Política

A partir de setiembre se aplicaría en la práctica la ley de geolocalización, que permitirá detectar la ubicación de teléfonos móviles desde los cuales se realizan llamadas para perpetrar delitos como extorsiones o secuestros, estimó el viceministro del Ministerio de Justicia, Alfonso Garcés.

Si bien la norma fue promulgada el pasado 27 de julio por el Poder Ejecutivo, Garcés señaló que en unos 30 días deben de estar listos los protocolos y el respectivo reglamento para establecer los procedimientos que deben seguirse para efectuar estas acciones de control del delito.

“La norma, en efecto, ya entró en vigencia a partir de su publicación, pero recién se va a implementar con estos protocolos y el reglamento para asegurar y conocer con claridad cómo se va a aplicar (...) debería estar para setiembre”, detalló el funcionario.

El viceministro aprovechó la ocasión para defender la legalidad de la medida, al asegurar que esta no afectará, en lo absoluto, la privacidad de las comunicaciones telefónicas, pues recordó que incuso el propio Tribunal Constitucional (TC) ya se pronunció, en ese sentido.

Según precisó, con la geolocalización no contempla interceptaciones telefónicas ni acceso al contenido de las llamadas o los mensajes de texto, sino que simplemente se detectará la ubicación geográfica del dispositivo móvil para contribuir con la captura de delincuentes.

“Acá no vamos a ver el contenido de la comunicación ni la plataforma. De plano descarto cualquier insinuación, sospecha o sombra relacionada con ello”, expresó, al opinar que la geolocalización apunta a la captura rápida de aquellos delincuentes que se escudan detrás del teléfono.

De igual forma, refirió que esta herramienta contra la delincuencia solo será empleada en casos de flagrancia, dentro de un plazo de 24 horas de haber cometido el delito y siempre que este suponga una pena mayor a los cuatro años de pena privativa dela libertad.

/MRM/(Información ANDINA)

El costo de la ineficiencia en el Estado puede ser hasta cinco veces mayor al de la corrupción, razón por la cual la Contraloría insistirá en aumentar el número de auditorías de desempeño en las entidades públicas, afirmó el titular del organismo de control, Fuad Khoury.

Durante la inauguración del Taller Regional de Auditorías de Desempeño: Intercambiando experiencias en América Latina, precisó que auditando más en las entidades estatales se busca mejorar la entrega y calidad de los bienes y servicios que se brinda a los ciudadanos.

“Cuando la ineficiencia campea, ingresa la corrupción. Ante ello, el nuevo enfoque de auditoría que viene implementando la Contraloría es el camino para alcanzar el desarrollo del país”, manifestó.

A modo de ejemplo, refirió que en el año 2013, fueron 1,063 los gobiernos locales que no programaron ningún tipo de mantenimiento de sus redes viales, lo que llevaría a realizar inversiones de rehabilitación por 181 millones de soles.

Khoury Zarzar dijo en su presentación que la Contraloría creó su propio modelo de auditoría de desempeño, rescatando lo mejor de los modelos de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y México, para adaptarlo a la realidad peruana.

El Departamento de Auditoría de Desempeño de la Contraloría se creó en setiembre de 2012 y luego, en el 2014, se realizaron cuatro auditorías con este nuevo enfoque, mientras que en este año se iniciaron tres más.

Los temas revisados son el programa Cuna Más, la conservación de áreas naturales protegidas; la producción, distribución, recepción y promoción del uso de materiales educativos; y el servicio de mantenimiento de caminos vecinales.

Finalmente, el Contralor destacó que su institución contribuye con la gestión pública mediante las auditorias de desempeño, las cuales, agregó, permitirán mejorar la eficiencia de los procesos en sectores tan importantes como los de Salud, Educación, redes de saneamiento y otros.

La Auditoría de Desempeño está orientada a identificar áreas de mejora en la gestión pública y formular recomendaciones para que las entidades implementen las acciones necesarias orientadas a su eficacia y eficiencia.

/MRM/

El Poder Ejecutivo dispuso prorrogar la intervención de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Arequipa, Puno y Madre de Dios, a fin de asegurar el control interno y evitar actos de violencia debido a movilizaciones promovidas por la minería ilegal.

Según la Resolución Suprema publicada hoy en el diario oficial El Peruano, la prórroga de la intervención se prolongará del 15 de agosto al 13 de septiembre del presente año.

La actuación de las FF. AA. constituirán una tarea de apoyo a la misión de la PNP y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú.

