Política

El congresista del Frente Amplio, Marco Arana, señaló a través de El Informativo de Nacional, que “el fujimorismo esta desatado y está actuando como un lumpen político”, en su desesperación por impedir el adelanto de elecciones, lograr la liberación de Alberto y de Keiko Fujimori, y adelantarse a protegerse a través del Tribunal Constitucional de procesos penales que se generarían con la llegada de los “codinomes” (nombres cifrados) de Brasil, por el caso Lava Jato.

Indicó que estó se evidencia en la forma y métodos con que la bancada de Fuerza Popular, está actuando frente al archivamiento del proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones, y sus intenciones de controlar el Tribunal Constitucional (TC).

 “Quieren crear el control constitucional a través del TC”.

Archivamiento

“Usaron el viaje del presidente para archivar el proyecto de adelanto de elecciones y se podría, como señalan algunos constitucionalistas, no admitir que ha sido un archivamiento, sino un dictamen negativo, y que vaya al pleno para que se revise”

Señaló también que el fujimorismo lo que quiere hacer es utilizar el tema de la vacancia para tener al presidente chantajeado

Discrepancias

“Se puede negociar con todas las discrepancias políticas, pero aquí no se están tratando propuestas políticas, sino planteamientos con gente que se ha metido a la política con actos delincuenciales”, afirmó Arana.

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El ex decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pedro Angulo, dijo a través de El Informativo de Nacional, que no hay que caer en la provocación que se está haciendo en el Congreso.

“Por los últimos acontecimientos y el haber rechazado lo planteado por el gobierno sin mayor debate, sumado a lo de la Comisión de Venecia, lo que se aprecia es un apuro de los que fuera una provocación, y más aún cuando el presidente Vizcarra estaba fuera del país”.

Sobre las declaraciones del primer ministro Salvador del Solar señaló que no debió pronunciarse, y mejor hubiese sido esperar para debatir en Consejo de Ministros y emitir un mensaje recién hoy.

Denuncia de Vilcatoma

Sobre la denuncia penal presentada por la congresista Yeni Vilcatoma (FP) contra el presidente Vizacarra, dijo, que una acusación de este tipo tendría que ser rechazada por que no tiene “basamento fáctico, porque solo es una presunción y especulaciones de su interpretación”.

/LD/

La Asamblea Nacional de Gobierno Regionales (ANGR) expresó su desacuerdo con la decisión de la Comisión de Constitución que archivo el proyecto de adelanto de elecciones planteado por el Ejecutivo sin permitir una discusión en el pleno del Congreso.

Invocan además al Poder Ejecutivo a tomar decisiones y acciones definidas que orienten las decisiones de las autoridades y de la sociedad civil en defensa de la democracia y la gobernabilidad.

Exhortan a la ciudadanía a estar vigilantes en defensa de la democracia y el estado de derecho y “a no ceder ante quienes utilizarán todos los medios dados en representación para perpetuarse en el poder”.

Hoy la Comisión de Constitución del Congreso, con votación mayoritaria,archivó la propuesta de adelanto de elecciones del Ejecutivo.

En la víspera, diversas bancadas parlamentarias plantearon que esta propuesta sea trasladada al pleno del Congreso para un debate de toda la Representación Nacional.

/PE/ANDINA/

La decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero Zamora, llamó hoy a preservar la democracia tras la decisión de la Comisión de Constitución del Congreso que archivó el proyecto de adelanto de elecciones.

“Ante la grave crisis política actual, como decana del ilustre Colegio de Abogados de Lima hago una invocación a preservar la democracia y el Estado Constitucional de Derecho”, aseveró.

Portocarrero manifestó que su gremio profesional había convocado a juristas de primer nivel a fin de colaborar en la búsqueda de una solución que evite la ruptura constitucional.

Ofreció además la mediación de la orden que dirige para establecer un mecanismo de diálogo y consenso que genere propuestas de solución ante las diferencias que se mantienen y que están causando polarización del país

En esa misma línea, la decana del CAL formuló un llamado a “los miembros de la Orden a permanecer vigilantes y a sumar esfuerzos en la tarea de la preservación del orden constitucional”.

