Política

La congresista Susel Paredes de la bancada de Cambio Democrático – Juntos Por el Perú, afirmó que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la medida cautelar del Poder Judicial (PJ) y restablecer la inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), responde al quebrantamiento del quórum del colegiado para evitar la destitución de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación. 

“Lo que han hecho es romper el quórum, de manera que ahora, no hay quórum para destituir a Patricia Benavides (…) Esto es muy grave y vulnera el estado de derecho”, afirmó.

Como se conoce, el TC declaró fundada en parte la solicitud del Congreso de la República. Fue el magistrado César Ochoa, quien explicó que la medida cautelar emitida por el TC vencerá una vez que la Sala de Derecho Social y Constitucional Permanente de la Corte Suprema se pronuncie sobre la impugnación del Parlamento en el proceso de amparo.

La parlamentaria Paredes explicó que suspender la medida cautelar del PJ es un escenario grave y vulnera el estado de derecho.

“Han suspendido una medida cautelar. La medida cautelar es cuando yo inicio un proceso porque se está violentando un derecho mío y para no esperar hasta que acabe el juicio, el juez otorga una medida cautelar para que no se produzca un daño mayor y queda allí hasta que se tomen decisiones”.

La parlamentaria dijo encontrarse sorprendida por la cantidad de denuncias penales que responsabilizarían a la fiscal Benavides de integrar una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público. Señaló que de probarse todas estas denuncias no solo puede terminar en su destitución, sino en prisión.

Este escenario resulta bastante cuestionable, cuando al parecer, ya se tenían las pruebas suficientes para destituir a la fiscal suspendida, Patricia Benavides.

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"El colegiado, a pedido del expresidente, y para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la defensa con un abogado de su libre elección, reprogramó la audiencia para el día antes indicado", informó el Poder Judicial.

Desde la ciudad de Abancay, en Apurímac, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández Cajo, ratificó el compromiso del sector de promover una mayor presencia de las mujeres en la política sin ningún tipo de discriminación ni violencia.

“Actualmente contamos con 2 gobernadoras regionales, 9 alcaldesas provinciales y 99 alcaldesas distritales, cifras de participación que siguen siendo bajas frente al total de autoridades”, manifestó Hernández durante el Foro Ejecutivo Macrorregional que reunió a mujeres autoridades regionales y municipales de Apurímac, Ayacucho y Cusco.

Señaló que, en el país, las mujeres representan la mitad de la población y, por lo tanto, la mitad de su potencial, pero los números no se reflejan en los espacios de toma de decisión por elección popular.

Indicó que, si bien hay avances normativos como la ley de alternancia y paridad y la ley que previene y sanciona el acoso contra mujeres en la vida políticas, aún se evidencias barreras para el ejercicio pleno de derecho a la participación política de las mujeres, como el acoso político y el limitado financiamiento para capacitación.

Ante este escenario, la ministra Teresa Hernández precisó que el MIMP tiene el compromiso de contribuir a promover la participación de las mujeres en el ámbito político, para lograr una sociedad más justa e igualitaria donde las mujeres ejerzan sus derechos políticos plenamente.

“Desde el 2019 contamos con la Política Nacional de Igualdad de Género que garantiza el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisión. Desde el 2023 desarrollamos la estrategia Gobernando Juntas, una iniciativa de acompañamiento a las mujeres que ejercen cargo de elección popular en gestión pública y empoderamiento político”, recalcó.

Por otro lado, la ministra visitó las sedes del Centro Emergencia Mujer (CEM) Abancay, la Unidad de Protección Especial (UPE) y CONADIS en dicha localidad.  

Gobernando Juntas

La estrategia se aprobó por Decreto Supremo el 2023 con la finalidad brindar asistencia técnica integral a las mujeres que ejercen cargos de elección popular en los gobiernos regionales y locales para fortalecer sus capacidades en gestión pública con enfoque de género e intercultural, contribuyendo al logro de un buen desempeño en sus gestiones y empoderándolas en el ejercicio de sus derechos políticos, reconociendo las características de nuestra población culturalmente diversa.

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El congresista José Cueto de la bancada de Renovación Popular, saludó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar fundada en parte la medida cautelar que presentó el Congreso contra el Poder Judicial y afirmó que, de no probarse ningún delito contra la suspendida Fiscal Patricia Benavides, deberá ser restituida.

“Es la decisión que estábamos esperando los congresistas. Yo creo que el país está agradecido porque se está retomando la justicia. Esto de entrometerse entre poderes no le hace bien al país. Yo saludo desde acá la decisión del TC”, expresó.

Esta decisión de separar de sus cargos a los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia, implica que la principal ponente del proceso contra la fiscal Benavides, Inés Tello, no pueda sustentar su informe; además, de debilitar el quórum del colegiado.