La actuación de las FF. AA. estará dirigida a contribuir y garantizar la vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales, y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada.

Esto facilitará que los efectivos de la PNP concentren su accionar en el control del orden público y la interacción con la población de los departamentos a que se refiere la presente resolución suprema.

La intervención de las FF. AA. se efectuarán conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1095, que establece las Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.

La participación de las FF. AA., conforme a la presente resolución suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Perú es parte.

/MRM/

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), participó en la pasantía “Gestión de Información y Fortalecimiento de Instituciones en el sector forestal”, que organiza el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) en coordinación con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) que se realiza en la ciudad de Washington.

El objetivo de la actividad es permitir que los participantes tengan un acercamiento personal a las operaciones, mantenimiento, procedimientos organizacionales, mecanismos de gestión y herramientas tecnológicas de la información forestal, en el marco del intercambio de buenas prácticas entre Perú y Estados Unidos.

En esa línea, OSINFOR comparte sus experiencias y avances alcanzados en materia de supervisión, fiscalización y sistemas de información que contribuyen al aprovechamiento y comercio legal de la madera.

Participan el presidente ejecutivo de OSINFOR, Rolando Navarro Gómez y Efraín Pimentel, analista-programador. Además de directivos y especialistas del Ministerio del Ambiente, del gobierno regional de Ucayali y del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

OSINFOR es la entidad competente en la supervisión y fiscalización de concesiones, permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, así como en el desarrollo de capacidades de los diversos actores del sector, dentro del marco de la Ley y Política Forestal y de Fauna Silvestre.

/P.A.G./ NDP

El viceministro de Energía, Raúl Perez-Reyes, en representación del Ministerio de Energía y Minas (MEM), instaló esta tarde el Comité Técnico de Trabajo que atenderá la problemática del Complejo Metalúrgico de La Oroya (Junín) y de la unidad minera Cobriza (Huancavelica).

En este acto, realizado en Ministerio de Energía y Minas (MEM), el funcionario saludó la presencia de las autoridades y dirigentes de la provincia de Yauli-La Oroya para continuar el diálogo, luego del cumplimiento de levantarse el paro en la provincia de Yauli-La Oroya.

La instalación de dicho comité la integran representantes de los ministerios de, Energía y Minas, Trabajo, Ambiente, Gobierno Regional de Junín, Municipalidad Provincial de Yauli-La Oroya y de los sindicatos laborales.

Participan en esta reunión, por parte del Ejecutivo, el viceministro de Ambiente, Mariano Castro; Elizabeth Villa del Gobierno regional de Junín, el alcalde provincial de Yauli-La Oroya, Carlos Arredondo y dirigentes del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), Luis Castillo y de la mina Cobriza, Amid Yangali.

“En esta comisión de alto nivel están centradas todas las esperanzas del pueblo de La Oroya”, declaró Luis Castillo, dirigentes de los trabajadores de la minera Doe Run.  

En la víspera, la titular del MEM, Rosa María Ortiz se reunió con autoridades de la región Junín, la municipalidad de Yauli-La Oroya y los representantes de los sindicatos del CMLO, y se acordó instalar el mencionado comité técnico, si se levantaban los bloqueos de vías en la Carretera Central. 

Dicha medida forma parte del acta de cinco puntos suscrita el miércoles entre las partes, en el que también se ratifica la defensa constitucional de los derechos laborales de los trabajadores del CMLO y la mina Cobriza. 

/CCH/ Andina

El director general de la Policía Nacional, general PNP Jorge Flores Goicochea, señaló que el contingente policial destacado a La Oroya continuará en la zona, tras haberse levantado el paro de los trabajadores de Doe Rum.

La presencia policial, refirió, será en previsión de cualquier acto que altere el orden público en la zona.

Ayer, tras un acuerdo con el Gobierno, trabajadores del complejo metalúrgico de La Oroya y pobladores de la zona levantaron su medida de fuerza y permitieron el restablecimiento del tránsito, para dar paso a la instalación de una mesa técnica que se instalará hoy.

Goicochea indicó también que será el Ministerio Público el encargado de investigar y determinar las responsabilidades a las que hubiera lugar, en la muerte de un ciudadano durante las protestas incluyeron el bloqueo de la carretera Central.

Producto de los enfrentamientos con la Policía, falleció en La Oroya Edwar Soto de la Cruz, y otras 40 personas resultaron heridas, entre policías y pobladores de la zonas que piden flexibilizar las condiciones ambientales para el reinicio de operaciones del complejo metalúrgico. 

