El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, sostuvo hoy que se debe respetar la decisión que tome el Congreso de la República en relación al informe final de la Comisión de Justicia que recomienda la destitución de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Estoy de acuerdo con la decisión del pleno, mi opinión es que sea de acuerdo a la decisión del pleno, que se respete lo que diga el pleno”, indicó al ser consultado si estaba de acuerdo con la remoción parcial o total de los miembros de la JNJ.

Refirió que la sesión de de hoy del pleno, en la que se evaluará la destitución de los miembros de la JNJ, continuará, pese al fallo del Poder Judicial que dispone suspender el proceso.

"(Se vota) Previo debate, previo diálogo, previa argumentación", refirió.

“Que se cambien a las personas, sea por elección o vencimiento de plazo, no significa que se vaya abajo una institución”, añadió, tras precisar que el Parlamento realizó una investigación sobre este caso que no es arbitraria.

Indicó que será el mismo pleno la instancia que decida si están definida o no la falta grave que se atribuye a los miembros de la JNJ y si cumplieron con presentar un informe de sus actividades.

“¿Presentaron o no su informe?, ellos deberán decir sí, hemos cumplido o no se ha cumplido. Hay alguien que se ha pasado de la edad y, sabiendo, le han aceptado; hay una evaluador que los evalúa y más adelante es contratado. El pueblo tiene derecho a saber realmente qué ha sucedió”, refirió.

/DBD/

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el proyecto de Ley N.º 6311/2023-PE de Promoción de la Diversidad Cultural para la prevención, erradicación y sanción de la Discriminación Étnico-Racial, que se aprobó en sesión de Consejo de Ministros.

Al respecto, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga sostuvo que la aprobación de la iniciativa, marcaría un hito en la historia del país porque dicha norma aborda la problemática del racismo desde la prevención, erradicación y sanción para estos actos, en particular, para los cerca de 7 millones de peruanas y peruanas, que se autoidentifican como parte de uno de los 55 pueblos indígenas u originarios y del pueblo afroperuano.

Este proyecto de ley propone la creación de la ventanilla única de denuncias del servicio de orientación frente a la discriminación étnico-racial, “ORIENTA”, que significa dar una mejor atención a la ciudadanía para que reporten estos hechos, para que sean canalizadas a las entidades competentes, para las acciones correspondientes.

Asimismo, la iniciativa incluye una reforma en el Código Penal, estableciendo el delito de difusión de ideas de odio étnico-racial, que tendría una pena privativa de libertad de hasta tres años. En caso de que esta genere situaciones de violencia de cualquier índole o sean ejecutadas por un funcionario o servidor público, la pena privada se eleva hasta 4 años de cárcel efectiva.

Además, con la aprobación de esta propuesta legislativa, se adoptará medidas de prevención, como la promoción de servidores y servidoras públicos en materia de discriminación étnico-racial, que les permita brindar un servicio libre de discriminación étnico-racial; así como garantizar el uso de la lengua indígena u originaria, con la finalidad de preservar su diversidad cultural, entre otras.

También se fortalecerá el rol rector del Ministerio de Cultura para promover la diversidad cultural, a través de servicios públicos con pertinencia cultural en todas las entidades del gobierno; así como en el fomento al reconocimiento de que vivimos en un país multicultural y multilingüe, con 51 pueblos indígenas amazónicos y 4 andinos, -donde se hablan alguna de las 48 lenguas originarias-; y el pueblo afroperuano.

El Ministerio de Cultura presentó esta iniciativa en respuesta a la necesidad que tiene el país de contrarrestar este problema histórico, cultural y estructural que significa la discriminación étnico-racial, tal como lo demuestra I Encuesta Nacional de Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-Racial (2018), que entre los motivos de discriminación está por: nuestra forma de hablar (26 %), por la forma de vestirnos (25 %), por nuestros rasgos físicos (21 %) y por el color de piel (19 %).
 

/NDP/DBD/

El Congreso aprobó la modificación del artículo 10 de la Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes (Ley 30021), en relación al uso de adhesivos de difícil remoción en la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans y alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas.

Ello consta en la Ley 31919, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Modificaciones:

- Advertencias publicitarias: El artículo 10 de la Ley 30021 es modificado para establecer que en la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas que contengan grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, se deben incluir advertencias claras y legibles que indiquen lo siguiente:

   - "Alto en (sodio-azúcar-grasas saturadas): evitar su consumo excesivo."

   - "Contiene grasas trans: evitar su consumo."

- Adhesivos de difícil remoción: Se permite el uso de adhesivos de difícil remoción en productos importados y en productos elaborados por mypes en los cuales las advertencias publicitarias no estén impresas en las etiquetas. Estos adhesivos deben cumplir los estándares de calidad establecidos por el Inacal y no pueden cubrir completa ni parcialmente otra información al consumidor.

