Política

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y de la Universidad La Cantuta, pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pronunciarse “lo más pronto posible” sobre la liberación del expresidente Alberto Fujimori, tras la aplicación del indulto a su favor.

Así lo infirmó a la prensa Gisela Ortiz, hermana del estudiante Luis Ortiz, una de las personas victimadas por elementos militares durante el régimen fujimorista. Consideró que la salida de prisión del exmandatario “es una afrenta a nuestra lucha y esfuerzo de alcanzar justicia”.

“Ayer se ha enviado la comunicación ante la Corte IDH pidiendo que saquen la resolución lo más pronto posible ante este desacato”, indicó la también exministra. De igual manera, dijo que se ha solicitado que el caso pase a ser tratado en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos, de acuerdo a los procedimientos establecidos al respecto.

Razones para el pedido

Consideró que hay razones legales para que se cumpla la condena impuesta a Fujimori por los crímenes mencionados. “El indulto que se dio en 2017 no cumplió con normas internas y no se demostró la gravedad de la enfermedad que decía tener”, refirió.

En ese sentido, dijo esperar que el exmandatario “vuelva a la cárcel como corresponde cuando el Sistema Interamericano se pronuncie una vez más con la firmeza que estamos esperando”.

“No se puede ‘voltear la página’ para quienes hemos perdido a nuestros seres queridos”, indicó. “La reconciliación no nace de la impunidad o cuando se premia a los asesinos; nace de la verdad y la justicia”, añadió Ortiz.

Rechazó, por ello, que se diga que son los familiares los opuestos a reconciliar al país. “Que el Estado haga las cosas bien para que garantice el acceso a la justicia y se pueda hablar de una posible reconciliación”, manifestó.

“La verdad aun falta en el caso La Cantuta, porque aun no se encuentra a cuatro de nuestros desaparecidos”, indicó Ortiz.

/ANDINA/PE/

El abogado Elio Riera, defensa legal del expresidente Alberto Fujimori, sostuvo que el indulto otorgado a su patrocinado por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski alcanzaría también al proceso judicial del caso Pativilca.

“La resolución otorgada por parte de Pedro Pablo Kuczynski hace referencia a condenas y menciona la palabra procesos; entendemos que procesos fiscales, judiciales e incidentes vinculados a un conflicto de interés a conflicto entre las partes”, expresó, en declaraciones a Exitosa.

En base a ello, refirió que se ha planteado la extinción de responsabilidad penal en este proceso, cuyo juicio oral se iniciará el 18 de diciembre, y dijo esperar que dicho pedido sea tomado en cuenta.

Estrategia de defensa

Refirió que la estrategia de fondo de la defensa de Fujimori en este caso es, por un lado, discutir la aplicación de la teoría mediata que la fiscalía atribuye a su patrocinado. En ese contexto, el abogado plantea que el expresidente no tiene responsabilidad en este caso.

Indicó que en el proceso sobre la matanza de Pativilca, la fiscalía solicitó 25 años de prisión contra el expresidente, aplicando la mencionada figura jurídica, a través de la cual le atribuye responsabilidad en el asesinato de seis personas a manos del grupo Colina, perpetrado en 1992.

“La tesis es similar a los casos Barrios Altos y La Cantuta. En esta oportunidad tengo otra lectura: no ha habido vinculación directa ni indirecta de Alberto Fujimori con estos hechos”, refirió al precisar que ahora, a diferencia de cuando se emitió esa sentencia, tiene mayor fundamentación jurídica para cuestionar la figura jurídica mencionada.

“Si se gana este caso, servirá de precedente para revisar los otros casos en los que se sentenció a Fujimori por autoría mediata”, afirmó.

/NDP/PE/

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) precisó hoy que todos los procedimientos disciplinarios que realiza son predictibles y se rigen por su Ley Orgánica y el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios.

“Son de conocimiento público, especialmente por quienes desempeñan las carreras fiscal y judicial. No hay procesos express”, indicó la institución a través de sus redes sociales.

Los mecanismos a seguir en estos casos se rigen por lo dispuesto en la Resolución 008-2020-JNJ, del año 2020, mediante la cual se aprueba el Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la JNJ que, en su artículo 31 establece tres tipos de procesos disciplinarios.

Estos son: procedimiento disciplinario ordinario, procedimiento disciplinario inmediato y procedimiento disciplinario abreviado.

Cabe mencionar que, a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se le inició un procedimiento disciplinario inmediato en razón de las investigaciones por supuesto delito de organización criminal desarrolladas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Este concluyó con la suspensión temporal de la titular del Ministerio Público.

