Política

El Poder Judicial dictó 18 años para el exjefe del comando político militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano por el asesinato del periodista Jaime Ayala Sulca, en el año de 1984 en Ayacucho.

La pena se computará una vez sea detenido. Además, deberá pagar una reparación civil de 100 mil soles a favor de cada uno de los familiares de las víctimas. 

De igual manera, se dictó orden de captura nacional e internacional.

De esta manera se sentenció al marino en situación de retiro considerándolo responsable del "delito contra la vida, cuerpo y la salud, asesinato con alevosía", en agravio de comuneros de Culluchaca y pobladores de Huanta; y del delito de desaparición forzada del periodista Jaime Ayala, entre otras personas.

El periodista Jaime Ayala era corresponsal del diario La República y desapareció el 02 de agosto de 1984 en Ayacucho. Tras años de investigación, llegó a su fin el proceso por autoría mediata contra miembros del Estado Mayor de la Marina a cargo de la base de Huanta en 1984.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación logró determinar que el mencionado periodista fue víctima de desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y ejecución arbitraria por parte de integrantes de la Marina de Guerra, en el cuartel ubicado en el Estadio Municipal de Huanta.

/MPG/NDP/

Tras la sesión de Junta de Portavoces, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, informó que el dictamen de los proyectos de ley que incorporan el delito de terrorismo urbano se incluirá en la agenda del pleno de este jueves 3 de octubre. En tanto, la Ley 32108, referido al crimen organizado, regresará a la Comisión de Justicia.

Salhuana refirió que en Junta de Portavoces se acordó que el miércoles se convoque a una mesa técnica con expertos en temas de seguridad y que al día siguiente se ponga a debate y votación de la representación parlamentaria el dictamen sobre los proyectos de ley de terrorismo urbano. 

"El miércoles mesa técnica y el jueves vamos a presentar un texto sustitutorio", declaró a la prensa. 

Sobre el pedido de algunos sectores para derogar la Ley 32108, que modifica aspectos regulatorios sobre el delito de crimen organizado, el titular del Parlamento indicó que en Junta de Portavoces se acordó que la norma regrese a la Comisión de Justicia y adelantó que la idea es modificarla, pero no derogarla. 

Salhuana reconoció que la modificación de la norma tomará más tiempo que la derogación porque debe hacerse a través de un dictamen, el cual tiene que discutirse y aprobarse en la comisión respectiva. 

"Lo que yo creo, mi posición personal es que habría que modificar varios aspectos, la definición de organización criminal, por ejemplo; el tema del allanamiento, tal como está redactado en realidad dificulta, pero eso ya lo verá comisión respectiva", declaró.  

La Ley 32108, promulgada en agosto pasado, establece los procedimientos para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares y dispone que los allanamientos se realicen con presencia del interesado y de su abogado.

Eduardo Salhuana había declarado el fin de semana que plantearía la convocatoria a un pleno para este martes 1 de octubre a fin de debatir ley sobre terrorismo urbano. Sin embargo, la Junta de Portavoces acordó aplazar el tema hasta el jueves.  

De igual, manera los portavoces de las bancadas rechazaron la exoneración del proyecto de ley 8709 que planteaba la derogatoria de la ley 32108, la cual ha sido criticada por presuntamente favorecer a las organizaciones criminales. 

/ANDINA/PE/

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sustentó en el Congreso un proyecto de presupuesto del sector Interior para el año fiscal 2025, que tiene como enfoque principal el combatir la lucha frontal contra la criminalidad organizada.

Santiváñez intervino ante la Comisión de Presupuesto y remarcó que el pliego presupuestal 2025 de su sector asciende a S/ 12 214.8 millones, presentando un incremento del 8.3% respecto al presupuesto del año 2024. 
 
El titular del Interior precisó que se destinará S/ 11 867.2 millones para el Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional del Perú (PNP). Por su parte, la Intendencia Nacional de Bomberos recibirá S/ 96.4 millones; la Superintendencia Nacional de Migraciones un total de S/ 213.7 millones.