Por otro lado, el director general precisó que el Escuadrón Halcones de la PNP se ha reforzado con más personal y unidades motorizadas, lo que le permitirá brindar mayor resguardo en diferentes puntos de la capital con mayor incidencia delictiva.

Uno de esos lugares, dijo, será el Puente Nuevo, donde se ha dispuesto vigilancia policial permanente tras la muerte de una persona.

Goicochea participó esta mañana en el acto de destrucción de drogas decomisadas.

/CCH/ Andina

Roy Gates, abogado de la Primera Dama, Nadine Heredia, consideró que la comisión investigadora del caso Martín Belaunde Lossio busca “pretextos” para mantener a su patrocinada en calidad de investigada, tras indagar un contrato “privado” que data del 2006.

Así lo señaló, al referirse al pago que recibió Heredia Alarcón por una asesoría brindada a Centros Capilares, producto de un contrato celebrado entre una empresa privada y una profesional privada, lo que no debería investigar el Congreso porque no hay fondos públicos.

“Aquí la comisión está buscando pretextos para mantener a Nadine Heredia como investigada, esta comisión tiene que investigar los contratos irregulares que habrían firmado algunas empresas con distintas entidades del Estado, desde el año 2011 en delante", sostuvo.

Asimismo, aseguró que son falsas las afirmaciones del legislador Mauricio Mulder quien sostiene que su patrocinada recibió más de 200,000 dólares de parte de Martín Belaunde. Precisó que recibió 9,450 dólares por servicios profesionales, como consta en el recibo por honorarios que está en su poder.

“Es el único pago que le ha hecho, ni siquiera como Martín Belaunde Lossio, sino como gerente general de la empresa Centro Capilares, esto es lo único”, afirmó.

Asimismo, rechazó las versiones sobre supuestos contratos simulados entre Martín Belaunde y Heredia Alarcón, como sostiene Mulder y advirtió que sobre el mismo tema hay otras versiones de otros congresistas.

/CCH/ Andina

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, consideró que sí hay una opción para solucionar la problemática de los trabajadores de La Oroya, que pasa por excluir el circuito de producción de cobre del proceso de venta del complejo metalúrgico, debido a su alto índice de contaminación.

Desde su punto de vista, la nueva administradora de la empresa, Profit, debe concentrarse en vender los circuitos de producción de plomo y zinc que si cuentan con una planta para tratar el dióxido de azufre (SO2) y convertirlo en ácido sulfúrico, bajo los estándares ambientales del 2001. 

Asimismo, dijo que las instalaciones de La Oroya cuentan con ferritas de zinc que pueden ser comercializadas, pero para ello se tienen que corregir una norma vinculada a Sunat.

“Se tiene que trabajar las ferritas para eliminar la traba y generar ingresos por unos años, mientras las plantas se prenden y empiezan a generar rentabilidad; la de cobre se verá más adelante, es el problema, entonces sí hay una opción”, dijo el ministro.

Refirió que la alta contaminación que emite el centro metalúrgico se debe a que el circuito de cobre emite SO2 muy por encima de los niveles permitidos, debido a que no cuenta con una planta que lo trate, porque Doe Run, que ganó la privatización en 1997, nunca lo construyó. 

“Es una instalación fruto de una privatización fallida, mal hecha, corrupta, yo diría que hasta delictiva, en manos de una compañía llamada Renco que no invirtió un centavo. Nos ha generado una maquinaria obsoleta, que cuando prende la chimenea emite tanto que casi vuela el promedio que podría emitir en cinco, seis o siete años; esa es la realidad”, dijo.

Advirtió que si La Oroya vuelve a funcionar tal como está, con el circuito de producción de cobre, la emisión diaria de dióxido de azufre sería en algunos puntos de 4,0000 microgramos por metro cúbico, y como promedio anual 700 microgramos y 400 en otros puntos.

“Este Gobierno ha exigido el estándar de 365 (microgramos por metro cúbico) diario y 80 de promedio anual, para el caso de estas instalaciones el estándar se fijó el 2001”, dijo.

En ese sentido, señaló que sería una “locura” permitir que el complejo metalúrgico vuelva a operar con estos niveles porque La Oroya que fue calificada alguna vez como la quinta ciudad más contaminada del mundo. 

"Sería llevarla al primer lugar y no estoy de acuerdo con ello", dijo.

Por ello, consideró que La Oroya podría tener una reapertura parcial de sus operaciones con los circuitos de plomo y zinc. 

