Política

La mandataria Dina Boluarte Zegarra participa en la ceremonia por el 203. ° aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Día del Diplomático.

En la ceremonia, que se realiza en el Palacio de Torre Tagle, participa también el canciller Javier González-Olaechea y funcionarios de Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces llamado Secretaría de Estado, fue creado el 3 de agosto de 1821, solo cinco días tras la proclamación de la independencia del Perú, por lo que es la institución más antigua de nuestra historia republicana.

Los actos conmemorativos del 203.° aniversario de la Cancillería se iniciaron con una romería del viceministro Peter Camino y altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores a las tumbas del Mariscal Ramón Castilla, José Gregorio Paz Soldán y Ureta y Javier Pérez de Cuéllar.

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La jefa del Estado, Dina Boluarte, asiste al concurso ecuestre “Copa Junín” trofeo Presidente de la República.

La presidenta Boluarte entregó los trofeos a los ganadores.

Esta actividad se efectuó en el marco de las celebraciones por el día de la Batalla de Junín, donde oficiales del Ejército realizaron diferentes tipos de saltos variados y velocidad con sus caballos.

El concurso ecuestre se realizó en la escuela de equitación del Ejército, en la Molina.

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 A fin de garantizar la atención de los compatriotas peruanos que viven en Venezuela, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reveló que la república amiga del Perú asumirá sus labores consulares, luego de que el Gobierno venezolano ordenara la ruptura de relaciones diplomáticas con nuestro país.

"Esta es una práctica diplomática para evitar que los connacionales de una u otra nación queden en el desamparo. Por ello, en los próximos días daremos la buena noticia de qué república hermana asistirá a nuestros compatriotas", indicó Adrianzén, quien explicó que, seguramente, la misma práctica será replicada por el Gobierno venezolano.

También manifestó que el Gobierno peruano sigue con atención y preocupación lo que ocurre en Venezuela, y remarcó que la postura peruana es que se permita la revisión de las actas del último proceso electoral venezolano.

"El Estado peruano hace votos para que a la brevedad posible se pueda revisar el íntegro de las actas y realizar un conteo íntegro de las mismas con presencia de observadores. Esperamos que esta voz, que no solamente es del Estado peruano, sino también de otras naciones hermanas, prevalezca y pronto se pueda iniciar este proceso de reconteo", expresó el premier Adrianzén.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) brindó esas declaraciones tras su participó en la sesión solemne por el 220.° aniversario del Colegio de Abogados de Lima (CAL), en donde resaltó el compromiso de esta entidad a favor de la gobernabilidad y el desarrollo del país. "El CAL ha sido el alma mater, la casa de los más notables juristas que ha tenido el Perú", destacó.

Adrianzén subrayó que el Colegio de Abogados de Lima ha defendido el orden constitucional y es un bastión de la democracia, y expresó la voluntad del Ejecutivo para trabajar articuladamente con la orden en pro del desarrollo del derecho y la estabilidad jurídica, lo cual contribuirá al crecimiento, cierre de brechas y la armonía del país.

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El expresidente Alberto Fujimori recibirá una pensión vitalicia ascendente a 15 600 soles, luego que la Oficina Legal y Constitucional del Congreso declarara procedente el requerimiento solicitado por el exmandatario (que gobernó el país en el periodo1990-2000) confirmó el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana.

Recordó que, en abril de este año, Fujimori presentó dicha solicitud a la Oficialía Mayor del Congreso y que su requerimiento fue evaluado por las instancias administrativas del Legislativo, que elaboraron informes técnicos, financieros y de presupuesto a favor del exmandatario.

“Han transcurrido varios meses y, en junio, estas entidades señaladas han emitido opinión favorable a dicha pensión. El 10 de julio, específicamente, el Congreso ha notificado mediante este documento al señor Alberto Fujimori de que la pensión es procedente. Eso ha quedado expedito para el pago de la pensión”, dijo en RPP.

Si bien reconoció que esta decisión puede resultar “controversial”, Salhuana insistió en que el pago de la pensión vitalicia a Fujimori se consultó a las áreas especializadas del Congreso. Por lo tanto, no será necesario ser evaluado por la Mesa Directiva, precisó.

Informó que el pago de la pensión a Fujimori aún no se ha efectuado.

El presidente del Congreso fue consultado sobre el artículo 2 de la Ley 26519, que establece que la suspensión de la pensión vitalicia para el caso de expresidentes acusados constitucionalmente y, posteriormente, encontrados culpables.

Al respecto comentó: “la pensión puede resultar discutible y controvertida, pero el Congreso pidió opinión a las áreas especializadas que declararon procedente la solicitud (del expresidente)”.

“Es una decisión que ha pasado y que ha sido evaluada por las instancias administrativas del Congreso”, añadió.

Finalmente, el titular del Legislativo alegó que dependerá de Alberto Fujimori evaluar si utiliza el dinero de la pensión vitalicia para pagar la reparación civil por 57 millones de soles por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial: el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.