Asimismo, para la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) serán destinados S/ 37.5 millones. 

Se resaltó que, para el año fiscal 2025, se asignó S/ 81 millones para la ejecución de operativos policiales que permitan golpear directamente la criminalidad organizada. 

Además, se prevé destinar S/ 12 millones para la adquisición del Equipo de Identificación Biométrica (IBIS), con la finalidad de fortalecer el sistema criminalístico favoreciendo el proceso de la investigación policial. 
 
Con el objetivo de reforzar acciones de inteligencia contra la criminalidad organizada, se asignó S/ 89 millones, y un total de S/ 397 millones permitirán la adquisición de equipamiento especializado para el control de disturbios, lo que permitirá cubrir parte de la brecha logística de la PNP para garantizar la seguridad pública y privada. 
 
En cuanto a la prestación del servicio de salud del personal policial, el titular del Interior informó que se ha previsto hasta S/ 175 millones para brindar una oportuna y adecuada atención de salud a todos miembros de la Policía Nacional. 

Santiváñez indicó que, la ejecución de 22 proyectos de inversiones referidos en comisarías se viene desarrollando en los departamentos de Piura, Lambayeque, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Loreto, Huánuco, Ucayali, Pasco, Huancavelica, Cusco y Lima. 

“Debo señalar que los recursos antes mencionados, serán empleados prioritariamente por el Sector Interior para la lucha frontal contra la criminalidad organizada, la reducción de la victimización de los ciudadanos en el ámbito nacional y la reducción de los daños generados por los conflictos sociales a nivel nacional”, expresó el ministro.

/CRG/

El partido político Avanza País solicitó formalmente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, la convocatoria urgente del Acuerdo Nacional con una única agenda: "Elecciones limpias y transparentes 2026” frente a la crisis política y de seguridad que vive el país.

Luis Flores Reátegui, secretario general de Avanza País, subraya la necesidad de generar un espacio de diálogo constructivo que permita a las fuerzas políticas y sociales trabajar conjuntamente en soluciones efectivas.

Además de expresar su preocupación por los acontecimientos recientes que han incrementado la incertidumbre y la polarización en el escenario político nacional.

 “El Perú necesita, más que nunca, un pacto sólido basado en el diálogo, el respeto a las instituciones y el bien común. Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a dejar de lado las diferencias y enfocarnos en los grandes retos que enfrenta nuestro país a fin de estabilizar la gobernabilidad del país”, sostiene.

Avanza País a través del comunicado emitido reafirma su disposición para ser parte activa de este proceso, contribuyendo con propuestas que promuevan la reactivación económica, la mejora de los servicios públicos y el fortalecimiento de la democracia.

/MPG/NDP/

El presupuesto del sector Educación para el año 2025 representa un 12 % de aumento respecto del presupuesto de 2024 y estos mayores recursos permitirán incrementar, el próximo año, las remuneraciones de docentes de los niveles básico y superior, PRONOEI, institutos y escuelas; invertir en infraestructura educativa y en su mantenimiento, y ofrecer más servicios educativos.

Durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, el ministro de Educación, Morgan Quero, destacó que, para el año 2025, se han asignado recursos al Ministerio de Educación (Minedu) para financiar el incremento remunerativo de los maestros, con el fin de continuar revalorando la carrera docente.

Anotó que estos recursos servirán también para desarrollar programas de capacitación para docentes en servicio, atender modelos de servicios educativos en zonas de sierra y en la Amazonía, y brindar acceso a jóvenes a la educación superior mediante becas y créditos.

El ministro subrayó que, para la gestión presupuestal del sector, son fundamentales la priorización de recursos para financiar el incremento remunerativo del maestro nombrado y contratado, y la asignación de más recursos para invertir en nuevas plazas de docentes multigrados y especialistas en educación.

Asimismo, señaló que, en el presupuesto 2025, el sector Educación también ha priorizado los recursos necesarios para financiar las asignaciones y los beneficios reconocidos por ley para los profesores y auxiliares de educación.

