Política

El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda competencial planteada por el Congreso contra el Poder Judicial sobre la resolución de un juzgado que contradice la sanción impuesta por el Parlamento a dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

Durante la audiencia se escucharon los alegatos de los representantes de ambas instituciones, quienes a su vez contestaron las preguntas de los magistrados del TC.

El primero en exponer fue el abogado Aníbal Quiroga, en representación del Parlamento Nacional, institución que presentó la demanda en torno a lo resuelto judicialmente para restituir en sus cargos a Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ. Esta debe ser declarada “fundada en todos sus extremos”, expresó.

En su opinión, controversias de esta naturaleza ya fueron resueltas por el TC y, por tanto, cuestionó que se tenga que recurrir a contiendas de competencia “cada vez que el Poder Judicial da resoluciones írritas”. “Esta causa ya ha sido resuelta” antes, recalcó.

“El TC debe sentar su palabra definitiva y no debe someterse a la corte suprema ni darle temporalidad sus resoluciones”, manifestó Quiroga, quien consideró además que las sentencias de este organismo colegiado “vinculan a todo el sector público”, incluido el Poder Judicial. Esta última entidad no debió de pronunciarse en contra de lo establecido por el Congreso, indicó.

Defensa del PJ

Por el lado del Poder Judicial, el procurador Johnny Tupayachi hizo uso de la palabra, pidiendo que se declare improcedente la demanda de competencia. Argumentó que lo que se ha dispuesto respecto a los dos miembros de la JNJ destituidos tiene directa relación con el resguardo de los derechos fundamentales de las personas afectadas.

En ese sentido, dijo que, si bien el TC ha señalado que no se le puede impedir al Congreso ejercer sus funciones, debe velarse por lo que ocurre posteriormente con el respeto a los derechos fundamentales. En ese sentido, consideró que, si estos son afectados, las decisiones del Parlamento pueden revisarse judicialmente.

Manifestó, en tal sentido, que es necesario respetar la autonomía del Poder Judicial y la competencia que tienen los jueces constitucionales para conocer amparos y para otorgar medidas cautelares.

Tras las exposiciones y las preguntas a las que fueron sometidos ambos representantes, el presidente del TC, Francisco Morales, dijo que la causa quedaba al voto.

/AC/Andina/

El Segundo Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo de la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez, dispuso incluir a Jorge Henrique Simoes Barata en la investigación preparatoria del caso denominado Gasoducto Sur Peruano, cuyo plazo vence en septiembre próximo.

Además, requirió prisión preventiva por 36 meses en contra del referido imputado, estimando la conducta procesal y revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz.

El último 8 de julio, el despacho fiscal emitió un pronunciamiento respecto a la situación jurídica del imputado, en su condición de cómplice del delito de colusión agravada en agravio del Estado; al haber favorecido a la empresa Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, así como en la devolución de la carta fianza del proyecto Gasoducto Andino del Sur.

Es preciso indicar que Jorge Barata, en su declaración vía cooperación judicial, no reconoce los hechos fácticos materia de la investigación, apartándose de aspectos relatados en el marco de la colaboración eficaz que se encuentra en fase de ejecución.

Asimismo, el 24 de mayo último, se concluyó con la actuación de prueba anticipada del testigo José Alejandro Graña Miro Quesada, quien incriminó, al entonces máximo representante del grupo empresarial Odebrecht en el Perú, en los proyectos mencionados.

/AC/

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el pedido de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de aplazar la vista de la demanda competencial entablada por el Congreso frente al Poder Judicial, hasta que se cuente con una opinión sobre el tema por parte de la Comisión de Venecia.

En ese sentido, el colegiado comenzó la parte de la audiencia en la que debe escuchar los argumentos de los poderes del Estado enfrentados en este caso. El mismo tiene su origen en la resolución judicial que dispone restituir a dos miembros de la JNJ -Aldo Vásquez e Inés Tello- que fueron destituidos por el Parlamento.

El presidente del TC indicó que la solicitud de los miembros de la JNJ fue declarada improcedente por unanimidad.

De igual manera, el magistrado dijo que se desestimó -por mayoría de votos- el pedido de Aldo Vásquez de constituirse como parte en esta demanda competencial.

Morales señaló que más adelante se darán detalles sobre los argumentos esgrimidos para declarar improcedentes ambos pedidos.