“Es que no es una decisión del Congreso, el beneficiado tomará la decisión que considere pertinente y escapa de la decisión del Congreso”, declaró.

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La Cancillería y el Ministerio de Justicia emitieron un comunicado conjunto respecto a la publicación en redes sociales de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, en torno a las recomendaciones contenidas en el informe de la Relatoría tras la visita realizada al país del 8 al 17 de mayo del 2023, por invitación del Estado peruano.

Al respecto, el Gobierno peruano expresa su rechazo y desacuerdo con los contenidos señalados en dicha publicación, ya que no reflejan los avances informados en las reuniones sostenidas y documentos remitidos oportunamente a dicha Relatoría (para mayor detalle sobre el particular se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session56/list-reports).

Cabe destacar que el Gobierno peruano proporcionó una amplia cooperación antes y durante la visita, facilitando a la Relatoría las condiciones necesarias para realizar reuniones y entrevistas con autoridades al más alto nivel a nivel nacional, así como con autoridades regionales y locales de Cusco, Puno y Ayacucho.

Con relación a las recomendaciones formuladas, en cuanto a la promoción del diálogo social, cabe referir que la Presidencia del Consejo de Ministros se encuentra implementando los "Lineamientos y protocolos para la intervención del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales en asuntos de gestión social y diálogo".

Así como los “Lineamientos para la Promoción de la Participación Significativa de Mujeres en los Procesos de Diálogo para la Atención de Conflictos Sociales”. Además, se ha conformado un equipo de trabajo para diseñar y formular una propuesta de Política Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales.

En cuanto a la recomendación relacionada sobre abordar las causas de las protestas, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentra en desarrollo la formulación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos. Esta iniciativa busca coordinar y articular las acciones de diversas entidades del Estado para reducir la desigualdad en el ejercicio de los derechos humanos y la discriminación estructural.

En relación con la solicitud de disculpas públicas, es importante destacar que dicho pedido no se enmarca en las recomendaciones formuladas por el informe de la Relatoría, no obstante, cabe precisar que, en el mensaje a la Nación de 28 de julio de 2023, ante el Congreso de la República, se pidió perdón en nombre del Estado a los familiares de todos los fallecidos, civiles, policías y militares.

Además, cabe indicar que el Gobierno peruano viene implementando con la Misión Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país el Memorándum de Entendimiento sobre un Plan de Trabajo con el objeto de brindar asistencia técnica a entidades del Estado.

Asimismo, se viene ejecutando el proyecto de Fortalecimiento institucional descentralizado para la prevención y gestión de la conflictividad política y social, así como para la protección de los derechos humanos en el Perú, del Fondo para la Consolidación de la Paz del Secretario General de las Naciones Unidas.

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El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) aprobó su Política Antisoborno en virtud de prevenir, detectar y mitigar los riesgos de soborno en la autoridad sanitaria mediante el sistema de gestión Antisoborno, según Norma ISO 37001:2016.

La implementación de esta medida trae consigo objetivos de impulsar la participación de todas las servidoras y servidores de Sanipes en el proceso de implementación de la norma, identificar los procesos que se encuentran expuestos a los riesgos de soborno y fortalecer la cultura de prevención y detección ante estos posibles peligros que afectan la institucionalidad.

Asimismo, la autoridad siguiendo la normativa ISO, el Modelo Integral, entre otros requisitos, se compromete a forjarse como una entidad transparente e íntegra que lucha contra la corrupción.

Recordemos que mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 079-2024-SANIPES/PE, publicada el 15 de mayo de 2024, se aprobó el Plan para la Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, según la Norma ISO 37001:2016, el cual marcó el inicio de la Implementación

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La Junta de Portavoces del Congreso, por disposición del presidente de dicho poder del Estado, Eduardo Salhuana, se reunirá este lunes 5 de agosto desde las 10:00 horas, dando inicio al periodo anual de sesiones 2024-2025.

El presidente del Parlamento comunicó en la víspera que este lunes se reunirán también el Consejo Directivo y el Pleno del Congreso, a fin de aprobar el cuadro nominativo de comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2024-2025.

También indicó que los proyectos de ley del Ejecutivo anunciados por la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la Nación serán analizados y revisados en las comisiones ordinarias respectivas.

La Junta de Portavoces está compuesta por la Mesa Directiva y por un portavoz por cada Grupo Parlamentario, quien tiene un voto proporcional al número de miembros que componen su bancada.

Esta es la nueva composición de dicho órgano parlamentario:

Mesa Directiva

Presidente: Eduardo Salhuana Cavides

Primera vicepresidenta: Patricia Juárez Gallegos

Segundo vicepresidente: Waldemar Cerrón Rojas

Tercer vicepresidente: Alejandro Cavero Alva

Voceros de grupos parlamentarios

Fuerza Popular: Eduardo Enrique Castillo Rivas.