“Para el Minedu, el bienestar de los maestros es una prioridad y, por eso, pese a los limitados recursos con que contamos, estamos haciendo un esfuerzo para mejorar sus condiciones de trabajo, pues los docentes son la base del servicio educativo que ofrecemos a nuestros niños y jóvenes”, sostuvo.

Presupuesto 2025

El ministro Quero informó que, para el próximo año, el presupuesto asignado a la Función Educación asciende a S/48 308 millones en total, lo que equivale al 5.1 % del PBI.

Precisó también que, en el Gobierno nacional, el sector Educación cuenta con S/20 585 millones, distribuidos entre el Minedu (S/13 226 millones), los organismos públicos descentralizados (S/411 millones) y las universidades públicas (S/6948 millones).

Agregó que los Gobiernos subnacionales, es decir, los Gobiernos regionales y locales, cuentan con S/27 723 millones, que representan el 57 % del presupuesto asignado a la Función Educación

De otro lado, indicó que el presupuesto asignado para inversiones asciende a S/3714 millones, que abarcan la ejecución de Escuelas Bicentenario (S/2504 millones), dos programas de inversión cofinanciados con endeudamiento externo, y vinculados a educación superior, así como inversiones ejecutadas mediante la modalidad de obras por impuesto y obra pública.

Al referirse a las becas que ofrece el Minedu, dijo que este programa tiene un presupuesto de S/1280 millones, de los cuales S/1060 millones corresponden al financiamiento de 46 633 beneficiarios de Beca 18, lo que incluye la convocatoria 2025 para 20 000 nuevos beneficiarios.

El programa también contará con S/185 millones para el financiamiento de Beca Permanencia, S/5 millones para el financiamiento de Crédito 18 y S/30 millones para la gestión de las becas y los créditos entregados, concluyó.

/NDP/PE/

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, sostuvo que la declaratoria de emergencia en diferentes distritos de Lima permite asegurar la participación de las Fuerzas Armadas en la tarea de brindarle a la Policía Nacional el apoyo que esta requiere.

El representante del Poder Ejecutivo informó que esta mañana lideró una reunión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la participación del comandante general de la Policía y todos sus generales, en el marco de esta medida.

“Ahí lo que quedó claro es que tenemos que actuar de manera coordinada para ser más efectivos”, indicó el ministro en declaraciones a la prensa dadas esta mañana en el Congreso.

Explicó que la Policía Nacional es la que conduce las operaciones y formaliza las estrategias en planes operativos que ya ha preparado. En función a ello, las Fuerzas Armadas le van a brindar el apoyo que necesitan en los 14 distritos que comprende la medida.

“La declaratoria de estado de emergencia no es la solución del problema, es la condición que se da para facilitar el trabajo de la Policía Nacional del Perú y, en el caso de las Fuerzas Armadas, asegurar su participación, de otra manera no podemos participar (…) ¿Pero, ¿qué pasa en los demás distritos donde no están en estado de emergencia? Las FF. AA. no pueden participar en esos distritos, pero sí la Policía Nacional”, indicó Astudillo al ser consultado sobre si se extenderá la medida a otros distritos.

/MRG/

La presidenta de la República, Dina Boluarte, encabeza en Palacio de Gobierno una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.

La misma tiene por objeto revisar temas de importancia y urgencia, se informó desde TV Perú.

El carácter extraordinario de esta sesión se da también puesto que este tipo de reuniones no se suelen desarrollar los días lunes.

Reforma de justicia

Previamente, la mandataria encabezó una nueva sesión del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. 

/MRG/

El Poder Judicial realiza desde esta mañana la audiencia en donde se ve el pedido de prisión preventiva en contra del conductor de televisión Andrés Hurtado, investigado por tráfico de influencias y otros presuntos delitos en agravio del Estado.

El pedido del Ministerio Público comprende también a la fiscal superior Elizabeth Peralta y al empresario Augusto Miu Lei.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó el 26 de setiembre el pedido de prisión preventiva contra los tres investigados por el plazo de 18 meses.

Andrés Hurtado fue detenido de manera preliminar el pasado 19 de setiembre por efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) en una clínica de San Borja. Desde ese día, permanece bajo custodia policial en la sede de la Prefectura de Lima.

