la campaña 2022.

Cabrera Cigarán precisó que durante la campaña de uva de mesa 2021-2022, los volúmenes de exportación en enero estuvieron muy cercano a los 500 millones de dólares y se tenía proyectado un crecimiento entre 550 millones a 600 millones en la campaña 2022-2023 que puede estar en riesgo de perderse.

“Entre 550 millones a 600 millones de dólares es lo que se perdería durante enero de mantenerse la protesta y el bloqueo de las vías que empezó la madrugada del jueves 19”, acotó.

El vocero empresarial indicó que la campaña de uva de mesa genera más de 70,000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta y que por solo una empresa que paralice sus labores genera que entre 2,000 a 4,000 personas no tenga ingresos económicos.

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El viceministro de Minas, Jaime Chávez, participó en la primera reunión de trabajo virtual con los directores y gerentes regionales de Energía y Minas, convocada por la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas para impulsar la formalización minera durante el 2023 en todo el país.

El viceministro, tras su saludo protocolar en representación del ministro Oscar Vera, señaló que, para este año, se realizarán transferencias presupuestales con el objeto de fortalecer la labor de las Direcciones y Gerencias Regionales de Energía y Minas a nivel nacional en favor de los pequeños mineros y mineros artesanales.

“Deseo que este año hagamos la diferencia con el pasado y logremos un gran salto en la formalización para que los mineros se inserten al sistema y logren los beneficios que hoy no tienen. Estamos para servirlos y ayudarlos, abiertos a todas las ideas que ustedes puedan aportar”, indicó durante su intervención.

A su turno, Alberto Rojas, director de la Dirección, dijo que en los próximos meses se transferirán los primeros 7.5 millones de soles a los gobiernos regionales para fortalecer dicho proceso en favor de los pequeños mineros y mineros artesanales en todo el país.

La Dirección General de Formalización Minera informó que a la fecha se tiene más de 25,000 mineros inscritos en el Reinfo con instrumentos de gestión ambiental y más de 11,000 mineros formalizados.

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Más de 7,600 personas se beneficiarán con la infraestructura hídrica inaugurada por Agro Rural en los distritos de Catacaos y La Unión, en la región Piura, con una inversión superior a los 800,000 soles y que influirán de manera directa sobre 11,793 hectáreas de cultivo, favoreciendo así a la agricultura, resaltó el director ejecutivo de Agro Rural, Mirbel Epiquién, en el acto inaugural, junto a miembros de las juntas de usuarios, líderes comunales y productores locales.

En Catacaos, el proyecto ‘Rehabilitación de la captación San Jacinto, Cumbibira y Sinchao’ tiene un monto total de ejecución de obra superior a los 489,000 soles y beneficia a 4,692 medianos y pequeños productores, en un área de 7931 hectáreas de cultivo. 

De igual manera, la ‘Rehabilitación de la captación San Andrés y Alto del Peligro’, en el distrito de La Unión, favorece a alrededor de 3,000 familias agrícolas en un área de 3861 hectáreas. El monto total del proyecto asciende a más de 392,000 soles.

Con la irrigación asegurada, en estos terrenos se producirá de manera satisfactoria cultivos como papa, maíz, quinua, habas, hortalizas y avena forrajera, entre otras, sin problemas de escasez hídrica, durante todos los meses del año, destacó el titular de Agro Rural.

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La Compañía Minera Antapaccay, que produce concentrado de cobre, anunció la paralización temporal de sus operaciones luego de los nuevos ataques perpetrados esta tarde a su campamento en la la provincia de Espinar, región Cusco, que ponen en riesgo la vida de sus trabajadores.

En un comunicado, la empresa informa que alrededor de las 12:00 horas, "un contingente de ciudadanos espinarenses llegaron a nuestras instalaciones demandando la paralización de nuestras actividades y la emisión de un comunicado solicitando la renuncia de la presidenta de la República".

El grupo de vándalos ingresó a las instalaciones, saqueó las pertenencias de los trabajadores y bienes de la empresa y quemó algunas zonas del campamento.

"Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores. Los equipos de emergencia y de seguridad están trabajando para garantizar la seguridad de los empleados que se encuentran en la operación, así como para extinguir los incendios generados. Hasta el momento no se ha reportado ningún herido", señala el documento.

Tras condenar enérgicamente estos actos de violencia, la minera demanda respeto a la integridad de las personas y a la propiedad privada, e invoca a las dirigencias sociales a dialogar con las autoridades nacionales para poner fin a la ola de violencia que sacude al país con un lamentable costo de vidas humanas.

"Ante estos hechos inaceptables y el riesgo que implica para nuestros trabajadores, la empresa anuncia la paralización temporal de sus operaciones", indica el comunicado.

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Los vuelos aéreos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Teniente Alejandro Velasco Astete de la ciudad del Cusco se desarrollan con total normalidad desde este mediodía; las fuerzas del orden garantizan que los pasajeros lleguen y retornen a Lima sin mayores inconvenientes. El terminal aéreo comenzó a atender de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones  que indicó que paa el viernes 20 "se tienen programados más de 40 vuelos".

El coronel PNP Julio César Becerra Cámara, jefe operativo de seguridad en el aeropuerto del Cusco, señaló que se garantiza la seguridad en exteriores, perímetro y las instalaciones de abordaje y llegada de los viajeros.

Con el fuerte contingente policial en el terminal aéreo están también miembros del Ejército del Perú y seguridad particular que permiten el acceso a pasajeros que tienen su boleto y documento de identidad en la mano, el cual se desarrolla por la puerta principal del aeropuerto.