Alianza para el Progreso: Alejandro Soto Reyes.

Perú Libre: Elizabeth Taipe Coronado.

Podemos Perú: José Luan Gálvez.

Renovación Popular: Alejandro Muñante Barrios.

Acción Popular: Elvis Vergara Mendoza.

Bloque Magisterial de Concertación Nacional: Lucinda Vásquez Vela.

Avanza País: Adriana Tudela Gutiérrez.

Juntos por él Perú -  Voces Del Pueblo: Roberto Sánchez Palomino.

Somos Perú: Héctor Valer Pinto.

Bancada Socialista: Alex Flores Ramírez.

Honor y Democracia: Jorge Montoya Manrique.

Bloque Democrático Popular: Isabel Cortez Aguirre.

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El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, expresó que el proyecto de ley que busca cambiar el nombre de su cartera a Ministerio de Seguridad Pública busca dinamizar la institución ante los retos que hoy enfrenta en cuanto a lucha contra la criminalidad y la delincuencia organizada.

Sostuvo que, hace más de 50 años, el gobierno militar le coloca a la cartera el nombre de Ministerio del Interior (Mininter) por cuanto tenía a su cargo el establecer las políticas para las tres instituciones policiales que en ese momento existían: Guardia Republicana, Guardia Civil y la Policía de Investigaciones (PIP). Además, debía establecer lineamientos en cuanto a la lucha contra el terrorismo, que recién iniciaba.

En ese sentido, indicó que, en la actualidad, la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana es integral y abarca también al serenazgo, juntas vecinales, además de superintendencias como las de Migraciones y Sucamec, que se ocupa del control de armas y municiones.

"Es decir, todo un sistema. Y para esto es importante que el gobierno central establezca y fortalezca su rol interventor como el líder en el tema de la seguridad ciudadana, la seguridad pública, que implica el orden público, el orden interno, la seguridad pública, la seguridad ciudadana", señaló a TV Perú.

Santiváñez expresó que otros países como Costa Rica y Argentina también han realizado el cambio de nombre a sus ministerios del Interior bajo esta nueva corriente y están adoptando esa nueva denominación, la de Ministerio de Seguridad Pública.

"Aquí lo que se pretende es hacer una institución mucho más dinámica frente a los retos que hoy por hoy tenemos, de lucha contra la criminalidad y lucha contra la delincuencia organizada", señaló el ministro.

El Ejecutivo presentó en la víspera el Congreso el proyecto de ley que plantea el cambio a Ministerio de Seguridad Pública, anunciado por la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la Nación de este 28 de julio.

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El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, calificó este miércoles de lamentable que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, acuse al Perú de contar con "centros de entrenamiento" de manifestantes antigubernamentales que fueron supuestamente "capturados en los destrozos" de las últimas protestas.

"Lamentable tener que escuchar declaraciones de esta naturaleza que no hacen sino profundizar la situación de crisis a la que Venezuela ha conducido las relaciones entre dos naciones hermanas históricamente", dijo Adrianzén en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Maduro aseguró en una rueda de prensa con medios internacionales que "todos los (manifestantes) que fueron capturados en los destrozos" en el estado insular de Nueva Esparta "vienen entrenados de Chile y Perú, (de) centros de entrenamiento en Chile y Perú".

Al ser preguntado por esa afirmación, Adrianzén recordó que en Perú viven cerca de 1,5 millones de venezolanos "que han sido acogidos" tras dejar su país "por la situación de crisis humanitaria en que se encontraba como consecuencia del desgobierno que allí reina".

"Por otro lado, nosotros no somos centro de entrenamiento de nada que tenga que ver con la criminalidad, por el contrario, con profunda tristeza y pesar, hemos podido comprobar que muchos crímenes cometidos en los últimos meses tienen su origen en ciudadanos de esa nacionalidad. Eso no debería afectar al buen hacer la comunidad de emigrantes venezolanos en nuestro país", agregó.

Finalmente, aseveró que "no corresponde" al Gobierno peruano seguir pronunciándose "sobre improperios" de Maduro, a quien evitó mencionar de forma directa.

Las relaciones entre Perú y Venezuela pasan por una crisis desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarase a Maduro vencedor de las elecciones del pasado domingo frente al candidato de la oposición mayoritaria Edmundo González Urrutia.

El ente electoral venezolano hizo esa declaración cuando faltaban por computar más de dos millones de votos -el 20 % de las actas de votación, cuyo cómputo todavía se desconoce- que podrían cambiar los resultados finales.

El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, manifestó este martes que el proceso "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerada como una elección democrática".

Tras los comicios, el Gobierno de Perú reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela, según afirmó el canciller Javier González-Olaechea. En respuesta, el Gobierno de Venezuela rompió sus relaciones con Perú por "desconocer la voluntad del pueblo".

/EFE/PE/