Alegatos de defensa

A continuación, el pleno del TC escuchó los alegatos de las partes comprometidas en la demanda competencial.

Por el Congreso, el abogado Aníbal Quiroga hizo uso de la palabra, mientras que, por el Poder Judicial, el encargado fue el procurador de dicha institución, Johnny Tupayachi.

/DBD/

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, recordó a los partidos políticos y a la ciudadanía en general que el viernes 12 de julio es la fecha límite para afiliarse a un partido político.  

Mediante un video difundido en las redes sociales de la JNE, Salas Arenas, precisó se trata del plazo establecido para intervenir en las elecciones primarias de acuerdo la ley Orgánica de elecciones, modificada por el Congreso de la República.

"Para ello, los partidos políticos deben cumplir con presentar su padrón de afiliados hasta dicha fecha, desde luego cumpliendo con los requisitos establecidos tanto en la Ley de Organizaciones Políticas como en el reglamento electoral", añadió. 

Detalló que los padrones de afiliados deben ser presentados por los partidos inscritos y los que están en proceso de inscripción. Por ende, "la demora en la inscripción no dará a lugar a efectos negativos para los afiliados que se hallen, hasta esa fecha, propuestos como tales" aclaró. 

Acerca de las organizaciones que solo cuenten con reserva de denominación vigente, previo señalamiento de fecha y hora, ellas podrán presentar hasta el 12 julio del presente año, ante la Oficina de Servicio al Ciudadano del JNE, su solicitud de inscripción y sus padrones de afiliados y otros requisitos. 

Respecto a la fecha de inscripción de los partidos políticos precisó que "no es cierto que el plazo límite sea el 12 julio del 2024". 

El presidente de la JNE señaló que, conforme a la Ley 32058, la convocatoria para las elecciones generales del 2026 se realizará el año 2025 y será efectuada por el Poder Ejecutivo. 

/CRG/

Aunque el fiscal José Domingo Pérez advirtió gestos obscenos de connotación de discriminación sexual en su contra por parte de las defensas legales Humberto Abanto y Giuliana Loza en el caso Cócteles, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial resolvió hoy que no corresponde imponerles sanción.

En el inicio de la sesión, que se desarrolla de manera virtual, el juzgado a cargo de Juana Caballero, recomendó a todas las partes procesales (defensas legales y Ministerio Público) a conducirse con el debido respeto al colegiado, conforme a las normas procesales.

"Este órgano colegiado ha revisado el video y cuando se estaba exponiendo se aprecia gestos e incluso se escucha a (Humberto) Abanto y luego hace gestos que para el colegiado no corresponden a actos obscenos cometidos. Los gestos expresados son un tema interpretativo, considera que no corresponde una sanción dado lo que se ha expresado", indicó la jueza Caballero.

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez, expresó su contrariedad con la resolución tomada por el juzgado e instó a que se adicione a la misma "los fundamentos por los que se llega a dicha conclusión de recomendar a todos los sujetos procesales, el debido respeto a las normas".

En tal sentido, planteó un recurso de reposición sobre lo resuelto y pidió que se revoque lo dispuesto en la parte que se establece respeto "a todos los sujetos procesales".

"El Ministerio Público actuó dentro de sus deberes en el proceso, por eso consideramos que esta resolución va más allá de lo que pidió la fiscalía", aseguró.

Tras la lectura de la resolución y tras un breve intercambio con las partes procesales, la audiencia por el caso Cócteles continuó como estaba programado.

/DBD/

Conocido por organizar una de las mayores estafas financieras del país, Carlos Manrique Carreño, fundador del Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial (CLAE) falleció esta madrugada en el Hospital Ramón Castilla II de EsSalud, ubicado en el Cercado de Lima, debido a complicaciones de salud.

Según sus familiares, Manrique, había sido ingresado el martes 9 de julio por problemas pulmonares.

Como recordaremos, las autoridades peruanas hallaron a Manrique Carreño culpable de fraude y otros delitos relacionados que afectó los ahorros de más de 250 ,000 personas.

En los años 80, CLAE atraía dinero prometiendo “altos retornos” y ofreciendo intereses de entre el 80% y el 100% por los ahorros. Manrique Carreño logró mover hasta 640 millones de dólares sin rendir cuentas al Estado.