/PE/ANDINA/

La Defensoría del Pueblo inició una intervención de oficio al conocerse el caso de más de cien escolares de nivel secundario del distrito de Sóndor, en la provincia piurana de Huancabamba, quienes fueron desalojados luego que el área que ocupaba el plantel en el que estudiaban fuera reclamado por las rondas campesinas de la zona, afectando con ello el derecho a recibir una educación de calidad.

Mediante un oficio dirigido al gobernador regional, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, solicitó efectuar las coordinaciones urgentes con las diversas instituciones vinculadas al sector Educación para no continuar afectando a los alumnos y alumnas del nivel secundario de la institución educativa N° 14519.Como parte de las recomendaciones, se solicitó atender la instalación oportuna de módulos educativos y la pronta culminación del expediente técnico para la construcción, en el más breve plazo, de una infraestructura con material noble que pueda albergar a los y las estudiantes del plantel.

Orrego informó también que la Defensoría del Pueblo hará seguimiento a los compromisos adoptados en la reunión sostenida hoy entre representantes de la Dirección Regional de Educación de Piura y de las rondas campesinas del caserío de Imbo, donde se acordó prorrogar por un mes más el uso de las instalaciones a favor del plantel en tanto se implementan cinco módulos educativos en una zona cercana al lugar que ocupaban.

La cita contó con la asistencia, también, de representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancabamba, municipalidad distrital de Sóndor, Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y autoridades del centro educativo.

Según informó Orrego, la intervención de la Defensoría del Pueblo tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada institución, dirigidos fundamentalmente a garantizar que se dote de una infraestructura adecuada a los estudiantes afectados.

Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo ha realizado reiteradas supervisiones al servicio educativo que el Estado brinda a la población, principalmente en el ámbito rural donde las personas se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. En 2013 se realizó una primera supervisión a 412 escuelas rurales públicas de nivel de educación primaria; y en 2015 se supervisó 566 instituciones educativas con las mismas características.

En el informe elaborado a propósito de la supervisión del 2015, se describe que solo el 53% de las escuelas rurales tenía acceso a agua potable y el 20%, a red pública de desagüe. Asimismo, que los predios de más del 44% de las instituciones educativas carecían de saneamiento físico legal, a pesar de tener la condición de propiedad pública.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló hoy que el pleno de este organismo resuelve los procesos con imparcialidad, independencia, transparencia y con arreglo a ley, y que sus resoluciones no pueden emitirse ni modificarse a cambio de dinero o prebendas.

Refirió que los trámites y procedimientos, al igual que los que se realizan en todos los organismos del sistema electoral, están regulados por ley y se efectúan en las sedes institucionales, conforme a las disposiciones emitidas. 

"El JNE es un organismo constitucionalmente autónomo, cuya máxima autoridad es el pleno, integrado por cinco miembros de diferentes instancias jurídicas y académicas. Esta conformación colegiada garantiza su independencia, así como la toma de decisiones que se sustentan en la deliberación de sus integrantes", afirma.

Señala además que el pleno del JNE, como máxima autoridad de este organismo, resuelve los expedientes sobre proceso electoral, vacancias, suspensiones y otros procesos con imparcialidad, independencia, transparencia y con arreglo a la Constitución y la ley. 

En ese sentido, alerta a las autoridades y a la ciudadanía a no dejarse sorprender por personas y abogados de conducta inescrupulosa que pretendan tomar indebidamente el JNE, de los miembros del pleno o de sus funcionarios para la gestión de trámites, procedimientos y resolución de casos. 

Ante este tipo de casos, recomienda formular una denuncia ante el Ministerio Público o que lo pongan en conocimiento del organismo electoral a fin de que su procurador interponga la acción legal correspondiente contra los responsables de estos hechos dolosos. 

Señala que el colegiado de este organismo deplora que se puedan presentar situaciones en contra de la moral y la ética, en perjuicio del nombre de una institución como el JNE, reconocida por su contribución a la consolidación del sistema democrático y la gobernabilidad del país.

Dice además que los miembros del pleno se allanan a cualquier indagación o investigación que pudiesen ser necesarias para el esclarecimiento de alguna denuncia relacionada a la función electoral.

/PE/ANDINA/