La defensa de la fiscal Benavides cuestionó dicho procedimiento al cual denominó express, señalando que en este no se respetaron sus derechos fundamentales.

/PE/

El Poder Judicial reprogramó para las 13:00 horas de hoy, viernes 8 de diciembre, la audiencia de prisión preventiva por 18 meses contra Wanda Del Valle Bermúdez Vera, venezolana integrante de la banda criminal "El tren de Aragua", expareja del abatido delincuente “Maldito Cris” y actualmente detenida en Colombia.

La audiencia, a cargo del juez Víctor Antonio Guimoye Saenz, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de El Agustino, se inició a las 11:00 horas; sin embargo, el magistrado la suspendió momentáneamente hasta las 13:00 horas a pedido del abogado de Wanda, quien solicitaba mayor tiempo para leer los folios del proceso contra su defendida.

En esta audiencia de prisión preventiva se evaluará la situación legal de Wanda del Valle, a quien se le acusa del delito de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en agravio del coronel de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo.

En los primeros minutos de la audiencia, la detenida brindó sus datos personales y mencionó que tiene tatuado el nombre de su hijo Elvis Daniel en su espalda, así como otros tatuajes en la pantorrilla, en la en la clavícula derecha y en la cadera.

Wanda del Valle es acusada de ofrecer a delincuentes 40,000 dólares para atentar contra la vida del jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú (PNP), coronel PNP Víctor Revoredo, uno de los altos mandos policiales que lidera la lucha contra esta organización criminal. Revoredo también participa, vía virtual, de la audiencia judicial.

La expareja del "Maldito Cris" fue capturada en la tarde del miércoles 6 de diciembre en Colombia, en el marco de un trabajo de inteligencia y seguimiento entre la Policía de ese país y la peruana.

/Andina/AB/

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), a través de su Capítulo de Ingeniería de Minas, rindió un póstumo homenaje a los 10 trabajadores victimados en Pataz – La Libertad, quienes fueron calificados como “Mártires de la Minería”.

Edgardo Orderique, presidente del XV Congreso Nacional de Minería, CONAMIN 2024, dijo que los fallecidos se suman a la lista gloriosa de profesionales que entregaron su vida en favor del desarrollo del país.

Fue en el marco de la ceremonia por el “Día del Trabajador Minero”, actividad en la que se destacó el esfuerzo de todos los hombres y mujeres dedicados a la industria minera formal.

“Los hechos suscitados en Pataz en contra de Minera Poderosa nos recuerdan que las acciones llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos han empoderado a las organizaciones ilegales que solo buscan generar caos y temor entre el empresariado formal”, indicó Orderique.

En ese sentido, hizo un llamado para que el Estado se mantenga firme y enfrente a estas organizaciones ilegales cuyas actividades traen atraso, pobreza y más criminalidad.

/NDP/AB/

Un total de 212 entidades públicas incumplieron su obligación de registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) la información relativa a los contratos y su ejecución, correspondiente al período del 01 de mayo del 2023 al 30 de setiembre del 2023.

Según detalla el Comunicado N° 015-2023-OSCE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), las instituciones estatales que deben subsanar las omisiones figuran en el siguiente listado:  https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4915306

Las entidades incluidas en el referido listado cuentan con diez (10) días hábiles, a partir del día 6 de diciembre de 2023, para corregir realizar el registro respectivo. Aquellas que no cumplan con dicha   subsanación serán reportadas al Sistema Nacional de Control.

El registro de la información sobre ejecución contractual es de vital importancia para transparentar las actuaciones de las entidades en cuanto a la ejecución del contrato, permitiendo realizar el debido seguimiento y supervisión de las actuaciones concretadas en dicha etapa.

Por tanto, el incumplimiento de la obligación de registrar genera la vulneración del Principio de Publicidad, contemplado en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

La acción de supervisión realizada por el OSCE se efectuó conforme al artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y a la Directiva “Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - Seace”.

/NDP/AB/

El congresista Alejandro Muñante (RP) presentó una moción que plantea la remoción inmediata de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la suspensión temporal de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.

El legislador consideró que la decisión del pleno de la JNJ es un acto atentatorio contra los derechos fundamentales de la fiscal y de la institucionalidad del Ministerio Público.

“Una de las causas por las cuales abandonó la audiencia es que se evidenció en el acto que no fue debidamente notificada de las resoluciones de la JNJ que rechazaban su pedido de inhibición, y no se garantizaba juez imparcial”, sostuvo Muñante en declaraciones a RPP.