“Al quedar fuera estos señores yo entendería que ninguna de las acciones de estos señores fue jurídica y si no va a haber ninguna acción en este mes, corresponde restituir a la Fiscal de la Nación”, aseguró.

Nueva conformación de la JNJ

José Cueto Aservi aseguró que para él, el tema Junta Nacional de Justicia cierra con la salida de los magistrados en cuestión y solo corresponde la restitución de Patricia Benavides, de no existir prueba de algún delito.  

“Corresponde dos cosas, una que a partir de hoy la señora Tello y el señor Vásquez quedan fuera de la JNJ, la próxima semana actuará la Defensoría para juramentar a los suplentes y espero, sea con ellos o porque se termina la suspensión temporal de la señora Benavides, sea restituida”.

Agregó que la distracción de los verdaderos temas que deberían ingresar a la agenda parlamentaria, quedan relegados por estos casos de enfrentamientos e intromisiones que le hacen mucho daño al país.

Imagen de la Fiscal de la Nación está seriamente cuestionada

Cueto remarcó su posición a favor de la presunción de inocencia de la fiscal Benavides y aseguró que si se probase algún dicho de Jaime Villanueva, Benavides si debería ser separada del cargo.

“Si a mí me preguntas de manera personal, si no le detectan o le terminan de corroborar lo que dice el señor Villanueva y pasa el tiempo, pues tendrá que ser restituida. Si en paralelo, se corrobora estas informaciones, llega la denuncia y se valida la denuncia, pues, tendrá que dar un paso al costado como cualquier funcionario”, indicó. 

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El Gobierno promulgó la ley aprobada en el Congreso, que crea la Universidad Nacional de Carabaya.

La implementación de dicho centro de estudios superiores se hará en el distrito de Macusani, de la provincia puneña de Carabaya, según lo oficializado en la ley 32011, publicada hoy en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Se indica que entre las carreras profesionales que ofrecerá esta universidad se encuentran las de economía, contabilidad, ingeniería agropecuaria, ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería de recursos energéticos, ingeniería de sistemas, medicina humana, obstetricia, enfermería y psicología.

Asimismo, contará con personería jurídica de derecho público interno y se financiará con recursos propios autogenerados, canon minero, ingresos por donaciones y legados, y aquellos que se gestionen con los gobiernos locales, regional y central, o con la cooperación internacional.

Se señala al respecto que los gastos corrientes de la universidad no podrán ser financiados con recursos del canon minero.

La comisión organizadora de este centro de estudios estará integrada por tres académicos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 30220.

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Estaba pendiente confirmar la ratificación de Carmen Velarde como jefe de la ONPE y de Piero Corvetto como jefe de Reniec.

Con la salida de los magistrados, Aldo Vásquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se verá afectado el proceso de elección de los jefes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Como se recuerda la ratificación de Carmen Velarde como jefe de la ONPE y de Piero Corvetto como jefe de Reniec estaban programadas para el próximo viernes 3 de mayo.

Luego de las entrevistas, los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tenían plazo entre el viernes 3 de mayo y el martes 7 de mayo para decidir si mantendrían o no a estas personas en sus puestos.

Frente a la determinación de Tribunal Constitucional, se desconoce qué sucederá con los representantes de los organismos institucionales generando con ello gran expectativa.

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"Se resuelve declarar fundada en parte la solicitud de medida cautelar solicitada por el Congreso de la República. Suspender los efectos de la Resolución 1, de fecha 22 de marzo de 2024, emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (...) hasta que la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelva el recurso de apelación interpuesto por el Congreso de la República", se lee en la documentación.

"Declarar, por mayoría de 4 votos contra 2, improcedente el pedido presentado por el procurador público (e) del Congreso de la República, en el extremo que solicita que se disponga la inmediata nulidad de la Resolución 1, de fecha 22 de marzo de 2024, emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el incidente cautelar del proceso de amparo signado con el Expediente 01034-2024-69-1801-SP-DC-01, que dispuso suspender las resoluciones legislativas que inhabilitaron por 10 años a doña Luz Inés Tello de Ñecco y de don Aldo Alejandro Vásquez Ríos", se lee en el documento emitido por el TC.

La presidenta de la república, Dina Boluarte, firmó hoy la autógrafa de Ley que crea la Universidad Nacional de Carabaya en la región Puno y recalcó que esta nueva casa superior de estudios aportará al desarrollo de Puno y el Perú.

La jefa de Estado explicó que la nueva universidad ofrecerá las carreras de economía, contabilidad, ingeniería agropecuaria, ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería de recursos energéticos, medicina humana, obstetricia enfermería y sicología.

"Es una universidad que va a agarrar las mejores ciencias para que Puno y el Perú se desarrollen", expresó.

Sin embargo la mandataria consideró que la nueva casa superior de estudios debería contar con la carrera de Ingeniería de Minas teniendo en cuenta que Puno es un región que cuenta con grandes cantidades de recursos mineros

La presidenta Boluarte comunicó que, si bien la universidad será casi autogestionaria, desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se brindará un presupuesto inicial para impulsar su funcionamiento lo más rápido posible.