Las actividades comerciales y de transporte público se efectúan con total normalidad desde la mañana en el centro de la ciudad, mientras que en el distrito de Wanchaq se desarrollan movilizaciones sociales como parte de las protestas que empezaron la primera semana de diciembre.

Las vías de acceso a la ciudad del Cusco por Arequipa, Abancay y el Valle Sagrado están bloqueadas en diferentes tramos. Los manifestantes impiden el paso del transporte interprovincial.

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El Arzobispado Metropolitano de Trujillo canceló la peregrinación de la Virgen de la Puerta de Otuzco a la ciudad de Trujillo, capital de la región La Libertad, programada para el sábado 21 de enero con motivo del quinquenio de su coronación canónica como “Madre de la misericordia y de la esperanza”.

Las autoridades eclesiásticas tomaron dicha decisión luego que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) decretara el estado de emergencia por 30 días de la región La Libertad, con el objetivo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan retomar el orden interno y el control de las carreteras.

La decisión fue comunicada por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y arzobispo metropolitano de Trujillo, monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, durante la misa oficiada por el pueblo peruano y la paz del país.

“Ustedes saben que estaba programada (la visita) de la Virgen de la Puerta (a Trujillo) para mañana, pero han declarado estado de emergencia también Trujillo. Estaba todo preparado, muy buen ánimo de los fieles y las autoridades, pero hemos tenido que suspender para otra oportunidad porque no conviene en este momento”, aseveró Cabrejos al finalizar la misa.

En un comunicado, el Arzobispado Metropolitano de Trujillo convocó a los fieles a participar de la vigilia de oración por la paz este sábado 21 de enero a las 21:00 horas en la Basílica Catedral de Trujillo, y a la jornada de oración que se realizarán el domingo 22 de enero en todas las parroquias de la arquidiócesis.

Como se sabe, las autoridades eclesiásticas habían coordinado la visita de la venerada Virgen de la Puerta de Otuzco a hospitales de la ciudad, una celebración eucarística en la plaza de Armas de Trujillo y un recorrido procesional.

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Un total de 74.3 millones de soles transferirá el Seguro Integral de Salud (SIS) a cinco regiones del país para garantizar el financiamiento de las prestaciones de salud de sus asegurados en los establecimientos de salud públicos de estas jurisdicciones.

Mediante la Resolución Jefatural el SIS aprobó transferir S/ 21.5 millones al Gobierno Regional de Junín, así como S/ 16.7 millones a Áncash, S/ 15.9 millones al Callao, S/ 15.8 millones a Ayacucho, y S/ 4.4 millones a Tacna. El SIS resaltó que con esta transferencia se completa la entrega adelantada de recursos financieros a todos los gobiernos regionales del país; permitiendo que gestionen oportunamente el dinero transferido, a fin de garantizar el oportuno abastecimiento de los medicamentos, insumos y productos sanitarios para los asegurados del Seguro Integral de Salud a escala nacional.

Por último, el Seguro Integral de Salud recomendó a todas las personas que verifiquen si ya están afiliados al SIS. Para ello pueden ingresar al aplicativo móvil “Asegúrate e infórmate”, a su página web, o al número de WhatsApp 941 986 682, al correo electrónico sis@sis.gob.pe o a la línea gratuita 113, opción 4.

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En medio del aplauso de los ciudadanos, agentes de la Policía Nacional empezaron el operativo para tomar el control de la carretera Panamericana Norte y liberar todos los bloqueos ubicados a lo largo de la provincia de Virú, región La Libertad, que impedían el libre tránsito a decenas de vehículos de carga pesada y de transporte de pasajeros.

Las acciones se ejecutaron luego de entrar en vigencia la declaratoria del estado de emergencia decretado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por 30 días a toda la región La Libertad, a fin de recuperar el orden interno.

Tras la liberación de la vía han empezado a avanzar los vehículos de carga pesada y de pasajeros que se encontraban varados desde el martes 17 de enero, así pudieron continuar con su destino hacia el norte y sur del país.

Sin embargo, el piquete más fuerte se encuentra en Nuevo Chao, donde los manifestantes se enfrentan a la Policía Nacional para impedir que se logre liberar totalmente la vía. Las fuerzas del orden son atacadas con piedras, mientras que ellos están usando bombas lacrimógenas para mantener a raya a los manifestantes violentistas.

La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), saludó decisión de la PCM de declarar en estado de emergencia a la región La Libertad, tras los bloqueos de vías que se registran en las rutas de acceso a las provincias de Virú, Otuzco y Sánchez Carrión.

“Confiamos en que este estado de emergencia por 30 días calendario, permita a la Policía Nacional del Perú mantener el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, a fin de evitar poner en riesgo las vidas de las personas que intentan desplazarse al interior de la región y hacia diversas partes del país, considerando que a escala nacional ya existen más de 22 policías y 16 civiles heridos, así como 54 lamentables muertes a causa de las protestas, entre ellas un efectivo policial”, se lee en el comunicado del gremio empresarial.

Indicaron, asimismo, que el bloqueo de carreteras y la toma de aeropuertos, como ocurre en algunos departamentos del sur del país, no representa una legítima acción de reclamo, sino que desvirtúa las protestas amparadas por nuestra Constitución, convirtiéndose en un atentado contra el derecho de los ciudadanos a vivir en paz, a trabajar y a transitar libremente.

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