Política

La Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, de reciente aprobación, busca establecer los requisitos, criterios y procedimientos para la solicitud y aprobación de esta medida, así como para el seguimiento y coordinación para el cumplimiento de las acciones y responsabilidades que de ello se deriven, en el marco de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, y su Reglamento.

Así lo precisó la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros, al subrayar que la Norma Complementaria es de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Por ello, sostuvo que es necesario que los presidentes de los Gobiernos Regionales y los alcaldes provinciales y distritales tomen conocimiento de las disposiciones establecidas, con el propósito de que la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o por Peligro Inminente pueda cumplir con su objetivo. 

La Declaratoria de Estado de Emergencia es un mecanismo que tiene por finalidad la ejecución de medidas excepcionales, inmediatas y necesarias ante la condición de peligro inminente o desastre que afecten la vida de las personas y el patrimonio público y privado, como la exoneración de los procesos de selección para la adquisición de bienes y/o servicios destinados a la atención inmediata en la zona afectada. 

En esa línea, es necesario que las medidas que se adopten estén dirigidas a reducir el impacto del probable peligro inminente y/o desastre, debiendo tener nexo directo, de causalidad entre las intervenciones y evento, a fin de salvaguardar la seguridad de la población, sus bienes y la infraestructura.

La Norma Complementaria fue aprobada mediante el Decreto Supremo N° 074-2014-PCM, el cual fue publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el 20 de diciembre pasado.

/CCH/ Andina

En 2015 se crearán al menos ocho bases de apoyo social que permitirán atender y llevar los servicios del Estado a diferentes comunidades del país, informó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leonel Cabrera.

Según explicó, se ha hecho un "mapeo" sobre las más de 60 bases que se tienen para las tareas de seguridad y pacificación, a fin de ir definiendo las que  se convertirán en centros de apoyo social.

"La idea es que en estos lugares puedan estar los programas del Gobierno y se brinde servicios. Cada una de las bases tendría un promedio de llegada para unos 20,000 habitantes", señaló el alto mando militar.

"Es una forma de poder tener un mayor control territorial en lo que vamos avanzando en la pacificación total", agregó Cabrera, al mencionar que las bases estarían en zonas como Puerto Ocopa y Llochegua, entre otras.  

Mediante la cadena logística de las Fuerzas  Armadas, señaló, se lograría integrar a las autoridades locales, como gobernadores y comités de autodefensa, a fin de convocar la participación de la población beneficiada.

Asimismo, aseguró que la implementación de estas bases no implica descuidar el tema de la seguridad. "Es un adicional", dijo.

Refirió, además, que algunas de las más de 60 bases podrían ser reubicadas con miras a un mayor control del Estado en los sectores de influencia que mantienen, por ejemplo, los remanentes del terrorismo.

"En un momento dado operaremos con todas nuestras fuerzas y será la acción final para derrotar al terrorismo", expresó.

/BBV/

Es imperativo en 2015 aprobar desde el Congreso un marco normativo de "tolerancia cero" contra la corrupción, que comprenda la "muerte civil" e imprescriptibilidad del delito, entre otros, puntos, señaló la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

"Un tema fundamental es terminar de consolidar ese marco normativo necesario para luchar contra la corrupción. Exhortamos al Congreso a que despliegue sus mayores esfuerzos para que se concrete", sostuvo la coordinadora de la CAN, Susana Silva.

Según recordó, en 2014 se quedaron en el tintero la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción o que se apruebe la duplica del plazo de prescripción, la ley de "muerte civil" para los deudores de las reparaciones por delitos en agravio del Estado.

Igualmente, dijo a la Agencia Andina, será importante que se atienda el proyecto de ley para la gestión de intereses en la administración pública (lobbies) y la iniciativa legal que regula la declaración jurada de intereses.

Esta última, explicó Silva, obligaría a los funcionarios a presentar una declaración que permita conocer a qué interés comercial, empresarial, laboral o familiar representan.

"También será interesante consolidar la norma de protección al denunciante. Hoy solo se tiene la protección a nivel administrativo pero en lo penal no es claro; además se requiere fortalecer la unidad de protección de víctimas y testigos", añadió.

"La institucionalidad, el crecimiento económico y las bases para la inclusión social y un mejor empleo y salud pasan por tener un marco normativo que sancione a los corruptos y que no haya impunidad. Eso es indispensable", recordó la titular de la CAN.

/BBV/

El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, dijo que el nuevo régimen laboral juvenil busca darle una oportunidad a los jóvenes sin experiencia y evitar la sobreexplotación en el trabajo, tras precisar que no se dio para despedir a nadie.

Durante la inauguración del asfaltado de la carretera Huancané-Acocollo en Puno, indicó que su Gobierno quiere trabajar con los jóvenes más pobres que no acceden a la educación superior y requieren la formalización de su trabajo.

"Vamos a precisar algo muy importante, la ley (laboral juvenil) no se hace para despedir a nadie, lo que pasa es que somos un país muy desigual, donde medio millón de jóvenes no tienen estudios. Con esta ley las empresas pueden capacitarlos, antes, cuando decían que querían estudiar, los botaban y ocurría porque nadie los protegía", dijo.

El Mandatario invocó a los jóvenes a entender que la ley les "está dando algo" a quienes "no tienen nada" y que están siendo sobreexplotados.

"A ellos debemos protegerlos, darles algo, a aquellos muchachos que tiene problemas para entrar al mercado laboral y están fuera de planilla. Así viven muchos años y eso tenemos que cambiarlo", precisó. 

Asimismo, afirmó que algunos críticos de la ley aprobada en el Congreso "piden todo", cuando "debe ser gradual", sobre todo para aquellos jóvenes que en la actualidad no tienen calificación y están en condiciones de informalidad.

"Hay que darles algo para que tengan una verdadera formalización, hoy (estos jóvenes) no están en planilla, debemos pensar con amplitud, no solo en nosotros, pues ellos trabajan sábados y domingos y, si no lo hacen, los botan, incluso si se enferman", advirtió.

En ese sentido, refirió que mientras existan jóvenes que son sobreexplotados, el Perú "no va a avanzar".

"No le quita nada a quien tiene algo, le da a los más pobres y vulnerables. Vamos a luchar juntos para proteger que no haya despidos para quienes tienen algo, la ley no es para despedir", reiteró.

/DSA/ Fuente: Andina