Dijo que la decisión adoptada por la JNJ tiene un “marcado interés”, dado que los miembros del pleno de dicha entidad tienen proceso abierto en la Fiscalía de la Nación y resultarían también agraviados por las coordinaciones que habría realizado en el Congreso su exasesor, Jaime Villanueva, dentro de la tesis que investiga la Fiscalía.

“Estaría actuando como juez y parte. La suspensión es irregular”, aseveró el legislador.

Explicó que su moción plantea la remoción inmediata de los miembros de la JNJ, a diferencia de la moción anterior, que proponía una investigación sumaria y que fue rechazada en el pleno del Congreso.

Argumentación

Muñante justificó su propuesta en que la JNJ emitió una resolución que suspende en forma temporal a Patricia Benavides "entre gallos y medianoche", consumando “actos atentatorios a sus derechos fundamentales y a la institución”.

“La resolución es prueba contundente, por eso, en función de nuestras facultades y de las normas de la JNJ, se planteó la moción”, aseveró.

El miércoles 6 de diciembre el pleno del Congreso rechazó admitir a debate la moción para que la Comisión de Justicia investigue, por un plazo de 10 días hábiles, a la JNJ por no inhibirse del procedimiento disciplinario inmediato contra Benavides.

/DBD/

El fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde fue designado como fiscal de la Nación interino, en reemplazo de la fiscal suprema Patricia Benavides, suspendida temporalmente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3416-2023-MP-FN, señala que, de acuerdo a la norma y a un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos, corresponde asumir el cargo de Fisca de la Nación interino al supremo titular con mayor antigüedad en el Ministerio Público.

“Al doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, por imperio de la ley, le corresponde asumir en forma interina el cargo de Fiscal de la Nación, por el plazo legalmente previsto en la Resolución de la Junta Nacional de Justicia N° 198-2023-PLENO-JNJ”, indica la resolución.

En ese sentido, se da por concluida la designación de Pablo Wilfredo Sánchez Velarde en el Despacho de la Primera Fiscalía Suprema Penal, cargo que ocupaba desde 1 de julio de 2022.

La norma, asimismo, pide hacer de conocimiento de esta designación a la Presidencia de la República, Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Junta Nacional de Justicia, Gerencia General, Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, entre otros.

/DBD/

Diversas organizaciones y grupos de ciudadanos se desplazaron por las calles del centro de Lima para expresar su posiciones a favor y en contra del Gobierno, el Congreso de la República y demás autoridades.

Desde la tarde, diversos grupos de marchantes provenientes de diferentes distritos de la capital comenzaron a llegar a la Plaza 2 de Mayo y Plaza San Martín.

Comenzaron a recorrer diferentes avenidas con rumbo a la avenida Abancay donde se encuentra la sede del Ministerio Público y el Parlamento Nacional.

Los ciudadanos asistieron a la manifestación con banderolas y pancartas, mientras que agentes de la Policía Nacional del Perú acompañan la movilización y resguardan el Palacio Legislativo.

De acuerdo con diferentes medios de comunicación, se pudieron registrar también diferentes manifestaciones en otras regiones del país. Estas movilizaciones se realizan un año después del intento de cierre del Congreso del expresidente Pedro Castillo.

/MPG/

Patricia Benavides, quien fue suspendida del cargo de fiscal de la Nación por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), envió un mensaje a medios de comunicación reiterando no ser líder de ninguna organización criminal ni estar implicada en hechos que se atribuyen a terceros.

“Reafirmo y reitero que no tengo responsabilidad en los hechos imputados a terceras personas y no lidero ninguna organización criminal”, refirió Benavides Vargas quien calificó que su suspensión “tiene motivaciones políticas”.

Ello con relación a la investigación fiscal contra asesores de Benavides y otros implicados, denominado como Operación Valkiria V, por conformar una presunta organización criminal enquistada en la alta dirección del Ministerio Público.

“Cerca de medianoche la Junta Nacional de Justicia decidió suspenderme en funciones por seis meses sin tener una sola prueba en mi contra y sin respetar el debido proceso, con lo cual queda demostrado que su decisión ya estaba tomada con anterioridad”, señaló la ya suspendida fiscal.

“Esta resolución exprés, como ya se había denunciado, tiene motivaciones políticas que han confluido para suspenderme y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político evidentemente coordinado vuelvan a apoderarse del Ministerio Público”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a los fiscales para que “no se dejen amedrentar y continúen con las investigaciones que se tienen en curso”. “No podemos permitir que aquellas manos oscuras que complotaron para lograr esta suspensión detengan investigaciones en casos como aquellos donde las familias necesitan justicia”, manifestó.

/MPG/