Disposiciones complementarias:

El Inacal elaborará una norma técnica peruana que garantice la difícil remoción de los adhesivos utilizados en la industria de alimentos. Esta norma será emitida en un plazo de doscientos cuarenta días útiles a partir de la entrada en vigor de la Ley.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, deberá adecuar el Manual de Advertencias Publicitarias, aprobado por el Decreto Supremo 012-2018-SA, a la modificación introducida por esta ley y emitirá las normas complementarias necesarias para su cumplimiento en un plazo de noventa días calendario.

Los proveedores deberán adecuarse a las modificaciones establecidas en esta ley en un plazo no mayor de 180 días calendario a partir de la entrada en vigencia de la norma técnica peruana de adhesivos para la industria de alimentos emitida por el Inacal.

Esta ley ha sido aprobada por el Congreso de la República, tras aceptar las observaciones formuladas por la Presidencia de la República.

/DBD/

En un esfuerzo por abordar las crecientes preocupaciones relacionadas con los servicios turísticos en la ciudad imperial del Cusco, la Comisión de Defensa del Consumidor (CODECO) llevará a cabo una sesión extraordinaria este viernes 10 de noviembre de 2023. Esta reunión tendrá lugar a las 9:00 de la mañana en el Auditorio de la Caja Cusco, ubicado en la Avenida La Cultura N.º 1624, en el distrito de Wanchaq, Cusco.

La temática principal de esta sesión estará centrada en la "Problemática de los Servicios Turísticos para el Acceso a la Ciudadela de MachuPicchu". El congresista Wilson Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, encabezará este importante encuentro que reunirá a destacados funcionarios y representantes de diversas entidades relacionadas con el turismo y la protección del patrimonio cultural.

Participará la Viceministra de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Haydee Rosas Chávez quien planteará las perspectivas y políticas del Ministerio de Cultura en relación con la preservación del patrimonio cultural y la gestión de visitantes en Machu Picchu; asimismo el Director de Normatividad y Calidad Turística del Mincetur, Rodolfo Lozano Baiocchi abordará los estándares de calidad turística y las regulaciones relacionadas con los servicios turísticos en Machu Picchu.

Esta sesión extraordinaria descentralizada tiene como objetivo proporcionar una plataforma para el diálogo y la colaboración entre diversas partes interesadas con el objetivo de abordar los desafíos y oportunidades en la oferta de servicios turísticos en Machu Picchu. Se espera que las presentaciones y discusiones conduzcan a propuestas y soluciones concretas para mejorar la experiencia de los visitantes en este sitio emblemático.

La audiencia está abierta a la participación de la comunidad, y se espera una amplia asistencia de actores interesados en la preservación y el desarrollo sostenible del turismo en Machu Picchu. Esta iniciativa busca garantizar que la riqueza cultural y natural de este sitio sea accesible y disfrutable para las generaciones presentes y futuras.

/AC/

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) se sumó hoy públicamente a las instituciones del sistema de justicia que se oponen a la iniciativa legislativa que plantea modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio.

En vista que dicho proyecto de ley sería debatido esta semana en el pleno del Parlamento, el MINJUSDH advirtió que la aprobación de esta propuesta representaría un retroceso en la lucha contra la corrupción, la delincuencia y el crimen organizado en el país.

La extinción de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas, como el sicariato, la extorsión, el tráfico de drogas, lavado de activos, entre otros.

El MINJUSDH consideró que el Proyecto de Ley aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso, al introducir las palabras “delictivo” y “penal” en la definición de las actividades ilícitas pasibles de aplicación de la extinción de dominio, limita el ámbito de esta figura legal a la acreditación previa del delito mediante sentencia condenatoria, figura establecida con la anterior Ley de Pérdida de Dominio, la misma que no fue eficaz ni dio los resultados esperados en materia de recuperación de activos ilícitos, al ser norma subsidiaria al proceso penal.

La norma vigente, en cambio, regula que el proceso de extinción de dominio es completamente autónomo y no restringe su aplicación a la acreditación de culpabilidad en el proceso penal. Por el contrario, permite iniciar el proceso sin que necesariamente exista un proceso penal iniciado o concluido.

Es esa autonomía lo que ha generado que la Ley actual tenga éxito y resultados favorables, habiéndose logrado que gran cantidad de bienes de origen ilícito e instrumentalizados para la comisión de actividades ilícitas pasen a poder del Estado. De aprobarse la modificatoria propuesta, el proceso de Extinción de Dominio dejaría de ser la herramienta principal para la lucha contra el crimen organizado.

Haciendo un comparativo con la anterior Ley de Pérdida de Dominio, vigente durante 7 años, solo se obtuvieron 33 sentencias fundadas, por cerca de 24 millones de soles recuperados. Con la Ley actual de Extinción de Dominio, vigente hace 4 años, se han obtenido 816 sentencias fundadas que equivalen a cerca de 271 millones de soles recuperados a favor del Estado.

De otro lado, el MINJUSDH expresó su preocupación por una segunda propuesta del proyecto de ley, que busca establecer que los recursos recaudados por la subasta de bienes incautados producto de la extinción de dominio, sean considerados como recursos directamente recaudados por el Ministerio Público.