/DBD/

El Tribunal Constitucional, mediante el expediente 00004-2024-PCC/TC, decidió declarar improcedente el recurso de reposición presentado por el miembro de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez Ríos, el cual proponía su apersonamiento al "presente proceso competencial como partícipe en calidad de tercero" en el proceso de demanda competencial.

Sin embargo, la institución encargada de interpretar la Constitución también decidió declarar procedente que el magistrado Vásquez Ríos sea incorporado como "tercero con interés en el resultado del proceso". Es decir, el exministro de Justicia y Derechos Humanos podrá participar en las audiencias que decida el TC realizar en torno a la demanda competencial, pero no podrá interponer recursos de apelación.

"Por tanto, a pesar de que el solicitante ha pedido erróneamente ser incorporado como partícipe en calidad de tercero, en aplicación del principio iura novit curia, este Tribunal Constitucional considera que sí le corresponde la condición de tercero con interés en el resultado del proceso, ya que es parte del proceso de amparo subyacente que motivó la emisión de la Resolución 1, de fecha 22 de marzo de 2024, suspendida en sus efectos por este Tribunal Constitucional en el presente proceso competencial", se lee en el documento emitido por el TC.

Vale detallar que el pleno del Congreso decidió aprobar, con 82 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, la autorización para que Alejandro Soto, presidente de la actual Mesa Directiva del Parlamento Nacional, interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional en abril de este año.

Con dicha acción, se pretendía que el Tribunal Constitucional determine si las decisiones adoptadas por el Congreso de la República pueden ser limitadas o restringidas por el Poder Judicial a través de la emisión de resoluciones judiciales que interrumpan acuerdos o resoluciones aprobadas por el Legislativo.

Finalmente, en respuesta a lo dispuesto por los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes presentaron recursos ante el Poder Judicial para ser restituidos en sus respectivos cargos, tras conocerse que el pleno del Parlamento decidió inhabilitarlos por 10 años de la función pública, por presuntamente infringir la Constitución. Dicha medida fue recomendada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, grupo parlamentario que votó mayoritariamente para que se les aplique la mencionada sanción.

/MPG/

El Tribunal Constitucional (TC) sesionará el miércoles 10 de julio y el jueves 11 de julio en Arequipa, con una agenda que incluye la demanda de competencias planteada por el Congreso frente al Poder Judicial.

Este miércoles 10 de julio, la audiencia se llevará a cabo a partir de las 9.00 horas, comunicó el mencionado organismo colegiado.

Está previsto para esa fecha ver dos procesos de inconstitucionalidad y dos de conflicto competencial, entre ellos, el interpuesto por el Congreso respecto al Poder Judicial.

Al día siguiente, se verán tres procesos de inconstitucionalidad, tres de amparo y tres de habeas corpus, procedentes de Lima y ciudades de la macro región sur.

Proceso en marcha

En cuanto al proceso competencial planteado desde el Congreso, este se refiere a la decisión de la Primera Sala Constitucional del Poder Judicial de reponer a Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros de la Junta Nacional de Justicia que fueron suspendidos por el Parlamento Nacional.

El Congreso planteó este recurso en abril, por considerar que el Poder Judicial interfiere así con sus atribuciones.

En junio, la institución, mediante su procurador, solicitó al Tribunal Constitucional que la demanda sea declarada improcedente.

/MPG/

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) expidió 370 kits de revocatoria de autoridades regionales y municipales, con miras a la Consulta Popular de Revocatoria 2025.

Desde el inicio de este proceso, el 3 de junio, fueron declaradas procedentes las solicitudes de kits para intentar revocar a las autoridades de 23 regiones. Ningún pedido admitido alcanza, hasta el momento, a las autoridades de Tumbes y Madre de Dios.

En el caso específico de la capital de la República, las solicitudes aceptadas están dirigidas contra el alcalde provincial y autoridades municipales de los distritos de Ate, Chorrillos, Lurín, Surquillo, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Ancón, Carabayllo, La Victoria, Miraflores, Punta Hermosa, San Bartolo. En los seis últimos casos se registran dos solicitudes para cada distrito.

Asimismo, figuran 20 solicitudes contra las autoridades regionales de Lima, Áncash (2), Ayacucho (2) y Arequipa (3), Callao, Cusco (2), Ica, Junín, La Libertad (2), Lambayeque, Huancavelica, Piura (2) y Puno (2). Los pedidos referidos al ámbito provincial son 54 y, al ámbito distrital, 296.