El presentador, conocido como 'Chibolín', habría sido el nexo entre Peralta y Miu Lei, quien habría pagado un millón de dólares a la fiscal, hoy separada del cargo, a cambio de la devolución de 100 kilos de oro que le habían sido incautados, ello de acuerdo con el testimonio de la prima del empresario, Ana Siucho.

La audiencia debía realizarse el viernes 27, pero el juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso su reprogramación para este lunes a solicitud de las defensas legales.

/AC/

La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, lidera en Palacio de Gobierno la decimocuarta sesión ordinaria del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, instancia que coordina la ejecución de la política a cargo de las entidades integrantes del sistema de justicia.

Participan en dicha cita los ministros Gustavo Adrianzén y Eduardo Arana, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza; el contralor general César Aguilar; la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco; el titular del Congreso, Eduardo Salhuana, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

El referido consejo persigue el objetivo de coordinar la ejecución de la política correspondiente al sistema de justicia.

Asimismo, tienen entre sus fines hacer seguimiento a la implementación y ejecución del proceso de reforma de dicho sistema.

Al respecto, debe de presentar un reporte anual de los avances que realice en el trabajo que se le ha encomendado.

/AC/

¿Cuáles son los derechos que tienen la niñas, niños y adolescentes en el Perú? Letty Guzmán, supervisora de Defensa de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicó en el “Consultorio Legal” este importante marco legal para niños y adolescentes.

Con respecto a los derechos que tienen los niños y adolescentes, la especialista detalló que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, como marco normativo internacional en este aspecto, son 54 artículos que definen los derechos económicos, sociales y culturales de los niños.

Asimismo, explicó que, entre los derechos de los niños y adolescentes se encuentran el derecho a la vida, a la igualdad, a la identidad, a la protección, a la educación, así como a la recreación, a la salud, a la libertad de expresión, a la integración social y a tener una familia. Por otra parte, también implica tener deberes entre estos se encuentran el deber de estudiar, respetar a los padres y a todas las personas, también a cuidar el medio ambiente, entre otros.

La especialista indicó que uno de los derechos principales es el tema de alimentos, que el padre sea consciente y cumpla con los derechos del niño, el cumplimiento de este implica aspectos como salud, educación, alimentación, vivienda, vestimenta y recreación lo que va a permitir que el niño se desarrolle de manera óptima.
En referencia al derecho a la educación, la abogada indicó que esta debe darse dentro de la misma familia, basada en valores, buenas costumbres para que el menor pueda desarrollarse de manera óptima, así como tener lo necesario para poder estudiar. Mientras con respecto a la salud, tienen este derecho desde su nacimiento, a recibir atención médica y a ser cuidados cuando están enfermos, en este aspecto el Estado puede brindarle dicho servicio a través del seguro, ya sea público o privado.

La supervisora de Defensa de Víctimas señaló que el Estado protege todo tipo de violencia contra los niñas, niños y adolescentes, se puede presentar una denuncia de manera verbal o escrita ante la Policía o el Poder Judicial. En ese sentido, la denuncia también se puede presentar ante el Ministerio Público.

Con respecto a la Defensa Pública, acompaña, no solo en el proceso legal, sino que cuenta con un equipo multidisciplinario, que en el momento le pueden dar el soporte que necesita. La supervisora detalló que la función es coadyuvar en todo el proceso, desde la denuncia, participando en todas las diligencias y audiencias, hasta lograr una sentencia que pueda condenar el hecho y conseguir una reparación civil acorde al daño, que se ha causado.

Asimismo, la supervisora de Defensa de Víctimas señaló que existen distintas vías de acceso para acceder a la defensa pública, acudiendo de manera presencial a cualquiera de las 34 direcciones distritales, a nivel nacional, conformada por profesionales que pueden brindar la asesoría legal gratuita. De igual manera, se da a través de la línea 1884, que es la línea de orientación legal gratuita, que deriva el caso a la competencia territorial correspondiente para su debida atención.

/NDP/MRG/