“Lamentablemente el circuito de cobre, sin la planta que capture el SO2, genera problemas que hacen inadmisible su funcionamiento por las condiciones de salud y ambientales”, sostuvo.

/CCH/ Andina

El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, aseguró que la situación de los trabajadores, así como el tema medio ambiental y productivo en La Oroya es una preocupación, tras destacar la buena voluntad de las partes para superar el paro en esta provincia.

"Necesitamos que Doe Rum funcione pero que funcione bien, en lo último que podemos pensar es que afecte a los trabajadores", indicó.

El Mandatario precisó que el acuerdo alcanzado ayer entre representantes del Ejecutivo, autoridades locales y dirigentes de los trabajadores de la empresa Doe Rum, ha permitido el restablecimiento del tránsito en la Carretera Central, tomada por trabajadores que estuvieron en huelga.

"La violencia no resuelve problemas, el tema se resolvió por la buena voluntad, no por tomar carreras, eso trajo el fallecimiento de una personas que lamentamos y más de 40 heridos (...) La policía no puede abdicar de hacer uso del equipamiento que se le da para restablecer el orden público, es su mandato constitucional", apuntó.

Explicó que la población de La Oroya es consciente de que en el complejo metalúrgico se arrastra por décadas un problema debido al mal manejo de la planta a cargo de la empresa y a los estándares de calidad ambiental establecidos en gobiernos pasados, ante el reclamo de la población.

Esta situación, aseguró, debe estudiarse y evaluarse para dar una solución integral dado que uno de los temas centrales es la situación social de la población y de los trabajadores que viven por décadas en La Oroya y trabajan para el complejo metalúrgico.

"Hay que ver el funcionamiento de la empresa contratada por la Junta de Acreedores que ha sido la que convocó a un proceso (licitación de la planta) que quedó desierto.  La junta verán si continúan con ella o la cambian", puntualizo.

Este organismo también debe observa "que se tenga una propuesta satisfactoria tanto para los trabajadores, que nuestra preocupación permanente, como también para el tema ambiental y productivo".

Puntualizó que el Ejecutivo ha estado en permanente diálogo con el gobierno regional, la Junta de Acreedores y los gremios sindicales a quienes pidió entender que hay normas que no se pueden vulnerar.

"La junta debe entender que algo ha fallado en el proceso que lanzaron y debe resolverse; hay que entender también la coyuntura dado la baja del precio de los minerales. Hoy día, de las tres plantas, la de cobre, que es la más rentable, no funciona porque hay una contingencia legal", sostuvo.

/MRM/

Cerca de 169 instituciones del Estado se encuentran en proceso de tránsito a la Ley del Servicio Civil, de las cuales 17 están en la segunda fase e implementan mejoras para atender al ciudadano, informó el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), Juan Carlos Cortés.

"En tránsito existen 169  instituciones, principalmente del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo. Esto responde a una estrategia, queremos que la mayoría o la totalidad de entidades del Ejecutivo estén en este tránsito", explicó a Radio Nacional.

Indicó que la implementación de la Ley del Servicio Civil, que también se da en los gobiernos regionales, ha generado resultados de consideración, porque cuenta con la participación de los trabajadores.

"Es un proceso de reingeniería en cada  institución, con la participación de las personas (...) para tener una fotografía de lo que está sucediendo, se trata de un sinceramiento y luego se plantean las mejoras que tenemos que hacer para actuar mejor con los ciudadanos", precisó.

La segunda etapa en el tránsito hacia la implementación de la Ley del Servicio Civil, consta de la elaboración de un documento con las mejoras inmediatas y mediatas que tiene que realizar la institución.

Sumado a esto, cada institución pública desarrolla un compromiso con la ciudadanía para mejorar en los aspectos expuestos.  

"En este momento son 17 instituciones que ya están en esa etapa de tránsito y  que han hecho su fotografía con las cosas que cambiar y están en ese proceso de cambio", mencionó.

RECONOCIMIENTO

Cortés informó también que mañana SERVIR realizará un reconocimiento a más de 80 personas que obtuvieron los primeros puestos en la evaluación a trabajadores públicos sobre conocimientos del sistema de abastecimiento.  

Explicó que los trabajadores recibirán, adicionalmente, un informe de recomendaciones en las áreas en las que tiene debilidades; documento que también será enviado a la institución para que capacite a su personal en dichas áreas. 

Sostuvo también que SERVIR capacita a los trabajadores públicos, quienes son enviados a las 500 mejores universidades del mundo y a instituciones públicas de otros países.