Esta medida afectaría directamente a las entidades beneficiarias como el Poder Judicial, Policía Nacional del Perú y Procuradurías Públicas, quienes son parte del Subsistema de Extinción de Dominio, así como la operatividad del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), adscrito al MINJUSDH.

/AC/NDP/

El Congreso promulgó la Ley N.º 31920, la cual tiene como objetivo promover y fomentar la actividad agroindustrial relacionada con la producción de la papa en el Perú.

La ley busca estimular la oferta de diversos productos derivados de la papa para distintos mercados, así como promover su exportación, lo que generaría una mayor rentabilidad para los productores de papa en el país.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) proporcionará asistencia técnica a los agricultores para mejorar la calidad de producción, la tecnificación, los procesos de transformación y la identificación de mercados y opciones de financiamiento.

Estas actividades se realizarán a través de programas, proyectos o direcciones generales correspondientes.

Asimismo, el Midagri, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), implementará un programa de asistencia técnica y acompañamiento para promover el uso de semillas certificadas en el cultivo de papa. Los productores pueden organizarse en asociaciones para este fin.

El Estado promoverá el consumo de la papa peruana a través de campañas de difusión masiva, incluyendo sus diferentes variedades, presentaciones y derivados, para su comercialización en los mercados nacionales e internacionales. Además, se fomentará la identificación de mercados para la oferta de la industrialización del cultivo de la papa.

Para impulsar la industrialización de la papa, se promoverán programas de financiamiento tanto públicos como privados para impulsar la industrialización de la papa, en colaboración con gobiernos regionales y locales.

Cabe destacar que la implementación de esta ley se financiará con los recursos asignados en el presupuesto institucional de los órganos competentes involucrados y no requerirá recursos adicionales del tesoro público.

La normativa entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su reglamento en el Diario Oficial El Peruano, que se espera que sea aprobado por el Poder Ejecutivo en un plazo de ciento veinte días calendario a partir de su publicación.

/DBD/

Evaluación y ratificación

Quórum

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se reunió con la princesa Kako del Japón, informó el Despacho Presidencial peruano.

El encuentro se realizó desde las 12.10 horas y permitió a la mandataria peruana recibir a la integrante de la familia real nipona en Palacio de Gobierno, junto al vicecanciller Ignacio Higueras y el secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez.

La dignataria visitante se hizo presente en la sede del Poder Ejecutivo peruano acompañada por una comitiva integrada por funcionarios de su país y el representante diplomático japonés en el Perú, Tsuyoshi Yamamoto.

Cabe precisar que la princesa Kako, de 28 años de edad, inició la semana pasada una visita oficial a Perú. Esta la ha llevado a Cusco, donde recorrió la ciudadela inca de Machu Picchu.

Su presencia obedece a la celebración de los 150 años de iniciadas las relaciones bilaterales entre su país y Perú.

En la actualidad, Japón se constituye como el cuarto socio comercial de Perú.

/DBD/

El Gabinete continúa trabajando para sacar adelante el país y en atender sus grandes desafíos, coincidieron en señalar las ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar.

Tolentino indicó que la renuncia de Ana Cecilia Gervasi al cargo de canciller no necesariamente significa una crisis en el Gabinete Ministerial.

“En el Gabinete seguiremos trabajando hasta el último momento de la confianza para sacar adelante el país”, aseveró.

Refirió que el país ha pasado por situaciones difíciles como la pandemia, las protestas sociales, el fenómeno de El Niño, situaciones que ponen en gran riesgo los derechos de las personas más vulnerables.

 “Por eso seguimos trabajando sin bajar la guardia, por garantizar que las poblaciones más vulnerables, las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores”, apuntó tras invocar a una acción conjunta para enfrentar los problemas estructurales del país, que requieren la participación de todos.

En tanto, la ministra Hania Pérez de Cuéllar señaló que, tras la renuncia de Ana Cecilia Gervasi, el Gabinete continúa en marcha, trabajando en los grandes desafíos que tiene el país en prevención ante El Niño, la reactivación económica y la seguridad ciudadana.

“No sentimos una sensación de crisis, por el contrario, el Gabinete sigue en marcha; ayer hubo Consejo de Ministros, hemos emprendido reformas estructurales de fondo, en esa línea seguimos trabajando”, apuntó.

Otro de los desafíos en los que trabaja el Gobierno, según dijo, es en la reactivación económica. En ese tema, refirió que ayer hubo una reunión fructífera en el Ministerio de Economía y Finanzas en la que participó el jefe del Gabinete, ministros de Estado y algunos gremios para escuchar sus iniciativas.

“El tercer desafío es seguridad ciudadana, el Ministerio del Interior está trabajando en ello, pedir resultados inmediatos es complejo, pero la estrategia está en marcha y en las próximas semanas veremos resultados”, manifestó.

/DBD/