En tal sentido, señaló que el centro de estudios se financiará con recursos propios autogenerados, con el canon, donaciones, legados y lo que se gestione con los distintos niveles de gobierno.

La Jefa de Estado animó a los estudiantes de secundaria de Puno y regiones cercanas a no perder el tiempo.

Señaló que el gobierno no se cansará de seguir apostando y rompiendo barreras para avanzar y cerrar brechas con el objetivo de instaurar una educación de calidad.

La ceremonia de promulgación de la Ley que crea la Universidad Nacional de Carabaya se llevó a cabo esta tarde en Palacio de Gobierno tuvo la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; el ministro de Educación, Morgan Quero, el alcalde de Carabaya, Edmundo Cáceres, entre otras autoridades.

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Los tres policías que habrían colaborado con una organización vinculada a la minería ilegal en Amazonas podrían ser expulsados por medida disciplinaria si las pruebas así lo determinan, señaló hoy el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez.

El representante del Mininter señaló que los tres suboficiales fueron asignados a la Comisión de Alto Nivel, a cargo del Gobierno, quien se dirigió a la provincia de Condorcanqui para conversar con los nativos Wampís, quienes habían capturado a estos agentes policiales y a otros seis agentes civiles.

Santiváñez Antúnez aclaró que la acción de este grupo de alto nivel no fue para rescatar a estas nueve personas de su retención, sino para, a través de una acción conjunta con el Ministerio Público, ponerlos a disposición de la justicia.

“Se están iniciando internamente en la Policía Nacional, las investigaciones para proceder de acuerdo con la ley de régimen disciplinario y, en caso las investigaciones lo determinen, ser pasados al retiro por medida disciplinaria”, resaltó el viceministro.

Los detenidos habrían incurrido en un presunto favorecimiento a la minería ilegal, al transportar de Ecuador a Perú maquinaria destinada a esta ilícita actividad, a través del río Santiago, lo que motivó que los habitantes de las comunidades del distrito del mismo nombre, procedan a realizar la detención ciudadana.

Luego de la llegada de esta Comisión de Alto Nivel a la zona, los tres policías y seis civiles fueron puestos a disposición de esta delegación oficial, que el último martes se reunió con representantes de esta comunidad para efectuar las coordinaciones del caso.

En dicho encuentro, el viceministro escuchó el sentir de los nativos de la Nación Wampís, quienes demandan mayor seguridad y rechazan actividades que dañan el medioambiente y generan violencia, como la minería y la tala ilegal, así como sus delitos conexos.

Santiváñez Antúnez comunicó también que, en el marco de los acuerdos adoptados con la comunidad, se dispondrá mayor presencia de policías en la zona, quienes incluso podrían instalarse en un local del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernamp).

Saludó también la genuina voluntad de los dirigentes Wampís de dialogar y defender su territorio de la minería ilegal, y reafirmó el compromiso del Gobierno de promover actividades económicas que desalienten a la población a incurrir en este flagelo.

Además del viceministro Santiváñez Antúnez, participaron en la mesa de diálogo el Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, Rodolfo García Esquerre, el secretario técnico Wampís, Kefren Giraña Yagkuar, y otros líderes de esta comunidad.  

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El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, ratificó el compromiso de su gestión por agilizar los procesos, darle rostro humano a la justicia acercándola a los peruanos. Fue al inaugurar el Módulo Corporativo Contencioso Administrativo Laboral y Previsional en el distrito de Los Olivos.

“Los procesos laborales que se verán en este módulo son procesos especiales relacionados a trabajadores del sector público y pensionistas, tema que nos preocupa mucho, sus demandas que deben ser atendidas y el Poder Judicial no se olvida de ese sector amplio de la población que necesita acceso a la justicia”, expresó Arévalo Vela.

El nuevo módulo, ubicado en la avenida Antúnez de Mayolo N°1280, beneficiará a más de cien mil ciudadanos de los distritos de Comas, Independencia, San Martín de Porres, Carabayllo.  

Procesos laborales

La iniciativa permitirá agilizará procesos judiciales en las especialidades de contencioso administrativo, procesos laborales, y previsional que incluye buscar la asignación de una pensión de jubilación. 

Los juzgados laborales contenciosos abordan una amplia gama de temas relacionados con conflictos laborales como reclamaciones salariales, reconocimiento de derechos laborales, discriminación laboral, despidos injustificados, acoso laboral, entre otros.

“Este módulo en la especialidad contencioso administrativa laboral y previsional convierte al Distrito Judicial de Lima Norte en la sexta corte del país en implementar el nuevo modelo de despacho corporativo, y el despacho clásico tiene que desaparecer”, expresó el doctor Arévalo Vela.

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