Las solicitudes se publican, con su respectiva resolución, en la página web de la ONPE, que se está actualizando periódicamente. En el sitio web, el organismo electoral habilitó un enlace que permite conocer los kits electorales expedidos, cuando se han cumplido los requisitos para su adquisición.

Después de que el promotor recibe el kit electoral, debe recolectar las firmas del 25 % de los ciudadanos que se encuentran en el padrón electoral de la circunscripción de la autoridad que se pretende revocar, y luego solicitar a la Subgerencia de Verificación de Firmas y Apoyo Técnico Electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) la verificación de las firmas recolectadas. La fecha límite para presentar este pedido ante el Reniec es el 11 de octubre de 2024.

La ONPE resolverá las solicitudes de revocatoria presentadas en un plazo no mayor de 30 días calendario. En caso de ser denegada, procede recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual resuelve dicho recurso en un plazo no mayor de 15 días calendario. No procede recurso alguno contra dicha resolución.

La fecha límite para presentar solicitudes de revocatoria a la ONPE vence el 21 de noviembre de 2024, mientras que el plazo para que la misma institución electoral resuelva las solicitudes será el 21 de diciembre de 2024.

El Junta nacional de elecciones convocará a consulta popular de revocatoria solo si las solicitudes han sido admitidas por la ONPE. Según el cronograma aprobado para este proceso, la consulta popular de revocatoria se realizará el 8 de junio del 2025.

/NDP/MPG/

Más de 56 000 empleos en 791 distritos de todo el país brindará este año Llamkasun Perú, un programa de empleo temporal dirigido a la población más vulnerable. Así lo comunicó, la presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, desde Tarma, Junín.

“Quiero felicitar al ministro de Trabajo y a la directora ejecutiva del programa Llamkasum porque hemos brindado 5000 empleos para nuestras hermanas y hermanos de la región y aquí en Tarma el 70% del trabajo lo tienen las mujeres”, afirmó la mandataria.

Para la generación de estos empleos, Llamkasun Perú brinda asistencia técnica a los gobiernos locales, a fin de desarrollar las actividades de intervención inmediata y los proyectos de inversión intensivos.

“Llamkasum Perú significa en español trabajemos Perú, y daremos más empleo temporal porque sabemos que ustedes, hermanas y hermanos, que integran los programas llevan esa economía a sus hogares y están mejor atendidos. Vamos a crear más Llamkasum a nivel nacional”, enfatizó la presidenta.

El Gobierno invertirá 161 millones de soles para el financiamiento de 1056 intervenciones inmediatas, las que se ejecutan en zonas declaradas en emergencia por el impacto de las lluvias y de otros eventos naturales.

Para el caso específico de Junín, Llamkasun Perú ha invertido 5,5 millones de soles en el financiamiento de 38 actividades de intervención inmediata en 23 distritos de la región, las que han generado más de 2000 empleos temporales.

“Este programa no solo ofrece empleos temporales. También genera inclusión, fortaleza y empoderamiento en las peruanas y peruanos. En su modalidad denominada Intervención Regular, ha focalizado a 121 de los 124 distritos que componen la región Junín, los cuales podrán ser asistidos a lo largo del año”, manifestó la presidenta.

La mandataria Dina Boluarte acudió a Tarma junto al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, para efectuar la presentación de Llamkasun Perú. En la ceremonia estuvieron presentes diversas autoridades, como el alcalde provincial de Tarma, Walter Jiménez, y la directora del mencionado programa, Jéssica Tumi, entre otros.

Tras largos años de espera, por fin será una realidad. La presidenta de la república, anunció que su Gobierno destrabará el proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario, que tanto necesita la provincia de Tarma.

“Querido alcalde, lo espero a usted y a sus alcaldes distritales el próximo martes, con el proyecto para destrabarlo. Agua para Tarma”, sostuvo.

Finalmente, el proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario para Tarma beneficiará a más de 47 000 personas. Incluye la construcción de una planta de agua potable de última generación, la implementación de estaciones de bombeo, la extensión de redes de distribución y la construcción de una moderna Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). La inversión aproximada para esta obra alcanza los 141 millones de soles.

/NDP/MPG/